María López Cervantes, exalcaldesa de Garrucha, afronta una nueva investigación por presunta malversación de fondos públicos
La dirigente socialista será citada como investigada por el supuesto reparto irregular de más de 130.000 euros en gratificaciones, en un caso que apunta a posibles pagos fuera de control legal durante su etapa al frente del Ayuntamiento.
La exalcaldesa socialista de Garrucha, María López Cervantes, ha sido citada a declarar en calidad de
investigada el próximo 23 de junio en los juzgados de Vera, tras la querella presentada por el
Ayuntamiento de Garrucha por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Esta nueva causa supondría la sexta imputación judicial de María López Cervantes, que vuelve a ser
investigada a petición de fiscalía por presuntas irregularidades relacionadas con su etapa al frente
del consistorio.
Según la denuncia, durante su mandato se habrían repartido más de 130.000 euros en concepto de
gratificaciones a personas externas al Ayuntamiento al margen de los procedimientos legales y de
los controles económicos establecidos, convirtiendo dinero público en pagos de dinero negro.
Las citadas gratificaciones habrían beneficiado a personas allegadas al Partido Socialista y fueron
aprobadas en Junta de Gobierno por María López Cervantes, José Antonio Gallardo, Rocío Galindo,
Juan Pedro Molina y María Luisa Campoy, evadiendo los controles del interventor municipal.
El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Garrucha ha anunciado además que solicitará la
investigación e imputación por presunta malversación de todos los miembros que formaban parte de
aquella Junta de Gobierno, al considerar que todos los pagos fueron concedidos de manera
colegiada y con conocimiento de sus integrantes.
Algunos de los beneficiarios habrían llegado a percibir hasta 6.000 euros mediante pagos
fraccionados de 300 euros.
Como ejemplo del funcionamiento de esta trama, con motivo del Festival de la Gamba de 2022,
María López Cervantes habría retirado 5.000 euros en efectivo de las cuentas municipales, dinero
que posteriormente habría sido repartido por la entonces concejala Rocío Galindo entre personas sin
relación laboral con el consistorio y afines o militantes del partido socialista.
Entre las pruebas aportadas figuran recibís de cantidades económicas firmados por Rocío Galindo,
quien junto a la exalcaldesa, sería la cabeza pensante principal de este presunto caso de
malversación de caudales públicos que se investiga.
Por otro lado, este delito por malversación de fondos públicos también estaría siendo investigado
por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
