#LaVida: Regularizar sin plan, por Manoly Roldán
España aún estaba conmocionada por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba, 18 de enero), que ha dejado 46 víctimas mortales, cuando el Gobierno anunció un acuerdo para la regularización de 500.000 inmigrantes en situación irregular. El anuncio, realizado el 26 de enero por el presidente del Gobierno en el marco de un pacto entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, con Ione Belarra, secretaria general de la formación, y aprobado al día siguiente por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto-ley, fue interpretado por muchos como una maniobra destinada a desviar el foco del debate público y a evitar un control parlamentario pleno.
La cuestión de la regularización no era nueva. Ya en abril de 2024 se presentó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por unas 700.000 firmas y apoyada por Podemos, que finalmente no prosperó. Durante 2025, el asunto continuó presente de forma recurrente en el debate político y parlamentario.
Este acuerdo entre ambos partidos se enmarca en los compromisos derivados de la investidura y de la necesidad de mantener la estabilidad parlamentaria, no en un programa de gobierno conjunto. Se interpreta, por tanto, como una estrategia orientada a prolongar la permanencia en el poder en un contexto marcado por presuntos casos de corrupción bajo investigación judicial, dificultades para sacar adelante iniciativas legislativas y la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
La regularización de inmigrantes no es una novedad en España. Se ha producido bajo distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP. Así, durante los ejecutivos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero (1986, 1991 y 2005) se regularizaron aproximadamente 728.000 personas, mientras que bajo gobiernos del PP (1996, 2000 y 2001) se regularizaron en torno a 403.000. Ahora, con el Gobierno de Pedro Sánchez, se pretende regularizar a 500.000 inmigrantes en situación irregular, aunque otros organismos elevan la cifra potencial. Según FUNCAS, podría superar las 800.000 personas.
Desde 1978, la inmigración en España ha experimentado un crecimiento continuado, a veces gradual y en otras ocasiones claramente exponencial. En los años ochenta (1978-1989) el incremento fue de 0,2 millones; en los noventa (1990-1999) alcanzó los 0,6 millones; en la década de 2000 (2000-2009) se produjo un aumento de 5,6 millones; durante los años 2010 (2010-2019) se estabilizó entre 5,0 y 5,5 millones como consecuencia de la crisis y del ajuste económico; y en los años 2020 (2020-2025) volvió a crecer hasta situarse entre 6,8 y 6,9 millones.
En cuanto a la distribución territorial, el mayor número de inmigrantes irregulares se concentra en Madrid y Barcelona, seguidas de la Comunidad Valenciana, Andalucía (especialmente en el ámbito agrícola), Canarias y Baleares, así como Ceuta y Melilla.
Los sectores en los que mayoritariamente desarrollan su actividad son la hostelería y la restauración (30-35 %), en muchos casos mediante contratos parciales ficticios; la agricultura y el trabajo de campo (20-25 %) en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Lérida, Huelva y Almería, con una elevada presencia de empleo estacional e irregular; el servicio doméstico y de cuidados (15-20 %); la construcción (10-15 %), especialmente en áreas urbanas y de expansión inmobiliaria; y el comercio informal y la logística (5-10 %).
En términos generales, y según estimaciones coincidentes de FUNCAS, INE, Eurostat, OIT y diversos análisis académicos, la mayoría de los inmigrantes en situación irregular procede de América Latina (55-65 %), principalmente de Colombia, Venezuela, Perú, Honduras, Ecuador y Bolivia; seguida de África (25-30 %), especialmente de Marruecos, Senegal, Mali, Gambia y Nigeria, con entradas a través de Canarias, Ceuta y Melilla; en menor medida de Asia (7-10 %), procedentes de Pakistán, Bangladés, India y China; y de Europa no comunitaria (3-5 %), con origen en Ucrania, Georgia y Rusia.
Respecto a los medios de transporte utilizados para llegar a España, predomina el avión (60-70 %), sobre todo desde América Latina y parte de Asia, accediendo como turistas y permaneciendo posteriormente en el país, con llegadas principalmente a Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Le siguen las vías marítimas (20-25 %), mediante pateras, lanchas o cayucos con destino a Canarias, Andalucía, Murcia y Baleares, las más visibles mediáticamente; la vía terrestre (5-8 %), principalmente desde Marruecos y África subsahariana hacia Ceuta y Melilla; y el ferry u otros transportes marítimos regulares (2-4 %), mayoritariamente desde Marruecos.
Muchas personas se preguntan por qué España es el destino elegido frente a otros países. Entre las razones principales figuran la existencia de empleo que requiere mano de obra (35-40 %), el diferencial salarial, entre cuatro y seis veces superior al de los países de origen, (20-25 %), la presencia de redes migratorias familiares o comunitarias (15-20 %), la facilidad de entrada mediante visado o avión (10-15 %), las crisis económicas y políticas en los países de origen (5-10 %), la expectativa de una futura regularización (5-8 %) y, en menor medida, el atractivo del Estado del bienestar (menos del 5 %) en ámbitos como sanidad, educación y servicios básicos.
A partir de estos datos objetivos, surgen diversas preocupaciones de carácter político e institucional que trascienden el debate puramente humanitario y obligan a analizar el alcance real de la regularización anunciada, su forma de aprobación y sus posibles efectos a medio y largo plazo sobre el sistema migratorio, el mercado laboral y la cohesión social.
Volviendo al Real Decreto-ley aprobado por PSOE y Podemos, su objetivo principal es regularizar de forma extraordinaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, otorgándoles una autorización temporal de residencia y trabajo y facilitando su integración socioeconómica sin tener que esperar a un largo proceso parlamentario. Las solicitudes podrán presentarse entre principios de abril y el 30 de junio de 2026.
Los requisitos incluyen haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025, acreditar una residencia continuada de al menos cinco meses previos a la solicitud, no tener antecedentes penales relevantes ni órdenes de expulsión vigentes, y permitir el acceso a solicitantes de asilo que hubieran presentado su solicitud antes de dicha fecha.
Una vez aprobada la solicitud, se concederá una autorización inicial de residencia y trabajo por un año. Desde la admisión a trámite, el solicitante podrá trabajar legalmente en cualquier sector y en todo el territorio. También se prevé la regularización del núcleo familiar, especialmente de los hijos menores, que obtendrán un permiso de residencia de cinco años.
Sin embargo, hasta la fecha no existe una memoria económica pública detallada que cuantifique el impacto presupuestario, administrativo y fiscal de esta medida, ni su efecto real sobre los servicios públicos, las cotizaciones sociales o el mercado laboral, lo que dificulta una evaluación rigurosa de sus costes y beneficios.
A ello se suma la preocupación por el impacto local de la regularización en los municipios receptores, especialmente en materia de vivienda (con una presión adicional sobre el mercado del alquiler y la saturación urbana), así como en los servicios públicos de educación y sanidad. Este impacto no es homogéneo y se concentra de forma desigual por territorios, lo que exige planificación y recursos específicos para evitar tensiones sociales y desequilibrios locales.
Conviene además subrayar que regularizar no equivale a integrar. Sin políticas activas de aprendizaje del idioma, formación profesional, estabilidad laboral y fomento de la convivencia, la regularización corre el riesgo de quedarse en un mero acto administrativo, sin traducirse en una integración real y sostenible en la sociedad de acogida.
Desde el punto de vista jurídico, la medida presenta riesgos relevantes: posibles recursos ante el Tribunal Constitucional por el uso del Real Decreto-ley, conflictos competenciales con las comunidades autónomas en su aplicación y una eventual inseguridad jurídica si el texto se modifica tras su publicación o durante su desarrollo reglamentario.
Aunque el Real Decreto-ley aún no ha sido publicado en el BOE, su anuncio ha generado críticas significativas. El PSOE defiende la medida como justa y necesaria, con un impacto positivo en la cohesión social y la economía. El PP, a través de Alberto Núñez Feijóo, la rechaza por considerarla una recompensa a la inmigración irregular, advirtiendo de un posible efecto llamada y criticando su aprobación por decreto. Vox la rechaza frontalmente al considerarla una amenaza para la soberanía y la seguridad nacional. Los partidos regionales muestran posiciones diversas.
Los sindicatos CC OO y UGT apoyan la medida por su potencial para aflorar la economía sumergida y mejorar los derechos laborales, mientras que los sindicatos policiales alertan del riesgo de colapso administrativo. En el ámbito empresarial, las patronales sectoriales la respaldan, pero CEOE y Cepyme cuestionan el procedimiento elegido y reclaman un debate parlamentario amplio.
La medida también se interpreta en clave electoral, en relación con las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón y con otras decisiones recientes del Gobierno. Asimismo, se vincula a la cesión de competencias de inmigración a Cataluña (también reclamada por Euskadi), condicionada, según Podemos, al cumplimiento previo de la regularización.
Han generado especial polémica las declaraciones de Irene Montero al afirmar: “Queremos que voten; hemos conseguido papeles y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar… para el reemplazo de fachas por inmigrantes”.
Desde la Unión Europea, el Comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha recordado que la regularización es competencia de cada Estado miembro. Sin embargo, el Partido Popular Europeo critica la medida por su posible impacto en la política migratoria común, su coherencia con el Pacto Europeo de Migración y Asilo y sus implicaciones para el espacio Schengen y la libre circulación.
La experiencia de otros países europeos muestra enfoques distintos. En Italia, las regularizaciones se han vinculado de forma más estricta al empleo y a sectores concretos; en Portugal, se han acompañado de procedimientos administrativos más ágiles y de una menor carga retórica; y en Alemania, se ha optado por regularizaciones selectivas y graduales, con un fuerte énfasis en la inserción laboral y el cumplimiento de requisitos. Estos modelos evidencian que el éxito depende menos del anuncio político y más del control, la gestión y la vinculación efectiva al trabajo.
La preocupación final radica en que los regularizados podrán desplazarse por el espacio Schengen y votar en elecciones municipales si proceden de países con convenio de reciprocidad, aunque no en elecciones autonómicas ni generales, derechos reservados a ciudadanos españoles, salvo que se nacionalicen tras cumplir los requisitos legales.
A la luz de todo lo anterior, y más allá de la confrontación política inmediata, permanecen abiertas cuestiones esenciales que determinarán la viabilidad y el alcance real de la regularización anunciada: cómo se evitará la creación de una nueva bolsa de irregularidad una vez concluido el proceso; qué coste efectivo asumirá la administración local, especialmente en vivienda y servicios públicos; qué mecanismos de control y seguimiento se activarán para garantizar el cumplimiento de los requisitos; y si existirá una evaluación pública, transparente y verificable de los resultados transcurridos doce meses. Sin respuestas claras a estas preguntas, la regularización corre el riesgo de convertirse en una medida coyuntural más, cuando lo que España necesita es una política migratoria seria, previsible y sostenible, basada en datos, control y responsabilidad institucional.
En conclusión, la regularización planteada no puede evaluarse solo por su intención, sino por su diseño, su ejecución y sus efectos reales. Sin planificación, control, evaluación y una estrategia de integración a medio plazo, corre el riesgo de convertirse en una respuesta coyuntural a un problema estructural. España necesita una política migratoria que combine humanidad con responsabilidad, legalidad con integración y datos con rendición de cuentas, porque solo así la regularización podrá ser parte de la solución y no del problema.
“La regularización solo será una solución si se acompaña de planificación, control y evaluación, porque humanidad y responsabilidad no son incompatibles, pero exigen políticas serias y previsibles”.
