BLOG #LaVida: «El presunto espionaje al entorno independentista» , por Manoly Roldán.
Finalizada la Semana Santa, saltó a los medios de comunicación la noticia del espionaje a 65 miembros, entre ellos activistas y políticos independentistas, abogados y periodistas entre otros. El informe fue publicado por el diario The New Yorker (18 de abril), y elaborado por un equipo de investigadores de The Citizen-Lab de la Universidad de Toronto (Canadá), cuyo título es How democracies spy on therir citizens (¿Cómo las democracias espían a sus ciudadanos?).
En la realización del informe participaron varios miembros, entre ellos está el director del grupo, John Scott Railthon, a continuación se encuentra el informático Elies Campo, hasta aquí todo es normal, lo curioso es que este joven también participó en la elaboración del informe. Al parecer, hace dos años el eurodiputado Jordi Soler (de ERC) sabiendo de sus habilidades le pidió que viera si su móvil estaba infectado con este virus, a partir de esa fecha y en colaboración con algunas entidades civiles catalanas, este informático desarrolló la investigación con su equipo, dando como resultado el informe presentado el lunes día 18 por su director de grupo en el Twitter del joven, en el cual se afirmó que hay 65 personas espiadas y que presumiblemente detrás de estos espionajes se encuentra el Gobierno español.
El presunto espionaje se realizó entre los años 2017 y 2020, a través de WhatsApp por medio de un malware Pegasus de la empresa israelí NSO Group, este virus se infiltra en los móviles y entra al interior controlando todo lo que se hace con el (mensajes, videos, fotos, conversaciones, etc.) violando de esta manera la privacidad e intimidad, y la protección de datos.
La empresa israelí responsable de los programas de jaqueo, vende estas herramientas de espionaje (ciberseguridad) a diferentes gobiernos del mundo, tanto democráticos como autoritarios, entre ellos a países europeos como por ejemplo: Alemania, Hungría, Polonia, Bélgica (su gobierno no lo admite), entre otros muchos, y ahora a España (está por demostrar).
El propio consejero de la empresa israelí que vende el citado software afirmó: “Casi todos los gobiernos de Europa utilizan nuestras herramientas después de recibir la aprobación de sus respectivos ministerios de Defensa”. Estos programas solo se venden a estados, con el único objetivo de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, pero algunos le dan mal uso, empleándolos para vigilar, perseguir y reprimir a políticos opositores, periodistas críticos, disidentes y activistas.
Entre los espiados se encuentran los expresidentes catalanes Artur Mas y Quim Torra y el actual presidente Pere Argonès; la esposa del expresidente Carles Puigdemont; los eurodiputados Toni Comin y Clara Ponsatí, el secretario general de JxCat, Jordi Sánchez; la expresidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el expresidente de Parlamento catalán, Roger Torrent; la actual presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs; Elsa Artadi de JxCat; Marta Pascal, etc. Los abogados Gonzalo Boye y Andreu Van den Eyne. Arnaldo Otegi y el diputado Jon Iñarritu, ambos de Bildu.
El martes 19, todo bien organizado, se produjeron dos comparecencias, para denunciar el espionaje sufrido por los independentistas por parte del Gobierno español, una en Bruselas en el Parlamento Europeo, donde participaron los dirigentes de ERC Oriol Junqueras, el expresidente Carles Puigdemont, Carles Riera de la CUP, la expresidenta de la ANC Elisenda Paluzie y el presidente de Omnium Cultural, Xavier Antich, Trataron de desprestigiar al Estado español como una estructura autoritaria que no respeta los derechos humanos de los independentistas.
En esta comparecencia el expresidente Carles Puigdemont, indicó: “Está claro que no hay diálogo, y si hay evidencias de una violación masiva de derechos fundamentales no se entendería que después del escándalo se siga confiando en un Gobierno que forma parte de esta trama criminal”.
Por su parte, Oriol Junqueras, declaró: “Cuando una contraparte, en este caso el Estado español, abre una mesa de negociación porque lo hemos conseguido y se dedica a espiarnos masivamente, ante quien nos mira desde fuera el que acumula capital político somos nosotros. Hay que usar todas las herramientas, la confrontación política, legal y no regalar nunca una herramienta imprescindible y útil como el diálogo”.
Los servicios jurídicos independentistas, anunciaron que pondrán denuncias a la empresa israelí NSO Grup y a sus directivos tanto en España como en otros países de Europa, porque se les inyectó este programa Pegasus. Denunciarán delitos de revelación de secretos, daños informáticos y contra la intimidad.
En la otra comparecencia desde el Palacio de la Generalitat, estuvo el presidente catalán Pere Aragonès con los miembros de su ejecutivo regional, expresando su repulsa al espionaje por parte del Gobierno español.
Ese mismo día en Twitter se colgó un video llamado “Catalangate. Nos están vigilando”, que supuestamente se realizó con anterioridad, porque lleva un tiempo su elaboración.
Al parecer, el nombre que se le da al informe CatalanGate ya había sido registrado hace varios meses (10 de enero) en Cataluña por la entidad afín al independentismo Òmnium Cultural.
El miércoles 20, el presidente Pere Aragonès dijo que congelaba las relaciones con el Gobierno hasta que se aclare la situación.
El Gobierno catalán y sus dirigentes acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez, pero estos echaron balones fuera y dijeron que según las leyes todo es legal. Entonces, acusaron al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero estos no pueden decir nada, porque la ley lo prohíbe por cuestiones de seguridad nacional.
Ciertamente, la Ley 11/2002, de 6 de mayo, que regula el CNI, en su artículo 1 señala: “El Centro Nacional de Inteligencia es el Organismo público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”.
La ministra portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez indicó: “El Gobierno no tiene nada que ver ni ocultar y colaborará al máximo con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos”, agregando: “En un país democrático y de derecho donde se respetan los derechos y libertades individuales, no se pueden limitar los mismos si no en el amparo de la ley”.
Así mismo, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, encargada del CNI, se comprometió a comparecer ante una Comisión (Comisión de Gastos Reservados) para responder sobre el caso, pero desde hace 3 años que no se somete al control del Congreso, por los vetos a ERC, Bildu y JxCat, y habría que nombrarlos (se requieren de 210 votos favorables para su creación).
De momento, la Ministra afirmó: “El Gobierno nada tiene que ver y no tiene nada que ocultar”. Ella defiende al CNI, y no aclara ni desmiente si el CNI cuenta con el programa Pegasus. Indicó: “todo lo relacionado con el CNI está sujeto a secreto por ley”, añadiendo: “Que todo el mundo lo tenga claro. Tenemos que sentirnos orgullosos de España como un Estado democrático de derecho. No podemos sembrar dudas o sospechas de un organismo que no se puede defender”. Durante nuestro mandato tanto el CNI como el Gobierno en su conjunto han actuado con arreglo a la legalidad vigente”.
El jueves 21, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez habló de incrementar el diálogo. Y el presidente catalán, Pere Aragonès, fue a Madrid, se reunió con los partidos catalanes y vascos (ERC, la CUP, JxCat, PDeCAT, EH Bildu), BNG, Más país y Compromis, e impulsaron una Comisión de investigación para depurar responsabilidades del presunto espionaje. Recibió el apoyo de todos ellos incluidos Podemos con Pablo Echenique. Además, exigió la comparecencia del Presidente de Gobierno, algo que no ocurrió. Se emplazó a una reunión al pasado domingo 24, en Barcelona. Igualmente, exigió la presencia del Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, de la ministra de Defensa Margarita Robles y de otros cuatro altos cargos.
El presidente Aragonès, reclamó una investigación exhaustiva si el PSOE quiere conservar el apoyo de ERC y afirmó: “Hoy la confianza en el Estado es mínima, es muy difícil poder confiar en quien todo apunta que te ha espiado para alimentar la causa general contra el independentismo”.
Por otro lado, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no tiene potestad para investigar el posible espionaje por parte del CNI a los líderes políticos independentistas, porque la Ley Orgánica de Protección de Datos en su Artículo 2, no contempla la aplicación a “tratamientos sometidos a normativa sobre protección de materias clasificadas”. Depende del ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia.
Igualmente, los dirigentes independentistas, denunciaron el espionaje ante la Comisión Europea y estos respondieron que no tienen competencias para ello, porque se trata de una cuestión de seguridad nacional y que son los Estados los encargados de realizar estos tipos de investigaciones. Además, considera estos comportamientos como inaceptables, estudiará el fenómeno y creará una Comisión específica para su estudio.
Al mismo tiempo, los independentistas implicados se han alarmado por el presunto espionaje, pero se olvidan de lo sucedido anteriormente en Cataluña, como se muestra a continuación:
- Declaración del ex juez Santiago Vidal, donde dijo que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña tiene los datos fiscales de todos los ciudadanos de Cataluña.
- La elaboración del censo electoral para celebrar el referéndum del 1-O de 2017, burlando de esta manera la Ley de Protección de Datos.
- El espionaje a periodistas, políticos, abogados y organizaciones contrarias al independentismo.
- El espionaje en los patios de colegios catalanes para saber si los niños hablan en catalán y si los profesores hablan en castellano o catalán.
- Los Mossos frenaron a Puigdemont cuando intentó espiar su base de datos para crear un CNI catalán.
Por otra parte, el pasado domingo 24, se reunieron en Barcelona el consejero de Presidencia, Félix Bolaños y la consejera de presidencia del Gobierno catalán, Laura Vilagrà, para ver de solucionar el problema del espionaje. Al finalizar la reunión cada uno de ellos hizo declaraciones por separado.
Félix Bolaños, señaló que tomará 4 medidas: abrir un control interno del CNI, abrir una investigación por parte del Defensor del Pueblo, la formación de una Comisión de investigación y desclasificar documentos si hiciera falta, todo para recuperar la confianza de los partidos independentistas y de la población en general. A su vez, espera que ERC le apoye en la aprobación del Decreto Ley de medidas económicas que se presentará el jueves 28 en el Congreso. Por su parte, ella quedó desilusionada con los resultados de la reunión, confía que el Gobierno de explicaciones y que se produzcan dimisiones para ver si sigue apoyando al Gobierno.
Por último, al presidente Pedro Sánchez, le espera una semana muy difícil. El jueves 28, presentará un Real Decreto Ley de medidas urgentes para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania (medidas por valor de 16.000 millones). Se espera que no ocurra algo similar a la votación para aprobar la Reforma Laboral, que salió adelante gracias al voto equivocado del diputado Alberto Casero del PP.
En conclusión, la pregunta que debemos hacernos es por qué justo en estas fechas se dio la noticia del informe de los espionajes, nada en política ocurre por casualidad… Se da la circunstancia que la “mesa de diálogo” entre el Gobierno español y el Gobierno catalán está paralizada desde el mes de septiembre de 2021, y se ha ido postergando por diferentes motivos: la aparición de la nueva variante ómicron, las elecciones de Castilla y León y la guerra de Ucrania, y a la vista están las elecciones municipales de 2023 y los partidos ya están trabajando en ello. Además, ERC, JxCat y el PSC, se disputan el mismo nicho de votos en Cataluña.
Hay otros temas pendientes como la respuesta que dará en el mes de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a las euroórdenes de los líderes fugados al extranjero; la investigación en curso sobre la relación de los partidos independentistas en Europa con el Kremlin de Vladimir Putin, y entre ellos se encuentra JxCat. Sin olvidar la posible revisión de los indultos donde se cambió la composición de la mesa (mayores probabilidades de que se denieguen los indultos concedidos a los líderes del procés); el auge del líder del PP que posiblemente sea el nuevo presidente del Gobierno, o que el PP y el PSOE podrían llegar a acuerdos para gobernar en el futuro y sus votos ya no serían necesarios. Todo lo anterior hace que JxCat y la CUP presionen a ERC, y éste a su vez al Gobierno de Pedro Sánchez, porque temen que no podrán realizar su ansiado referéndum y pedir la amnistía para los líderes fugados.
A través de la fotografía de la comparecencia en el Parlamento Europeo, se pudo comprobar lo unidos que están los tres partidos independentistas (ERC, JxCat y la CUP) y las entidades afines al independentismo como son la ANC y Ómnium Cultural, aunque en ocasiones parecen estar desunidos.
Al leer las noticias, escuchar las declaraciones de los diferentes líderes y ver los videos se llega a la conclusión de que es una operación bien orquestada al detalle por el sector independentista en contra del Gobierno, del Estado y el CNI, para resucitar el anhelo de independencia que va perdiendo interés entre la población y para ello han realizado esta investigación de parte, a beneficio de ellos y perjudicando al Estado español, presentándolo como un país donde se espía y no se respetan los Derechos Humanos. Este informe no ofrece garantías porque no está realizado por un organismo independiente, sino que en el participa un informático relacionado con el independentismo, con lo que al parecer el autor es parte interesada y por tanto no es creíble.
Además, los servicios de inteligencia de los estados deberían controlar el buen uso que se debe dar a estas herramientas de seguridad, respetando la legislación de cada país y los Derechos Humanos para velar por la integridad de las naciones.
Si queremos que los demás cumplan las leyes y respeten los Derechos Humanos primero hay que empezar por casa cumpliendo la sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) sobre el 25% de clases en español en las aulas catalanas y no hacer vericuetos para evitar cumplir la ley. No abrir embajadas catalanas con dinero de todos los españoles, que esa labor corresponde al Gobierno y no a una comunidad autónoma como es Cataluña.
“Dijo la sartén al cazo: ¡Quítate de ahí, que me tiznas! Cualquiera podría pedir cuentas por la invasión de su privacidad, pero no el independentismo. Por coherencia, él no. No puede estar achacando al Estado la violación de la ley mientras el mismo lo hace a diario. Incluso afirma con fatuidad que lo volverá a violar: Ho tornarem a fer” (Antonio Robles, abril 2022).
