BLOG #LaVida: “El 25% de español y el 6% de lenguas cooficiales”, por Manoly Roldán.
Una vez más ERC, amenazó con no aprobar los PGE 2022 al llegar al Senado, porque en el proyecto de ley Audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros no se había incluido la cuota del 6% de producción, doblaje y subtitulación en las tres lenguas cooficiales de las plataformas internacionales (Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Disney+), tan solo las nacionales (Movistar+, Filmin, Flix Olé, MiTele o Atresplayer), debido a que la directiva europea de ley audiovisual en el artículo 13.1, no contempla esta posibilidad, manifestando: “Los Estados miembros velarán por que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición sujetos a su jurisdicción dispongan de un porcentaje de al menos el 30 % de obras europeas en sus catálogos y garanticen la prominencia de dichas obras”, no hace referencia a las lenguas cooficiales, esto lo agregó el Gobierno porque en otros apartados dice que hay que cuidar la diversidad cultural y lingüística. ERC cree que se podría acoger a lo que dice en la directiva del artículo 13.2, que admite excepciones al país de origen en materia de financiación de producciones audiovisuales, donde cualquier operadora que ofrezca sus servicios en España debe contribuir a la financiación de obra europea, y es aquí donde se podría incluir la cuota de las lenguas cooficiales.
Durante la semana, ERC y el Gobierno se reunieron vía telemática y no llegaron a ningún acuerdo, solo el compromiso de seguir negociando hasta poder encontrar una solución. El portavoz de Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se quejó de que no le habían tenido en cuenta para negociar este proyecto de ley Audiovisual.
Respecto a esta cuota, el presidente de PROA (Productors Audiovisuals Federats), afirmó: “Nos parece lamentable porque están en juego muchos puestos de trabajo, familias y empresas”, y la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Collel, dijo que las lenguas cooficiales ya estaban presentes en Movistar y Filmin, que les habían vendido la idea que iban a obligar a las plataformas multinacionales a unas cuotas para la producción, el doblaje y el subtitulado, “porque es bueno para la industria y la lengua, pero sobre todo a la lengua catalana”.
Así mismo, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA+), encargada de los intereses de Atresmedia, DKiss o Trece, su presidente, Alejandro Echevarría, se quejó del trato desigual entre las plataformas nacionales e internacionales, afirmando: “De no modificarse en el trámite parlamentario que ahora comienza, el Proyecto de Ley General Audiovisual aprobado esta semana por el Consejo de Ministros condena a las televisiones en abierto a competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional, en un mercado que es global y único, y en el que no caben distinciones regulatorias”.
Por su parte, Netflix, una de las plataformas internacionales americanas instaladas en Madrid, que cuenta con 214 millones de hogares por todo el
mundo, con casi 5 millones de usuarios en España. El jefe de Netflix en España, Diego Ávalos, al ser preguntado si se siente afectado por las cuotas de la ley audiovisual, respondió: “Es muy pronto para llegar a conclusiones. El proyecto de ley acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros. Lo que está por encima de todo es la legalidad. Netflix siempre respetará la legalidad y lo que las normas establezcan”. A Netflix no le importa el idioma en que se grabe, no cuenta por países, para ellos lo importante es la historia que se cuenta, promueve el talento, crea empleo y trabaja con creadores nacionales. Todo lo que produce se puede adaptar a todas las lenguas y culturas del mundo.
También, el secretario de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en respuesta a la negativa de la cuota, escribió en sus redes sociales: “Todo esto de Netflix se acaba si los centenares de miles de catalanes deciden darse de baja el mismo día. Pero, si no pasa, no acaba. Eso es poder de compra”.
Llegado el fin de semana, ERC, no presentó ninguna enmienda a la totalidad de los PGE 2022 en el Senado, ambos seguirán negociando hasta conseguir que las plataformas internacionales apliquen la cuota del 6% en las lenguas cooficiales. El Gobierno, espera que el día 9 de diciembre, no presenten una enmienda parcial a los PGE en el Senado.
Por otro lado, en Cataluña tenemos la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga al uso del 25% del español en las aulas catalanas, y como era de esperar los dirigentes políticos han iniciado su campaña de acoso y derribo, celebrando una votación en el Parlament, donde por una amplia mayoría de ERC, JxCat, CUP y Comunes, se niegan a cumplir el mandato, aduciendo que: “la lengua no se toca”. El PSC, presentó algunos matices, se considera “el padre de la inmersión lingüística” con Marta Mata, que fue quien diseñó el sistema, el partido piensa que fue un modelo de éxito y que funcionó durante muchos años, pero que ahora los tiempos han cambiado y se hace necesario una revisión para actualizarla, además cree que se debe cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.
Desde el Parlament catalán el president, Pere Aragonès, reiteró que: “no piensa acatar el fallo, que reforzará el catalán y profundizará más en la inmersión”. Además, hizo varios anuncios: el día 16 de este mes “montará una cumbre social con entidades y partidos durante dos días; invitó a participar en la manifestación organizada por la Plataforma Somescola convocada para el día 18 de diciembre frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), para: “dejar bien claro al Estado que el modelo de escuela catalana no solo genera un gran consenso sino que moviliza”, y a principios de 2022 convocará a un Pacto Nacional por la Lengua. El objetivo que persigue con estas acciones es conseguir agitar a sus bases y reanimar el procés, utilizando el tema de la inmersión lingüística para hacer frente a los tribunales, para cuando llegue el momento en que el Tribunal Supremo obligue a cumplir la sentencia del 25%.
De igual forma, el consejero de Educación de Cataluña, Josep González Cambray, replicó que frente a la judicialización de la lengua “responderá con más catalán en las escuelas”. Tal cual dice, ese es el plan que persiguen, por eso según el Consell Escolar de Catalunya, propone reformar la Ley de Educación Catalana (LEC), para eludir la aplicación del 25% de clases en castellano de forma generalizada e uniforme en todas las escuelas catalanas en horario escolar, impuesta por el TS. Este Consejo pide que le aclaren dos cuestiones: “si el término vehicular se refiere a toda la enseñanza y aprendizaje a la vida escolar y de comunicación externa del centro, o a la lengua que se imparte solamente en tiempo lectivo, en el aula, lo que excluye el resto de actividades como el comedor, extraescolares y a la relación de los profesores con los alumnos fuera de clase”.Igualmente, quiereretocar el artículo 14 de la LEC, se refiere a la lengua catalana como lengua vehicular y de aprendizaje. Para el Tribunal Constitucional, tanto el castellano como el catalán son lenguas vehiculares. Además, quiere acompañar a la propuesta “estudios”que demuestren que la lengua española es la lengua dominante en la vida escolar de muchos centros, para justificar la disminución del uso del catalán de los centros por parte de estudiantes y profesores. En caso de realizar esta modificación, la llevarían al Parlament para su aprobación donde contarían con la mayoría de los votos.
Para complementar la reforma de la ley educativa catalana, piensan mandar a realizar estudios para sustentar su posición, que es una lengua maltratada y que va a menos y por eso la modifican. Quieren una escuela catalana y en catalán. Para ellos no existe la población española que es mayoritaria. Su objetivo es hacer una ley educativa catalana a su medida.
El diario El Mundo (03-12-21), nos relata la realización de una conferencia telemática dirigida por los responsables educativos de la Generalitat, donde estuvieron presentes la secretaria de Transformación Educativa del Govern, Nuria Mora y el Consejero de Educación Josep González Cambray ante más de 3.000 directores, donde se les indicó algunas modalidades de adoctrinamiento para el uso de la lengua catalana que se mencionan a continuación: inculcar a los centros de estudios que formen a los futuros docentes en el modelo educativo monolingüe, que cuando un profesor nuevo llegue al centro escolar, sea del nivel que sea, debe conocer la situación lingüística del centro; el plan se extiende a los centros universitarios donde se forma a los futuros profesores en las diferentes modalidades y se pide que estos, también tengan conocimiento de cuál es la situación lingüística del “país” y que se empodere en el modelo de lengua catalana; vigilar el uso del español en las aulas a través de “observaciones in situ”, por medio de este control se incrementará el uso del catalán; no contratar actividades extraescolares o excursiones donde el catalán no esté garantizado. La secretaria al finalizar, indicó: “Es un tema de país. El objetivo del Govern es cubrir todos los flancos posibles con el fin de evitar que el castellano sea empleado por los alumnos en la escuela, ya no solo en las clases, sino también en los momentos de ocio y en la relación con sus compañeros”.
Esto no es todo, el Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo) está trasladando a los directores de los centros educativos, con el beneplácito del Govern, una encuesta lingüística a los alumnos de quinto de Primaria y tercero de la ESO, sin el consentimiento expreso de sus padres. En esta encuesta se pregunta a los alumnos qué lengua usan dentro del aula y fuera de ella tanto alumnos como profesores, en qué lengua reciben las clases, qué lengua usan en redes sociales, qué lengua hablan con sus amigos fuera de la escuela, etc…
Finalmente, las asociaciones constitucionalistas: “Hablamos Español, Asamblea por una Escuela Bilingüe y otras”, colaboran y asesoran a las familias que quieren escolarizar a sus hijos en español. Este es el caso de una familia con un niño de 5P, en Canet de Mar, Barcelona, para quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha decretado medidas cautelares y se le debe dar el 25% de clases en español. Algunas familias de la clase del niño han iniciado una campaña en su contra, incluso un Mosso de Esquadra separatista hace campaña en redes sociales en contra de las familias que piden una enseñanza del español en las aulas catalanas.
En conclusión, hemos podido apreciar que el tema de la cuota del 6% es complejo, porque existen diferentes intereses: el Gobierno, desea continuar gobernando; las plataformas nacionales e internacionales, no compiten en igualdad de condiciones; para los independentistas, están en juego la existencia de empresas, familias, puestos de trabajo, y para continuar su camino del procés utilizan la lengua catalana como herramienta política.
Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo del 25% de las clases en español en las aulas catalanas, vemos claramente que las diferentes autoridades del Govern, directores de centros educativos, entidades independentistas y sindicatos, están bien coordinados y se niegan a acatarla, para ello realizan diferentes acciones pensando que esta vez tampoco cumplirán la sentencia. Su objetivo es eliminar la lengua española de los centros educativos catalanes.
Llama la atención que de forma vehemente ERC exige al Gobierno que haga que las plataformas como Netflix cumpla con la cuota del 6% en lenguas cooficiales, así de esta manera conseguir una divulgación mucho más rápida del procés a nivel mundial, lo que no ha conseguido con el Diplocat o sus embajadas catalanas en el exterior. Ellos exigen, pero se niegan a cumplir la sentencia del 25% de clases en español en las aulas catalanas, ignorando lo que dice la Constitución Española en sus artículos 3, 14 y 139. Igualmente en el Estatuto de Cataluña en sus artículos 6 y 32. El derecho a conocer y utilizar las dos lenguas oficiales en Cataluña en igualdad de condiciones.
Y lo más triste de todo, es que el Gobierno central deja a las familias españolas de Cataluña abandonadas, que si no fuera por algunas asociaciones constitucionalistas altruistas que les dan su apoyo y asesoramiento, no podrían exigir su derecho a ser escolarizados en español.
“Mientras haya Democracia, y Estado de Derecho, a los ciudadanos nos queda la esperanza de que, tarde e, incluso, mal, nuestros derechos serán protegidos. Nadie ha dicho que la libertad sea fácil de proteger y aún menos, de disfrutar” (Andrés Betancor).
