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La Junta de Andalucía da una plazo de tres días para que la empresa salinera del Cabo de Gata de respuesta

Los técnicos de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible y del Parque Natural llevan días sobre el terreno y ultiman los trabajos de emergencia a realizar.

La Junta de Andalucía dispone de una solución técnica para actuar de forma inminente en las Salinas de Cabo de Gata en el caso de que la empresa salinera no dé respuesta al escrito remitido, el pasado miércoles, por la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible estableciendo un plazo de tres días para presentar una actuación de urgencia que permita el suministro de agua de mar a las salinas.

Técnicos de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible y del propio parque natural llevan días sobre el terreno y ultiman los posibles trabajos de emergencia a realizar.

La delegada del Gobierno en Almería, Aránzazu Martín, y la delegada territorial de Desarrollo Sostenible, Raquel Espín, han mantenido una reunión con los técnicos, quienes han detallado los trabajos que se han desarrollado a lo largo de estos días en las salinas.

Espín ha subrayado que el Gobierno andaluz ha apremiado “desde el minuto uno” a la empresa a poner en marcha una solución y ha facilitado a la empresa salinera los informes favorables necesarios para poner en marcha los trabajos de emergencia, a fin de recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible.

“Los técnicos de la Junta y agentes de Medio Ambiente mantienen una vigilancia estrecha sobre las Salinas de Cabo de Gata”, ha incidido la delegada territorial de Desarrollo Sostenible, quien ha incidido en que la Junta de Andalucía ha actuado “con la máxima celeridad”.

A este respecto, Espín ha remarcado que “en tan sólo 48 horas y una vez que la empresa nos comunica el pasado 7 de junio que existía un problema en sus instalaciones, los técnicos de la Delegación emitieron los informes necesarios para que la propia empresa pudiera actuar”.

En este sentido, la delegada ha subrayado que toda vez que las actuaciones planteadas por la empresa se vislumbran “complejas”, desde la administración autonómica “no tenemos más remedio que dar un plazo de 72 horas para que actúe por emergencia”.

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