#LaVida: España en punto muerto, por Manoly Roldán
Aún permanece en la memoria el funeral de Estado celebrado por el primer aniversario de las víctimas de la riada en Valencia y otros territorios. Especialmente los gritos e insultos dirigidos contra el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fruto de un acoso previamente diseñado con la intención de responsabilizarle políticamente de lo ocurrido el 29 de octubre de 2024 y forzar unas elecciones anticipadas que permitieran al PSPV recuperar el poder.
De momento, esa operación no ha prosperado. El PP valenciano ganó las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, sigue gobernando y negocia con Vox la designación de un nuevo candidato, previsiblemente Juan Francisco Pérez Llorca. Un escenario que disgusta a PSPV y Compromís, pero que es el más probable. Resulta llamativo que el presidente del Gobierno exija elecciones anticipadas en Valencia mientras él mismo se niega a convocarlas a nivel nacional pese a haber perdido el apoyo de JxCat.
Paralelamente, seguimos asistiendo al avance de los casos de corrupción. El Tribunal Supremo ha dictado auto de procesamiento contra Koldo, Ábalos y Aldama (este último colaborando con la Justicia) por el negocio de las mascarillas mientras cientos de españoles morían por la pandemia del Covid-19. Se les imputa los presuntos delitos de: cohecho, blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.
Y existía además una presunta estructura destinada a “limpiar” las irregularidades de su entorno, como el caso de Leire Díez, conocida como “la fontanera”, y Javier Pérez Dolset, investigados por presunto tráfico de influencias y posible prevaricación administrativa.
Pero el caso que mayor atención mediática está generando es el juicio que se sigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de presunta revelación de secretos y prevaricación para perjudicar a un adversario político.
Acudió en calidad de investigado, vestido de fiscal, sin ser apartado del cargo, sentado junto a los miembros del Tribunal Supremo (TS) que le juzgan y acompañado por sus defensas.
Entre los testigos que declararon se encuentra el fiscal Julián Salto, quien explicó que la noche del 7 de marzo de 2024, mientras estaba en un campo de fútbol viendo jugar a su equipo, recibió una llamada urgente solicitándole el expediente y los correos electrónicos del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El propio afectado, Alberto González Amador, relató ante el TS como, en su opinión, el FGE lo había destruido públicamente y dinamitado su presunción de inocencia: “El señor García Ortiz, el FGE, me había matado públicamente, me había destrozado por completo, o sea no había opción, de hecho lo que yo intuía me lo confirmó Neira (su abogado), me dijo: la presunción de inocencia se había roto, tu derecho a la defensa se ha roto. Estamos en otro plano, en otra dimensión, Yo no entendía nada…”. Todo apunta a un uso político del aparato institucional para perjudicar a la presidenta madrileña.
Lo que se observa en estos casos es la utilización de múltiples estrategias delictivas: presión, extorsión, chantaje, manipulación institucional, apropiación ilícita de dinero público y persecución política.
Si estos hechos los cometiera un ciudadano cualquiera, se esperaría que la Justicia actuara con firmeza. Pero que lo cometan representantes electos los sitúa en un nivel mafioso: partidos que deberían servir para solucionar problemas y gestionar recursos terminan degradando las instituciones y dañando la democracia.
Por otro lado, el Gobierno pierde fuerza y capacidad legislativa. JxCat ha retirado su apoyo tras el incumplimiento reiterado de acuerdos. No respaldará los Presupuestos Generales del Estado de 2026, ni más de 20 leyes en trámite, ni la Ley Bolaños ni la Ley Begoña. Solo apoyarán normas de interés social concreto: la Ley de Servicios de Atención a la clientela, la Ley de Economía Social, la Ley del Cine, la Ley de Movilidad Sostenible y el real decreto que amplía la cobertura de la Ley ELA.
JxCat ha dado este paso presionado por el empresariado catalán de Foment del Treball, que advierte que una tensión política prolongada perjudica de nuevo a la economía catalana, como tras 2017. Reclaman el retorno a posiciones neoconvergentes: pactismo, centralidad negociadora, ortodoxia económica, europeísmo y prioridad empresarial.
Además, JxCat está perdiendo base ante el auge de Aliança Catalana (AC) de Sílvia Orriols, que capta votantes desencantados de ERC, JxCat y la CUP, especialmente en comarcas del interior.
Para contrarrestar el avance de AC, el pasado sábado JxCat instaló 111 carpas informativas en toda Cataluña, con el objetivo de marcar territorio político, impedir que AC monopolice el descontento independentista y mostrar implantación territorial real, explicando temas clave para el ciudadano: seguridad, vivienda, inmigración y su ruptura con el Gobierno.
Pero JxCat tampoco se atreve a presentar moción de censura. Espera que sea el Gobierno quien defina su forma de gobernar sin su apoyo. Ahora incluso intenta acercarse al PP para sacar acuerdos adelante, pero los populares desconfían.
Mientras tanto, en Cataluña tampoco se aprueban los Presupuestos. El Govern del PSC de Salvador Illa no logra un acuerdo: los Comunes exigen sus propias contraprestaciones y ERC reclama el cumplimiento del cupo catalán, condicionado por la candidatura de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Andalucía. Todo ello en un contexto donde también se acercan nuevas citas electorales autonómicas en Extremadura (21 de diciembre), Castilla y León y Andalucía.
Por su parte, el presidente del Gobierno, aunque no consiga sacar los PGE 2026 ni leyes, pretende resistir hasta 2027. Sectores críticos y diversos analistas sostienen que Sánchez buscaría una mutación del Régimen del 78 hacia un modelo federal plurinacional, apoyándose en fuerzas independentistas, de ahí su insistencia en promover las lenguas regionales (catalán, gallego y vasco) a nivel nacional e internacional en detrimento de la lengua oficial española mencionada en el artículo 3 de la Constitución Española. Y ceder cada vez más competencias a Cataluña y País Vasco.
Por último, Ante este bloqueo institucional, lo lógico en una democracia sana sería convocar elecciones y que la ciudadanía decida el rumbo.
España sufre parálisis legislativa, huida de inversión, cansancio social, inflación persistente y saturación ante corrupción política. Muchos votantes ya no confían ni en PP ni en PSOE: perciben continuidad, no alternativa.
De ahí la esperanza creciente de que surja una fuerza que regenere la política y las instituciones: nueva Ley Electoral justa (un ciudadano, un voto), representación real para partidos con 3-5% de apoyo, reducción administrativa, simplificación normativa, respeto a la lengua oficial común y protección de las lenguas regionales en sus territorios.
La OCDE y la Comisión de Venecia recomiendan, en esa dirección, medidas de regeneración como:
- Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguiendo las recomendaciones dadas por la Comisión de Venecia sobre calidad democrática, reformas constitucionales, separación de poderes, independencia judicial, etc.
- Transparencia digital pública de la administración del Gobierno en contratos, adjudicaciones, trazabilidad del dinero público hasta el último proveedor, ejemplos: Estonia, Nueva Zelanda y países nórdicos.
- Fin del uso partidista de las instituciones del Estado por parte del gobierno de turno bajo sanciones por su incumplimiento a los que incumplen.
- Protección reforzada a los que denuncian de forma anónima la corrupción y no persecución.
- Regeneración parlamentaria: reducir los decretazos y obligación de debate previo real. Obligación de impacto económico previo de cada norma.
- Reforma de financiación de partidos: supresión de ingeniería paralela de fundaciones pantalla y auditorías públicas reales obligatorias.
Finalmente, no podemos permanecer pasivos ante lo que está ocurriendo. Cada ciudadano debe actuar desde su propio ámbito: escribiendo, denunciando, manifestándose y visibilizando la realidad. Como el periodista Vito Quiles, que ha convocado concentraciones esta semana en Madrid (días 11 y 12) y en Canarias (días 13 y 14). Son momentos decisivos: está en juego la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.
En conclusión, España atraviesa una crisis de confianza institucional, política y económica que exige regeneración urgente. Los casos de corrupción, el bloqueo legislativo y la pérdida de apoyos han llevado al país a un punto límite donde solo una renovación profunda del sistema puede devolver la estabilidad, la credibilidad y el rumbo democrático.
“Los casos de corrupción, el desgaste del Gobierno y la retirada de apoyos dibujan un panorama de crisis democrática sostenida, y cuando los partidos dejan de servir a la ciudadanía, es la propia ciudadanía quien debe recuperar la voz. Es el momento de decidir”.
