#LaVida: Tres señales de alarma, por Manoly Roldán
Sanidad, seguridad y justicia en el centro del debate
Esta pasada semana hemos podido asistir, entre otros acontecimientos, a tres problemas que preocupan cada vez más a la sociedad española, cansada ya de tantos despropósitos: la falta de coordinación en situaciones de emergencia sanitaria, la necesidad de una mayor protección y atención hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y el debate creciente sobre la independencia judicial y la separación de poderes. A continuación, se exponen tres ejemplos recientes que reflejan claramente esta situación.
El buque MV Hondius, de procedencia neerlandesa, es un crucero de lujo especializado en turismo científico y expediciones para investigadores y viajeros de edad avanzada. El barco se ha visto afectado por un brote de hantavirus, reviviendo inevitablemente los recuerdos de la pandemia del Covid-19. La noticia adquirió una enorme repercusión mediática tras confirmarse el fallecimiento de tres pasajeros y varios casos positivos relacionados con el brote.
Según las informaciones difundidas, los pasajeros habrían visitado determinadas zonas de Argentina donde presuntamente pudieron contraer el denominado virus de los Andes, una variante del hantavirus considerada especialmente peligrosa por su elevada tasa de mortalidad. Desde mediados de la pasada semana, los medios de comunicación han mantenido una cobertura constante sobre este caso, generando preocupación, incertidumbre y cierta confusión por la aparente falta de coordinación entre distintas autoridades políticas y el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Era comprensible que parte de la población de Tenerife manifestara miedo ante la posibilidad de que el crucero atracara en la isla, temiendo que el virus pudiera expandirse. Finalmente, el buque atracó bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria en el puerto de Granadilla, donde, según las autoridades, se adoptaron las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de propagación.
La decisión de permitir finalmente el atraque del crucero también abrió un debate político y social sobre si se valoraron suficientemente los riesgos sanitarios para la población local o si influyeron otros intereses de carácter político, diplomático o económico.
Los catorce pasajeros españoles fueron trasladados en un avión militar al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecen en cuarentena obligatoria de siete días mientras se evalúa su evolución clínica. Hasta el momento, las autoridades sanitarias esperan que no se produzcan novedades negativas. La coordinación del operativo corre a cargo de los ministerios de Sanidad, Interior y Defensa.
El resto de pasajeros regresó a sus respectivos países para continuar allí los protocolos médicos correspondientes. Sin embargo, llama la atención que, en medio de toda esta alarma mediática, la farmacéutica Moderna haya anunciado investigaciones preliminares para desarrollar una vacuna contra el hantavirus, provocando incluso una subida cercana al 14 % en la Bolsa de Nueva York.
Todo ello recuerda inevitablemente lo ocurrido durante la pandemia de 2020, un periodo en el que algunas farmacéuticas obtuvieron enormes beneficios económicos mientras numerosos trabajadores fueron despedidos o apartados de sus empleos por negarse a recibir la vacunación obligatoria. Un debate que continúa vigente, especialmente después de que el gobierno de Donald Trump haya comenzado recientemente en Estados Unidos la readmisión y rehabilitación de militares y trabajadores federales afectados por aquellos mandatos obligatorios, devolviéndoles parte de los derechos y beneficios perdidos durante aquella etapa.
Por otro lado, en medio de la preocupación generada por el brote de hantavirus, el pasado viernes fallecieron dos agentes de la Guardia Civil tras colisionar dos embarcaciones durante la persecución de una narcolancha frente a las costas de la provincia de Huelva.
El sábado se celebró en Huelva el funeral y sepelio de los agentes, al que asistieron familiares, compañeros, autoridades locales y numerosos ciudadanos para darles el último adiós. Sin embargo, muchas personas echaron en falta la presencia de autoridades como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del presidente del Gobierno, al considerar que los agentes perdieron la vida en acto de servicio al país. Asimismo, asociaciones de la Guardia Civil denunciaron que no se colocara la bandera a media asta como símbolo oficial de duelo.
Este trágico suceso ha provocado tristeza y malestar tanto entre la población como en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo por la pérdida de los agentes, sino porque no es la primera vez que ocurre una tragedia similar, recordando inevitablemente el caso de Barbate (9 de febrero de 2024), donde también murieron dos guardias civiles durante una operación contra el narcotráfico.
Ante el importante incremento del narcotráfico registrado en España durante los últimos años, numerosos especialistas, expertos y asociaciones policiales coinciden en la necesidad de reforzar las estructuras de inteligencia, prevención y respaldo institucional para que los agentes puedan trabajar con mayor seguridad y menor exposición al riesgo. Para ello, reclaman embarcaciones más rápidas y resistentes, helicópteros, drones, radares avanzados, sistemas de visión nocturna y mejores herramientas de inteligencia, además de aumentar las plantillas, reforzar la formación especializada, mejorar la coordinación entre Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y organismos internacionales, y endurecer las penas contra quienes ataquen a las fuerzas de seguridad.
El suceso también ha vuelto a poner sobre la mesa reivindicaciones de distintos cuerpos policiales, como la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a otros colectivos de seguridad y emergencias. Entre ellas destacan el reconocimiento como “profesión de riesgo”, la equiparación salarial con cuerpos autonómicos como los de Cataluña y el País Vasco, así como una mejora de los medios materiales y tecnológicos, además del apoyo jurídico y psicológico.
Estas preocupaciones se ven reforzadas por los propios datos oficiales del Ministerio del Interior, CITCO, la Fiscalía Antidroga y distintos balances policiales, que reflejan un crecimiento considerable del narcotráfico en España. Tras el descenso temporal registrado en 2020 debido al confinamiento de la pandemia, en 2021 se produjo un incremento cercano al 20 % y en 2022 aumentó alrededor del 18 %. En 2023 el crecimiento se disparó hasta aproximadamente el 35 %, mientras que en 2024 alcanzó cifras próximas al 43 %. Durante 2025 y 2026 las autoridades han seguido alertando sobre el aumento de la violencia, el uso de armas y la consolidación de grandes estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.
Existen países como Singapur, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Finlandia, Suiza y Australia que mantienen bajos índices de narcotráfico gracias a medidas muy estrictas de seguridad y control institucional. Entre los elementos que comparten destacan una fuerte protección legal y operativa de sus fuerzas de seguridad, respaldo político institucional, estrictos controles fronterizos y una elevada coordinación policial y judicial.
A ello se suma una baja tolerancia hacia la corrupción, la persecución del dinero ilícito y una inversión constante en tecnología, inteligencia y medios avanzados para combatir el crimen organizado.
Por otra parte, a pesar de todos los acontecimientos ocurridos durante la semana y que podrían haber eclipsado el juicio relacionado con el denominado “caso mascarillas”, el procedimiento quedó visto para sentencia tras finalizar las declaraciones de los principales implicados, aunque todavía quedan pendientes nuevas comparecencias de Víctor de Aldama y Koldo García el próximo 14 de mayo dentro de otras piezas separadas de la investigación.
Al término del juicio volvió a surgir el debate sobre la independencia judicial y la separación de poderes, especialmente tras las informaciones relacionadas con la actuación de la presidenta de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, dependiente orgánicamente del poder político. Según diversas informaciones, habría instado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a no aplicar la denominada “atenuante muy cualificada” al empresario Aldama, pese a su colaboración con la justicia.
Según los artículos 21.4, 21.5, 21.7 y 570 quater del Código Penal español, dicha colaboración podría justificar una importante reducción de la condena solicitada. El propio Alejandro Luzón reconoció públicamente que “Aldama ha sido clave para revelar aspectos de la trama que eran en un principio desconocidos para los investigadores”. Asimismo, respondió a las críticas mediáticas afirmando que “frente a la cansina letanía del pacto de Aldama con el fiscal, lo único que hay por parte de la Fiscalía es la estricta aplicación de la ley”.
Concluidas las declaraciones de los acusados, Luzón leyó su informe de conclusiones ante el Tribunal Supremo, donde sostuvo que existió una organización criminal (art. 570 bis del Código Penal) en el entorno del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, creada con el objetivo de obtener un beneficio económico mutuo.
Según el fiscal, la organización contaba con más miembros además de los principales implicados, incluyendo personas cercanas a Ábalos, Koldo García, familiares, empresarios y posibles testaferros. También afirmó que la trama nació con una naturaleza delictiva “en la que cada miembro asume un papel propio y complementario”, sin necesidad de una estructura jerárquica rígida, aunque señaló que dentro de la organización a Ábalos se le identificaba como “el jefe”.
El fiscal destacó igualmente que Aldama no intervino en todos los delitos atribuidos a Ábalos y Koldo, lo que justificaría la diferencia de penas solicitadas. Añadió que Ábalos “en raras ocasiones descendía al terreno de juego”, dejando la operativa diaria en manos de Koldo García. Asimismo, indicó que la organización utilizaba términos encubiertos como “chistorras”, “soles” o “lechugas” para referirse al dinero en efectivo, así como líneas telefónicas seguras bajo expresiones como “el café”.
Según la acusación, la estructura criminal se ajustaba a los nuevos tiempos, en una “simbiosis perfecta” donde unos aportaban capacidad económica y otros su influencia para remover obstáculos legales y administrativos. Además, sostuvo que la trama tenía “vocación de permanencia en el tiempo” y operó durante varios años hasta la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio.
Parte de las pruebas incriminatorias habrían sido obtenidas mediante conversaciones de WhatsApp y otros dispositivos digitales. Según el fiscal, la relación entre los implicados no habría comenzado con grandes pagos mensuales, sino mediante pequeños favores, regalos y viviendas vacacionales. En este contexto, sostuvo que Ábalos apenas utilizaba cuentas bancarias para mantener su elevado nivel de vida, siendo Koldo quien presuntamente le proporcionaba dinero en efectivo. Ese efectivo, según la acusación, procedería de Aldama a cambio de información privilegiada sobre futuras compras de mascarillas a través de Puertos del Estado.
Finalmente, Luzón realizó un alegato en defensa de las instituciones públicas frente a lo que calificó como una “colonización” por parte del poder político. Reflexionó sobre cómo determinadas empresas públicas habrían sido “parasitadas” por intereses partidistas, en contradicción (según señaló) con el artículo 103 de la Constitución Española, que establece que la Administración Pública debe servir con objetividad al interés general y actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
“El interés general es un concepto jurídico determinado que no puede quedar sometido a la voluntad política arbitraria”, afirmó el fiscal. También añadió que “las empresas públicas no pueden convertirse en refugio o aparcamiento de políticos, ni en sustento de familiares, amigos o amigas”, incluyendo las denominadas “sobrinas”.
Respecto al grado de corrupción moral y económica descrito durante el juicio, sostuvo que se había llegado a identificar a determinadas sociedades del Estado con intereses propios del Gobierno y del ministro competente. Concluyó su alegato afirmando que “la mera sugerencia del ministro, sus deseos, se convierten en órdenes ejecutivas”.
En conclusión, los acontecimientos vividos durante la pasada semana reflejan algunas de las principales preocupaciones que atraviesan actualmente a la sociedad española: la necesidad de una mayor coordinación institucional ante situaciones de emergencia sanitaria, de un mayor respaldo y protección a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente al avance del narcotráfico, y de garantizar una auténtica independencia judicial junto a una efectiva separación de poderes. Todo ello pone de manifiesto la importancia de fortalecer las instituciones públicas, recuperar la confianza de los ciudadanos y asegurar que el interés general prevalezca siempre sobre cualquier interés político, económico o particular.
