El informe del ‘Defensor del Profesor’ alerta sobre un crecimiento de la violencia y cómo está afectando la menor comunicación entre docentes y progenitores por el Covid-19.
El sindicato educativo ANPE hizo público su informe anual del ‘Defensor del Profesor’, un servicio puesto en marcha en 2005 y que ha atendido a centenares de docentes que en su inmensa mayoría desarrollaban su labor en la enseñanza pública.
Estos profesionales han tenido que vivir diferentes situaciones de conflicto en el ámbito escolar, incompatibles «con lo que debe ser la adecuada convivencia en los centros educativos. Situaciones inaceptables, que ningún docente debe soportar y mucho menos deben permitirse a nivel social».
Del total de casos atendidos durante el curso 2019-20 por el Defensor del Profesor, un 6% corresponden al nivel de Educación Infantil, un 38% a la Educación Primaria, un 42 % a la Enseñanza Secundaria, un 2% a Bachillerato, un 3% a los Ciclos Formativos, un 5% a la FP. Básica, un 2% a la Educación de Adultos y un 2% a las Enseñanzas de Régimen Especial.
Los casos atendidos han sido clasificados en tres grandes grupos, según el sector de la comunidad educativa al que pertenecen las personas que originan el conflicto.
En cuanto al alumnado, destacan las dificultades para dar clase (26%), seguidas de las faltas de respeto y falsas acusaciones, y aumentan considerablemente los casos de ciberacoso (16%). Cada vez se producen más casos de difusión en redes de vídeos grabados a docentes, sin permiso alguno, mientras imparten clases de forma presencial.
En este último aspecto, se ha podido constatar que la enseñanza on line es un nuevo paradigma educativo que ha llegado para quedarse, tras irrumpir de forma rápida y precipitada por las circunstancias sobrevenidas a causa de la pandemia.
Respecto a las familias, las estadísticas se mantienen en la misma línea de cursos pasados, destacando un incremento notable en las acusaciones sin fundamento (25%), ciberacoso (20%) y las presiones para modificar notas (15%).
Desde el sindicato indicaron que «es triste observar con qué facilidad algunos padres o madres de nuestros alumnos cuestionan cualquier actuación o decisión del profesorado, queriendo imponer su criterio personal, desde la ignorancia de cualquier criterio psicopedagógico, hasta llegar al punto de difamar, amenazar o incluso agredir al docente. Constatamos que los efectos de la situación de emergencia sanitaria y confinamiento sobre la comunicación entre las familias y el profesorado, han contribuido lamentablemente a agravar esta tendencia».
En el último bloque se alude a los conflictos con la propia administración o con compañeros. Los problemas de comunicación entre el profesorado y sus equipos directivos suponen el 30% de los casos y los relacionados con la aplicación del Reglamento de Régimen Interior o Decretos de Convivencia, un 12%.
