Radioblog #LaVida: Crónica de una democracia en riesgo, por Manoly Roldán
España vive una sucesión incesante de acontecimientos preocupantes que afectan al día a día de sus ciudadanos. La población está cansada, indignada, y muchas veces sin palabras ante lo que sucede. Entre las múltiples inquietudes, la que más alarma genera es la presunta corrupción dentro del PSOE, que salpica a algunos de sus ex responsables desde 2018.
Actualmente, uno de sus exsecretarios de Organización, Santos Cerdán, se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Su abogado, Benet Salellas, exdiputado de la CUP y defensor de Jordi Cuixart en el proceso independentista catalán, asegura que se trata de una persecución por haber pactado la ley de amnistía con Puigdemont. El exdirigente socialista se declara inocente y confía en que la justicia le dará la razón, mientras la UCO continúa investigando, en busca de pruebas que lo vinculen con cuentas en el extranjero.
La corrupción se extiende a múltiples ámbitos: empresa, política, justicia, educación, sanidad, policía, entre otros. Muchos se preguntan por qué este fenómeno no deja de crecer, especialmente en la esfera política, sin distinguir ideologías. Según la definición general, la corrupción es “cualquier acto en el que una persona en posición de poder abusa de ese poder para obtener ventajas ilegales o inmorales”, y se manifiesta en sobornos, malversación, nepotismo y favoritismo, fraude, extorsión y tráfico de influencias.
Entre las causas principales están la concentración de poder sin contrapesos, la ambición personal desmedida, instituciones débiles, la cultura de la impunidad, la opacidad en la financiación de campañas, y una ciudadanía desmovilizada, que ha dejado de votar, denunciar o exigir responsabilidades. No basta con visibilizar los casos: es urgente aplicar medidas ejemplares.
Las consecuencias son devastadoras: pérdida de confianza en las instituciones, aumento de la desigualdad social, freno a la inversión, pobreza, impunidad para los poderosos y deterioro de los servicios públicos.
A nivel de la Unión Europea, España se encuentra en el puesto número 20 de 27 Estados en calidad institucional y democrática. Le siguen otros países, como: Malta, Croacia, Grecia, Rumania, Polonia, Bulgaria y Hungría.
Por otro lado, el pasado sábado 28 de junio, jueces y fiscales salieron a las calles para manifestarse contra la tramitación de la conocida «Ley Bolaños», que afecta tanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial como al Estatuto del Ministerio Fiscal. Posteriormente, realizaron una huelga nacional los días 1, 2 y 3 de julio, con una participación media del 70%, considerada un éxito y con amplio respaldo ciudadano.
Sin embargo, en lugar de abrir el diálogo, el Gobierno envió a José Luis Rodríguez Zapatero a Zúrich (Suiza) para reunirse con Carles Puigdemont y pedirle su apoyo parlamentario para aprobar la ley Bolaños y a cambio ofreció darles su propio Consejo de Justicia de Cataluña (equivalente al CGPJ en pequeño), lo que supondría una reforma constitucional encubierta y generaría inseguridad jurídica en todo el país. Desde JxCat, se pidieron además otras modificaciones a la ley, como: derogar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminar la Audiencia Nacional, repartir sus competencias entre los tribunales autonómicos, desarrollar un poder judicial catalán propio, transformar la sede de la Jefatura Superior de Policía en un “espacio de memoria y archivo sobre la represión y la tortura”, etc.
Frente a esto, representantes del poder judicial viajarán a Estrasburgo del 7 al 9 de julio, para reunirse con miembros de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, donde denunciarán estas reformas por considerarlas una amenaza a la independencia judicial y reclamar protección institucional europea Se contempla incluso una huelga indefinida tras el verano.
Por otra parte, el fin de semana pasado también se celebraron el Comité Federal del PSOE y el Congreso Nacional del PP.
En el PSOE, los cambios fueron exclusivamente orgánicos. Algunos dirigentes, como Emiliano García-Page o Javier Lambán, reclamaron la convocatoria de un congreso extraordinario para renovar la cúpula y “limpiar el partido” de la corrupción. Incluso, pidieron al jefe del Ejecutivo que se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones anticipadas.
El presidente del Gobierno no asumió responsabilidades directas por los casos de corrupción, pero pidió perdón a su partido y a la ciudadanía. Reconoció haberse equivocado al confiar en Ábalos y Cerdán, y exigió que no se le compare con el PP y Vox ni se le iguale “en la indecencia”.
En contraste, el Congreso del PP se vivió con optimismo. Alberto Núñez Feijóo fue reelegido presidente con un 99,24% de los votos en una candidatura única. Presentó un nuevo ideario político, un manual de decencia y una hoja de ruta personal, con la vista puesta en unas próximas elecciones. Estuvieron presentes José María Aznar y Mariano Rajoy, como muestra de unidad interna.
Sin embargo, el PP omitió abordar temas clave para la ciudadanía como: sanidad pública y listas de espera, acceso a la vivienda y alquiler, educación y abandono escolar, crisis hídrica, incendios forestales, desigualdad social y pobreza infantil, precariedad laboral de los jóvenes, reforma y sostenibilidad de las pensiones, violencia de género y seguridad; tecnología, IA y brecha digital.
Mientras tanto, en Cataluña el independentismo sigue avanzando, apoyado por el PSOE y el PSC. Aprovechan la debilidad política de Sánchez y el deseo del Govern de mantenerse en el poder para exigir nuevas concesiones, con el objetivo final de lograr la independencia.
ERC y JxCat temen perder aún más apoyo, mientras Aliança Catalana (AC) sigue creciendo, captando descontentos de ambos partidos. Se estima que podría alcanzar entre 6 y 10 escaños en las próximas elecciones. De hecho, tanto ERC como JxCat esperan la comparecencia de Pedro Sánchez el 9 de julio en el Congreso de los Diputados para decidir si siguen apoyándole, temiendo el coste electoral de asociarse a un partido marcado por la corrupción.
El presidente del Gobierno abordará: la presunta corrupción en el PSOE (casos Koldo, Ábalos y Cerdán), asuntos de política internacional relacionados con: La cumbre de la OTAN, El Consejo Europeo, y la conferencia de la ONU sobre financiación internacional celebrada en Sevilla.
Finalmente, diversos organismos como GRECO, la Comisión Europea, Transparencia Internacional, OCDE, el Tribunal de Cuentas Europeo y expertos en gobernanza proponen medidas concretas:
• Reforma del Poder Judicial donde los jueces sean elegidos por los jueces y no por el poder político. Y protección real a jueces y fiscales por investigar a los políticos.
• Creación de una Fiscalía Anticorrupción Independiente, desvinculada del Gobierno y del fiscal general del Estado.
• Transparencia absoluta en financiación, contratos y subvenciones, publicado en tiempo real en línea.
• Reforma de la Ley de Incompatibilidades (prohibición de puertas giratorias al menos 10 años transcurridos de haber dejado el cargo).
• Protección a denunciantes de corrupción, por un órgano externo al Gobierno.
• Educación cívica contra la corrupción (enseñar en secundaria: ética pública, integridad y rendición de cuentas), y formar a los funcionarios en integridad institucional.
• Participación ciudadana y control social, de forma digital la población pueda auditar el gasto público y denunciar irregularidades.
• Limitación de indultos a corruptos condenados y reducir o eliminar los aforamientos, y así garantizar que los políticos sean juzgados como cualquier otro ciudadano.
En caso de que la corrupción ya esté institucionalizada, recomiendan acudir a instancias internacionales (GRECO, ONU o el Consejo de Europa), fomentar la movilización ciudadana organizada y pacífica, unión transversal de actores sociales, empresariales y judiciales y promover reformas a través de iniciativas legislativas populares.
En conclusión, tanto los independentistas catalanes como el presidente del Ejecutivo avanzan con determinación hacia sus objetivos: unos hacia la proclamación de una República catalana; el otro hacia el desmantelamiento del Régimen de 1978 para imponer una República Federal Plurinacional. De lograrse, la España autonómica como la conocemos dejará de existir, sustituida por un modelo de control político centralizado, al margen del equilibrio constitucional que recuerda a regímenes autoritarios.
Solo queda por consolidar el dominio sobre el poder judicial. Si nadie lo frena, lo conseguirá. Entonces, muchos lamentarán no haber reaccionado a tiempo, cuando ya sea demasiado tarde para detener la transformación del sistema democrático en una estructura autoritaria y clientelar.
Si el Partido Popular aspira a liderar una alternativa, no bastará con la crítica al oponente: deberá presentar a la sociedad un proyecto sólido, creíble y comprometido, que combine rigor económico, defensa institucional y sensibilidad social, y que esté a la altura del desafío histórico que atraviesa España.
“El destino de una nación no se decide de golpe, sino en cada concesión que pasa desapercibida. La historia juzgará no solo a quienes corrompieron el sistema, sino también a quienes callaron cuando aún se podía evitar”.
