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La delegación de Salud condena la agresión a una médico de Atención Primaria en Níjar

Activó su Plan de Prevención y Atención de Agresiones con la intervención del servicio de Seguridad del centro de salud y la Guardia Civil

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, junto al director gerente del Distrito Sanitario Almeria, Teodoro Gómez, han condenado de forma contundente la agresión física recibida por una médica de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) Níjar durante el desempeño de su labor profesional en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en el Centro de Salud de Níjar.  

Ha sido activado el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones del Servicio Andaluz de Salud tras detectar este episodio en las citadas instalaciones. Intervinieron inicialmente profesionales del servicio de Seguridad de este centro y posteriormente la Guardia Civil con la detención del agresor, denuncia y sentencia jurídica.

La profesional agredida, a quien ha sido ofrecida, tanto asistencia jurídica como apoyo psicológico del Distrito Sanitario Almería, integrados en el programa especial de acompañamiento, asesoramiento y apoyo al profesional afectado que contempla este plan, se encuentra en buen estado. Por su parte, el equipo directivo y los profesionales de la UGC Níjar desean mostrar su apoyo a la profesional afectada, víctima de un desagradable episodio en el ejercicio de su labor, condenando cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario.

En este sentido, recuerdan cómo la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial es considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, dictándose sentencias que conllevan el castigo a los agresores con penas de prisión.

Del mismo modo, se recuerda que el SAS dispone de un servicio de vigilancia y seguridad para dar cobertura ininterrumpida a las necesidades en los centros de salud y hospitales en este ámbito con la finalidad de garantizar la protección de usurarios y profesionales, junto a otras medidas existentes en colaboración y coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad.

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