Un informe de la auditora Kreston revela la ruinosa situación en que el PSOE dejó las cuentas del Ayuntamiento de Garrucha, así como diversas irregularidades en la contratación.
La auditoría revela un préstamo por valor de casi cuatro millones de euros, que distorsiona el resultado de las cuentas y eleva la deuda a casi siete millones de euros, con una deuda por habitante de casi el doble de la media de la provincia.
El Ayuntamiento de Garrucha está en la ruina. La afirmación es tremendamente dura, pero es la que se desprende, junto a otras no menos graves, del informe que ha presentado la consultora y auditora Kreston en su informe económico y de legalidad que ha realizado en estos últimos siete meses, los que han acontecido tras las pasadas elecciones municipales.
Como suele ser habitual en toda institución gobernada por el socialismo, el diagnóstico no ofrece grandes novedades con respecto al patrón habitual de comportamiento del PSOE en ayuntamientos, diputaciones o gobiernos autonómicos y nacionales, la situación pasa por ruina económica, gran déficit escondido tras un gran crédito firmado en las postrimerías de la etapa de gobierno socialista y, por supuesto, todo aderezado con una gran discrecionalidad a la hora de las contrataciones, tanto de personal como de proveedores, tal y como refleja el informe de Kreston.
En cuanto a sus principales conclusiones económicas, el equipo de gobierno anterior ha transformado en un superavit de 4.72 millones de euros lo que en realidad es un déficit de tres millones. ¿Cómo lo ha hecho? Pues a través de dos vías: por un lado un préstamo de 3.71 millones y, por otro, el ingreso anticipado del canon por adjudicación del servicio de aguas por valor de cuatro millones. Unas cifras que suponen que cada vecino debe sanear 372 euros correspondientes al préstamo y 304 para compensar el déficit, todo ello mas impuestos o menores gastos.
Pero hay más: el remanente de Tesorería, según el gobierno anterior, era de 1.60 millones de euros, pero teniendo en cuenta los datos antes señalados, en realidad queda un remanente negativo de 3.27 millones de euros, unos 327 euros por vecino, lo cual hace obligatoria la refinanciación del consistorio. En definitiva, la deuda viva por préstamos a cierre de 2022 era de 6.9 millones de euros, unos 691 euros por vecino.
Gastos exagerados.
Todo ello no es fruto de la casualidad. El informe refleja, asimismo, que entre 2019 y 2022, el gasto total de personal del Ayuntamiento aumentó en un 70%, pasando de 3.32 millones de euros a 5.66: en total, 2.3 millones más. Ello, traducido a gasto por vecino, supone que la cifra se eleve a 565 al año, muy por encima de la media provincial que está en 350.
Mientras tanto, el informe refleja que la presión fiscal por habitante es de 318 euros, 260 euros menos que la media provincial que es de 578. Y claro, ello se traduce en los servicios: la inversión por habitante ha caído a 62 euros al año, una ridiculez en comparación con los 139 de la media provincial.
El habitual enchufismo socialista.
En cuanto a la legalidad de las contrataciones, el informe de Kreston refleja textualmente «incumplimientos legales cometidos por el equipo de gobierno anterior». En concreto, se señala que se adjudicaron contratos de bienes y servicios sin seguir procedimientos de contratación, es decir, sin los preceptivos concursos públicos, o lo que es lo mismo, «a dedo».
Pero hay más y peor: los destinatarios de esos concursos eran siempre las mismas empresas, mientras que otras nunca llegaban a tener adjudicaciones a pesar de presentarse de manera reiterada, lo cual perjudicaba la competitividad del ayuntamiento y, al tiempo, suponía un agravio comparativo para las mercantiles participantes en los procesos.
En cuanto a las incorporaciones de personal, el informe señala que no se seguía el orden de las listas de bolsa de empleo, se contrató a personas que no habían participado en procesos de selección, se llevaron a cabo contrataciones mediante bolsas de empleo caducadas y hubo, por tanto, dice textualmente, «contratos en fraude de ley» bajo el único criterio del equipo de gobierno, con trabajadores que terminaban siendo fijos en la nómina municipal.
Por último, el informe señala que el Ayuntamiento contrató y pagó a un abogado para defender a la entonces alcaldesa, Mari Toñi López Cervantes, con cargo a las arcas municipales, lo cual «es contrario a la ley», dado que debía haber sido la propia primera edil la que lo abonase.
En este momento, todo queda a expensas de las decisiones tanto económicas como legales que adopte el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Garrucha, para afrontar una situación económica insostenible y, al tiempo, unas presuntas ilegalidades ante las que se espera el emprendimiento de acciones judiciales.
