BLOG #LaVida: «Los efectos de Pegasus”» , por Manoly Roldán.
Desde el 18 de abril, se continúa hablando del programa informático Pegasus, por si no habíamos tenido suficiente con el supuesto espionaje al entorno independentista, según el informe del grupo de expertos Citizen-Lab de la Universidad de Toronto (Canadá). El lunes 2 de abril, fecha en que se celebró el Día de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, realizaron una rueda de prensa pública donde dieron a conocer que tanto el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados a través de sus teléfonos institucionales, entre los meses de mayo y junio de 2021, en plena gestión de los indultos de los líderes del procés y en la crisis con Marruecos, por haber acogido al líder del Frente Polisario, Brahim Galli, quien tenía Covid-19. Como represalia a España, Marruecos envió más de 10.000 personas que entraron de forma masiva por Ceuta.
La noticia del espionaje a los miembros del Ejecutivo, creó todo tipo de comentarios, algunos partidos políticos dijeron que era una cortina de humo para tapar el espionaje a los independentistas, de pasar de verdugo a víctima, otros que no era cierto, por qué no lo dijeron antes, por qué han esperado ahora, en fin, el hecho es que la Abogacía del Estado presentó la denuncia (por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, según el Código Penal artículo 197, penado con un año hasta cuatro años al que se encuentre culpable) ante la Audiencia Nacional y el magistrado que abrió la investigación por el caso Pegasus, ha declarado secreta la causa siguiendo el criterio de la Fiscalía.
Según ciertas investigaciones se piensa que los culpables podrían ser agentes externos (empresa privada o un tercer país) interesados en desestabilizar a España, entre ellos el diario inglés The Guardian señaló al posible responsable: Marruecos, que cuenta con un sistema Pegasus y otras herramientas, quizá Putin, o fuego amigo interno. No se descarta nada.
El ministerio de Defensa, ordenó que se revisen los móviles del resto de ministros. Se piensa que los móviles han sufrido un fallo de seguridad porque normalmente están sometidos a revisión periódica, o que los protocolos eran insuficientes o no lo necesariamente efectivos. El Gobierno ve necesario revisar los procedimientos. Este robo de información (2,6 gigas) al presidente del Gobierno, perjudica a la fiabilidad de sus servicios de seguridad, en momentos en que próximamente se celebrará el Congreso de la OTAN en España.
Según la empresa NSO Group, este sistema solo se vende a Estados, que respetan los derechos humanos, y no lo tendrían China o Rusia, pero sí Marruecos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, México, etc. Los independentistas y algunos miembros del Gobierno no son los únicos a quien se ha espiado, también están otros jefes de Estado en diferentes partes del mundo.
Los Estados que compran el programa Pegasus disponen de una herramienta para detectar infecciones por este sistema o similares. A cada actualización se instala un parche, y en mayo y junio de 2021, ese parche no funcionó o no se detectó su funcionamiento. Según el diario El Mundo: “El CNI, en julio de 2021, envió al Ejecutivo un manual (de 15 páginas) para detectar si los teléfonos de los altos cargos estaban infectados por el software espía Pegasus y le instó a utilizarlo de forma directa”.
Y los resultados de los análisis deberían haber sido enviados al Centro Criptológico Nacional (CCN), órgano dependiente del CNI y encargado de la ciberseguridad de la Administración según el Real Decreto que lo regula, en su artículo 2. Es decir, desde hace 10 meses el Gobierno dispuso de la herramienta para detectar la infección de Pegasus en los teléfonos móviles, y son los departamentos de seguridad de cada ministerio y de Moncloa los responsables de analizar los teléfonos de los altos cargos. Corresponde al ministro de Presidencia, suministrar los dispositivos y establecer el protocolo de seguridad de los móviles y ordenadores de los ministros del Ejecutivo, y la comprobación técnica la realiza el Centro Criptológico Nacional (CCN). Este centro está revisando los móviles de todos los ministros y La Moncloa emitirá un informe con los resultados del análisis pericial realizado por el CCN.
Después de los fallos de seguridad surgidos en los dispositivos móviles, el Gobierno pondrá en marcha un Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado, que pueda prestar servicios de ciberseguridad que aumenten la capacidad de vigilancia y detección de amenazas en la operación diaria de los sistemas de información y comunicación de la Administración del Estado. Esto ya fue aprobado el 15 de febrero de 2019, pero debido a la pandemia y la guerra en Ucrania no se ha podido poner en marcha. Así mismo, en el paquete de medidas urgentes del 28 de abril, se aprobó la Ley de Ciberseguridad para hacer frente a la seguridad cibernética de la Administración y de las empresas del Ibex 35.
En el caso del espionaje a los independentistas, realizados entre los años 2017-2020, según fuentes del CNI, afirmaron que se compró el sistema Pegasus, y que vigilaron a los dirigentes independentistas (18) de forma individualizada con autorización judicial del juez del Tribunal Supremo y que no espiaron a teléfonos institucionales. En España, es posible que este sistema de espionaje lo tengan los diferentes cuerpos policiales (los Mossos, la Policía Nacional o la Guardia Civil), pero no se ha confirmado. La semana pasada, varios independentistas presentaron denuncias por espionaje ante el juzgado 32 de Barcelona, donde existe una causa abierta por el mismo tema al expresidente del Parlamento catalán, Roger Torrent.
Por otro lado, el martes 3 de mayo, todos los partidos políticos excepto PSOE y Unidas Podemos, aprobaron en la Junta de Portavoces que el presidente del Gobierno, debería comparecer ante el Pleno del Congreso para explicar el tema de los espionajes a los independentistas, más el espionaje hacía él y la ministra, Margarita Robles, además, explicar su cambio de política respecto al Sáhara. Hasta el momento no se ha producido.
Igualmente, el bloque que apoya al presidente del Gobierno, se volvió en su contra, incluso Unidas Podemos, quisieron constituir una comisión de investigación al PSOE, con el objetivo de restablecer la confianza en el Congreso, dando como resultado que los partidos de PP, Ciudadanos y VOX, apoyaron al Gobierno, porque entendieron que no sería un “foro para investigar y presionar al Gobierno, sino para que las fuerzas independentistas puedan cuestionar al CNI y a la labor de la Directora del CNI, Paz Esteban”.
Por otra parte, el miércoles día 4, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la comisión de Defensa en el Congreso, defendió la labor de los funcionarios del CNI y arremetió contra los que quieren desestabilizar las instituciones, dijo: “sentirse particularmente orgullosa de mi país, de los servidores públicos, de los miles de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, de sus familias, de los que han pagado un precio muy alto de 188 muertos”, añadiendo: “Particularmente orgullosa de las Fuerzas de Seguridad del Estado que protegen derechos y libertades, de los 3.000 hombres y mujeres del CNI, que celebran su 20 aniversario, y que han pagado con sus propias vidas para defender nuestro país, libertades y seguridad”.
A continuación, se le preguntó: ¿De quién depende la seguridad de los móviles del presidente? A lo que ella contestó: “Todo está en las normas, todo está en la ley. Es lo que pasa en democracia. Dediquen un minuto de tiempo a leerlo”.
También, salió en defensa de la Directora del CNI, Paz Esteban, quien el pasado jueves, realizó la primera Comisión de secretos oficiales (hace 3 años que no se celebraba), se reunió por más de 3 horas con los 10 representantes, uno por cada uno de los partidos. Llevó abundantes documentos de las actuaciones del centro que dirige y las autorizaciones judiciales de 18 políticos independentistas para que los miembros del CNI ejecutaran las escuchas, pero no le consta que sean 65 como se declaró en el informe del equipo de investigadores de The Citizen-Lab de la Universidad de Toronto (Canadá). Al terminar la reunión, Gabriel Rufián, de ERC, declaró temas que se suponían secretas, que están penadas en el Código Penal en los artículos 198 y 598. Así mismo, se interpuso una demanda por parte del colectivo de funcionarios de Manos Limpias, posiblemente otros partidos continúen con las demandas. Por su parte, Pablo Echenique, de Unidas Podemos, solicitó la desclasificación de los documentos que se presentaron en la reunión, posiblemente se harán en la Comisión de secretos oficiales.
El día viernes, en la clausura de la reunión del Cercle d`Economia (Círculo de Economía) de Barcelona, se contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. También, estuvieron el presidente catalán y el presidente del Gobierno, ambos hablaron unos minutos y quedaron en reunirse para aclarar el caso del espionaje con el software Pegasus a los líderes independentistas, pero no se concretó dónde ni cuándo.
Por último, tenemos la próxima Cumbre de la OTAN, que se celebrará entre el 28 y 30 de junio, en Madrid, en la cual España será el anfitrión. Este evento a realizar fue acordado en la época del expresidente Mariano Rajoy y ahora supone un reto para la seguridad del país. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, será el encargado de la coordinación en colaboración con los responsables de Exteriores, Interior, Transportes, Sanidad y Defensa. Es un momento muy delicado, más aún cuando nos encontramos en medio de dos escándalos sin resolver (espionaje a miembros del Gobierno e independentistas), y se ha puesto en entredicho la seguridad del Gobierno y de sus servicios de inteligencia, que incluso se llegaron a realizar acusaciones cruzadas entre la ministra de Defensa y el ministro de Presidencia, por el tema de quién es el responsable de velar por la seguridad de las comunicaciones entre los altos mandos del Gobierno. Ya se reconciliaron y se tomarán medidas para revisar los protocolos de funcionamiento.
Se contará con la presencia de 30 países, incluido el presidente de EE.UU., Joe Biden, las delegaciones de siete países asociados y la posible presencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
En conclusión, se deduce que el Ejecutivo ordenó al CNI investigar a los independentistas de forma individualizada por orden judicial autorizada por el Tribunal Supremo, por tanto de forma legal, en momentos muy difíciles en Cataluña (Tsunami Democràtic). Según el diario La Razón: “Es lógico y obligado atender y controlar a aquellos que han atentado contra el orden constitucional, y que se han jactado de que lo volverán a hacer. No hacerlo, infravalorar el riesgo, sería prestar un pésimo servicio a los españoles, y entonces sí que habría que exigir responsabilidades”.
El objetivo de los independentistas con el escándalo del espionaje es recuperar el victimismo, recobrar el pulso, reactivar a sus bases y exigir movimientos al Gobierno central. Poder decir que el Estado español tiene una estructura autoritaria donde no se respetan los derechos humanos de los independentistas.
No hay seguridad de saber quién realizó el espionaje al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, porque en estos tiempos ya no son tan necesarios los espías humanos, sino que se cuenta con tecnología muy avanzada que no deja rastro ni huellas. Según Pedro García Cuartango: “Ahora los sistemas como Pegasus lo pueden escudriñar todo: desde la intimidad de las personas hasta los arsenales y las estrategias militares. Ignoramos cuáles son sus límites y quién maneja la información”. Como ejemplo, tenemos una sentencia dictada en Madrid, en el cual no se pudo comprobar a los autores del espionaje.
Hay que resaltar a la ministra Margarita Robles, por su defensa de los diferentes organismos del Estado, de forma especial del CNI y sus trabajadores.
En cuanto a la celebración de la primera Comisión de secretos oficiales, es de agradecer la exposición de la Directora del CNI, pero lo que no es de recibo es que algunos representantes políticos, rompieran las normas que se requieren en esas reuniones secretas y salgan a ventilar lo tratado, poniendo en peligro la seguridad nacional.
En la próxima Cumbre de la OTAN, el hecho que España haya presentado fallos en su sistema de seguridad del programa Pegasus, hace que tenga mal prestigio entre los países aliados; además ERC y Bildu tienen acceso a información reservada que puede producir filtraciones de información.
Finalmente, reconocer la labor del CNI, quien ha cumplido 20 años realizando su “labor silente y en la sombra ha amparado y ampara las libertades de los españoles y el ejercicio de derechos fundamentales”. Este organismo público está siendo atacado por algunos miembros del Ejecutivo y de sus aliados parlamentarios, no se dan cuenta que menoscaban la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.
¿Acaso no es más importante defender a las instituciones del Estado que permanecer por más tiempo gobernando con los que quieren destruir y romper España? O es que quieren degradarla y desactivarla como institución, para imponer otros planes…
“El desarrollo de estos procedimientos nos conduce a un mundo orwelliano en el que ya no hay un único vigilante, sino que todos espían a todos, a los Estados y a los individuos, gracias a un software que escapa del control político y que elude cualquier medio de protección de la privacidad. La tecnología ha generado un monstruo que nos devora sin dejar rastro”, (Pedro García Cuartango, mayo 2022).
