Radioblog #LaVida: Radiografía del deterioro democrático en España, por Manoly Roldán
El pasado 31 de julio, la revista británica The Economist publicó un editorial en el que pedía abiertamente la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las razones que expone coinciden con muchos de los problemas que atraviesa actualmente el país:
1. Existen investigaciones judiciales a su entorno más cercano y eso le resta credibilidad: Los escándalos de corrupción que afectan al entorno más cercano del presidente del Gobierno minan la credibilidad institucional. Los audios atribuidos a Koldo García, presuntamente auténticos y no manipulados, han revelado nuevos datos que agravan la percepción de corrupción. La acumulación de casos bajo investigación judicial no solo afecta al Gobierno, sino también a la imagen exterior del país.
2. Tiene parálisis legislativa, desde el año 2023 no consigue que se aprueben unos presupuestos generales y se mantiene con apoyos frágiles:
Desde la aprobación de los presupuestos de 2022, que se aplicaron en 2023 durante su segundo mandato, el Ejecutivo no ha logrado sacar adelante nuevas cuentas públicas. El presidente espera iniciar el trámite en septiembre para unos presupuestos para 2026 con el respaldo de sus socios de investidura, a cambio de nuevas cesiones. Sin embargo, ya ha anunciado que no dimitirá si fracasa en ese intento y que planea agotar la legislatura hasta 2027, aspirando incluso a la reelección.
3. Su ciclo se ha cumplido y que el crecimiento económico actual se debe a reformas realizadas durante el mandato de Mariano Rajoy: Aunque el Gobierno insista en que la economía «va como un cohete», lo cierto es que el crecimiento actual se debe, en gran medida, a reformas heredadas del mandato de Mariano Rajoy. Para la mayoría de ciudadanos, el panorama es otro: las PYMES, que representan más del 99 % del tejido empresarial, soportan una presión fiscal asfixiante. Muchas no pueden contratar, y otras directamente cierran.
La inflación sigue superando las subidas salariales, erosionando el poder adquisitivo de las familias. Aumenta la pobreza alimentaria y sanitaria. Los jóvenes sufren contratos precarios, bajos sueldos y un mercado inmobiliario que impide su emancipación. Si se aprueba la reducción de jornada laboral sin contrapartidas, la situación podría agravarse.
4. España necesita estabilidad y regeneración. Para ello, solo hay dos salidas posibles: o el Partido Socialista elige a otro líder, o el presidente convoca nuevas elecciones.
Ante una situación de inestabilidad prolongada y el creciente hartazgo de la ciudadanía, Pedro Sánchez ha optado por resistir con el respaldo de sus socios parlamentarios, con la intención de agotar la legislatura hasta 2027 y volver a presentarse como candidato.
Sin embargo, su continuidad está lejos de estar asegurada. Dentro de su propio partido existe un sector crítico que lo cuestiona, al considerar que se ha alejado de la socialdemocracia clásica, como la representada por el SPD alemán, para adoptar una deriva ideológica más cercana al comunismo. Mientras tanto, grandes empresas abandonan España debido a una elevada presión fiscal que desincentiva la inversión, agravada por una creciente inseguridad jurídica y falta de garantías.
5. Reflexione estas vacaciones de verano si en realidad ¿sirve a su país o a su propio interés político? Los hechos invitan a reflexionar: Sánchez parece dispuesto a ceder lo que sea necesario a sus socios de Gobierno con tal de prolongar su permanencia en el poder y avanzar en su objetivo de reconfigurar España como un Estado federal o confederal, plurinacional y plurilingüe.
Sin olvidar que recientemente, el abogado de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, Carlos Urraca Caviedes, afirmó que la amnistía no responde al interés general, sino a un acuerdo político y podría tratarse de una posible autoamnistía para los aliados del Gobierno.
Durante este mes de agosto, el presidente del Gobierno tiene previsto reunirse en Lanzarote con José Luis Rodríguez Zapatero y Salvador Illa. Queda por ver qué decisiones estratégicas surgen de estos encuentros.
Por otro lado, a principios de junio de 2025 se aprobó y publicó el 1 de agosto de 2025, las 19 recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que fueron adoptadas el año 2019, sobre el seguimiento a España. De las 19 recomendaciones existen tres de ellas que no han sido implementadas en absoluto, estas son:
nº 1: Incluir a los asesores políticos dentro del régimen de transparencia e integridad. No existe aún un marco legal que los regule adecuadamente, ni están sujetos a obligaciones similares a los ministros o secretarios de Estado.
nº 8: Reforma del régimen de aforamientos de los altos cargos del poder ejecutivo. España no ha modificado el sistema de aforamientos, que permite que altos cargos sigan siendo juzgados por el Tribunal Supremo, dificultando la acción penal ordinaria.
nº 16: Revisión del régimen disciplinario de la Policía Nacional y la Guardia Civil, asegurando proporcionalidad, independencia y transparencia. No se ha producido reforma legal significativa, y se sigue aplicando un sistema considerado opaco y de limitada imparcialidad.
Las 16 recomendaciones restantes han sido implementadas parcialmente, aunque ninguna ha sido considerada plenamente cumplida por el GRECO. Estas son: Gobierno central y altos cargos (nº 2- nº10) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (nº 11-nº 19):
nº 2: Código de conducta para altos cargos (borradores y compromisos, pero sin publicación ni aplicación efectiva).
nº 3: Estrategia institucional de integridad (anunciada, pero sin despliegue operativo).
nº 4: Autonomía real de la Oficina de Conflictos de Intereses (mejoras menores, pero sigue sin independencia estructural).
nº 5: Declaraciones más completas de bienes e intereses (ligera ampliación, sin fiscalización real ni sanciones efectivas).
nº 6: Regulación de las puertas giratorias (se han planteado propuestas, pero sin leyes en vigor ni límites efectivos).
nº 7: Transparencia en los contactos con lobbies (Proyecto de ley enviado a las Cortes, sin aprobación definitiva).
nº 9: Supervisión independiente del régimen de incompatibilidades (limitada al actual funcionamiento interno de la Oficina de Conflictos).
nº 10: Formación continua en ética pública (programas anunciados, sin cobertura generalizada ni sistematización).
nº 11: Estrategia institucional anticorrupción (plan en desarrollo, sin implementación efectiva).
nº 12: Verificación y evaluación de riesgos durante la carrera profesional (avances limitados y sin normativa específica).
nº 13: Objetividad en ascensos y recompensas (medidas parciales; se mantiene discrecionalidad en muchos procesos).
nº 14: Reglas sobre conflicto de interés (sin regulación sólida; existen algunos protocolos internos).
nº 15: Protección de denunciantes (España aprobó ley general en 2023, pero su aplicación en Policía y Guardia Civil es escasa).
nº 17: Igualdad de género (compromisos y planes, pero sin impacto sustantivo).
nº 18: Formación en ética y códigos de conducta (existe en academias policiales, pero no es transversal ni sistemático).
nº 19: Supervisión externa de todas estas medidas (sin autoridad externa que evalúe el cumplimiento real).
El incumplimiento total de las recomendaciones del GRECO revela un problema estructural y político profundo en el Gobierno y el Parlamento.
Refleja una clara falta de voluntad política, un grave déficit de transparencia y control institucional, un riesgo persistente de corrupción, el deterioro de la confianza pública y un daño creciente a la imagen internacional de España. En definitiva, el poder se resiste activamente a ser fiscalizado y a rendir cuentas.
Actualmente, España ocupa el puesto 18 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea en materia de percepción de la corrupción.
Por otra parte, la pasada semana se produjeron dos acontecimientos muy importantes:
Primero, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará para ser juzgado por la presunta filtración de información confidencial de datos personales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se da la circunstancia que nunca se ha producido semejante escenario, el de juzgar a un fiscal general del Estado, ya que su tarea es juzgar y no ser juzgado.
Así desde la asociación de fiscales APIF, pidieron al juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que suspenda cautelarmente de su cargo al fiscal general, entonces el pasado jueves 28, dio un plazo de tres días a las partes para decidir qué hacer una vez que se abra juicio oral contra García Ortiz. Este se niega a dimitir y cuenta con el apoyo incondicional del presidente del Gobierno.
Segundo, el pasado 29 de julio de 2025, el Gobierno español aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de ley que crea un Registro Estatal de Medios de Comunicación, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con obligaciones de transparencia, acceso público, sanciones y control de fusiones. En ese Registro deberán inscribirse medios con licencia (radio, televisión), digitales y prensa. Debe incluir datos sobre propiedad, financiación pública y privada, audiencia, etc. Su tramitación debe pasar por el Parlamento del Congreso de los Diputados.
Aunque cumple con las directrices europeas, la oposición alerta sobre sus posibles efectos sobre la independencia periodística, como: riesgo de control político y censura indirecta (riesgo para la libertad de prensa y el pluralismo),riesgo de discriminación mediática (no ámbito autonómico ni local, vulneración art. 14 CE),riesgo de vulneración del secreto profesional (impacto sobre el derecho a la confidencialidad de las fuentes y al secreto empresarial), riesgo de concentración institucional excesiva en la CNMC (falta de supervisión democrática externa, control parlamentario o judicial suficiente), riesgo para medios independientes y alternativos (desigualdad estructural frente a grandes conglomerados mediáticos), riesgo de uso partidista de la publicidad institucional (distorsiona el principio de neutralidad institucional y afecta la independencia editorial), riesgo de indefinición legal y arbitrariedad (inseguridad jurídica y riesgo de aplicación selectiva de la ley). Por último, sería oportuno que el presidente del Gobierno recordase sus propias palabras dirigidas a Mariano Rajoy en 2017: “Gobernar no consiste en conservar el poder a cualquier precio. Por eso, lo que le exijo al señor Rajoy, es que presente los Presupuestos Generales del Estado, ¡ya! Y que, si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar esos PGE, el presidente del Gobierno, entonces tiene que convocar a los españoles a las urnas, para que se pueda construir una mayoría distinta que pueda sacar adelante muchos de los problemas que por desgracia tiene nuestro país y que no están siendo atendidos por parte del Gobierno de España”.
En conclusión, España no necesita un presidente que resista a cualquier precio, sino un líder que asuma con responsabilidad el momento que atraviesa el país. Las señales son claras: deterioro institucional, desgaste político, falta de reformas clave y una creciente desafección ciudadana. Persistir en el poder ignorando esta realidad no es gobernar, es poner en riesgo la estabilidad democrática. La regeneración no puede esperar más.
“Gobernar no es resistir a toda costa, sino saber cuándo es el momento de marcharse. La democracia no se sostiene sobre el poder sin límites, sino sobre la rendición de cuentas”.
