Radioblog #LaVida: España resiste al poder que pretende someterla, por Manoly Roldán
España atraviesa un momento especialmente delicado en el que la democracia se ve amenazada. El pasado miércoles 11 se llevó a cabo un paro nacional de jueces y fiscales, y se encuentran en la organización de posibles huelgas con el objetivo de frenar la aprobación del proyecto de reforma impulsado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que afecta al acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, así como a la estructura del Ministerio Fiscal. El pasado jueves, la propuesta superó su primera votación en el Congreso de los Diputados y continúa su tramitación.
Estos cambios han suscitado críticas significativas que conviene tener en cuenta:
· Mayor poder para el Ministerio Fiscal: las investigaciones penales de los jueces pasarían a manos de los fiscales. Y ya se sabe de quien depende la Fiscalía, pues eso…
· Reforma del acceso a la Carrera Judicial y Fiscal: eliminación del sistema tradicional por uno que favorezca criterios más subjetivos y politízables en la evaluación.
· Concurso extraordinario para jueces y fiscales sustitutos: se entiende como un proceso para regularizar interinos afines sin garantías del sistema tradicional de haber superado el mérito y la capacidad como principio rector.
· Control del fiscal General sobre investigaciones: los juristas lo perciben como una excesiva concentración de poder, sin los contrapesos propios del juez instructor independiente. Y más con la situación actual de su fiscal.
· Percepción de colonización del sistema judicial: varios colectivos profesionales denuncian que se busca politizar la justicia para garantizar impunidad a miembros del Gobierno o aliados.
Este paro contó con el respaldo de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, quien lamentó públicamente las descalificaciones dirigidas contra jueces y fiscales por parte de ciertos miembros del Gobierno. Éstos los han tildado de “prevaricadores” y les acusan de practicar
“lawfare”, una supuesta guerra judicial contra los políticos, únicamente porque las investigaciones en curso no benefician a sus allegados ni a antiguos cargos del Ejecutivo.
Por ello, la presidenta del Poder Judicial hizo un firme llamado al respeto institucional y defendió la independencia judicial y la confianza pública como pilares fundamentales del Estado de Derecho.
Por otro lado, tampoco han faltado intentos de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluyendo ataques directos a su jefe por las investigaciones que lideraba. El pasado jueves 12 de junio, la UCO emitió un informe sobre un presunto caso de corrupción que salpica al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Hasta hace poco, sus compañeros decían “poner las manos en el fuego” por él; ahora, tras las revelaciones del informe, muchos prefieren marcar distancias. El documento recoge diversas conversaciones que apuntan a presuntos cobros de comisiones en efectivo vinculados a la adjudicación de contratos públicos millonarios entre los años 2018 y 2021, aunque también se detectan indicios previos de corrupción entre Cerdán y Koldo García ya en 2013, en Navarra.
Estos cobros habrían ido a parar, presuntamente, en parte a los bolsillos de los implicados y, en parte, a la financiación irregular del PSOE mediante dinero en efectivo no declarado.
El informe contiene afirmaciones que sonrojarían a cualquiera. Los ciudadanos no eligieron a estos representantes para que incurrieran en prácticas corruptas, sino para que desempeñaran su labor con responsabilidad: legislar para mejorar la vida de la población, escuchar y atender sus preocupaciones reales, como la ocupación, la seguridad, la sanidad o la educación, y defender lo que es justo para todos.
Si el Gobierno logra controlar la Justicia, junto con organismos clave como la UCO o el Tribunal Constitucional, especialmente con la aprobación de la Ley de Amnistía, estaríamos ante lo que muchos consideran un golpe de Estado desde dentro de las propias instituciones. Al concentrar el poder ejecutivo, legislativo y
judicial en las mismas manos, España dejaría de ser una democracia tal como la conocemos para convertirse en una autocracia, como sucede en países como Cuba, Venezuela, Irán o China. En palabras del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, este escenario facilitaría al Gobierno y a sus socios la liquidación de la Constitución y la transformación del país en una confederación plurinacional.
En relación con el último presunto caso de corrupción destapado la semana pasada, la puesta en escena y las declaraciones del presidente del Gobierno resultaron poco creíbles para una amplia parte de la ciudadanía, especialmente por su afirmación de no saber nada sobre lo que ocurría a su alrededor, cuando diversos medios de comunicación ya venían informando sobre estos hechos desde hacía tiempo.
A pesar de los distintos casos de corrupción que lo salpican, de no haber aprobado los Presupuestos Generales del Estado y de carecer del apoyo parlamentario necesario para sacar adelante nuevas leyes, el presidente del Gobierno se resiste a convocar elecciones anticipadas y ha reiterado su intención de agotar la legislatura hasta 2027. De hecho, el próximo 5 de julio se celebrará un Comité Federal Extraordinario del PSOE en Sevilla, en el que se designará un nuevo secretario de Organización en sustitución de Santos Cerdán, se reestructurará la Ejecutiva Federal, se anunciará una auditoría externa y se iniciará la preparación para las elecciones municipales y autonómicas de 2027. Así lo corrobora el asesor político Iván Redondo en una entrevista con La Vanguardia, en la que afirma que el Tribunal Constitucional avalará este mes de junio la Ley de Amnistía y la considerará compatible con la Constitución de 1978. Según Redondo, la “carpeta Cataluña” pasará a una nueva etapa, y el Gobierno resistirá hasta 2027, afrontando una segunda fase centrada en el “reencuentro total”.
Habrá que ver cómo evoluciona la situación, ya que una parte del socialismo disidente muestra su desacuerdo con lo que está ocurriendo dentro del partido, y comienzan a alzarse voces críticas desde sus propias filas.
A pesar de este escenario preocupante, aún hay motivos para la esperanza. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con jueces y fiscales valientes, y una prensa libre y comprometida, están actuando como verdaderos diques de contención para evitar que la democracia caiga en manos irresponsables. A todo ello se suma el despertar ciudadano, evidenciado recientemente en dos manifestaciones multitudinarias celebradas en las plazas de Madrid, convocadas por numerosas asociaciones civiles y por el Partido Popular.
Además, el pasado jueves y viernes por la tarde-noche se registraron manifestaciones frente a la sede del PSOE, convocadas por VOX y con la participación de diversos representantes, entre ellos SALF. Resulta lamentable que la respuesta a estas protestas haya sido el envío de cargas policiales, incluyendo el uso de elementos disuasorios que provocaron daños a algunos manifestantes.
Por otra parte, España merece algo mejor que el grado de corrupción al que ha llegado. Quienes practican la corrupción no solo roban el dinero público, sino que contribuyen al aumento de la pobreza, generan desconfianza ciudadana hacia los políticos, las instituciones y el propio orden jurídico. Además, degradan la calidad de la representación política, ahuyentan la inversión extranjera y dañan la economía al crear un entorno sin seguridad ni estabilidad política ni judicial. Todo ello, unido a la falta de castigo ejemplar, alimenta la impunidad y abre la puerta a que otros sigan el mismo camino.
Asimismo, este problema no se soluciona únicamente con un cambio de Gobierno. Según Transparencia Internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y los informes del Banco Mundial sobre buena gobernanza, se requieren medidas estructurales y profundas que aborden aspectos fundamentales del sistema.
Entre los pilares fundamentales para combatir eficazmente la corrupción, destacan:
· Instituciones sólidas e independientes, donde jueces y fiscales puedan investigar sin miedo y unos tribunales que castiguen con firmeza a los corruptos.
· Transparencia total en la administración, mediante la digitalización y registro sistemático de datos, evitando el contacto directo y, por tanto, los sobornos, al tiempo que se garantiza el acceso libre de la ciudadanía a la información pública.
· Una prensa libre y valiente, con capacidad de investigar sin censura ni amenazas, protección efectiva para los periodistas, y sanciones para quienes intenten comprar o manipular los medios de comunicación.
· Educación cívica y en valores éticos desde la infancia, que promueva la honestidad, el bien común, la responsabilidad ciudadana y el rechazo social hacia los comportamientos corruptos.
· Protección real a los denunciantes, con sistemas anónimos y seguros para aportar pruebas, así como sanciones ejemplares contra quienes los persigan o intenten silenciarlos.
· Participación activa de la ciudadanía, exigiendo cuentas a sus representantes, promoviendo movimientos sociales de vigilancia del poder y fomentando un voto informado, libre de manipulación o clientelismo.
Por último, el partido en el Gobierno teme la aparición de nuevas revelaciones relacionadas con casos de corrupción, mientras sus socios comienzan a tomar posiciones estratégicas. El secretario general de JxCat, Jordi Turull, lo expresó con claridad al afirmar: “En Madrid no tenemos amigos, tenemos intereses. Esto es una crisis del sistema político español y no hará que nos desviemos del objetivo de defender Cataluña y aprovechar las debilidades del Estado”.
En conclusión, hemos constatado la preocupante fragilidad de la democracia en la que hoy se encuentra España. Sin embargo, gracias a la labor valiente de jueces, fiscales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, periodistas e informadores independientes, así como al despertar de una parte creciente de la ciudadanía, aún existe una respuesta firme frente a esta amenaza. Para evitar que el país caiga en manos de una autocracia, es imprescindible que
permanezcamos unidos y comprometidos en la defensa de nuestros principios democráticos.
Cabe destacar las palabras del letrado José María de Pablo: “Nada de lo que aparece en el informe de la UCO de hoy es más grave, ni se le acerca, a la compra de siete votos a cambio de una autoamnistía. La corrupción grave de verdad fue aquello. Esto son migajas”. La Unión Europea también ha puesto el foco en la autoamnistía, al considerar que se trató de una compraventa de apoyos parlamentarios para lograr la investidura del presidente, a cambio de una amnistía que no responde a un interés general reconocido en el marco legal europeo.
“Una democracia no se destruye de un día para otro, pero tampoco se defiende sola. Hoy más que nunca, es deber de todos protegerla”.
