Radioblog #LaVida: Los acuerdos y la ley de amnistía con los independentistas, por Manoly Roldán
Después de más de una semana de manifestaciones frente a las sedes del PSOE, en diferentes partes de España, pero principalmente en Madrid, donde cada noche asisten compatriotas de todas las edades, sin importar las siglas políticas, para defender unidos la Constitución, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la soberanía nacional y la unidad de España, frente a los que quieren implantar unos acuerdos vergonzosos y aprobar una proposición de ley de amnistía que borra los delitos cometidos el 9-N de 2014 y en septiembre y octubre de 2017, a cambio de 7 votos independentistas para poder gobernar 4 años más.
La mayor manifestación multitudinaria en contra de la amnistía, se realizó el pasado domingo 12, en las plazas de las provincias de toda España. Acudieron partidarios del PP, Vox, Ciudadanos, críticos del PSOE y población en general. También se produjeron en Bruselas, Londres y Paris. Las movilizaciones nocturnas continuarán durante estos días y se espera una masiva participación ciudadana el próximo sábado 18, en la plaza de Cibeles de Madrid, a las 12 horas.
No debemos olvidar que lo que estamos viviendo no es lo que se votó en las urnas en las elecciones del 23 de julio. El PSOE, no ganó las elecciones y tampoco llevaba escrito en su programa electoral aprobar una ley de amnistía, pero después, aprovechó la oportunidad de sumar con comunistas y separatistas, sin importar o no si es de acuerdo a lo que se indica en la Constitución y a la voluntad de la mayoría de españoles.
El PSOE ha hecho acuerdos con ERC y en el extranjero con JxCat, quienes han roto líneas rojas, no se contentan con eso y la ley de amnistía que se registró ayer, en el Congreso de los Diputados, sino que una vez el presidente tome posesión de su cargo, seguirán negociando en la “mesa de diálogo” para realizar la consulta de un referéndum al pueblo catalán. Exigen ser tratados como sí de un país se tratara a estas comunidades autónomas. Una relación bilateral.
En el acuerdo con Carles Puigdemont, se reconoce que existe un conflicto “histórico” y apuestan por llegar a un acuerdo negociado; existirá un equipo negociador internacional entre las partes, pide temas fiscales, el reconocimiento de Cataluña como nación y para ello propone la celebración de un referéndum de autodeterminación (art. 92 CE), la administración del 100% de los impuestos que se paga en Cataluña (Hacienda catalana propia), realizar un plan para que regresen las empresas que marcharon, la aprobación de una ley de amnistía, la participación de Cataluña en las instituciones europeas y organismos internacionales, a cambio ofrece sus 7 votos para investir al presidente en funciones y dar estabilidad a su Gobierno, pero lo más grave es que haya incluido el “lawfare”, que significa “la judicialización de la política”, es decir, que el Gobierno y sus socios de investidura tendrán mayoría (178 o 179 votos) en el Congreso de diputados, si en algún momento cualquiera de los diputados considera que ha sido juzgado injustamente por los jueces, entonces podrán convocar una comisión y decidir denunciar al juez porque no les ha juzgado según su criterio, con este acto estarían acabando con el Estado de Derecho, violentando la separación de poderes y eliminando al poder judicial, entonces el Gobierno tendría los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, con lo cual ya no estaríamos en un Estado de Derecho, sino en un régimen autoritario y dictatorial, como las dictaduras de Cuba y Venezuela. etc.
En la prensa ya se va señalando a jueces, que según ellos actuaron políticamente en contra de los intereses independentistas. Entre ellos se citan a: Vicente Ríos, Manuel García Castellón, Manuel Marchena, Pablo Llarena, Alba Rico y Carmen Lamela, señalados por Joaquín Urías, próximo a Podemos.
En caso que el presidente en funciones no cumpla lo pactado, JxCat, no descarta realizar una declaración unilateral de independencia y para ello ha preparado el camino con los “verificadores o mediadores internacionales”.
Todo conseguido en contra de la mayoría de españoles a quienes no se les tiene en cuenta, y ha quedado patente que no existe igualdad ante la ley. A los que dan un golpe de Estado, usan dinero público para difundir su causa independentista (malversación), a los que realizan desordenes públicos y actos terroristas (CDR y Tsunami Democràtic), se les premia con el borrado y olvido de sus faltas. Y a los que aplicaron las leyes de acuerdo a Derecho, para castigar el delito, se les puede juzgar (lawfare). ¡Nos estamos volviendo locos!
Para los de JxCat, y en particular para el secretario de Carles Puigdemont, Aleix Sarri, respecto a la amnistía, declaró en la red X: “La amnistía no significa que el independentismo pida perdón ni un blanqueamiento del Estado español. Se trata de una autocondena del propio Parlamento español y un acto de condena de las acciones del aparato del Estado español contra las instituciones catalanas y el independentismo”.
La ley de amnistía, consta de 16 artículos y tres disposiciones, comprende desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, relacionados con la consulta del 9-N de 2014 y el referéndum del 1-O de 2017, del proceso independentista catalán y tiene una vigencia de 5 años. Se presentó en la Mesa del Congreso, se podrán hacer enmiendas, luego será aprobada en el Parlamento, donde el PSOE y sus socios de investidura tienen una mayoría (178 votos), luego será publicada en el BOE y entrará en vigor.
Estos son sus argumentos para dar validez a su ley de amnistía:
- Se acogen a la ley de amnistía aplicada en el año 1977.
- Esta ley se aplica en países como Francia, Italia, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda y Suecia.
- Justifica que la Unión Europea y otros organismos permiten la amnistía.
- La presente ley, contempla los actos tipificados, como: delitos, conductas de responsabilidad administrativa y contable.
- Se da esta amnistía por su utilidad social: la convivencia democrática.
- El Derecho debe adaptarse para aceptar la amnistía.
- Se apoya en varios artículos de CE: articulo 1 (partidos políticos), 6 (participación política), 9 (seguridad jurídica), 16 (libertad ideológica), 20 (libertad de expresión), 21 (derecho de reunión) y 22 (derecho de asociación).
- Afirma que el Tribunal Constitucional declara que la CE no resuelve todos los problemas y que los poderes públicos están llamados a resolver los problemas mediante el diálogo y la cooperación.
- La CE de 1978, no prohíbe la amnistía (indulto general) y entre ésta y los indultos se da una cuestión cuantitativa.
- La ley 46/1977 continua vigente, según sentencia de 2012 (pg.7).
- La amnistía es constitucional y que faculta al Parlamento a amnistiar.
- La amnistía no afecta a la separación de poderes (art. 117 CE), porque el poder judicial está sometido al imperio de la Ley que dictamina la amnistía que dicta el Ejecutivo que preside el presidente en funciones.
- La ley de Memoria Democrática (20/2022) contempla que la amnistía está vigente (ley 46/1977) en el Estado español.
- Las comunidades catalana, vasca, balear y la Foral de Navarra, contemplan la amnistía en su normativa autonómica.
- Para el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado, la amnistía es constitucional.
- Se contempla la amnistía como una “ley singular”, por tanto, se puede amnistiar.
- Se producirá la reforma del Código Penal, en su artículo 130, apartado primero para incluir la amnistía.
- Al ser una medida “singular” se prohíbe aplicar medidas cautelares (pg.11).
- Quedan exonerados los actos ocurridos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
- En la amnistía no se contemplan actos de terrorismo (pg. 12).
No se ha hecho esperar el rechazo a la presentación de dicha ley por parte del Tribunal Supremo, notarios, abogados, jueces, fiscales, la CEOE, profesores de derecho, etc. El debate de investidura se realizará los días 15 y 16 de noviembre.
Por otro lado, se dice que los acuerdos con ERC y JxCat, y la aprobación de la proposición de ley de amnistía es para pacificar, mejorando la convivencia en Cataluña, por el bien de España y los españoles, y volver a la normalidad, tal deseo no se cumple, sino que servirá para que los dirigentes arreglen su situación personal, regresen a las instituciones y participen en las elecciones autonómicas y europeas de 2024 y 2025, y vuelvan a dirigir las instituciones hasta conseguir su objetivo, que es el de convertirse en nación.
Hemos vuelto a un ambiente de crispación como en 2017, donde desde esa fecha a la actualidad han marchado más de 8.000 empresas y con estos acuerdos y la ley de amnistía que se aplicará, las empresas están pidiendo a los despachos de abogados que estudien y tramiten su marcha a otras localidades. Igualmente en la sociedad los que tiene los medios económicos suficientes está preparando su partida.
Los CDR, la ANC y la CUP (presentó una proposición al Parlamento catalán, para que se vuelva a convocar un referéndum y se realice una declaración unilateral), están pensando en actuaciones para llevar adelante y conseguir la independencia de forma unilateral.
Igualmente, al Gobierno en funciones y a sus socios en la investidura, no les importa que se diga que la amnistía es ilegal (no se contempla en la CE), como lo hacen el Consejo General del Poder judicial (CGPJ), las asociaciones de jueces y fiscales, los juristas, los representantes empresariales y la iglesia (excepto la catalana), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), los diplomáticos, los inspectores de Hacienda, miembros de su propio partido, la población que no los votó, etc.
Por último, en Cataluña, a los españoles constitucionalistas no se les tiene en cuenta, porque son poco representativos, formados por el PP, Vox y los pocos que quedan de Ciudadanos, y el Partido Socialista de Cataluña (PSC) se ha convertido a las ideas de los independentistas catalanes.
Finalmente, no importa de si son culpables, se cometen actos calificados de terrorismo (Tsunami Democràtic), malversación, golpe de Estado, etc., siempre salen libres de polvo y paja, la justicia no es igual para todos.
Si algo no les conviene o les perjudica, no pasa nada, se arregla según su conveniencia, así se entiende la baja calificación que tiene España (6.5%) en cuanto al nivel de “calidad de democrática”, si se compara con los países nórdicos e incluso a nuestros vecinos más próximos, como Francia (7.2%), Italia y Portugal (7.7%).
En conclusión, en caso de concretarse la investidura del presidente en funciones, los acuerdos adoptados con sus socios de ERC, JxCat, PNV, EH Bildu y BNG, y la aprobación de la ley de amnistía, solo será el principio… Sin ser especialista en Derecho, parece que esta ley presentada no es constitucional, pero lo más delicado está en el acuerdo firmado entre PSOE y JxCat, lo que viene detrás de la amnistía…
La CE dejaría de tener vigencia, entraríamos en un nuevo sistema, la España Federal, una república, con la nación catalana, vasca y puede que vengan otros detrás.
Tanto España como los que se separen sufrirán mucho, política, económica y socialmente.
A estas alturas quizá sea una utopía desear que se cambie la ley electoral, que refleje la voluntad del pueblo español a elegir a sus representantes (1 persona 1 voto), se respete el Estado de Derecho, la CE y las leyes, exista igualdad de derechos entre los españoles, haya una economía libre de mercado, se incentive el esfuerzo y el mérito, donde sus políticos tengan principios y valores, que vengan a la política a servir y no a servirse, cuando llegue ese día, España volverá a ser un país grande, libre y próspero.
“Cuanto más se desvíe una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que la proclaman”, (George Orwell).
