La diputada nacional popular de Almería, Ana Martínez Labella, denuncia que el Gobierno solo se acuerde cuando «los transportistas se han hecho oír en las calles, o tras convocar distintos paros de la actividad y amenazar con bloquear la cadena de suministros»
La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha denunciado en el Congreso el “olvido sistemático” del Gobierno de Pedro Sánchez al sector del transporte de mercancías del que lamentablemente solo se ha acordado “cuando los transportistas se han hecho oír en las calles, o tras convocar distintos paros de la actividad y amenazar con bloquear la cadena de suministros”.
Martínez Labella ha denunciado que “el álbum de fotos de Aldama con este Gobierno, sea más amplio que el del Gobierno con el Comité Nacional del Transporte” y todo a pesar de tratarse de un sector estratégico y esencial como ya demostraron en pandemia garantizando el suministro y abastecimiento para todos los españoles. Sin embargo, y pese a recibir el apoyo de todos los ciudadanos, el ministro siempre les ignoró.
“Ahora ya entendemos por qué. El negocio de las mascarillas ocupaba toda su atención. No se necesitaban camiones para transportarlas. El negocio era sólo comprarlas”, ha manifestado.
La diputada almeriense ha insistido en la situación de “desamparo y vulnerabilidad” que sufre el sector desde que Sánchez es presidente y ha advertido que “no hay relevo generacional porque a los jóvenes no les resulta atractiva esta salida laboral, una situación que de no atajarse pone en grave riesgo la subsistencia de nuestro sistema económico”.
Ana Martínez Labella lamenta la falta de diálogo del Gobierno sanchista con un sector que necesita con urgencia que se tomen medidas para mejorar las condiciones laborales de los transportistas; facilitar la incorporación de los jóvenes a la profesión; intensificar los mecanismos de inspección y control; o establecer mecanismos de cooperación entre distintos ministerios, junto con las Comunidades Autónomas, la Guardia Civil, las policías autonómicas y el propio sector a fin de evitar prácticas de competencia desleal
