Radioblog #LaVida: El reto legal y social del nuevo pacto migratorio europeo, por Manoly Roldán
Desde 1985, bajo el gobierno del expresidente Felipe González, se aplica en España el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), fruto de un acuerdo de colaboración con Marruecos. Su objetivo declarado es preservar la lengua y la cultura de los alumnos de origen marroquí. Además, se imparten contenidos de carácter religioso, como el Corán y la Sunna.
Los cursos son financiados por la Fundación Hassan II y supervisados directamente por el gobierno marroquí, que también se encarga de seleccionar al profesorado. Por su parte, el Estado español colabora facilitando aulas y recursos educativos, así como coordinando la gestión y supervisión del programa junto a las comunidades autónomas y la Embajada de Marruecos.
El programa se imparte en centros públicos de educación Primaria y Secundaria de doce comunidades autónomas (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Illes Balears y Madrid), fuera del horario lectivo y con carácter voluntario. En Andalucía, su implantación es especialmente significativa en las provincias de Almería y Sevilla.
El pasado 24 de abril, el portavoz de Vox en Almería denunció públicamente el acuerdo, calificándolo como “una cesión de soberanía educativa a un país extranjero y una forma de islamización financiada con impuestos españoles”. Solicitó tanto al Gobierno central como al Ejecutivo andaluz la retirada de estos cursos, argumentando que “no fomentan la integración de los marroquíes y promueven la sustitución de la cultura española”. Asimismo, criticó la convocatoria de puestos de trabajo que requieren el dominio del “idioma marroquí” o valoran conocimientos de árabe, lo que, según su posición, rompe la igualdad de oportunidades laborales para la población española.
En Cataluña, el PLACM también está en funcionamiento y se imparte en 122 centros educativos distribuidos por las cuatro provincias.
Mientras que el colectivo marroquí parece contar con una protección institucional evidente, no ocurre lo mismo en otros casos, como el del centro educativo Mare de Déu del Carme de Terrassa (Barcelona). El pasado 23 de mayo, el Parlament de Catalunya debatió su situación tras la denuncia de varias familias. El grupo de los Comunes, con el apoyo del PSC, JxCat, ERC y la CUP, pidió retirar su concierto económico alegando una supuesta radicalización ideológica del centro por su orientación católica. Entre los argumentos esgrimidos se mencionan el aumento de las horas de religión (de una a dos semanales) y la práctica de acudir a rezar a una iglesia cercana, etc. Según estos grupos parlamentarios, dichas prácticas “vulneran derechos fundamentales o difunden discursos de odio, contrarios a los valores democráticos y constitucionales”.
Por su parte, el centro educativo niega haber experimentado un cambio ideológico y afirma que los ajustes introducidos responden a las necesidades reales del alumnado, sin vulnerar en ningún caso la legislación educativa vigente. Actualmente, el centro se encuentra bajo investigación.
Esta situación de trato desigual no se limita al ámbito religioso, sino que también se refleja en la política lingüística impulsada por la administración catalana. Se destinan importantes recursos públicos a la promoción del catalán tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de convertirlo en lengua oficial de la Unión Europea. Paralelamente, se denuncia un progresivo arrinconamiento de la lengua y la cultura española, con la imposición de sanciones a quienes se resisten a utilizar el catalán en centros educativos, comercios, servicios sanitarios, e incluso en el ámbito empresarial y judicial.
Si el programa se ejecuta correctamente, puede contribuir a fortalecer la identidad cultural del alumnado, fomentar el bilingüismo o plurilingüismo, mejorar la implicación de las familias y complementar la enseñanza del currículo español. Sin embargo, si su aplicación no es adecuada, puede generar riesgos o limitaciones en la integración lingüística y social del alumnado, dificultar su exposición al español, y ser percibido por la comunidad educativa como un trato diferenciado o privilegiado.
Por otro lado, Cataluña es una de las comunidades autónomas donde la inmigración registra un crecimiento más pronunciado. Según datos oficiales del Idescat a 1 de enero de 2025, el colectivo extranjero más numeroso es el de origen marroquí, con 241.179 personas (16,7% del total de extranjeros), seguido por el de Colombia (94.196; 6,5%), Italia (86.822; 6,0%), Rumanía (85.922; 5,9%) y China (63.954; 4,4%), entre otros.
A nivel nacional, los datos del INE a 1 de enero de 2025 indican que la población total de España roza los 50 millones de habitantes. De ellos, 6.852.348 (14%) tienen nacionalidad extranjera, y 9.379.972 (19,1%) son residentes nacidos en el extranjero. El grupo más numeroso corresponde a personas procedentes de Marruecos (1.092.892), seguido de Colombia (856.616), Venezuela (599.769), Rumanía (532.456) y Ecuador (448.643), entre otros.
El incremento de la población extranjera en Cataluña responde a políticas aplicadas desde finales del siglo XX, sumado a factores económicos que empujaron a muchas personas a emigrar desde sus países de origen hacia Europa. En el caso específico de Cataluña, la demanda de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios favoreció la llegada de trabajadores inmigrantes.
Vox fue fundado el 17 de diciembre de 2013 en Madrid y desde sus inicios ha defendido la inmigración legal y controlada. En el ámbito catalán, logró representación en el Parlament de Cataluña en las elecciones de 2021 y 2024, obteniendo 11 escaños en ambas convocatorias.
En julio de 2020 se fundó el partido Aliança Catalana, liderado por Sílvia Orriols, quien previamente había militado en el Front Nacional de Catalunya (FNC). En mayo de 2023, la formación obtuvo seis concejales y Orriols fue investida alcaldesa de Ripoll (Girona). Un año después, en mayo de 2024, el partido logró entrar en el Parlament de Cataluña con dos diputados. Actualmente tiene presencia en las provincias de Barcelona, Gerona y Lérida. Su ideario combina la defensa de la independencia de Cataluña con un discurso abiertamente contrario a la inmigración musulmana y a los símbolos religiosos islámicos en el espacio público, especialmente en la vestimenta femenina.
El ascenso de Aliança Catalana ha supuesto un desafío para partidos tradicionales como ERC y JxCat, que han visto como algunos de sus simpatizantes e incluso cargos locales han comenzado a trasladar su apoyo hacia la formación liderada por Orriols. Esta situación ha obligado a dichos partidos a replantear sus estrategias y discursos, especialmente en lo referente a la inmigración y a la defensa de la identidad catalana.
Ante la posibilidad de una pérdida significativa de votos en futuras elecciones, JxCat se ha visto forzado a endurecer su discurso en materia migratoria. Entre sus propuestas figura la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos, así como del velo en centros educativos, culturales o deportivos, y del burkini en instalaciones recreativas, alegando razones de seguridad y lucha contra la discriminación de las mujeres. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2013 avala el uso de estas prendas, y cualquier restricción podría considerarse una vulneración del derecho a la libertad religiosa.
Carles Puigdemont ha manifestado su intención de reformar la legislación en materia migratoria una vez se haga efectiva la cesión de competencias desde el Gobierno central a la Generalitat. Su objetivo sería eliminar los obstáculos legales que impiden aplicar medidas restrictivas como la prohibición del niqab o el burkini en el espacio público.
Cabe preguntarse a qué obedece el rechazo de estos tres partidos al uso de determinadas prendas islámicas. Algunas posibles respuestas son: el temor a la pérdida de la identidad cultural española o catalana; el miedo a un posible reemplazo demográfico que derive en la imposición de normas o valores ajenos a los occidentales; la asociación del islam con falta de integración, machismo o intolerancia; la percepción de que estas vestimentas dificultan la identificación de personas y representan una amenaza a la seguridad o a la convivencia; así como la presión social o la competencia electoral entre partidos.
Por otra parte, sigue pendiente el reparto de 5.400 menores extranjeros no acompañados (MENAS) procedentes de Canarias y Ceuta hacia otras comunidades autónomas. Como menores de edad, tienen derecho a la protección del Estado. Sin embargo, también es necesario adoptar medidas que contribuyan a evitar la repetición sistemática de este fenómeno. Entre las posibles actuaciones se podrían considerar:
Repatriación con garantías: promover el retorno de los menores a sus países de origen siempre que se pueda garantizar su seguridad, dado que lo más adecuado es que estén con sus familias y no en centros tutelados en Europa.
Desarticulación de redes de tráfico: frenar la entrada sistemática de menores a través de mafias, ya que muchos son enviados deliberadamente por sus familias como vía para una posterior legalización o reagrupación familiar.
Sistema de acogida profesionalizado y limitado: establecer centros especializados con personal capacitado y con un número de plazas ajustado a la capacidad real de atención e integración.
Cambios legales para casos reincidentes: introducir reformas legislativas que permitan la repatriación inmediata de menores conflictivos o reincidentes en actos delictivos.
Cooperación internacional efectiva: invertir en programas de cooperación con los países de origen centrados en formación, empleo juvenil, acceso a la educación y servicios sociales básicos, con el fin de reducir las causas estructurales de la migración infantil.
Por último, el 14 de mayo de 2024, el Consejo de la Unión Europea adoptó la reforma del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Su objetivo es establecer un sistema común y coordinado para la gestión de los flujos migratorios y las solicitudes de asilo en el conjunto de la Unión, promoviendo la responsabilidad compartida y la solidaridad entre los Estados miembros. El pacto incluye las siguientes medidas clave:
Controles fronterizos más estrictos: se introducirán procedimientos previos a la entrada, que incluirán identificación, controles sanitarios y de seguridad, así como el registro obligatorio en la base de datos Eurodac.
Procedimientos de asilo acelerados: se agilizarán las solicitudes, especialmente en las fronteras exteriores, para determinar con mayor rapidez si se concede protección internacional o se procede al retorno.
Solidaridad flexible: los Estados miembros podrán elegir entre reubicar a solicitantes de asilo, ofrecer apoyo financiero o prestar asistencia operativa, en función de sus capacidades.
Externalización de la gestión migratoria: se contempla la posibilidad de firmar acuerdos con terceros países para tramitar solicitudes de asilo o ejecutar retornos, siguiendo modelos como el acuerdo entre Italia y Albania.
Los Estados miembros de la Unión Europea disponen de un plazo de dos años para transponer e incorporar las disposiciones del pacto a sus respectivas legislaciones nacionales. En ese período, se prevé el desarrollo de los marcos legales y operativos necesarios para garantizar su aplicación efectiva sobre el terreno.
Asimismo, a continuación se presentan algunas medidas complementarias para reforzar la política migratoria europea (con ejemplos internacionales):
Control fronterizo: refuerzo operativo y normativo de las fronteras exteriores mediante vigilancia naval y terrestre, interceptación directa y retorno inmediato. Australia: operación “Sovereign Borders”, que intercepta embarcaciones ilegales y devuelve a los migrantes sin permitirles entrar.
Repatriaciones eficaces: retorno obligatorio de migrantes sin derecho de asilo, mediante acuerdos bilaterales vinculantes y procedimientos exprés. Dinamarca: externaliza la tramitación de solicitudes en terceros países como Ruanda y prioriza las deportaciones.
Cooperación con terceros países: condicionar la ayuda financiera y los visados a resultados concretos en materia de control fronterizo y devoluciones. Alemania-Túnez: acuerdos para retornos rápidos a cambio de formación profesional y cooperación económica.
Sistema de asilo centralizado: creación de un centro europeo de asilo con criterios comunes, reparto obligatorio de solicitantes y plazos límite. Canadá: solo admite refugiados desde países seguros, bajo cuotas estrictas y controladas.
Reubicación obligatoria o compensada: distribución equilibrada de migrantes entre Estados miembros mediante cuotas obligatorias o pagos compensatorios.
Alemania: acepta repartos bajo condiciones; Polonia y Hungría los rechazan abiertamente.
Inmigración laboral legal: sistema de cupos sectoriales europeos, con visados por puntos y formación previa. Canadá: aplica un sistema de puntos basado en idioma, formación, edad y contrato previo, priorizando perfiles cualificados.
Vigilancia de ONGs: auditoría financiera y control legal de las organizaciones que operan en el mar; prohibición de colaborar con mafias o realizar rescates sin destino autorizado. Italia (gobierno de Meloni): controla las ONG extranjeras y exige coordinación con la Guardia Costera.
Acceso escalonado a ayudas sociales: vincular las prestaciones públicas al tiempo de residencia legal y al nivel de integración. Suiza: restringe el acceso a ayudas si no se demuestra autosuficiencia económica e integración efectiva.
Gestión del impacto en barrios vulnerables: reparto territorial de la inmigración para evitar sobrecarga y deterioro social en zonas concretas.
Francia: limita los asentamientos en barrios saturados y aplica políticas específicas en “zonas prioritarias”.
Modelo de integración activo: contrato obligatorio que incluya el aprendizaje del idioma, valores democráticos y normas de convivencia.
Dinamarca: exige test de integración, contrato vinculante y retirada de ayudas si no se cumplen los estándares.
En conclusión, España y otros Estados miembros de la Unión Europea afrontan el reto de una inmigración irregular creciente. En el caso español, solo en 2024 se registraron 63.970 llegadas, de las cuales 61.323 fueron por vía marítima y 2.647 por tierra, sin que existan datos detallados sobre la vía aérea.
La mayoría de estos migrantes proceden de Marruecos, lo que ha generado preocupación en parte de la sociedad y en determinados partidos políticos, especialmente a la vista de los problemas de integración que ya se perciben en países vecinos.
Se espera que España transponga con firmeza el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, y que su aplicación contribuya al equilibrio entre los principios de solidaridad y control efectivo de fronteras. De lo contrario, podrían reproducirse escenarios como el que vive actualmente Francia, donde su ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha advertido: “Estamos ante un debate crucial. Los islamistas rechazan la separación que exige la laicidad, el principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa. Los valores de nuestra historia y vida social, asegurando las libertades, garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, sean creyentes o no, pero están hoy amenazados por una visión totalitaria del islam, superior a su modo de ver, a nuestras leyes e instituciones”.
“La convivencia no se construye cediendo, sino defendiendo con claridad aquello que nos une, no se trata de rechazar al otro, sino de no renunciar a nosotros mismos. Una sociedad que renuncia a defender su identidad, sus leyes y su cultura, tarde o temprano dejará de reconocerse a sí misma”.
