#LaVida: España, en alerta democrática, por Manoly Roldán
Para entender el momento delicado en que nos encontramos, debemos comprender bien la definición de democracia: “sistema político en el que el poder lo ejerce el pueblo a través de instituciones representativas, con separación de poderes, elecciones libres y respeto a la ley y a los derechos individuales”, y lo contrario vendría a ser la corrupción: “abuso de poder para obtener un beneficio personal o político, vulnerando la legalidad y perjudicando el interés público”.
Para decir que vivimos en una democracia se deben cumplir determinadas características como: la separación de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), elecciones libres y periódicas, Estado de derecho (todos estamos sometidos a la ley), derechos y libertades (protección efectiva de la libertad de expresión, prensa, reunión y asociación), pluralismo político, control y límites al poder (contrapesos institucionales y organismos independientes).
A continuación, tenemos las características de una democracia plena, que en las dos últimas décadas se va deteriorando poco a poco debido a: gobiernos que concentran poder, líderes que deslegitiman a jueces y medios de comunicación, reformas legales que reducen controles, desinformación masiva que polariza a la población.
En los países desarrollados se caracteriza por: se polariza a la sociedad con discursos de “ellos contra nosotros”, se atacan los medios críticos llamándolos “enemigos” o “manipuladores”, se utilizan leyes, decretos y organismos públicos para beneficiar al partido en el poder. Crece la desconfianza ciudadana, lo que debilita aún más el sistema, complementado con crisis económica, inmigración, inseguridad y el auge del populismo.
España no es ajena a esta erosión lenta; lo podemos ver cada día en lo que está ocurriendo en nuestro país:
• Debilitamiento de la separación de poderes: tensión abierta entre el Gobierno y el Poder Judicial; intentos de control del CGPJ; choques con el Tribunal Supremo.
• Uso político del BOE: reformas exprés hechas a medida para socios, condenados o prófugos.
• Ataques a jueces y fiscalía cuando sus decisiones no favorecen al Ejecutivo.
• Colonización de instituciones independientes (CIS, Fiscalía, CNMC, medios públicos, etc.).
• Normalización del insulto y la polarización como forma de gobernar.
• Acuerdos con partidos condenados, radicales o antisistema a cambio de permanecer en el poder.
• Devaluación del Parlamento, convertido en un órgano para aprobar sin debate leyes rápidas y polémicas.
Por otro lado, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que depende del Consejo de Europa y está formado por más de 40 países, aunque no forma parte de la Unión Europea, realiza evaluaciones que influyen directamente en el control político, financiero y democrático que la Unión Europea ejercita sobre los Estados miembros.
En el caso de España, en 2019, GRECO indicó 19 medidas a cumplir; estas se van revisando cada cierto tiempo. A 1 de agosto de 2025, la conclusión es que, de las 19 recomendaciones. Dieciséis de ellas solo se han aplicado de forma parcial, incluyendo medidas de transparencia, control de conflictos de interés, sistemas de integridad, disciplina interna en la Policía Nacional y protocolos anticorrupción, mientras que tres recomendaciones clave continúan sin implementarse. Estas son: la regulación de los asesores del Gobierno, que siguen sin estar sujetos a las mismas obligaciones de transparencia que los altos cargos; la limitación de las puertas giratorias entre el sector público y el privado; y la falta de una normativa efectiva que regule la relación entre los responsables políticos y los grupos de presión.
La conclusión de GRECO para España: “muestra avances formales, pero carece de acciones reales y profundas, manteniéndose en un nivel de cumplimiento insuficiente que pone en cuestión la calidad institucional del país”.
Asimismo, según el informe Democracy Index 2024/2025, España se sitúa en el puesto 21 a nivel mundial y, en el ámbito de la UE, se encuentra en el décimo, detrás de Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Alemania y Estonia. Esta posición ha ido oscilando en los últimos años por la erosión institucional, conflictos con el Poder Judicial y polarización política.
Igualmente, en octubre de 2025, la Comisión de Venecia concluye que el sistema actual de designación de los jueces vocales del CGPJ no cumple con los estándares necesarios de independencia judicial y transparencia, y recomienda un método de elección que asegure que los nombramientos no dependan de mayorías parlamentarias, sino de criterios objetivos e independientes del poder político (doce de los jueces elijan a los jueces y los ocho restantes se repartan entre los dos partidos mayoritarios).
Y en la Unión Europea se habla del desprestigio de la imagen de España a través de la declaración del eurodiputado de Suecia, quien menciona la pérdida del Estado de derecho, la corrupción del Gobierno, el abuso de poder, el debilitamiento de las instituciones, etc. Por otra parte, la pasada semana continuaron los casos que afectan al Gobierno: se produjo la dimisión del FGE, Álvaro García Ortiz, y el nombramiento de su sucesora, la fiscal Teresa Peramato Martín, por el Consejo de ministros, con el apoyo del CGPJ y de su asociación Unión Progresista de Fiscales. Falta la firma del Rey. Al parecer, fue nombrada por su antecesor y pertenecen a la misma asociación. Es defensora de la “violencia de género” (Ley Solo sí es sí),
Respecto al fallo del juicio realizado al FGE, los miembros del Gobierno y sus socios no estuvieron de acuerdo con el resultado. Algunos manifestaron su descontento afirmando que fue un “golpe de Estado judicial”, otros llamando a rodear el Tribunal Supremo, lo cual hicieron; otros lo expresaron en los medios de comunicación afines. Expresaron respetar la resolución, pero que no comparten el dictamen y esperan que salga la sentencia para recurrirla ante el Tribunal Constitucional (poder político), contradiciendo al Tribunal Supremo (poder judicial). Se habla de un posible indulto y destinarlo a otro puesto y lugar.
Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, intenta avanzar con la Ley Bolaños, pero al parecer no cuentan con los apoyos necesarios para sacarla adelante. Respecto a este tema, las asociaciones de jueces y fiscales no progresistas se oponen a la aprobación de dicha ley porque significa quitar competencias a los jueces y beneficiar a los fiscales (poder político).
También se produjo el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García. Esto significa que el Gobierno está muy afectado porque, de los cuatro que hicieron su recorrido por España en el Peugeot (2018), tres han pasado por prisión, aunque Santos Cerdán salió en libertad provisional.
Resaltar que Koldo García, antes de ingresar en prisión, declaró en un diario digital que Arnaldo Otegi, de Bildu, y el presidente del Gobierno se reunieron en 2018, en Bilbao, en un caserío, para hablar sobre la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy. Estos dos lo negaron; J. L. Ábalos confirmó la reunión.
No se sabe qué pasará: si el presidente del Gobierno convocará elecciones o continuará en el poder a pesar de ya no contar con el apoyo de JxCat, el voto de Ábalos y el apoyo suficiente para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado 2026.
Por último, el pasado domingo 30, en Madrid, se realizó una manifestación multitudinaria organizada por el PP cuyo lema fue: “Efectivamente: ¿mafia o democracia?” y contra la corrupción del PSOE. Estuvieron invitados todos los partidos. Asistieron los presidentes autonómicos del PP de las diferentes comunidades, cargos del partido, los expresidentes Aznar y Rajoy, Feijóo, Díaz Ayuso, Almeida y más de 100 asociaciones cívicas, junto con público en general.
A continuación, se presenta un resumen de los discursos de sus dos líderes:
Ayuso: España vive su momento más crítico en los últimos 47 años de historia. Pide mirar hacia adelante. España está abandonada a un Gobierno que solo quiere el poder, busca tenernos enfrentados, fabrica bandos, gobierna a España partida en dos. La justicia es implacable, impide la alternancia; es un Gobierno corrupto. Sánchez llegó mintiendo y comprando voluntades. El TC promete amnistiar a Puigdemont. Este Gobierno se sostiene en blanquear a Bildu y al PNV. Es una mafia que se hace la víctima; están todos colocados por Sánchez en las empresas públicas. ETA está preparando su asalto a Navarra y al país Vasco. ETA sigue existiendo.
Se producen nacionalizaciones masivas y compra de voluntades (aumentando sueldos a funcionarios y jubilados), en contra de los jóvenes. La corrupción le ata al poder. Vendrán tiempos peores. Se ha deteriorado la convivencia entre españoles. Los españoles no tienen adónde recurrir. Sánchez llegó como Maduro y vienen momentos muy duros para Venezuela.
No nos acostumbremos a lo que no es normal; así empiezan las dictaduras. Una mafia que impide la alternancia. Esta última etapa de Sánchez será muy difícil, pero la verdad siempre triunfa. Van a perder los que no quieren a España.
Feijóo: defiende España, la Constitución, la democracia. Ellos no han perdido la vergüenza y nosotros no hemos perdido la dignidad. España está harta de que roben el dinero, la democracia y el futuro. Disminución de la cesta de la compra; los jóvenes no pueden tener vivienda. Pidió que se vaya este Gobierno. Señaló la corrupción del PSOE con todos sus ministros.
El sanchismo es corrupción política, económica, social y moral. El sanchismo está en la cárcel y debe salir del Gobierno. No tienen proyecto, no tienen mayoría, no gobiernan, se protegen de los diferentes informes de la UCO. Quiere que los españoles hablen, voten y decidan. Pide elecciones.
Se dirigió a todos los partidos. Al PSOE: “¿hasta dónde van a llegar? Koldo, Ábalos, Cerdán… y pronto será Sánchez. Lo sabe toda España y todo el Partido Socialista: falta el 1, el que no sabe nada y nada le consta”. Pide al PSOE que no manche su historia, que vuelvan a la Constitución. A VOX: “no vamos a estar de acuerdo con Vox; hay una mayoría de españoles que pide que se quiten la pinza; su adversario es Sánchez”. A UPN: “va a sacar la corrupción de Navarra”.
A SUMAR: “son un juguete en manos de Sánchez; tiene un juguete que solo habla en catalán”. A PODEMOS: “quién les ha visto y quién les ve; indignados de pacotilla”. A nacionalistas e independentistas: “no vamos a creer en la misma España que vosotros; no se comparte su ideología; no les importa la corrupción; ¿hasta dónde van a tragar para obtener lo vuestro?”. A BILDU: “son los únicos que están a la altura moral de este Gobierno”.
Se dirige a su partido: “no siempre se acierta en todo. Los grandes cambios se logran cuando la población persevera en ello”.
Expresó su plan para los primeros 100 días de Gobierno: auditoría completa, limpieza total de las instituciones, bajada de impuestos, desbloquear lo aprobado en las Cortes (vivienda, seguridad, ocupación), democracia y servicio público, etc. Agradeció el apoyo de Aznar y Rajoy por su soporte en todo momento.
Finalmente, cerca de la anterior manifestación y a unos metros de la sede del PSOE, se realizó otra concentración por parte del grupo Revuelta para pedir la dimisión de este Gobierno y la convocatoria de elecciones generales. Se produjeron algunos altercados.
En conclusión, España atraviesa un momento de profunda tensión institucional y política, marcado por el desgaste de los contrapesos democráticos, la polarización y los numerosos casos que afectan al Gobierno. Los informes internacionales, las advertencias europeas y el descontento social evidencian un deterioro que exige respuestas firmes, mayor transparencia y un compromiso real con la integridad democrática para recuperar la confianza ciudadana y reforzar nuestras instituciones.
“La esperanza está en la ciudadanía que no renuncia a la verdad, a la libertad y al Estado de derecho”.
