Radioblog #LaVida: No todo está dicho, por Manoly Roldán
La pasada semana, se pusieron sobre la mesa las cartas de los diferentes
escenarios que nos tocarán vivir en los próximos meses: la financiación singular de
Cataluña y el resto de CCAA, reforma del sistema de financiación autonómica,
subida de impuestos a los ricos, presentación del proyecto de los Presupuestos
Generales 2025, renovación y nombramiento de nuevos cargos por parte del
Gobierno y el trabajo que le espera al nuevo Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), Tribunal Supremo (TS) y al Tribunal Constitucional (TC).
Uno de los temas más destacados fue el nombramiento de la nueva Presidenta del
CGPJ y del TS, María Isabel Perelló. Después de haber intentado con otros
candidatos afines al PSOE (Teso y Ferrer), y no conseguirlo, se amplió la lista y en
la quinta ronda salió elegida la nueva Presidenta, con 16 votos a favor de los 20
totales.
Con este nombramiento se abre una esperanza de enderezar el camino en el
cumplimiento de la justicia en España. Los diferentes sindicatos judiciales y el PP
quedaron satisfechos con su designación, otros también, pero en menor grado.
Tomó posesión de su cargo el miércoles pasado y el jueves se estrenó en la
apertura del Año Judicial, que contó con la presencia del Jefe del Estado y otras
autoridades.
Lo más destacado de su discurso fue su mensaje que quiso trasladar a todos: “Este
Consejo tiene ante sí otro gran reto: defender la independencia judicial, piedra
angular de nuestro Estado de Derecho. Ningún poder del Estado puede dar
indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de
interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico”.
También, manifestó su compromiso y el del CGPJ para defender la independencia
judicial y mostró su apoyo a todos los jueces que reciben descalificaciones e insultos
por su actuación (Lawfare) en las causas contra el procés. También, ella y otros
miembros del CGPJ piden que se les deje trabajar y se respete su independencia
judicial.
De igual manera, se produjo la incorporación del nuevo vocal, José María Macías, al
TC. De esta manera, el Tribunal quedará formado por 7 vocales progresistas y 5
conservadores. Será el encargado de redactar la resolución de admisión o no del
recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía presentado por el PP y
participará en la deliberación de la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad
presentado por el TS contra varios artículos de la ley de amnistía.
En paralelo a los actos anteriores, se produjo el nombramiento del nuevo
gobernador del Banco de España (BE), José Luis Escrivá, que vendría a ser el
representante del Banco Central Europeo en España. Su nombramiento no fue
consensuado como era de costumbre entre los dos partidos mayoritarios, como
fueron con: Luis Ángel Rojo, Jaime Caruana, Luis Linde y Pablo Hernández de Cos,
sino impuesto por el PSOE, hecho que provocó cierta polémica y desconfianza
porque pasó de ministro para la Transformación Digital a gobernador del BE.
Se duda que su actuación vaya a ser independiente y autónoma de las decisiones
del Gobierno central, como viene ocurriendo con otros organismos “colonizados”.
Aunque no es nada nuevo, ya se hizo lo mismo al designar al secretario de Estado
de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante el Gobierno del
expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, entre sus consejeros estará un representante independentista de ERC, el
economista, Jordi Pons, quien denunció el presunto “expolio fiscal” por parte del
Estado español a Cataluña.
Por otro lado, se realizó la conferencia del presidente del Gobierno, en el Instituto
Cervantes, donde anunció un nuevo techo de gasto que tratarán en el Consejo de
Ministros de esta semana, antes de la presentación de unos nuevos Presupuestos
Generales 2025. Esos Presupuestos servirían para poner coto a los privilegios de
ciertas elites y que gravarán fiscalmente a esos que usan “coches Lamborghini” y
“tienen dinero en el banco para vivir cien vidas”. Y afirmó: “Esa subida de impuestos
la haremos no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases
medias y trabajadores”. Y se anunció su reelección en el próximo Congreso que se
celebrará el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en Sevilla.
Se sabe que hay pocas ventas de esta marca de coches, 46 matriculados en el 2023
y 34 en 2024, debido a su alto coste que va desde casi 200 a más de 500 mil euros.
Y hay solo 852 españoles ricos que tienen un patrimonio superior a 30 millones. Es
decir, el vacío que podría dejar la aportación catalana a la caja común (20%), según
Fernando Rayón, no solo será cubierto por los ricos, sino que hará falta realizar una
subida de un 30% en el tramo estatal de IRPF al resto de ciudadanos españoles,
eso según estudios más optimistas.
Con esta medida de subir más impuestos a los ricos, lo que provoca es que los ricos
emigren con sus capitales a otros países donde les den más facilidades para
establecerse e invertir. Y en caso de quedarse en España, debido a la subida de
impuestos continuos hace que creen menos puestos de trabajo y si los crean serán
en inferiores condiciones económicas para los trabajadores. Al final, los más
perjudicados serán los trabajadores. Es una manera de crear más pobreza. Y la
brecha entre ricos y pobres se agrandará más.
En la reunión del pasado sábado, en Ferraz, frente a su Comité Federal, se volvió a
anunciar que se presentará a la reelección como secretario general del PSOE, no
mencionó el concierto catalán, no explico en qué consistía el acuerdo que se firmó
con ERC, dio a conocer que realizará una reforma del sistema de financiación
autonómica, que consistirá en que cada una de las CCAA recibirán más recursos
que lo que recibieron mientras gobernaba el PP, debido a que piensa duplicar los
recursos de solidaridad (Fondo de Compensación Interterritorial) que consta en la
Constitución Española.
Pero como dijo el presidente del Gobierno: “El verdadero debate no es entre
territorios, sino entre modelos” (sistema progresista sanchista y neoliberal) y criticó al
PP por “hacer regalos fiscales a los más ricos”.
Su modelo consiste en: “hacer nuevas transferencias, competencias, a reconocer
singularidades, a permitir que todas las comunidades que lo deseen recauden y
gestionen más gravámenes, algo coherente con nuestro Estado federal que
llamamos autonómico”.
A la reunión de Ferraz, acudieron barones socialista críticos, el más destacado y que
no solo habla sino que actúa, Javier Lambán, la semana anterior (30 de agosto),
aprobaron en su comunidad el rechazo al “concierto catalán” porque perjudica a los
intereses de la región aragonesa.
En esta ocasión, pidió al presidente del Gobierno que “recapacite y dé marcha
atrás al concierto catalán ya que hace saltar por los aires muchos de los
principios de la Constitución del 78. El concierto catalán me parece que es un
cambio estructural para el futuro del país que atenta contra la Constitución” y
añadió: “hemos rechazado siempre cualquier reforma de financiación de
manera bilateral, y el pacto PSOE y ERC está en las antípodas de lo que los
socialistas han sostenido”.
Así mismo, el secretario general de Castilla-La Mancha, García Page, hizo alusión
en más de una ocasión al acuerdo firmado entre PSOE y ERC, que no conocía de
su contenido y existencia. El acuerdo al que se refería estuvo disponible en lengua
catalana desde la firma del acuerdo, el 30 de julio, pero recién este fin de semana se
vio publicado en algún medio digital el acuerdo en lengua española, y así la
población en general pueda conocer y entender la magnitud de dicho pacto.
Por otra parte, el PP de forma unánime rechazó el cupo catalán (porque es
inconstitucional y significa financiar el procés) y a una reforma del sistema de
financiación autonómica que plantea el presidente del Gobierno. Su líder, Alberto
Núñez Feijóo, rechazó que los barones populares acudieran al llamado del
presidente para negociar de forma individual, pueden acudir por otros temas, pero
no pactar.
El tema de la financiación autonómica corresponde a todos los presidentes de las
CCAA, y no a una negociación o relación bilateral entre una comunidad y el
Gobierno (cupo catalán), por lo tanto las decisiones se deberían tomar en conjunto
como se venía haciendo hasta hace dos años atrás (13 de marzo de 2022).
En una entrevista realizada al líder popular, el pasado domingo, en el diario El
Mundo, manifestó que El PP, se mantiene firme en la solidaridad territorial e
igualdad entre todos los españoles. Para él, las CCAA son una red de
responsabilidad, sentido de Estado y equidad, pero esa equidad se ha roto. Para
saber qué hacer hay que conocer la estrategia del presidente del Ejecutivo, a corto y
largo plazo. A corto plazo ya se ha visto: acuerdo de investidura de Illa y
permanencia por más tiempo en el poder de Sánchez. A largo plazo no se sabe.
Añadió, que hay que conocer el grado de engaño que hay en el acuerdo PSOE y
ERC, conseguir que no se apruebe la LOFCA en el Congreso de los Diputados,
denunciar que no se convoca “La Conferencia de Presidentes”, explicar que para
mantener a Pedro Sánchez se sacrifican 45 años de financiación de los servicios
públicos en igualdad.
Ve que con la estrategia que está realizando el jefe del Ejecutivo, se está
produciendo una “mutación constitucional”, es decir se pasa de un Estado nación a
un Estado confederal de varias naciones. De un régimen común de financiación a
dar a una CCAA una financiación que le acerca a la independencia. Y concluyó: “Si
alguien quiere un concierto para Cataluña, deberá meterlo en la Constitución y
votarla y que los españoles se pronuncien”.
Finalmente, la secretaria general del PP presentó ante el TC un recurso de
inconstitucionalidad de la ley de amnistía por considerar que viola unos principios,
como son: de igualdad (art. 14), la interdicción en la arbitrariedad en la norma (art.
9.3) y el principio de vulneración del principio de exclusividad jurisdiccional (art. 117).
También, el de tutela judicial efectiva (art. 24), ley penal singular (arts. 17 y 25) y
prohibición de indultos generales (art. 62i).
Según la secretaria general popular: “Su único objetivo fue otorgar inmunidad a una
casta política para que Sánchez fuese investido presidente del Gobierno”.
Igualmente, los presidentes de las diferentes CCAA donde gobiernan ya presentaron
los recursos: Madrid, Andalucía, Murcia, Aragón, Cantabria y Valencia, y el resto lo
harán hasta agotar el plazo. El partido presentó la recusación de tres magistrados:
Juan Carlos Campo, Laura Díez y Cándido Conde-Pumpido.
Y el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se unió al
PP presentando su recurso de forma virtual contra la ley de amnistía ante el TC.
Tampoco está de acuerdo con la financiación singular para Cataluña.
El Tribunal Supremo plantea, también los primeros tres principios. Para el TS, la ley
de amnistía “establece un tratamiento desigual en función de la ideología”.
El TJUE registró la consulta prejudicial realizado por el Tribunal de Cuentas. El TC
debatirá este martes si se admite el recurso del TS en contra de la amnistía.
Queda por ver la respuesta del juez Pablo Llarena al recurso presentado contra él,
por el abogado de Puigdemont, sobre la concesión de la amnistía, que el letrado
“decidió no aplicar la amnistía a los delitos de malversación de caudales públicos” a
los líderes independentistas catalanes que dieron un golpe de Estado el 1-O de
2017, entre los que se encuentran los fugados Carles Puigdemont, lluis Puig y Toni
Comín.
En conclusión, nos encontramos en un momento delicado donde se juega el futuro
de España como país y nación como la conocemos hasta ahora, por un Gobierno
que ha concedido una financiación singular (concierto o cupo) para Cataluña a
cambio de obtener la presidencia catalana por Salvador Illa y mantenerse en el
poder por más tiempo, el presidente del Ejecutivo. Al parecer, su objetivo es
convertir a España en un Estado federal como ya la vienen llamando, o confederal
con pequeñas naciones, de ahí su acuerdo bilateral con ERC y los Comunes.
Pero esto no se queda ahí, si no que continua avanzando, ahora quiere reformar el
sistema de financiación autonómico, sin consultar con los presidentes de las
diferentes CCAA, como se venía realizando.
Está pasando algo similar como ocurrió al aprobar la ley de amnistía que en principio
estaba hecha a medida de los que quebrantaron la ley el 1-O de 2017, y en estos
momentos los partidos que no están de acuerdo están presentando recursos al TC,
al TS y al TJUE. Es de esperar que lo mismo pasará si se aprueba la “financiación
singular” para Cataluña y la “reforma del sistema de financiación autonómica”.
La esperanza que queda, es que el CGPJ, el TS y el TC, actúen con independencia
judicial y hagan cumplir la ley y el Estado de Derecho.
Si los independentistas consiguen la soberanía fiscal, la caja y la llave, acabar con el
“déficit fiscal” y conseguir un estatus similar al vasco y navarro, quedarán a un paso
para conseguir la independencia.
De ahí la gran responsabilidad del PP de defender la legalidad, ya que representa al
70% de los españoles y presentar un plan a corto (Declaración de Córdova) y largo
plazo para saber que España quieren construir. También el poder judicial está
comprometido en esta lucha para preservar la democracia en España.
Y como afirmó, Javier Lambán: “Si Madrid pidiese lo mismo que Cataluña, el resto
tendríamos que irnos en patera a Mauritania”.
“Nadie está por encima de la ley. En el momento que alguien se sitúe por
encima de la ley estaremos en otro tipo de Estado y España es un Estado
social y democrático de derecho. De ahí que cada órgano tendrá que cumplir
su función constitucional para garantizarlo. Y si alguno incumple esta misión,
habrá que utilizar los mecanismos que el sistema judicial nos ha dotado para
evitarlo”, (J.M. Peláez, septiembre 2024).
