Radioblog #LaVida: La España que se resquebraja, por Manoly Roldán
Mientras los políticos están de vacaciones, la política no se detiene. Aunque el Congreso de los Diputados se encuentra en receso hasta septiembre, la actualidad política de la última semana ha estado marcada por varios acontecimientos de gran relevancia.
El más destacado ha sido la firma del acuerdo bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña en materia de financiación singular, popularmente conocido como el “cupo catalán”. Este pacto, cuya finalidad parece ser garantizar la continuidad del presidente Salvador Illa al frente del Govern y la estabilidad del Ejecutivo central, ha generado una fuerte polémica.
Las reacciones han sido inmediatas y transversales: dirigentes de izquierda como Javier Lambán o Josep Borrell, y de derecha como Isabel Díaz Ayuso, han criticado el acuerdo. También se han pronunciado los Inspectores de Hacienda, que han llegado a pedir la dimisión de la ministra María Jesús Montero, así como numerosos economistas y analistas políticos. Para que este pacto entre en vigor, deberá ser aprobado por mayoría absoluta en el Congreso, lo que no está garantizado.
Por su parte, ERC, firmante del acuerdo de investidura de Salvador Illa en agosto de 2024, ha mostrado su malestar, considerando que se les ha concedido menos de lo pactado entonces. Además, varias CCAA, como Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, se verían perjudicadas por esta cesión, lo que obliga a sus dirigentes a posicionarse claramente. La ciudadanía, previsiblemente, tomará nota de estas posturas de cara a futuras citas electorales.
Si finalmente se aprobara este modelo, los datos consolidados de 2022 del Ministerio de Hacienda y FEDEA indican que Cataluña aporta entre el 19 % y el 20 % a la caja común del sistema de financiación autonómica; Madrid entre un 21 % y un 22 %; y Baleares también figura como comunidad aportadora. Las otras 12 CCAA representan en conjunto un 58 % del sistema y son mayoritariamente receptoras.
El acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat para una “financiación singular” ha desatado una intensa polémica política, jurídica y social. A continuación se analizan sus posibles consecuencias por áreas clave:
Las consecuencias sociales inmediatas: Educación:Menos docentes, peores infraestructuras, aumento de ratios. Sanidad: Reducción de personal, listas de espera, menos inversión. Servicios sociales: Menor cobertura en dependencia, vivienda, infancia y familia. Presión fiscal: Posibles subidas de impuestos en regiones más pobres. Desigualdad: se ampliaría la brecha entre territorios con mayores recursos y aquellos dependientes de la redistribución estatal.
Consecuencias jurídicas: Cataluña saldría reforzada, pero crea el precedente de que lo quieran reclamar el resto de CCAA, iniciando un proceso de federalización de facto. El sistema común de financiación quedaría desestabilizado si no se acompaña de una reforma general del modelo. Se pondría en cuestión el principio constitucional de solidaridad, especialmente si Cataluña deja de aportar al fondo común. Las CCAA perjudicadas podrían recurrir judicialmente la medida si no se aprueba mediante una ley orgánica, como exige el reparto competencial actual.
Consecuencias económicas y fiscales: si Cataluña aporta entre el 19 % o 20 %, el Estado podría perder un 15% de ingresos fiscales netos. Cataluña ganaría control sobre su recaudación y tendría más capacidad normativa y de diseño fiscal, como País Vasco o Navarra. El resto de Comunidades podrían recibir menos transferencias del Fondo de Garantía, esto provocaría un efecto domino que podría llevar a reformar todo el sistema de financiación autonómica.
Consecuencias políticas y territoriales: se podría producir un efecto contagio con el resto de CCAA si piden lo mismo, esto podría llevar a un nuevo modelo fiscal. Se fragmentaria el modelo territorial y con ello la igualdad entre CCAA que defienden el régimen común. Aumentar la tensión territorial por los privilegios concedidos a Cataluña. Se podría presentar como una “soberanía fiscal parcial” para calmar parcialmente al independentismo sin romper formalmente el marco constitucional.
Consecuencias constitucionales: si no se respeta el principio de solidaridad podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Si se impone por vía política, sin un acuerdo parlamentario amplio, daría lugar a un grave conflicto institucional. Se abriría un debate profundo sobre el modelo autonómico: ¿nos dirigimos hacia una España federal, asimétrica o incluso confederal?
Como nos advierte Alejandro Fernández, presidente del grupo popular catalán: “Se está avanzando hacia un sistema federal o confederal. El objetivo del independentismo sigue siendo formar estructuras de Estado y desmantelar progresivamente lo que queda del Estado español en Cataluña, preparando el terreno para un nuevo golpe en el momento oportuno.”
Por otro lado, el pasado martes se celebraron en Bruselas dos vistas orales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE). La primera, promovida por el Tribunal de Cuentas, se centró en las posibles implicaciones de la Ley de Amnistía sobre los intereses financieros de la Unión Europea y su relación con la financiación del procés.
Lo más relevante de la jornada fueron las declaraciones del abogado de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, Carlos Urraca Caviedes, quien resumió la postura del Ejecutivo comunitario respecto a la Ley de Amnistía, una norma impulsada por el sector progresista del Tribunal Constitucional, bajo la presidencia del jurista Cándido Conde-Pumpido, destacando los siguientes puntos:
- La amnistía no responde al interés general, sino a un acuerdo político.
- Se trata de una posible autoamnistía para los aliados del Gobierno.
- Podría obstaculizar investigaciones penales en curso.
- El texto es impreciso y amplio, lo que genera inseguridad jurídica.
- El plazo para aplicarla es demasiado corto y problemático.
En nuestro país, diversas figuras públicas han expresado opiniones similares a las del abogado de la Comisión Europea. Es el caso del expresidente de Aragón, Javier Lambán, quien afirmó: “La Comisión Europea ha constatado lo que muchos ya advertíamos: estamos ante una autoamnistía redactada por los mismos que se benefician de ella, a cambio de apoyar la investidura de Sánchez. La mayoría de los españoles pensamos lo mismo sobre esta perversión jurídica y moral. El Tribunal Constitucional queda muy desacreditado”.
Por su parte, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, rechazó tajantemente la postura de la Comisión, afirmando: “La intervención de la Comisión Europea contra la amnistía fue un sermón político, sin base jurídica, y una intromisión indebida en un asunto interno de España”. Boye también subrayó que la Abogacía del Estado, la Fiscalía y él mismo actúan de forma coordinada en esta causa.
La segunda vista ante el TJUE se centró en los planteamientos remitidos por la Audiencia Nacional, relativos a la aplicación de la amnistía en casos de terrorismo atribuidos a miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República).
Las otras dos cuestiones prejudiciales, una presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y otra por un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú(Barcelona), están siendo tramitadas por vía escrita, sin debate público en sala.
Por otra parte, mientras el foco mediático se centraba en los disturbios de Torre Pacheco (Murcia), el Gobierno obtenía cierto respiro en medio de las acusaciones de presunta corrupción. Durante varios días, los altercados en esta localidad acapararon la atención pública, tras la agresión a una persona mayor presuntamente por parte de inmigrantes en situación irregular, quienes ya han sido puestos a disposición judicial.
El debate sobre la inmigración es amplio, delicado y urgente. Requiere una respuesta firme y coordinada, como ya están aplicando diversos países europeos. Alemania ha reforzado sus controles fronterizos; Dinamarca promueve la expulsión automática de inmigrantes que cometen delitos; Italia ha endurecido las condiciones para el asilo y los reasentamientos; y Portugal, bajo un nuevo gobierno, ha comenzado a aplicar una política más estricta basada en el refuerzo de controles y expulsiones.
Todo ello para evitar situaciones como las que vive Francia, donde la inseguridad asociada a determinados núcleos migratorios ha generado una fuerte tensión social. Si no se actúa con rapidez, España podría seguir esa misma senda.
Hace apenas unos días fue en Torre Pacheco. Hoy reina una calma relativa, pero mañana podría repetirse en cualquier otro punto del país. La falta de efectivos policiales y medios materiales ha llevado a que, en algunas localidades, los vecinos opten por organizarse en “patrullas vecinales” como forma de protección ante la creciente sensación de inseguridad.
En medio de la crisis en Torre Pacheco, periodistas independientes de derechas y miembros de Vox han sido denunciados por presuntos delitos de odio, simplemente por manifestarse a favor de una inmigración legal y ordenada, y en defensa de la seguridad de los ciudadanos españoles. Al mismo tiempo, muchos vecinos de la zona han expresado su rechazo hacia los medios de comunicación afines al Gobierno, a los que acusan de manipular la información y silenciar el malestar vecinal.
Cabe destacar también la reciente imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), quien solicitó su baja del partido tras conocerse la noticia. Recordado por su polémica subida masiva de impuestos durante la anterior crisis (IRPF, IVA, IBI, entre otros), Montoro fue imputado el 16 de julio de 2025 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, junto a otras 27 personas, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, falsedad documental, prevaricación y fraude a la administración pública.
Lo significativo es que esta imputación se produce justo cuando el PSOE también se enfrenta a crecientes escándalos de corrupción, lo que ha llevado a algunos analistas a considerar que este caso podría estar funcionando como una cortina de humo, útil para que PP y PSOE se acusen mutuamente, en un intento de demostrar cuál de los dos partidos arrastra mayores niveles de corrupción institucionalizada.
Ante este panorama, urge una reforma profunda y efectiva en materia de lucha contra la corrupción, que abarque tanto el ámbito judicial como el político. Después de más de cuatro décadas de alternancia entre los mismos partidos, el descrédito público es evidente y supone un lastre para la reputación, la estabilidad democrática y el desarrollo económico de España.
Por último, durante la pasada semana se produjeron varios reveses significativos para el Ejecutivo español, tanto en el ámbito nacional como internacional:
- La Unión Europea ha rechazado por séptima vez la petición del Gobierno español de reconocer oficialmente el catalán, incumpliendo así la promesa hecha a Carles Puigdemont. Alemania, Francia, Italia y otros Estados miembros encabezan la oposición a que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas como lenguas oficiales de la UE.
- El Parlamento Europeo ha acusado al Gobierno de España de bloquear la entrada en vigor de la nueva ley electoral europea (tener un 1,5 % – 2 % de los votos válidos a nivel nacional), al priorizar los acuerdos con partidos nacionalistas como JxCat, ERC, PNV y Bildu, que se oponen a la reforma.
- Bruselas ha abierto un expediente sancionador contra España por la utilización de leyes que, presuntamente, obstruyen la OPA de BBVA sobre Sabadell, lo que podría vulnerar la normativa comunitaria de competencia.
- El Gobierno español ha contratado servidores de la empresa china Huawei, vinculada directamente al Partido Comunista Chino, para uso del Ministerio del Interior. Ante ello, Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha anunciado una revisión de los intercambios de información sensible con España, por considerar que podría comprometer la seguridad de la OTAN y los intereses de inteligencia norteamericanos.
- El Ejecutivo también perdió el pulso dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al no lograr que fueran elegidas dos juristas afines al Gobierno para cubrir vacantes clave en el Tribunal Supremo. Los magistrados más veteranos se impusieron en las votaciones, lo que obligó a las candidatas propuestas a retirar sus candidaturas.
- La Audiencia de Sevilla ha elevado una consulta al TJUE en relación con el borrado del caso de los ERE en Andalucía, y plantea si la mayoría progresista del Tribunal Constitucional pudo haber incurrido en una “suplantación” de funciones del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la legislación ordinaria.
En conclusión, España asiste, entre pactos opacos y privilegios territoriales, a un deterioro acelerado de sus pilares institucionales. La sumisión del Gobierno a intereses independentistas, el debilitamiento del Estado en regiones clave y la impunidad ante la corrupción reflejan una deriva preocupante. Mientras la clase política se reparte poder, crecen la desigualdad, la inseguridad y el descrédito. Si no se frena esta dinámica, el país no solo perderá cohesión, sino también legitimidad democrática.
“Solo con instituciones fuertes y una ciudadanía vigilante puede una democracia regenerarse y avanzar hacia una España más justa y cohesionada”.
