Radioblog #LaVida: El aniversario de la Constitución Española, por Manoly Roldán
La Constitución fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 1978 y ratificada por referéndum el 6 de diciembre del mismo año. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España.
La Constitución tiene un significado muy importante para España porque marca el fin de la dictadura franquista y el inicio de la democracia. Establece un Estado democrático y de derecho, con un sistema parlamentario de gobierno. También garantiza los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los ciudadanos españoles.
Han pasado 45 años desde su aprobación y quizá sea el último como la hemos conocido hasta ahora. Con este Gobierno que repite mandato se van perdiendo principios que se tenían como válidos: la igualdad ante la ley de todos los españoles (art.14, CE), la independencia judicial (art.117), la separación de poderes (art.97), la soberanía territorial (art.8) y la unidad de España (art.2).
Vemos como la igualdad ante la ley ha sido alterada, desde el momento en que se premia a los independentistas catalanes quienes dieron un golpe de Estado en octubre de 2017 y que ahora a cambio de los 7 votos de JxCat, si todo sale según lo previsto conseguirán que se apruebe la ley de amnistía, diversas prebendas, el traspaso de Cercanías, una Hacienda propia para cobrar el 100% de los impuestos, todo como pago para que el presidente del Gobierno se mantenga una legislatura más en el poder y ejecute su plan, convertir a España en una “estructura federal del Estado”.
Señales se van dando: condonar el 20% de la deuda del FLA a todas las Comunidades autónomas y conceder Cercanías para que lo lleven los gobiernos autonómicos.
A los independentistas catalanes se les perdona todo el daño que hicieron a Cataluña y al resto de España. Ellos no piden perdón, ni se arrepienten de lo
que hicieron, sino que como se ha eliminado la sedición y disminuido la malversación del Código Penal, dicen que lo volverán a hacer, amparados en el art. 92 de la CE, pero esta vez con el beneplácito del Ejecutivo central, eso es lo que negociaron JxCat y el PSOE, y el pasado fin de semana se reunieron de forma secreta en Ginebra (Suiza).
Todo un misterio y despropósito que el destino de España se decida en el extranjero a espaldas de la población española. No se dio a conocer el lugar, la hora del encuentro, ni quienes eran sus participantes. De momento, no se ha emitido documento alguno de lo que hayan acordado, lo único que se sabe a cuenta gotas, es que se reunieron el pasado sábado: Jordi Turull, Miriam Nogueras, Carles Puigdemont, Santos Cerdán, JL Rodríguez Zapatero y revelado el nombre del “verificador”, el salvadoreño, Francisco Galindo Vélez, diplomático especialista en conflictos de guerra y que participó en la pacificación de la guerrilla de las FARC (Colombia).
El verificador o verificadores, son los encargados de coordinar la verificación de la negociación, al parecer son necesarios por la desconfianza entre las partes, a la vez que pone en entredicho la credibilidad del PSOE y por ende la del Estado, las reuniones serán mensuales y estarán durante toda la legislatura de este Gobierno.
Antes de las elecciones generales del 23 de julio, en ningún momento se dijo que las elecciones se celebraban para realizar todas estas cosas, pero ahí están…Todo un engaño. La excusa: para pacificar Cataluña y que vayan las cosas mejor. Además, dicen que para impedir que gobernara la derecha y la extrema derecha de PP y Vox, como si la unión de izquierdistas, comunistas e independentistas fuera mejor. Ya vamos viendo los primeros frutos: suspensión de un juicio a cuatro activistas independentistas que cortaron las vías del AVE en Gerona, los días 12 y 13 de diciembre de 2018.
De momento, se va incorporando la palabra “plurinacional”, lo ha hecho la dirigente Yolanda Díaz, al llamar “Grupo Plurinacional Sumar”. Cataluña y país
Vasco, también reclaman tener su nación. Van paso a paso, se les permite, y los ciudadanos atónitos sin saber qué hacer.
Por otro lado, en cuanto a la independencia judicial y la separación de poderes pasa otro tanto de lo mismo, para conseguir que se apruebe la proposición de ley de amnistía, a pesar de ser inconstitucional, según los jueces, los fiscales y los catedráticos entendidos en la materia, continúan adelante en su tramitación, aunque el informe no lleva la firma de ninguno de los cuatro miembros de la Mesa del Congreso, hecho que es sancionado por el art. 26 de la ley de procedimiento administrativo.
Este martes, en el Congreso, se incluirá la ley de amnistía en el orden del día.
Para ellos, el hecho que la Constitución no mencione “la amnistía”, no quiere decir que no se permita. Así, que ahí vamos viendo la evolución de su tramitación…
No contentos con eso, JxCat, ERC y PSOE, se pusieron de acuerdo y firmaron el “lawfare” (judicialización de la política), hecho por el cual los partidos políticos revisarán temas ya juzgados por los tribunales de justicia, poniendo en entredicho la aplicación de la ley en sus decisiones tomadas. A esta actitud se sumó el presidente del Gobierno, al afirmar: “definitivamente sí se han instrumentalizado instituciones públicas”.
Tanto jueces y fiscales han pedido protección a sus mandos superiores ante los ataques por lawfare, y al verse desamparados, se han visto obligados a escribir al Parlamento Europeo para que tomen cartas en el asunto.
En el Parlamento Europeo, se han celebrado dos plenos sobre la aprobación de la amnistía en España, al que han acudido los eurodiputados de los diferentes partidos políticos españoles para exponer su posición, y el próximo día 13 de diciembre acudirá el presidente del Gobierno, para exponer sus líneas principales de su presidencia que finaliza este mes, y tendrá la oportunidad de exponer su versión sobre la amnistía.
El ministro, Félix Bolaños, declaró que en la Comisión Europea ve “cero preocupación el impacto de la ley de amnistía”, afirmación que fue desmentida de inmediato. Ellos están atentos y esperando el documento definitivo para actuar. Están preocupados que en España no se cumpla el Estado de Derecho y sancionar la malversación de caudales públicos en actos contrarios a la ley europea. De no cumplir la normativa europea, España sería sancionada como Hungría y Polonia, se les redujo grandes cantidades de dinero que les correspondía.
Además, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha avisado que existen muchas denuncias de ciudadanos españoles sobre la aprobación de la ley de amnistía.
Por último, tarde o temprano la justicia europea actuará. Así, lo transmitieron dos jueces polacos que visitaron España, contaron la similitud ocurrida en su país y el nuestro, al llegar al poder un partido de extrema derecha, cambió las cosas a su conveniencia violando el Estado de derecho, año tras año, mientras una asociación de más de 3.000 jueces denunciaba ante la Unión Europea, hasta que un día contestaron y sancionaron a dicho partido político en el poder, con fuertes cantidades de dinero y tuvieron que recular y cumplir el mecanismo de condicionalidad (Reglamento que entró en vigor el 1 de enero de 2021) que consiste en negar el acceso a los fondos a un país si no cumple con los principios del Estado de derecho.
Su consejo es: no callarse y seguir manifestándose, hasta que la voz de los ciudadanos sea oída en la justicia europea y las cosas volverán a estar como estaban antes. En España se toma nota de su consejo, continúan las manifestaciones nocturnas frente a la sede del PSOE, Ferraz. El pasado domingo el PP, celebró una manifestación en Madrid y prometió más manifestaciones contra la aprobación de la amnistía. Mañana, la Fundación DENAES, ha convocado una manifestación que tendrá lugar en todos los ayuntamientos de las provincias de España, con ocasión de la celebración del Día de la Constitución española que está siendo amenazada por los que la quieren destruir.
En conclusión, la Constitución española ha sido un factor clave en el desarrollo de España como democracia moderna. Ha contribuido a la estabilidad política y social del país, y ha permitido el progreso económico y social de los españoles.
Según una encuesta el 68,7% de votantes de derechas e izquierdas están de acuerdo en que se enseñe de forma obligatoria la CE en las escuelas. Y de paso se debería dar mayor importancia a la asignatura de Historia, a la cual se plantea convertir en asignatura opcional para las pruebas de las EBAU de 2023-2024 (PAU). Así, los jóvenes estarían bien informados de sus derechos y obligaciones, y de la historia de España.
Con la excusa de la convivencia se está negociando en el extranjero y poniendo en peligro la soberanía nacional, el régimen legal y el pago de multas gigantescas.
Según una consulta el 65,9% de la población están en contra de la aprobación de la ley de amnistía.
Además, tenemos el siguiente escenario político: próximas elecciones vascas y previsibles gallegas para marzo y europeas para junio.
“De la misma manera que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de Justicia penal no puede asumir que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento”, (Pablo Llarena, noviembre 2023).
