Radioblog #LaVida: Tensión judicial y presión catalana, por Manoly Roldán
Con la llegada de septiembre se ha reactivado el curso político en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió la semana con una entrevista en TVE en la que afirmó que “algunos jueces hacen política”. Estas declaraciones provocaron un fuerte malestar, tanto en la ciudadanía como en el ámbito judicial y fiscal, al interpretarse como un desprestigio hacia uno de los poderes del Estado y un factor que erosiona la confianza de la población en la justicia.
Las palabras no quedaron circunscritas al plano nacional. Durante su visita a Londres el 3 de septiembre, con motivo de la firma de un acuerdo estratégico bilateral con el primer ministro británico, Keir Starmer, Sánchez reiteró en una entrevista con The Guardian que “hay algunos jueces que están haciendo política”, en lo que muchos interpretaron como un intento de defender a su entorno personal.
En esa misma conversación lanzó una crítica directa al gobierno de Donald Trump: “Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial fue el principal arquitecto del orden internacional, ahora lo está debilitando”. Y añadió: “Esto no será positivo ni para la sociedad estadounidense ni para el resto del mundo, especialmente para los países occidentales”.
El presidente del Ejecutivo percibe que con Trump se produce un retroceso en el cumplimiento de la Agenda 2030, un aumento de la hostilidad hacia gobiernos de izquierda, como ejemplo tenemos que el gobierno norteamericano continúa preparándose para poner fin a la narco-dictadura venezolana de Nicolas Maduro, a quien el gobierno socialista español ha mostrado su apoyo de forma velada y presunto asesoramiento por parte del expresidente Zapatero.
Hechos que han provocado un mayor acercamiento a China, lo cual es peligroso para la sociedad española, teniendo en cuenta los antecedentes de Cuba y otros países.
En paralelo, el pasado viernes tuvo lugar la solemne apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo. Al acto asistieron jueces y fiscales de distintas asociaciones (APM, AJFV y FJI), que días antes habían rechazado la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por estar procesado, alegando que “un imputado no debe sentarse junto al Rey ni representar al Ministerio Público”. En el evento participaron el Rey Felipe VI, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, el ministro de Justicia, Félix Bolaños y otras autoridades.
La presidenta del CGPJ pronunció un discurso firme en defensa de la independencia judicial: “Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública. Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la Justicia, provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder socava de forma directa la confianza en la justicia y son impropias de un Estado de Derecho avanzado”.
Por su parte, García Ortiz defendió su compromiso con la justicia, en las instituciones, en el Estado de Derecho, la independencia judicial, la legalidad, la imparcialidad y la verdad, mientras afronta un proceso en el que el ICAM solicita la aplicación del artículo 417.2 del Código Penal, de revelación de secretos, y pide su inhabilitación, cuatro años de prisión y tres de suspensión de cargo público y multa de 18 meses de 150 euros diarios.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, optó por no asistir al acto, argumentando que su presencia habría supuesto convalidar la participación de un fiscal investigado y someter al Rey a una tensión institucional. En su lugar acudió a un compromiso de partido en Madrid.
Por otro lado, el presidente catalán, Salvador Illa, se reunió en Bruselas con Carles Puigdemont en la llamada “embajada catalana”. El encuentro fue interpretado como un gesto hacia la amnistía política, pese a que la malversación de fondos públicos, delito por el que Puigdemont sigue procesado, no está contemplada en la Ley de Amnistía, y sobre él pesa aún una orden de detención del Tribunal Supremo (TS). Illa defendió la reunión como un paso hacia la “normalidad”, aunque Puigdemont criticó que se celebrara en Bruselas y no en la Generalitat, como ocurrió hace varios meses con otros líderes políticos.
El retorno de Puigdemont a España podría verse alterado si el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido corrige al TS aprobando la recusación presentada por Puigdemont.
Varios han sido los negociadores que el Gobierno español envió para negociar con Puigdemont: Santos Cerdán ahora en prisión, Zapatero y ahora Salvador Illa. Para la próxima vez el presidente de JxCat espera que la foto sea con el presidente español.
Ese encuentro entre ambos líderes fue interpretado por diferentes medios de comunicación como un gesto de diálogo y convivencia, pero no como una negociación presupuestaria, pero que podría servir como un inicio para posteriormente negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2026, pero Puigdemont no lo dará fácilmente, antes pide que el Gobierno cumpla lo prometido: cumplimiento íntegro de la ley de amnistía para continuar con el diálogo, reconocimiento del catalán como lengua oficial en la UE y mayor poder real en las instituciones catalanas. Además, se le pide aprobar la Ley Bolaños y él demanda a cambio un poder judicial catalán.
Para algunos estas negociaciones en el extranjero y con un fugado de la justicia es una anomalía que los asuntos que competen al Gobierno de España se negocien en el extranjero y con alguien que dio un golpe de Estado, no quiere a España y quiere marchar de ella. Todo para que el jefe del Ejecutivo se mantenga en el poder y poder cumplir su plan trazado, conseguir una España federal o confederal…
Por otra parte, el pasado martes, el Consejo de Ministros, aprobó la condonación de la deuda a las Comunidades Autónomas, por un valor de 83.252 millones de euros, beneficiando a la comunidad catalana con un 19,24% que equivale a 17.104 millones de euros. Seguirá su trámite parlamentario.
Sin embargo, varios gobiernos autonómicos del PP rechazan solicitar esas condonaciones porque entienden que lo que dejará de pagar Cataluña se “transferirá”, “traspasará” o “endosará” al resto de la población española de las diferentes Comunidades Autónomas, excepto País Vasco y Navarra. Una cesión más para mantenerse en el poder…
Lejos de conformarse con esta cesión, según el periodista Gabriel Sanz, el líder de ese partido, Oriol Junqueras quiere más, y por eso este lunes presentará en Barcelona una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley 10/2010 de Cesión de tributos del Estado a Cataluña, modificada el año 2022, con el objetivo de “normalizar” la cesión de todos los impuestos a la futura Agencia Tributaria catalana. Se tendrá en cuenta el principio de“ordinalidad”, ya aprobado, con lo cual permitirá que el orden relativo de riqueza no se altere. No se sabe si conseguirá que se aprueben estas dos modificaciones, pero parece ser que son requisitos para conseguir que se legalice la relación bilateral entre Cataluña y el Estado español, y para tramitar la “financiación singular”, mas conocido como el “cupo catalán”, similar al vasco o navarro.
Una vez conseguido esto recién podría dar su apoyo para iniciar las negociaciones para los PGE 2026. Con esto Cataluña podría tener su propia Hacienda Catalana e irán cobrando los diferentes impuestos. De esta manera se van construyendo estructuras de Estado donde participan los partidos independentistas incluido el PSC.
La propuesta se enfrenta a la oposición de once comunidades más Ceuta y Melilla gobernadas por el PP, además de Castilla-La Mancha y Asturias dirigidas por el PSOE. Todos estos presentarán recursos de inconstitucionalidad porque consideran que sería un ataque a la “solidaridad interterritorial” que está relacionada con los principios de financiación y solidaridad territorial que se mencionan en la Constitución Española de 1978.
En conclusión, el inicio del curso político en España refleja un escenario marcado por la confrontación con el poder judicial, la presión creciente del independentismo catalán y la necesidad del Gobierno de asegurar apoyos parlamentarios para sacar adelante los próximos PGE 2026. La condonación parcial de la deuda autonómica y las iniciativas de ERC para impulsar un modelo fiscal propio abren un debate de gran calado sobre la financiación y la solidaridad interterritorial.
Posiblemente consiga aprobar los PGE 2026, pero seguirá siendo un Gobierno frágil que podría desembocar en cualquier momento en un adelanto electoral, y en medio de un clima de polarización que alimentaría la narrativa del Partido Popular y Vox al ser señalado de “ceder a los independentistas”.
Todo ello configura un panorama de inestabilidad en el que las tensiones internas, sumadas a la incertidumbre internacional, condicionan de manera decisiva la agenda política nacional.
“España inicia un curso político marcado por la confrontación institucional, la presión independentista y la incertidumbre de un Gobierno obligado a negociar cada paso, la pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo podrá sostenerse este pulso”.
