#LaVida: Fragilidad exterior, fractura interior, por Manoly Roldán
Nuestro país es uno de los que menos aporta económicamente a la defensa entre los aliados de la OTAN. En 2024 destinó el 1,24 % del PIB y en 2025 se marca como objetivo alcanzar el 2,1 %. Estamos en el grupo de aliados, pero no cumplimos a tiempo los compromisos adquiridos y firmados: el 2 % desde 2014 y, actualmente, el nuevo listón del 5 %; de momento se pide llegar al 3,5 %, mientras otros países, por su proximidad a Rusia, ya superan esa cifra.
Incluso el presidente de dicho organismo ha puesto en cuestión nuestra permanencia, llegando a afirmar que no trabajamos en equipo y que vamos por libre. Nos alejamos de EE. UU. e Israel y nos acercamos a regímenes contrarios a la democracia, como China o Venezuela. España fue de los primeros en reconocer al Estado palestino y aprobó el embargo de armas a Israel. El secretario general, Mark Rutte, revisará nuestra situación de inversión en defensa.
Tampoco estamos entre los países principales europeos que integran la Coalición de los Voluntarios (Alemania, Francia, Finlandia, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo y Zelenski), con el apoyo de otros socios de forma virtual, entre ellos España, para forzar una negociación con Rusia y lograr la paz.
El pasado viernes 24, esos países decidieron continuar el apoyo militar con sistemas de defensa aérea y capacidades de largo alcance; respaldar la infraestructura energética de Ucrania ante los ataques de Putin; y mantener la presión sobre Rusia, incluido el uso de activos rusos congelados como instrumento de financiación.
Por otro lado, en el ámbito nacional, continúan aflorando presuntos casos de corrupción que cada semana desvelan diversos medios de comunicación.
Ni las “cortinas de humo” sirven de mucho, como la última: la “eliminación del cambio de horario”. Aunque el cambio de hora ahorra poca energía y podría ser positivo para la salud, no es prioritario para la UE; ya se planteó en otras ocasiones sin éxito por las diferentes sensibilidades de los Estados miembros y, además, requiere unanimidad. La prioridad es la guerra en Ucrania.
En este escenario, el Gobierno se mantiene con dificultad, pero resiste: su supervivencia depende de sus socios de investidura. JxCat es el más afectado; considera que no se han cumplido losacuerdos de Bruselas (cesión de competencias en inmigración, oficialidad del catalán en la UE y amnistía plena para Puigdemont). También pesa el rechazo del TC a levantar su orden de detención y la consolidación de Salvador Illa como president.
Sus alcaldes, concejales y militantes llevan tiempo pidiendo que se les escuche y que no se centre todo en la situación personal de Carles Puigdemont; además, el nuevo partido de derecha Aliança Catalana, antiislamista y antiespañola, busca la independencia unilateral y le está arrebatando espacio electoral, poniendo en cuestión su plan.
Algunos dirigentes de JxCat ven peligrar sus puestos y exigen medidas para frenar la sangría de votos hacia ese nuevo partido. Hoy se reunieran en Perpiñán (Francia) Puigdemont, Turull ylos miembros de la ejecutiva del partido para decidir los pasos a seguir, que serán sometidos a votación de sus más de 6.000 afiliados.
No se sabe si continuarán apoyando o no al Gobierno de Pedro Sánchez; según algunos medios, quieren “escenificar un divorcio” con el Ejecutivo central. Veremos qué ocurre: puede que sea el fin de su apoyo o que permitan continuar a cambio de más prebendas… O que se plantee una moción de censura con otros partidos para acabar con este Gobierno.
ERC, por su parte, a través de su presidente Oriol Junqueras, pidió a Sánchez que cumpla sus compromisos: traspaso de Cercanías, financiación singular o cupo catalán. Señaló que el modelo de financiación autonómica que Junqueras llevará al Consejo de Política Fiscal debería contar antes con el aval del Gobierno, y después llevarlo a la reunión entre el Ejecutivo y las CCAA. Quiere que esos ingresos queden blindados en tres aspectos: ordinalidad, población ajustada y capacidad normativa.
En cuanto a esa financiación singular, la Asociación de Inspectores de Hacienda no ve claro otorgar ese privilegio a Cataluña porque “dinamitará el sistema tal y como se conoce ahora”; y el alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García, considera que “fragmenta la Agencia Tributaria, rompe la caja y la base de datos única, dificulta la coordinación y, en definitiva, abre espacios al fraude”.
El PNV pide al Gobierno cumplir íntegramente elEstatuto de Gernika (firmado hace 45 años) y cerrar las transferencias pendientes al País Vasco: Seguridad Social, infraestructuras, seguridad pública yHacienda, finanzas y empresa, además de permisos de trabajo a extranjeros y otras materias.
Con Sumar en caída y la posible subida de Podemos, ambos anti-OTAN y anti-EE. UU., a favor de Palestina y críticos con Israel.
Por otra parte, en la derecha las cosas tampoco van como deberían. Según el periodista Manuel Marín, el objetivo del Gobierno era que la derecha odiara a la izquierda y viceversa, pero ha conseguido algo peor: que PP y Vox estén en gresca continua, compitiendo por seguidores y por ganar elecciones: municipales, autonómicas, nacionales o europeas.
Es lo que se vive en Extremadura yAragón, donde existe la probabilidad de que, si no logran aprobar sus Presupuestos, se vean abocados a convocar elecciones autonómicas anticipadas en 2026.
En el sector de la derecha hay un problema: se agreden mutuamente. ¿Cómo podrán gobernar juntos? ¿Cómo podrán sumar una mayoría alternativa? No aprenden de la izquierda, capaz de unirse pese a sus diferencias ideológicas con un propósito común: gobernar. El PSOE no ganó las elecciones de julio de 2023, pero gobierna con pequeños partidos, quizá por mucho tiempo, con el objetivo, según denuncian algunos analistas, de desmontar el sistema autonómico del Régimen de 1978 por considerarlo “franquista” y establecer un Estado plurinacional de corte confederal.
Es necesario el diálogo y el consenso: pensar en el bien de la ciudadanía y no solo en el beneficio de líderes y partidos.
Tendrán que aumentar su tolerancia porque puede que el nuevo partido Se Acabó la Fiesta (SALF), liderado por Alvise Pérez, logre representación en próximas elecciones; entonces habrá que negociar y consensuar no solo entre PP y Vox, sino también con SALF.
Tampoco hay que olvidar que muchos ciudadanos no se sienten representados por ninguno de los partidos citados; no se debería descartar que surja otro partido de derecha que los represente.
Llama la atención que en comunidades gobernadas por PP y Vox, al no aprobar los presupuestos, se convoquen nuevas elecciones; en cambio, el presidente del Gobierno lleva gobernando con PGE de 2022, aplicados en 2023 yprorrogados hasta hoy, y parece difícil que logre unos PGE para 2026 al no contar con los apoyos necesarios.
Por último, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han producido cambios: el reparto de las comisiones de trabajo y las desavenencias internas han dejado 9 representantes progresistas y 10 conservadores, más uno independiente que se ha alineado con estos últimos.
Esta situación podría favorecer la aplicación de la recomendación de la Comisión de Venecia (10-10-2025), que afirmó que el sistema de elección del CGPJ no cumple los estándares europeos, ya que incorpora un filtro político al dejar la elección final de los candidatos en manos del Parlamento.
La Comisión recomendó que los jueces elijan a los jueces para garantizar la independencia: de los 20 vocales, 12 deberían ser elegidos por los propios jueces y magistrados; y 8 vocales juristas (no jueces) podrían ser elegidos por el Parlamento con mayorías reforzadas (no simple): 3/5 (210 votos) o 2/3 (234 votos), para evitar el reparto partidista y garantizar la independencia.
Esos 8 juristas deben cumplir: alta cualificación jurídica, independencia respecto del poder político (sin cargos recientes), imparcialidad y buena reputación profesional; la selección con mayoría cualificada y pluralidad de perfiles ideológicos.
Aprovechando estas circunstancias, el PP se ha alineado con la recomendación de la Comisión de Venecia y ha activado la reforma para que los jueces elijan a los vocales judiciales del CGPJ, apoyado en su mayoría de control en comisiones internas del órgano.
El Gobierno socialista no defiende esta postura; sostiene el sistema actual, politizado. Ojalá esto marque el inicio de un cambio.
Finalmente, la sociedad civil está despertando. Se vislumbró una luz al final del túnel el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España y de la Hispanidad) y, recientemente, con la emisión en redes de un documental sobre la presunta corrupción del Gobierno y el movimiento joven en universidades, con el periodista Vito Quiles, que visitó Barcelona, Granada, Sevilla y Málaga: en todas, no se le concedió permiso, algo que sí sucede cuando los partidos son de izquierdas.
Una gran parte de la sociedad está cansada. Espera un nuevo Gobierno que ilusione, que atienda las necesidades reales de los ciudadanos, que levante alfombras, que regeneré la vida pública para que no se repita lo que vivimos y que le dé la vuelta al calcetín con las medidas adecuadas. En conclusión, España atraviesa un momento de fragilidad interna y de pérdida de peso exterior: no cumple a tiempo sus compromisos en defensa, queda fuera de los núcleos decisores europeos, se alinea con regímenes cuestionados y vive bloqueos políticos mientras se multiplican los escándalos de corrupción. El Gobierno depende de socios que amenazan con retirarle el apoyo y exigen concesiones, la oposición es incapaz de articular una alternativa unida, y la justicia sigue politizada a pesar de las advertencias europeas. La sociedad civil, cansada, empieza a reaccionar; el país necesita un giro de rumbo que devuelva credibilidad, estabilidad y servicio al interés general.
“Cuando un país es débil fuera y roto dentro, siempre acaba pagando la gente común. Esa factura es la que hay que evitar”.
