#LaVida: Cuando el sistema falla, por Manoly Roldán
Enero comenzó con intensidad, marcado por lluvias, nieve y una sucesión de desgracias que parecen no dar tregua. Si no es una cosa, es otra. Entre ellas, la fatídica colisión entre los trenes Alvia e Iryo en Adamuz (Córdoba), ocurrida hace algo más de una semana, que dejó un balance de 45 personas fallecidas, numerosos heridos, familias destrozadas por el dolor y una población que empieza a sentir miedo a volver a utilizar el tren ante la percepción de falta de seguridad en este medio de transporte.
Del total de víctimas mortales, 27 eran residentes en Huelva. Inicialmente, el Gobierno anunció la celebración de un funeral laico el próximo 31 de enero; sin embargo, dicho acto fue finalmente cancelado y se celebrará en una fecha posterior. En su lugar, este domingo 25 tuvo lugar un funeral cristiano en Adamuz, atendiendo a la petición mayoritaria de los afectados y del propio municipio.
Asimismo, está prevista la celebración de un funeral cristiano en Huelva, localidad de origen de la mayoría de las víctimas. Paralelamente, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha convocado una huelga de tres días, del 9 al 11 de febrero, para exigir garantías reales de seguridad en las vías ferroviarias tras estos graves accidentes.
Ante los hechos ocurridos, podría pensarse inicialmente que el siniestro fue consecuencia del mal tiempo durante la noche del accidente. Sin embargo, no parece ser así. Aunque han circulado diversas versiones, el último informe emitido por el Centro de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), elaborado a partir del análisis de ingenieros, inspectores y especialistas en seguridad, apunta a que “el tren Iryo descarriló debido a una fractura del material que conforma la vía”.
El mismo informe concluye, además, que “existen deficiencias reiteradas en el mantenimiento de la infraestructura, incumplimientos de protocolos internos y carencias en los sistemas de control que deberían garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria”, lo que desplaza el foco del accidente desde factores meteorológicos puntuales hacia problemas estructurales de gestión y conservación de la red ferroviaria.
La mayor desgracia se produjo en Córdoba, pero no se trató de un hecho aislado. En Gelida (Cataluña) se registró otro grave accidente, con el fallecimiento de un maquinista en prácticas, natural de Sevilla, y varios heridos. A estos sucesos se sumaron otros dos incidentes adicionales, que obligaron a la Generalitat de Catalunya a suspender el servicio de transporte ferroviario durante el pasado fin de semana. El servicio se restableció de forma parcial en el día de ayer. Asimismo, se han reportado incidencias en otras líneas ferroviarias del territorio español.
Ante esta concatenación de acontecimientos, una parte importante de la población se muestra indignada y profundamente cansada. Cansada de estar cansada. No se trata de un accidente aislado, sino de una desgracia más que se suma a otras recientes: la gota fría en Valencia en octubre de 2024, el apagón del pasado mes de abril, los incendios del verano anterior y, ahora, los accidentes ferroviarios en Córdoba y Cataluña.
La pregunta que surge de forma inevitable es a qué se deben estas deficiencias en el sistema ferroviario y en otros sectores estratégicos, especialmente teniendo en cuenta el elevado nivel de recaudación fiscal existente en la actualidad.
Entre las críticas que se escuchan con mayor frecuencia se señalan, entre otras, las siguientes:
- La posible existencia de presuntas prácticas corruptas por parte de determinados responsables políticos, consistentes en la adjudicación de contratos públicos a empresas concretas a cambio de comisiones o contraprestaciones ilícitas, como se ha puesto de manifiesto en algunos casos de contratación pública investigados judicialmente, entre ellos el denominado caso Koldo.
- El cuestionamiento de la concesión de préstamos y ayudas económicas a países en vías de desarrollo, como Marruecos o Egipto, destinados a mejorar sus infraestructuras ferroviarias, fondos que en muchos casos no retornan o cuyo impacto real resulta difícil de comprobar.
- La denuncia de la concesión de subvenciones públicas a asociaciones y fundaciones ideologizadas afines al Gobierno, así como a organismos de Hispanoamérica (Colombia, Venezuela), África (Marruecos, Mauritania) u Oriente Medio (Palestina). Para muchos ciudadanos, se ayuda fuera cuando debería priorizarse primero a los de casa y, después, en su caso, a los demás, y no al contrario.
Los impuestos deberían destinarse prioritariamente a reforzar y mejorar las infraestructuras, la sanidad, la educación, las pensiones y los servicios públicos esenciales. Para que ese esfuerzo fiscal realizado por ciudadanos y empresas sea visible y eficaz, sería necesario reducir la burocracia y las duplicidades administrativas, controlar y evaluar de forma rigurosa el resultado de las ayudas y subvenciones concedidas y combatir la economía sumergida, que perjudica especialmente a quienes sí cumplen con sus obligaciones tributarias.
En paralelo a esta situación interna, se ha producido un hecho de gran relevancia en relación con el acuerdo UE-Mercosur. Aunque el tratado ya ha sido firmado por la Comisión Europea y presentado oficialmente en Paraguay (17-1-2026), en la votación celebrada en el Parlamento Europeo el 21 de enero, los Verdes, la Izquierda Europea y la derecha conservadora lograron, por un margen muy ajustado (334 votos a favor y 324 en contra), que el acuerdo fuera elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Esta decisión no responde a su contenido económico, sino a dudas jurídicas relativas a la competencia y al procedimiento de aprobación, en particular sobre si la ratificación corresponde exclusivamente a las instituciones de la Unión Europea o también a los 27 Estados miembros. El recurso elevado al TJUE se centra en determinar si el acuerdo debe pasar por los parlamentos nacionales, si el procedimiento seguido respeta los Tratados de la Unión Europea y si determinadas cláusulas (como las relativas a inversiones, mecanismos de solución de controversias o compromisos medioambientales) exceden las competencias atribuidas a la UE, lo que permitiría además retrasar su eventual entrada en vigor; no obstante, la Comisión Europea podría activar la parte comercial del acuerdo sin esperar a una resolución del TJUE.
Conviene subrayar que el acuerdo no se limita al ámbito comercial, sino que abarca también inversiones, contratación pública, normas regulatorias y compromisos medioambientales y laborales, lo que amplía notablemente su alcance jurídico y político.
Desde el punto de vista político y social, existe una fuerte oposición de los sectores agrícolas europeos, que se consideran los principales perjudicados, como han puesto de manifiesto a través de diversas movilizaciones. A ello se suma el temor a una competencia desleal, derivada de la aplicación de exigentes regulaciones a los productores europeos frente a estándares más laxos en los países del Mercosur, así como las críticas medioambientales, especialmente en relación con la deforestación del Amazonas.
Resulta especialmente llamativo que los principales defensores del acuerdo a nivel europeo sean los partidos PSOE y PP, junto con el PNV, lo que implica, en la práctica, una posición contraria a los intereses del sector primario nacional que deberían proteger. Por el contrario, los partidos que se han manifestado en contra del acuerdo son BNG, ERC, Sumar y Vox.
En términos generales, el acuerdo beneficia principalmente a las grandes corporaciones industriales europeas y a la agroindustria exportadora sudamericana, mientras que los sectores agrícolas europeos, los pequeños productores y los objetivos medioambientales soportan la mayor parte de los costes derivados del proceso de liberalización.
Por otra parte, durante la semana del 19 al 23 de enero, se celebró en Suiza el Foro Económico Mundial, más conocido como el Foro de Davos, un encuentro en el que se dan cita destacados jefes de Estado y de Gobierno, altos representantes de instituciones internacionales, directivos de grandes empresas globales, así como representantes de la sociedad civil, académicos y líderes de opinión.
En esta edición, quien acaparó una mayor atención mediática fue el presidente estadounidense Donald Trump, a raíz de su defensa de la posible adquisición de Groenlandia por razones estratégicas. Su planteamiento se centra en integrar dicho territorio dentro del ámbito de los países que conforman la OTAN, con el objetivo de reforzar su protección frente a la creciente influencia de China y Rusia, que también muestran interés en la región. Esta posición generó tensiones significativas con algunos países europeos, especialmente Francia, aunque finalmente el asunto se fue diluyendo y se optó por continuar las negociaciones entre Estados Unidos, la OTAN, Dinamarca y Groenlandia.
En este mismo foro, Trump aprovechó la ocasión para presentar su denominada Junta de Paz (Board of Peace), aprobada por la ONU el 17 de noviembre de 2025, destinada a establecer un plan de paz para Gaza, actualmente en su segunda fase y con previsión de continuidad. Durante el acto se presentó el documento fundacional y estuvieron presentes representantes de los países impulsores, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Israel y Marruecos, entre otros.
Algunos sectores críticos sostienen que esta iniciativa podría constituir el embrión de un organismo alternativo que, a medio o largo plazo, pudiera llegar a sustituir a la ONU. Según estas interpretaciones, la nueva institución podría aspirar no solo a alcanzar la paz en Gaza, sino también a intervenir en otros escenarios de conflicto internacional. El presidente estadounidense justificó su retirada de 66 organizaciones internacionales por considerarlos un gasto innecesario sin beneficios directos para su país.
En este contexto, resulta especialmente relevante el papel que va adquiriendo Marruecos, socio de Israel en virtud de los Acuerdos de Abraham, aliado estratégico de Estados Unidos y ahora también miembro fundador de este nuevo organismo. Esta situación, según algunos analistas, deja a España en una posición de desventaja, en la medida en que se distancia progresivamente de Israel y Estados Unidos, al tiempo que refuerza su acercamiento a China, cuyas políticas comerciales afectan negativamente a la economía europea, en particular a la industria automovilística tradicional.
Por último, se percibe que el Gobierno español va perdiendo influencia tanto en el ámbito interno como en el internacional, dentro de la Unión Europea, la OTAN y, más recientemente, al no haber aceptado formar parte de la Junta de Paz. Todo ello contribuye a un progresivo deterioro de la imagen exterior de España, reduciendo su capacidad de influencia y su atractivo como destino de inversión en un contexto internacional cada vez más competitivo.
En conclusión, los recientes accidentes ferroviarios, junto con la gestión del gasto público, las controversias en torno al acuerdo UE-Mercosur y los movimientos geopolíticos internacionales, ponen de manifiesto una preocupante pérdida de prioridades y de control institucional. La confluencia de deficiencias estructurales internas y una política exterior cada vez menos influyente está erosionando la confianza de los ciudadanos y debilitando la posición de España en un contexto global cada vez más exigente. Todo ello exige una reflexión profunda y respuestas claras antes de que el deterioro resulte irreversible.
“Gobernar no es solo recaudar, sino proteger, anticipar y responder”.
