Radioblog #LaVida: Los pasos hacia la amnistía, por Manoly Roldán
La paliza a la piñata de Nochevieja 2023, los pélets en los mares de España, los documentos de la Operación Cataluña y quiénes lo conformaban, el Foro de Davos 2024, con las predicciones de la economía mundial y el sorpresivo discurso del presidente de Argentina, Javier Milei, en defensa de las bondades del capitalismo y el reconocimiento a la labor de los empresarios por crear riqueza. Discurso escuchado por miles de personas.
En dicho Foro, el presidente del Gobierno español, se reunión con los miembros del IBEX 35.
Si se mira el mapa de los países desarrollados de la UE, España, se encuentra en la última posición y como afirmaba el diario inglés Financial Times, que con la “aprobación de la ley de amnistía provocaría inseguridad jurídica y tendría un efecto perverso en las inversiones extranjeras”.
España se encuentra en una situación delicada, las inversiones extranjeras huyen porque otra vez el procés independentista vuelve a revivir y esa inseguridad jurídica no da confianza a que vengan a invertir.
Algunos especialistas en economía vienen avisando hace tiempo de la difícil situación en que se encuentra España en: empleo, paro, aumento de los costes en recursos humanos, el aumento de salarios artificiales que el empresario no puede pagar, aumento de impuestos, aumento del gasto político, producción (sector primario e industria), educación (informe PISA), subida de los precios de la cesta de la compra, aumento de la pobreza, etc.
Y por si fuera poco a pesar de encontrarnos en invierno, no llueve lo suficiente para paliar la sequía que aqueja de forma particular a las CC.AA. de Cataluña y Andalucía. Sin olvidarnos de las guerras de Ucrania-Rusia y Gaza-Israel.
Todo lo anterior está ocurriendo en España y en el mundo, nos preocupa y nos hace contemplar un panorama incierto en el que estamos, pero debemos concentrarnos en lo que más nos afecta de cerca en estos momentos, que es la aprobación de la propuesta de ley de amnistía a los independentistas catalanes, que continua su trámite en el Congreso de los Diputados.
Estamos en la fase de enmiendas parciales y de momento se han admitido las enmiendas técnicas presentadas por el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y el visto bueno de JxCat.
Alrededor de la amnistía se producen diferentes hechos que giran alrededor de el, como el Gobierno y sus socios de legislatura, especialmente JxCat, ERC y Sumar, se esfuerzan en dirigir a que salga aprobada, mueven todo para que nada quede en el aire, se aseguran medidas para que el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, pueda volver con garantías a España, sin peligro de ser detenido y a ser posible presentarse a las elecciones catalanas de la previsible cita electoral, entre otoño de 2024 y febrero de 2025.
Entre esas medidas se encuentra el tema del presunto terrorismo del Tsunami Democràtic (2019) hecho por el cual se podría implicar al expresidente fugado, Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otros. La pasada semana, el juez Manuel García Castellón, presentó la causa ante el Tribunal Supremo (TS), y ayer el TS pidió un informe al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre la exposición razonada que envió el citado juez.
Esto pone nerviosos a algunos miembros del Gobierno, como Teresa Ribera, quien declaró que, el juez Manuel García Castellón: “Tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del Poder Judicial”, y Carles Puigdemont, al ver que es imputado por el caso de Tsunami Democràtic ante el TS, declaró: “Que él y otros miembros de la trama puedan hacer de jueces y no hayan sido condenados por sus graves responsabilidades en la vulneración persistente del Estado de Derecho”.
Ambos acusan de Lawfare (control político contra los jueces) al magistrado Manuel García Castellón, encargado del caso judicial del procés, desde el año 2019. Lleva la causa abierta desde mucho antes de que el PSOE cambiara de opinión (elecciones generales del 23 de julio 2023) respecto a la constitucionalidad de la ley de amnistía.
Hay que mencionar, además que desde hace unos meses la gran mayoría de expertos consideran que la amnistía es inconstitucional, pero hay otro sector que piensa lo contrario, incluso el Gobierno, así lo manifestó en la Convención realizada este pasado fin de semana, en la Coruña, donde participaron sus ministros y la mayoría de sus líderes territoriales. Han ampliado su ideario llamado “Impulso de País”, en el cual se añadió, que la amnistía es “una norma plenamente constitucional que seguirá contribuyendo al reencuentro y a cerrar las heridas aún abiertas de un escenario al que nunca debimos llegar” (pg. 73).
Entienden que adoptan esta postura con el objetivo de conseguir la convivencia del pueblo catalán y el resto de España, para avanzar en un proyecto común. Según ellos, el desafío independentista ha ido perdiendo presencia y apoyo ciudadano, pero sabemos que está ocurriendo lo contrario.
Los independentistas están recuperando los ánimos y se ha despertado el deseo de conseguir la independencia, que lo deciden partidos que han obtenido bajos resultados electorales tanto en las pasadas elecciones municipales y generales de 2023, pero con sus pocos votos son decisivos para que el Gobierno siga en el poder, y por eso consiguen tanto…
Además, de sus temas habituales: igualdad de género, emergencia climática, transición ecológica, regulación tecnológica, impulso de la cohesión territorial, España federal, cogobernanza, federalización del sistema, etc. Repitió de forma reiterada “el avance de fuerzas reaccionarias que amenazan la democracia y los derechos humanos”. Tampoco se olvidó de mencionar a los líderes mundiales de derechas, como: Trump, Bolsonaro, Salvini-Meloni, Orban, Le Pen y Milei.
La Convención sirvió para actualizar el ideario socialista y dar impulso a su candidato a las elecciones gallegas que se realizará el próximo 18 de febrero.
Así mismo, 3 juristas adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso emitieron un informe no vinculante conforme dudan que la amnistía sea constitucional y podría ser contraria al derecho europeo, y para que el Gobierno pueda considerar que la amnistía es constitucional haría falta realizar una reforma constitucional e introducir esta medida.
Igualmente, el año pasado fue cesado el letrado de la Comisión Constitucional del Congreso, Manuel Fernández Fontecha, por haber manifestado, que el informe usado para avalar el trámite de la amnistía era un “auténtico disparate jurídico”.
Por otro lado, los independentistas se preparan para realizar un nuevo referéndum, que esperan conseguir al Gobierno central, ya sea a cambio de sus votos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado u otros temas. Así lo ha manifestado el reelegido candidato para las próximas elecciones catalanas, Pere Aragonès, al declarar: “Si tantas cosas, que nos decían que eran imposibles, nosotros las hemos hechos posibles, también haremos posible un referéndum de independencia reconocido internacionalmente”.
Por su parte, JxCat, en la próxima reunión de enero, a celebrarse en Suiza, los temas del orden del día serán: el reconocimiento de Cataluña como nación, el referéndum y financiación.
Ambos partidos compiten por conseguir éste logro porque de el depende los votos para llegar a ser presidente de la Generalitat, y más Puigdemont que ve que los vientos corren a su favor.
Por otra parte, es preocupante lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional (TC, art. 161 CE), presuntamente está invadiendo competencias que corresponden al Tribunal Supremo (TS, art.123 CE). Lo han hecho al corregir la pena previamente impuesta por el TS al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, a quien se retiró el acta de diputado en la pasada legislatura, y fue condenado a un mes y medio de prisión que fue sustituido por una multa, pero en esta ocasión el TC lo ha absuelto de dicho delito, por haber pateado a un policía el año 2014.
El TC, también se ha posicionado a favor de que no se vuelva a juzgar al dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a pesar que el TS ordenó repetir el juicio por el caso Bateragune (intentar reconstruir Batasuna). Ambos hechos van dando indicios de lo que pueda ocurrir si se aprobara la ley de amnistía y llegue al TC, donde cuenta con 6 miembros progresistas y 4 conservadores.
Por último, en Cataluña los políticos se reparten lo que conseguirán unos y otros, pero se olvidan de los catalanes que se sienten españoles, éstos se sienten abandonados a su suerte. Una minoría social apoyada por el Gobierno central decide por nosotros.
En conclusión, en Cataluña la deriva independentista va en aumento, más empresas marchan (9.100, desde 2017 a 19 de enero 2024) por temor al reavivamiento del procés, y el Gobierno ha adoptado la posición del independentismo.
Están en peligro la unidad de España, la integridad territorial, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, y la igualdad ante la ley de todos los españoles.
“Un país que no respeta la separación de poderes ni al poder judicial es un país que está abocado al absoluto fracaso, a la expulsión de inversiones y a la destrucción del propio Estado”, (Isabel Díaz Ayuso, enero 2023).
