#LaVida: Un mundo en tensión: libertad, poder y consecuencias, por Manoly Roldán
Después de celebrar la Navidad y el Año Nuevo 2026, no sin ciertos obstáculos por parte de quienes no aceptan nuestras costumbres en el mundo occidental cristiano, en España nos disponíamos a preparar la fiesta de Reyes (6 de enero). Fue entonces cuando ocurrió algo totalmente inesperado para estas fechas, aunque desde hacía varios meses se sabía que las Fuerzas Armadas norteamericanas se venían preparando para un acontecimiento de gran envergadura.
Nos despertamos el 3 de enero con asombro ante lo sucedido en Venezuela. Al fin, después de 27 años, el pueblo venezolano, oprimido por las dictaduras de Chávez y Maduro, parecía poder alcanzar la libertad y regresar a la democracia.
En una operación quirúrgica, claramente planificada, el dictador fue extraído junto a su esposa y trasladado a Nueva York (EE. UU.), donde será juzgado por distintos cargos. De momento, ha comparecido ante las autoridades competentes y la próxima vista judicial tendrá lugar el 17 de marzo de 2026, en una corte federal en Manhattan, Nueva York. Según ha trascendido, se muestra dispuesto a colaborar con la justicia.
Ante un acontecimiento de tal magnitud, el pueblo venezolano y los exiliados repartidos por el mundo celebraron la noticia con la esperanza de que, tras 27 años de dictadura, la libertad hubiera llegado por fin. Las primeras reacciones fueron de celebración y euforia. Sin embargo, al conocerse que el presidente norteamericano, Donald Trump, optó por permitir que el número dos del régimen chavista, Delcy Rodríguez, juramentara como presidenta interina de Venezuela, las esperanzas volvieron a desvanecerse.
Posteriormente, el secretario Marco Rubio declaró que el proceso hacia la democracia en Venezuela se desarrollaría en tres etapas:
- Estabilización: evitar el caos y gestionar recursos claves (como el petróleo) bajo control internacional o supervisión. En estos momentos Donald Trump, mantiene conversaciones con empresas petroleras norteamericanas y otras.
- Recuperación: reactivar la economía y abrir el país a inversión externa con reglas claras.
- Transición: conducir el país hacia un nuevo orden político democrático.
A día de hoy, no se sabe si se permitirá gobernar a Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024, o si se convocarán nuevas elecciones en las que se podrá presentar María Corina Machado y su partido.
Mientras unos celebraban los acontecimientos, otros se posicionaron en contra. En el caso de España, partidos de izquierda como PSOE, Podemos, Sumar, ERC, EH Bildu, junto con los sindicatos CCOO y UGT, denunciaron que Estados Unidos, movido por un supuesto afán imperialista, había “secuestrado” a Maduro y exigieron su restitución como presidente, alegando una violación del Derecho Internacional. Resulta llamativo que no mostraran la misma preocupación durante los 27 años de dictadura que ha sufrido el pueblo venezolano.
También sostuvieron que la intervención respondía al interés por el petróleo y otras riquezas naturales, como el gas natural, los metales estratégicos y los minerales raros, de alta demanda global, especialmente en los sectores tecnológico, energético y de la industria pesada.
Frente a ello, muchos venezolanos afirmaron que, si el precio de su libertad era el petróleo, entonces era un precio asumible, ya que durante los años de dictadura jamás disfrutaron de esos recursos, que beneficiaron durante décadas al régimen chavista y a otras naciones extranjeras como Cuba, China, Irán o Rusia.
Lo que realmente les importa es poder reencontrarse con sus familias, tener comida en la mesa y vivir con dignidad en libertad. Solo quienes han vivido bajo una dictadura pueden comprenderlo plenamente. Como expresó un tuitero anónimo: “Pero la izquierda, desde la comodidad del aire acondicionado, te va a hablar de invasión e imperialismo mientras le pone stevia al matcha latte”.
Aunque se haya nombrado a una nueva presidenta interina, la realidad es que la situación no ha cambiado de forma sustancial. La población continúa viviendo con temor ante lo que pueda suceder y, mientras no se libere a todos los presos políticos, de los que solo unos pocos han sido excarcelados, entre ellos cinco españoles, y no exista una auténtica libertad de expresión y de prensa, no puede hablarse de normalidad democrática.
La operación no solo busca el cambio de régimen en Venezuela por motivos internos o judiciales, sino que forma parte de un despliegue estratégico más amplio en el que Estados Unidos intenta:
- Contener la influencia de China en América Latina.
- Golpear la presencia geopolítica de Rusia al retirar un aliado.
- Reducir la influencia ideológica y diplomática de Irán y sus conexiones.
- Controlar recursos energéticos estratégicos.
- Enviar un mensaje geopolítico de que EE. UU. sigue siendo dominante en su región y dispuesto a actuar de forma directa si lo considera necesario en su interés nacional.
Mientras los acontecimientos de Caracas (Venezuela) se desarrollan, otro frente se abrió el pasado 28 de diciembre en Teherán (Irán) y se prolonga hasta hoy. El detonante principal ha sido una grave crisis económica, marcada por una elevada inflación, la depreciación de la moneda y el desabastecimiento de bienes básicos y combustibles, que provocó un estallido social y que pronto derivó en protestas más amplias contra el régimen. Esta dinámica acabó transformándose en una contestación política directa al sistema vigente.
En las protestas participan comerciantes, trabajadores y empleados públicos, jóvenes y estudiantes universitarios, clases medias urbanas, mujeres, pensionistas y minorías étnicas y regionales. Las manifestaciones se producen en todo Irán. Según informes de ONGs, se están produciendo numerosas muertes.
El objetivo final de la revuelta es el fin de la represión, la obtención de libertades básicas y el cambio del sistema.
El modelo de futuro no está decidido y, si la revuelta prospera, probablemente se dirimirá mediante un proceso político o un referéndum, no por imposición. Las opciones podrían ser una monarquía constitucional, una república u otro modelo.
La población iraní espera la ayuda de Estados Unidos e Israel. También el hijo del último shah de Irán, Reza Pahlavi, se ofrece como figura de unidad simbólica.
Como no hay dos sin tres, aparece Groenlandia. El presidente Donald Trump planteó su compra, una propuesta rechazada por Dinamarca (miembro de la OTAN) y por las autoridades groenlandesas, aunque abiertas al diálogo y a reforzar la cooperación con Estados Unidos, que opera allí desde hace décadas con autorización.
El trasfondo no es económico, sino estratégico: el control del Ártico frente a Rusia y China, dado el valor geopolítico de Groenlandia por su posición, las nuevas rutas marítimas abiertas por el deshielo, su importancia militar (incluida la base de Thule) y sus recursos críticos, lo que convierte la polémica propuesta en la expresión directa, aunque poco diplomática, de una rivalidad global propia del siglo XXI.
Por otra parte, el Consejo de la Unión Europea ha autorizado la firma del acuerdo de asociación y libre comercio entre la UE y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), tras más de 25 años de negociaciones y con el respaldo de más del 65 % de los Estados miembros. Para su entrada en vigor aún se requiere la aprobación del Parlamento Europeo, la ratificación por los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros y la ratificación por parte de los países del Mercosur.
Se han hecho algunas mejoras, pero no las suficientes. Los perjudicados son los agricultores europeos que vienen manifestándose desde hace tiempo. Les perjudica en: competencia desleal en precios, normas desiguales (sanitarias, ambientales y laborales), impacto directo en sectores sensibles (ganadería bovina, avicultura, azúcar y etanol, cereales y arroz), riesgo de perdida de explotaciones familiares, presión ambiental indirecta y escasa capacidad de protección efectiva.
En resumen, este tratado beneficia al comercio y a sectores industriales europeos, pero traslada gran parte del coste de ajuste al sector agrícola, que compite en desventaja estructural frente a Mercosur.
Por último, al llegar a España, nos encontramos con la presunta relación entre los gobiernos venezolano y español, especialmente por la supuesta colaboración con el régimen chavista por parte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El pasado 4 de enero, la asociación Hazte Oír presentó una querella contra Zapatero ante la Audiencia Nacional por su presunta colaboración con la estructura criminal del régimen de Nicolás Maduro.
Conviene recordar que el Gobierno español no se manifestó de forma explícita a favor de quienes ganaron las elecciones del 28 de julio de 2024 ni felicitó a María Corina Machado por la obtención del Premio Nobel de la Paz. En esta ocasión, mantuvo contactos tanto con la presidenta del régimen venezolano como con el candidato de la oposición y se ofreció como intermediario entre ambas partes. Sin embargo, el Gobierno de Donald Trump no cuenta con España, a la que percibe como excesivamente complaciente con regímenes contrarios a los intereses norteamericanos, como China, Rusia, Irán o Gaza.
Asimismo, para tapar los diversos casos de corrupción que aquejan a este Gobierno, el año 2026 se inició con un acuerdo bilateral entre el presidente del Ejecutivo y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que contempla una financiación singular para Cataluña. Se trata de un acuerdo hecho a medida que beneficia a Cataluña y Andalucía, pero perjudica al resto de comunidades autónomas.
El acuerdo prevé un incremento de casi 4.700 millones de euros adicionales al año respecto al modelo actual de financiación autonómica para Cataluña, así como un aumento del 55 % en la cesión del IRPF y del 56,5 % del IVA para todas las comunidades autónomas. Además, establece que Cataluña deberá contribuir al Estado por los servicios prestados y a la solidaridad entre territorios, aplicando el principio de ordinalidad, según el cual quien más aporta no debe acabar peor financiado que quien aporta menos.
Los dirigentes del PP de las diferentes regiones en las que gobiernan, incluidas Ceuta y Melilla, se oponen a su aprobación, al igual que lo hacen dirigentes socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y Adrián Barbón, presidente de Asturias. Para JxCat y los empresarios catalanes, este acuerdo resulta insuficiente, ya que reclaman mayores concesiones.
Para aprobar este acuerdo, el Gobierno central no cuenta con el apoyo de todos sus socios de investidura, por lo que habrá que ver qué sucede cuando llegue al Congreso de los Diputados para su votación.
En caso de que el acuerdo sea aprobado, el PP tiene previsto recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se trata de un pacto bilateral de carácter político que no ha sido consensuado con los presidentes autonómicos de todas las comunidades y que vulnera el principio de solidaridad y equilibrio territorial recogido en el artículo 138 de la Constitución Española. Además, no se ha convocado una reforma general del sistema de financiación autonómica ni de la cesión de tributos.
Por su parte, el Gobierno defiende este acuerdo porque le permite mantenerse más tiempo en el poder, aun sin haber presentado ni aprobado unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023 y pese a la dificultad para legislar por falta de apoyos. También beneficia al Gobierno catalán. En este sentido, si el acuerdo se aprueba, aumenta de forma significativa la probabilidad de que haya presupuestos tanto a nivel estatal como en Cataluña.
En conclusión, los acontecimientos recientes muestran un escenario internacional y nacional marcado por decisiones estratégicas, intereses geopolíticos y equilibrios políticos frágiles. Mientras pueblos como el venezolano y el iraní siguen luchando por libertad, dignidad y derechos básicos, en Europa y en España se adoptan acuerdos que generan profundas divisiones internas y dudas sobre el respeto a los principios democráticos y constitucionales. En este contexto, la vigilancia ciudadana, la memoria crítica y la defensa del Estado de Derecho se vuelven más necesarias que nunca, porque las consecuencias de estas decisiones acabarán repercutiendo directamente en la vida de todos.
“Porque lo que hoy se decide lejos, mañana se paga cerca”.
