Siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional en Granada y Almería.
Policía Nacional ha detenido a siete personas en Granada y Almería y ha desarticulado una organización criminal dedicada a regularizar a mujeres extranjeras simulando episodios de violencia de género y que pagaba hasta mil euros a hombres dispuestos a asumir condenas por maltrato.
Según ha informado este cuerpo armado, la operación Casamenteros ha permitido detener hasta el momento en diferentes municipios de costa de Granada y Almería a cuatro mujeres y tres hombres acusados de denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.
Los siete detenidos están vinculados con una red que simulaba episodios de violencia de género para conseguir permisos de residencia para las mujeres que se hacían pasar por víctimas. La organización se encargaba de buscar tanto a posibles benefactoras como a potenciales agresores, siempre entre marroquíes en situación irregular.
La investigación, desarrollada entre las Brigadas de Extranjería y Fronteras de Granada y Almería junto a la Policía Judicial de Motril, comenzó cuando un hombre denunció que le habían prometido 3.000 euros por protagonizar una falsa agresión física en público y no había cobrado esa cuantía.
Por esa simulación, el hombre había sido condenado por vía penal en un juicio rápido. La investigación de esa denuncia permitió llegar hasta la organización criminal, que cobraba a las falsas víctimas de violencia de género entre 4.000 y 6.000 euros. La organización también captaba a los hombres, que cobraban entre 500 y 1.000 euros y tenían que asumir una condena judicial como autores de violencia de género contra su supuesta pareja después de protagonizar una agresión física en un espacio público.
Durante la investigación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en Gualchos (Granada) y El Ejido (Almería), en los que los agentes intervinieron dinero en efectivo, documentos y resguardos de envío de dinero a Marruecos. Al menos diez mujeres extranjeras obtuvieron fraudulentamente un permiso de residencia legal después de juicios rápidos que las convertían en víctimas de violencia machista, aunque esas residencias serán ahora extinguidas. Los siete detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Motril que, de momento, les ha prohibido salir del país.
