Radioblog #LaVida: Tiempos de crisis, por Manoly Roldán
El año 2023 y principios de 2024, se están produciendo manifestaciones de los agricultores dentro de los países de la Unión Europea (UE), realizadas en Países Bajos, Polonia, Rumanía, Italia, Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, Grecia y ha llegado a España. Se iniciaron esta semana y seguirán. Este martes 6 de febrero, se realizarán marchas multitudinarias en diferentes localidades, como: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y en otros lugares.
El problema de fondo es que las políticas que aplica la UE (PAC) al sector primario (agricultura, ganadería y pesca) de los países que la forman, no responde a las necesidades de los que se dedican a estas actividades.
En vez de beneficiar y proteger, les perjudica porque existe demasiada regulación (Ley de Restauración de la Naturaleza), restricciones y aumento de impuestos, que no se exige a terceros países (Marruecos, Sudáfrica y países que forman Mercosur) que suministran diversos productos al mercado común europeo, pero en desigualdad de condiciones.
Los países que no pertenecen a la UE no están sometidos a las mismas regulaciones de calidad que los europeos, “por lo que sus precios son más bajos y, consecuentemente más competitivos (Vozpópuli, febrero 2024).
Además en la UE, el sector primario está ideologizado con la Agenda 2030, que en aras del “medio ambiente y el cambio climático”, perjudica a los que se dedican a estas actividades.
El presidente de ASAJA, Pedro Barato, declaró: “El problema que tiene el agricultor español es la cantidad de normas y la cantidad de prohibiciones y restricciones que nos quieren hacer”.
Y por si con esto no hay suficiente se agrega la “sequía” que sufre España, sobre todo en Cataluña y Andalucía, que afecta al consumo humano, la agricultura, la ganadería y la industria.
En Cataluña, el pasado 1 de febrero, se decretó la emergencia por sequía, que consiste en aplicar restricciones al consumo de agua tanto para uso doméstico, industrial y agrícola (se permite regar determinados árboles). Se aplica a Barcelona y parte de Gerona.
Los partidos independentistas han estado y están enfrascados en el tema identitario, que han descuidado los temas que realmente preocupan a la población, como la larga huelga de médicos, enfermeras y técnicos sanitarios recién finalizada, y actualmente la falta de agua. Es un problema que viene de lejos.
Algunos recuerdan la Ley 10/2000, durante el Gobierno de José María Aznar (1996-2004), por el que se aprobó el Plan Hidrológico Nacional (trasvases de aguas, desaladoras y regulación de los ríos), y al llegar el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (2004), derogó el PHN. Este plan iba a ser financiado con los Presupuestos Generales del Estado, fondos europeos, empresas privadas y tarifas del agua. Se opusieron a su ejecución el PSOE, IU, nacionalistas vascos y catalanes, ecologistas y plataformas ciudadanas.
En caso que la sequía vaya en aumento, desde la desalinizadora ubicada en Sagunto (Valencia) se trasportará agua desalada en barcos hasta Cataluña, a partir del mes de junio.
Así mismo, se oyen voces de un posible trasvase de agua desde el río Ebro hacía Cataluña. Esta medida podría ocasionar enfrentamientos entre territorios.
Si existen medidas que otros países han desarrollado para superar este problema, por qué no copiarlo, como es el caso de Israel, con casi un 60% de territorio desértico ha conseguido obtener el agua suficiente para cubrir sus necesidades e incluso convertirse en exportador del líquido elemento a otros países. Israel se destaca por su alta tecnología en el manejo del agua.
Por otro lado, no hay que olvidar el tema central, la proposición de ley de amnistía que de forma inesperada no salió adelante, debido a la falta de apoyo del partido independentista de JxCat, con sus 7 votos, llegó a votar junto al PP y Vox, dando como resultado 179 votos al “no” y 171 votos al “sí”.
No aceptó dar sus votos favorables porque la proposición de ley de amnistía no cubría de forma “integral” a todos los implicados del procés, pero de forma especial a su líder Carles Puigdemont, en temas como: el terrorismo (Tsunami Democràtic y los CDR) y por un posible delito de traición, que según un informe de la Comisión Europea, al parecer existieron vínculos que relacionan a líderes de JxCat con el Kremlin (Rusia).
Dicha ley deberá regresar a la Comisión de Justicia para que se realicen las enmiendas pertinentes y retornar al Congreso de los Diputados para su votación en un plazo de un mes.
Al parecer la ley saldrá adelante porque tienen los votos suficientes para su aprobación y se le harán los retoques necesarios para que así sea. La blindarán y evitarán al máximo la participación de los jueces. Posteriormente, irá al Senado, donde podría tardar 2 meses hasta que vuelva a la Cámara Baja de las Cortes Generales. Los inconvenientes mayores vendrán cuando la ley de amnistía llegue al Tribunal Supremo (TS), donde decidirá su aplicación.
El TS decidirá si envía una prejudicial a la Comisión Europea y esperar que resuelva. En caso que el Gobierno de España no cumpla lo dictaminado por éste órgano, estos lo enviaran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tiene mayor validez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y España podría ser sancionada como Polonia por no cumplir el Estado de Derecho.
Para sacar adelante la ley de amnistía y olvidar los delitos de los implicados del procés, se está pensando en modificar los supuestos que se mencionan sobre terrorismo en el artículo 573 del Código Penal.
En caso que se llegara a modificar este artículo, al ser una ley retrospectiva, podrían quedar en libertad presos terroristas yihadistas y de ETA, que no hayan cometido delitos de sangre. Esto podría perjudicar a España, en la lucha común que tiene Europa en este tema. Se dice que su aplicación podría ser similar a la Ley “Solo sí es sí”.
En principio, la ley de amnistía deberá ir en armonía con lo que se indica en la normativa europea, sobre todo en el tema del terrorismo, porque existen unas normas comunes de lucha contra el terrorismo en los 27 estados.
La otra opción es que el TS, lo envíe al Tribunal Constitucional y esperar a ver qué resuelve.
Por otra parte, los partidos independentistas, como ERC no se detienen, mientras en Madrid se tramitaba la ley de amnistía, el presidente catalán, Pere Aragonès y la consejera de Acción Exterior, Meritxell Serret, fueron de gira a Bruselas, para defender la legalidad de dicha ley, defender el uso del catalán en Europa, difundir su causa independentista y a la vez pedir que se permita a los “estados sin nación” poder realizar referéndums de autodeterminación y ser países con los mismos derechos que el resto de los 27.
Por su lado, JxCat, insistirá en que se incluya de forma “integral” a todos los independentistas implicados en el procés. También hay movimientos en favor de Jordi Turull, y en desplazar a los seguidores de Laura Borras.
A su vez, el PSC, se va encaminando hacía las elecciones autonómicas catalanas, pensando que son la opción preferida de los votantes, se olvidan que en las últimas elecciones municipales y generales del año 2023, los votos fueron prestados, vinieron de los independentistas descontentos de ERC y JxCat, en menor cantidad de Ciudadanos, del PP y de algunos que se abstuvieron el 2021, que de realizarse unas elecciones, el partido de JxCat recuperaría muchos votantes en perjuicio de ERC y PSC.
Por último, recordar las declaraciones que hicieron los políticos de los diferentes partidos el día de la votación de la proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, trataron de humillar y denigrar al poder judicial. Se vio el nivel de políticos que existen en la Cámara Baja:
JxCat, Míriam Nogueras: “Jueces prevaricadores” y pide al presidente del Gobierno que “demuestre toda su autoridad ante la cúpula judicial española”. PNV: “Hay cierto activismo judicial”. ERC: “Hay jueces que claramente prevarican”. BNG, Nestor Rego: “El Lawfare, existe y no es un cuento de hadas”. EH Bildu, Jon Iñarritu García: “Siempre puede haber jueces prevaricadores, tal y como estamos viendo estos días”. Podemos: “En España hay Lawfare, lo ha reconocido el PSOE”. Sumar, Gerardo Pisarello: “Cuando las derechas no gobiernan piden a jueces amigos que le hagan el trabajo”.
Y la declaración del presidente del Gobierno, mientras se encontraba en el Consejo Europeo, al afirmar que “el independentismo catalán no es terrorismo y que todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas”, y agregó: “los indultos han sido un paso importante, diría incluso un paso muy importante y la ley de amnistía es el paso definitivo”.
Según el líder del PP, el presidente del Gobierno con esta afirmación: “Rompe la separación de poderes y suplanta a los jueces dictando sentencias absolutorias para todos sus socios”.
El ministro Félix Bolaños, corroboró la afirmación del presidente, al afirmar que la ley de amnistía es “impecable, constitucional y conforme al derecho europeo y que así lo va a seguir siendo”.
Finalmente, se inició la campaña electoral en Galicia. Los diferentes partidos que se presentan a las elecciones, van realizando mítines y debates. Se hace en clave nacional, aunque la población gallega prefiere que se aborden los problemas que les afecta de forma local.
En conclusión, los responsables políticos españoles y de la UE deben tomar medidas urgentes para solucionar los problemas de la agricultura, la ganadería, la pesca, de los transportistas y la falta de agua que afectan no solo a España, sino también a países, como: Alemania, Francia, Italia y Portugal. Además de la crisis en este sector, tenemos crisis economía, crisis laboral, y la más delicada la crisis institucional donde se intenta desprestigiar al poder judicial (para quitarles credibilidad) vulnerando la Constitución Española, pretendiendo hacer constitucional una ley de amnistía a medida de los que cometieron un golpe de Estado, y que el Gobierno pretende aprobar, todo para mantenerse en el poder y llevar el cumplimiento de sus planes adelante.
