Radioblog #LaVida: El precio del poder y la renuncia a la nación, por Manoly Roldán
El domingo 8 de octubre de 2017, Sociedad Civil Catalana (SCC) organizó una multitudinaria manifestación en Barcelona. A ella acudieron miles de ciudadanos de toda España, portando banderas españolas, con el objetivo de mostrar su rechazo al referéndum ilegal del 1 de octubre, a la amenaza de una declaración unilateral de independencia por parte del Govern catalán, y en defensa de la Constitución, la unidad de España y el Estado de Derecho.
Entre los asistentes se encontraban ciudadanos anónimos, representantes de la sociedad civil y dirigentes políticos de Ciudadanos, PSOE-PSC y PP. Destacaron figuras como Josep Borrell, Salvador Illa, el escritor Mario Vargas Llosa (fallecido recientemente), Enric Millo, Xavier García Albiol, Albert Rivera, Inés Arrimadas, entre otros.
El 3 de octubre de 2017, el Rey Felipe VI se dirigió a la ciudadanía de Cataluña y del resto de España mediante un discurso institucional. El 10 de octubre, el presidente Puigdemont declaró y suspendió la independencia. Finalmente, el 27 de octubre, el Parlamento catalán aprobó una resolución que proclamaba la República Catalana como Estado independiente, lo que llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a aplicar el artículo 155 de la Constitución, destituyendo al Ejecutivo autonómico y convocando elecciones catalanas para el 21 de diciembre.
Carles Puigdemont logró huir de España el 29 de octubre de 2017, presuntamente escondido en el maletero de un coche. Desde noviembre de ese año reside en Waterloo (Bélgica), en la llamada “Casa de la República”, donde fundó un gobierno paralelo al catalán bajo el nombre de Consell per la República (Consejo por la República) del que fue su primer presidente hasta noviembre de 2024. Desde el 27 de octubre de ese año ejerce nuevamente como presidente de JxCat. Regresó temporalmente a Barcelona con motivo de la toma de posesión de Salvador Illa, el 8 de agosto de 2024, donde pronunció un discurso en el Arco del Triunfo, y logró escapar nuevamente sin ser detenido…
Por otro lado, desde 2017 hasta la actualidad, han tenido lugar numerosos acontecimientos. Uno de los más significativos fue el cambio de Gobierno a través de una moción de censura impulsada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, motivada por la sentencia del caso Gürtel. Pedro Sánchez accedió al poder el 1 de junio de 2018, con el respaldo de partidos independentistas como ERC y PDeCat (actual JxCat), nacionalistas como PNV y EH Bildu, y fuerzas de izquierda como Unidas Podemos, Compromís y Nueva Canarias. Gobernó desde el 2 de junio de 2018 hasta el 13 de enero de 2020.
Durante esa etapa, Pedro Sánchez convocó elecciones generales en dos ocasiones: el 28 de abril y el 10 de noviembre de 2019. Tras los comicios, logró formar un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo externo de partidos como ERC, PNV, EH Bildu, Más País, entre otros. Este período de mandato se extendió desde el 13 de enero de 2020 hasta el 23 de julio de 2023. El acontecimiento más trágico de este período fue la pandemia del Covid-19, que dejó un saldo de 121.760 fallecidos en España, según datos del Ministerio de Sanidad hasta mediados de 2023.
En esa legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez alcanzó diversos acuerdos con ERC, entre los que destaca la creación de una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. En ese marco, el Ejecutivo reconoció la existencia de un conflicto político entre el Estado y Cataluña. Entre las concesiones acordadas figuraron: el impulso del uso del catalán en plataformas como Netflix, inversiones en infraestructuras, el traspaso de becas, la cesión del servicio de cercanías ferroviarias, la eliminación del delito de sedición y la reducción del delito de malversación en los casos sin ánimo de lucro. Estas últimas modificaciones legales facilitaron el indulto, el 22 de junio de 2021, a los nueve políticos condenados por el ‘procés’, con la excepción de los que permanecían prófugos en el extranjero, como Carles Puigdemont y otros.
Posteriormente, el 23 de julio de 2023 se celebraron nuevas elecciones generales. Aunque el Partido Popular obtuvo la mayoría de votos, Pedro Sánchez logró revalidar su mandato al formar un Gobierno de coalición entre el PSOE y SUMAR. Contó, además, con el respaldo parlamentario de partidos independentistas, nacionalistas y de izquierda radical, lo que le permitió alcanzar la mayoría necesaria. Inició oficialmente su nuevo mandato el 23 de noviembre de 2023, que continúa vigente en la actualidad.
En esta nueva legislatura, JxCat se convirtió en una pieza clave para la investidura de Pedro Sánchez. Para garantizar su apoyo, el presidente del Gobierno se vio obligado a firmar una serie de compromisos el 9 de noviembre de 2023. Entre ellos se incluía la creación y aprobación de una Ley de Amnistía, que abarca los actos relacionados con el “procés” ocurridos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. Dicha ley fue aprobada el 30 de mayo de 2024 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de junio del mismo año.
El Tribunal Supremo se opuso frontalmente a la aprobación de la Ley de Amnistía, al considerar que vulnera varios principios fundamentales recogidos en la Constitución Española. Entre ellos: el principio de igualdad ante la ley (art. 14), el de legalidad y seguridad jurídica (art. 9.3), la independencia judicial (art. 117.1), la responsabilidad en el uso de fondos públicos (arts. 31.2 y 103.1) y la prohibición de indultos generales (art. 62.i).
Después, la Ley de Amnistía fue elevada al Tribunal Constitucional (TC), actualmente compuesto por una mayoría de seis magistrados progresistas frente a cuatro conservadores. Hace pocos días, la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán Huertas, presentó un informe favorable a la constitucionalidad de la ley, en respuesta al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular. Entre sus principales argumentos destacan: la ausencia de una prohibición expresa en la Constitución, el respeto al principio de proporcionalidad y a la no arbitrariedad, la amplitud competencial del Parlamento ante la falta de un veto explícito, la defensa del pluralismo político y la invocación de la supremacía del TC como único intérprete constitucional. Esta ponencia será discutida el 10 de junio y sometida a votación el 24 de este mes. No obstante, la ley podría enfrentar contratiempos en función del tiempo que tarde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por algunas instancias judiciales españolas.
Junto a la Ley de Amnistía, se acordó también la creación de una mesa de diálogo con la figura de un mediador internacional: Francisco Galindo, exdiplomático salvadoreño. Las reuniones se celebran de forma periódica en Suiza, y Galindo actúa como verificador del cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno español y JxCat, en un formato que recuerda al de una negociación entre dos Estados. Actualmente, Carles Puigdemont exige avances concretos hacia la celebración de un referéndum de autodeterminación, punto en el que se encuentra bloqueado el proceso.
El papel adoptado por ERC es el de coordinación con JxCat para conformar un frente común. Entre sus principales objetivos figuran: presionar para que se aplique plenamente la Ley de Amnistía; negociar mejoras en la financiación autonómica, el traspaso de competencias y la política lingüística; así como promover la defensa del catalán tanto en el ámbito nacional como en el europeo, especialmente en los sectores de la educación y la administración pública.
Por otra parte, mientras Cataluña ha ido acumulando cada vez más concesiones y privilegios. Entre ellos se incluyen: la Ley de Amnistía, la condonación parcial de su deuda autonómica, el traspaso del servicio de trenes de cercanías, la ampliación de la plantilla de Mossos d’Esquadra, una financiación singular (similar al modelo del cupo vasco), la creación de una hacienda propia, la gestión del IRPF, y la publicación de la balanza fiscal entre Cataluña y el Estado. También ha obtenido el reconocimiento de una mesa de diálogo de carácter internacional y una asignación destacada de fondos europeos Next Generation (4.556 millones de euros, el 16 % del total de 28.000 millones). Además, está en trámite el traspaso de la competencia en materia de inmigración, y se encuentra en proceso de negociación la conversión del Institut Català de Finances (ICF) en un banco público, a la espera del visto bueno del Banco de España.
Por su parte, el poder del Ejecutivo español se ha ido debilitando progresivamente. Desde los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados en 2023, el Gobierno no ha logrado sacar adelante nuevas cuentas
públicas ni otras leyes relevantes, debido a la falta de respaldo unánime por parte de sus socios parlamentarios. Esta parálisis legislativa resulta especialmente preocupante en un contexto internacional marcado por desafíos como los aranceles impuestos por Donald Trump, que afectan de forma directa a la economía española, a la Unión Europea y a muchos otros países del mundo.
Otro asunto urgente es el proceso de rearme de la Unión Europea ante el peligro inminente que representa Rusia en el marco de su guerra con Ucrania. Si el conflicto se prolonga, sus efectos podrían extenderse más allá de las fronteras del Este europeo. Se estima que Rusia está reforzando activamente su capacidad militar, y en caso de percibir debilidad o falta de preparación en Europa, no dudaría en atacar a países de la Unión. Entre los más expuestos figuran aquellos que han mostrado un apoyo más firme a Ucrania, como el Reino Unido, Alemania, Francia o Polonia.
Según el Gobierno de Estados Unidos y la OTAN, España debe incrementar su inversión en Defensa y Seguridad, elevando su presupuesto del 2 % al 5 % del PIB con el fin de reforzar su capacidad disuasoria. Para ello, resulta imprescindible aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, lo cual implicaría realizar ajustes económicos que, previsiblemente, serán dolorosos para la ciudadanía. Esta acción debe llevarse a cabo con urgencia, ya que, como advierten diversos analistas, Vladimir Putin no esperará a que Europa esté preparada; atacará cuando lo considere oportuno, y si percibe debilidad, actuará con mayor determinación.
No debemos caer en la falsa seguridad de que, por estar geográficamente lejos de Rusia, España está a salvo. En caso de ataque, un misil balístico intercontinental podría alcanzar nuestro territorio en apenas 6 a 10 minutos, y un misil hipersónico táctico lo haría en tan solo 7 a 12 minutos. Actualmente, los países más expuestos a una agresión rusa son aquellos que comparten frontera o proximidad estratégica con Moscú, como Estonia, Letonia y Lituania. Como miembros de la OTAN, nos corresponde colaborar activamente con ellos; de lo contrario, ¿con qué legitimidad podríamos reclamar ayuda si España fuera atacada por Marruecos u otro país?
A pesar de todos estos acontecimientos, y del creciente número de casos de corrupción que afectan al entorno gubernamental, el presidente del Ejecutivo se resiste a convocar elecciones anticipadas. Su intención declarada es agotar la legislatura hasta 2027. Ante cada nuevo escándalo, opta por guardar silencio o desviar la atención, mientras prosigue con su hoja de ruta: cumplir los compromisos adquiridos con sus socios catalanes y vascos con el objetivo de mantenerse en el poder.
Paralelamente, avanza en su proyecto de transformación del modelo territorial hacia una España federal o confederal, plurinacional y plurilingüe. Esta intención quedó reflejada en la última Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada el viernes 6 de junio en Barcelona, donde se utilizaron pinganillos de traducción simultánea para entender a los presidentes autonómicos de Cataluña y Euskadi, que intervinieron en sus lenguas cooficiales.
Este episodio evidenció un creciente menosprecio hacia la lengua oficial del Estado, el español, que es común y comprensible para todos los ciudadanos. Mientras el Gobierno promueve activamente el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en la Unión Europea, ha desatendido una reivindicación histórica: que el español sea también lengua de trabajo interna en las instituciones europeas, al mismo nivel que el alemán, el francés o el inglés. Para lograrlo, se requiere que el propio Gobierno lo solicite y defienda con la misma firmeza con la que impulsa el estatus internacional de las lenguas regionales.
Por último, ante la gravedad de los acontecimientos y la sensación generalizada de estancamiento político, el pasado 10 de mayo más de cien asociaciones convocaron una manifestación en la Plaza de Colón de Madrid para exigir la dimisión del presidente Pedro Sánchez.
Las reivindicaciones continúan. El pasado domingo 8 de junio, el Partido Popular convocó una nueva manifestación en la Plaza de España de Madrid. A pesar de ser domingo y del intenso calor, miles de ciudadanos acudieron desde
distintos puntos del país. Bajo el lema “Mafia o democracia”, la concentración estuvo marcada por una multitud de banderas y paraguas con los colores de España, y en diversas ocasiones el público repitió: “¡Pedro Sánchez, dimisión!”.
A continuación, se recoge un resumen de las principales intervenciones durante el acto:
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, afirmó que La Moncloa se ha convertido en el centro de negocios de la familia Sánchez. Mencionó a Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y el propio presidente, señalando que quieren apropiarse del país. Denunció que el Gobierno fue “comprado” con una amnistía, y advirtió que vienen tiempos difíciles. Defendió la necesidad de fortalecer la democracia y la convivencia, y criticó que solo una persona sabe cuándo serán las elecciones, el que está en un bunker.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, declaró que todos son bienvenidos a Madrid, independientemente de su origen o lengua, pero exigió esfuerzo y trabajo. Acusó al Gobierno de comportarse como una mafia, mencionó el apagón del 28 de abril y el reciente escándalo de “la fontanera”, y denunció ataques a jueces, empresarios y periodistas. Criticó la amnistía, el acercamiento a partidos filoetarras y el abandono de la Guardia Civil. Comparó la situación con Venezuela, y advirtió que lo que hoy hace el PSOE lo pagaremos por décadas.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, aseguró que España está cansada pero no vencida. Afirmó que no se trata de siglas políticas, sino de decencia, dignidad y democracia. Pidió elecciones y advirtió que la democracia no se defiende sola, sino por sus verdaderos propietarios: los ciudadanos. Criticó la corrupción del Ejecutivo, al que acusó de “mancharlo todo”, y se comprometió a ofrecer un gobierno decente. Exigió a Sánchez que deje de esconderse, mentir y huir. Prometió llevarlo a la oposición y afirmó que “España no es un cortijo de siervos”.
El acto concluyó con una fotografía conjunta en la que participaron los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, junto a los presidentes
autonómicos del Partido Popular. El evento finalizó con la interpretación del himno nacional de España, coreado por los asistentes.
En conclusión, este escrito ha intentado ofrecer una síntesis de los principales cambios políticos y sociales ocurridos en España desde octubre de 2017, con especial atención al avance del independentismo catalán y la transformación del PSOE-PSC, que ha pasado de defender la unidad nacional a pactar con quienes buscan desmantelarla, todo a cambio de mantenerse en el poder.
España atraviesa una etapa de profunda división, marcada por la corrupción, el descrédito institucional y una ciudadanía desconcertada que aún no asimila del todo la magnitud de los acontecimientos.
Solo queda hacer un llamado al Gobierno para que tome conciencia del rumbo que está tomando el país. Los ciudadanos no eligieron a sus representantes para que degraden el Estado de Derecho, la Constitución o la separación de poderes, sino para que gobiernen con transparencia, respeto institucional, libertad de prensa y auténtica vocación democrática.
“El precio del poder no puede ser la ruptura de España ni la impunidad negociada. La historia juzgará, pero los ciudadanos debemos actuar antes de que sea demasiado tarde»
