Radioblog #LaVida: «Entre conflictos globales y desafíos internos: España ante la demanda de elecciones anticipadas», por Manoly Roldán
Este mes de abril, que ya finaliza, ha sido uno de los más convulsos de los últimos tiempos. Un mes para recordar los numerosos acontecimientos de calado nacional e internacional: la guerra entre Gaza e Israel, de difícil solución; el conflicto entre Rusia y Ucrania, aún en proceso y a la espera de un arreglo; los aranceles impuestos por Donald Trump; la muerte del escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa; el resurgir del sentir cristiano durante la Semana Santa a nivel mundial; y la reciente muerte y sepultura del Papa Francisco, a cuya ceremonia acudieron miles de feligreses, representantes políticos de todo el mundo, casas reales europeas y embajadores, con algunas notables ausencias como Vladimir Putin, Xi Jinping, Benjamín Netanyahu y Claudia Sheinbaum. Resta aún la elección del nuevo Papa, prevista entre el 5 y el 10 de mayo próximos.
La guerra comercial o arancelaria iniciada por el Gobierno de Donald Trump afectó a una infinidad de países en todo el mundo. La economía china fue la más perjudicada, al imponer a EE.UU. un arancel del 145 % a sus productos de exportación. Las consecuencias fueron inmediatas: suspensión de envíos, anulación de pedidos, cierre de fábricas, aumento del desempleo y mayor pobreza. Como respuesta, China aplicó un arancel del 125 % a los productos procedentes de Norteamérica.
Según el periodista Guy Sorman, los aranceles perjudican especialmente a la clase media y pobre de Estados Unidos: «reducen su poder adquisitivo, aumentan el precio de los bienes de consumo y destruyen su capital de jubilación, la mayor parte del cual está invertido en el mercado de valores». Además, los efectos negativos de estos aranceles se extienden al conjunto de la población mundial. El gobierno norteamericano concedió un plazo de 90 días para que los países afectados pudieran negociar posibles acuerdos.
Las ventas que las empresas chinas no pueden realizar a Estados Unidos se redirigen hacia Europa y otros mercados, lo que perjudica a diversos Estados de la Unión Europea, especialmente en los sectores agrícola, industrial y automotriz tradicional. Muchas empresas se ven obligadas a reducir su producción o cerrar, al
no poder competir con los precios más bajos y la mano de obra más barata de China. En este sentido, sería necesario establecer límites a la entrada de productos chinos en España y en el conjunto de la UE.
En cuanto a España, ha aumentado sus exportaciones hacia China de 553 a 759 millones de euros, mientras que han disminuido las destinadas a Estados Unidos y al resto de países de la Unión Europea. En paralelo, las importaciones se han incrementado en un 23 % respecto a los dos últimos meses en comparación con el año anterior.
Asimismo, hemos observado la preferencia del Gobierno español por estrechar lazos comerciales con China en detrimento de Estados Unidos. Esta elección podría salir cara. De momento, ya se ha visto reflejada en la cancelación del contrato público para la construcción del proyecto de tren de alta velocidad entre Dallas y Houston (Texas), que afectaba a la empresa Renfe por un valor de 5.300 millones de dólares. El motivo alegado fue que el proyecto resultaba «inviable y arriesgado para el contribuyente estadounidense».
Se espera que las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo entre Estados Unidos y la Unión Europea resulten satisfactorias para ambas partes, y que no se acabe defendiendo a China con todas las implicaciones que ello conlleva. Todo empieza en el ámbito económico, pero termina en la imposición de su ideología comunista, como ya ocurrió en países como Cuba o Venezuela.
Por otro lado, en España, los acontecimientos políticos no dejan de empeorar. El Gobierno sigue funcionando con los Presupuestos de 2023, y prorrogados los años 2024 y 2025. No cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para presentar unos nuevos presupuestos, lo que dificulta considerablemente la aprobación de nuevas leyes. Nos encontramos, en definitiva, ante una legislatura que agoniza.
Se da además la circunstancia de que los socios del Gobierno no comparten la necesidad de impulsar el “plan de rearme” exigido por la OTAN, la Comisión Europea y Estados Unidos. Ante esta situación, el Ejecutivo se ha visto obligado a presentar el “Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa”, que consiste en incrementar la aportación en Defensa del 1,24 % al 2 % del PIB, lo que
supone destinar 10.471 millones de euros adicionales hasta alcanzar los 33.123 millones de euros. El plan será revisado tanto por la OTAN como por Bruselas.
El problema es que esta decisión se ha adoptado de forma unilateral, sin someterse al veredicto de los miembros del Congreso, debido a la falta de apoyos entre sus socios de Sumar y Podemos (que incluso reclaman la salida de España de la OTAN). Esta fórmula resulta perjudicial, ya que la deuda generada por el aumento del gasto en Defensa deberá ser asumida durante varios años. El jefe del Ejecutivo tiene previsto explicar esta semana el incremento del gasto en Defensa ante el Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno ha afirmado que no tocará el gasto social, ni subirá los impuestos ni el déficit, a diferencia de lo que ha hecho Alemania. Sin embargo, lo más probable es que este incremento en el gasto de Seguridad y Defensa termine repercutiendo en la ciudadanía a través de nuevos impuestos, como ya reclama el partido catalán ERC: la implementación de “impuestos ecológicos” que afectarían al queroseno a nivel europeo y a los vuelos dentro del territorio nacional, con un impacto directo en el sector turístico. Con esta subida, el Gobierno alcanzaría un total de 94 incrementos fiscales desde su llegada al poder; según el Partido Popular, serían 97 si se contabilizan las tres últimas subidas de cotizaciones.
Lo preocupante es que el gasto en Defensa no se detendría en el 2 % del PIB, ya que se está exigiendo alcanzar un mínimo del 3 % o incluso del 3,5 %. Algunos países ya están aumentando sus inversiones en vista del peligro que representa Rusia para Europa y otras regiones. Además, la guerra moderna no se libra únicamente en tierra, mar y aire, sino también en el espacio. Según el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, “Putin está preparando una aeronave que orbita la Tierra equipada con armas nucleares, capaz de paralizar el funcionamiento de cientos o miles de satélites mediante radiación nuclear”. Actualmente, Estados Unidos cuenta con el mayor número de satélites en órbita, aproximadamente 7.000.
España, junto con el resto de países de la Unión Europea, debe aumentar su aportación a la OTAN para ganar mayor peso y relevancia en la organización. Es probable que Estados Unidos, debido a su creciente interés estratégico en Hispanoamérica y Asia, delegue parte de la gestión europea en un representante.
Por ello, una mayor implicación europea en defensa es esencial para garantizar su autonomía y seguridad.
También se ha producido un hecho sin precedentes: el Ejecutivo anuló un pedido formalizado recientemente con una empresa distribuidora de productos de defensa y seguridad israelí. El contrato, valorado en 6,6 millones de euros, consistía en el suministro de munición. La justificación oficial fue el «interés general», pero en realidad obedeció a las presiones de su socio de gobierno, Sumar, quien amenazó con romper la coalición si el contrato se mantenía. Tanto su socio como el propio Ejecutivo son firmes defensores de Gaza y sostienen que no debe realizarse ninguna compra a Israel.
Existe el riesgo de que esta rescisión de contrato conlleve el pago de una indemnización sin recibir nada a cambio. Al Gobierno israelí no le sentó bien la decisión española y respondió afirmando que “el Gobierno español antepone la ideología a la seguridad del país”. Resulta llamativo que, desde el inicio del ataque terrorista de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, ambos gobiernos hayan mantenido relaciones comerciales de compra-venta de material de defensa, servicios de mantenimiento y acuerdos de confidencialidad con el CNI, entre otros.
Se repite una situación similar a la ocurrida con Rusia: no debería haberse comprado nada mientras continuara la guerra contra Ucrania, y sin embargo, ha sido precisamente durante el conflicto cuando más gas se ha adquirido a este país.
Ante esta situación, cabe plantearse varias preguntas: ¿por qué España y otros países compran productos de defensa y seguridad a Israel? ¿Quiénes son los países suministradores de material a Gaza?
Por otra parte, los casos de corrupción no cesan y cada vez acorralan más al Gobierno central. Los partidos políticos ya se están preparando para unas posibles elecciones generales, a través de iniciativas como la modificación de la Ley Electoral, cambios en la financiación de los partidos participantes o la propuesta de ley para prohibir la Fundación Francisco Franco. Esta última podría incluso derivar en la disolución de partidos por razones ideológicas, como podría ser el caso de Vox, algo que debería corresponder únicamente a los jueces mediante la aplicación
de la Ley de Partidos Políticos. Según Maite Loureiro, esta ley contra la Fundación Franco podría vulnerar varios artículos de la Constitución Española: 14, 16, 20, 22, 25 y 53.
También está en el centro de la polémica el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien, pese a su situación judicial, ha continuado nombrando jueces. A petición del juez instructor, se han recuperado los mensajes que García Ortiz habría borrado de sus dispositivos electrónicos, mediante solicitudes a las empresas Google y Meta (propietaria de WhatsApp). El Tribunal Supremo ha abierto una causa secreta contra el fiscal general, y la Unidad Central Operativa (UCO) deberá elaborar un informe sobre los mensajes intercambiados durante los días en que se produjo la presunta filtración de datos confidenciales de un ciudadano particular: en este caso, la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz A.
Ante la situación que atraviesa España en relación con el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Europa ha recomendado seguir las directrices del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que abogan por que los jueces elijan a sus propios pares para garantizar la independencia judicial frente a las influencias políticas. Además, el Consejo de Europa ha expresado su preocupación por el caso del fiscal general Álvaro García Ortiz.
Igualmente, el Tribunal Constitucional no logró frenar que la Audiencia de Sevilla planteara una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso de los ERE de Andalucía. Esta situación subraya la primacía del derecho europeo sobre el derecho nacional español.
En materia de corrupción, la Comisión Europea está ultimando un Informe que podría tener serias consecuencias para España. Si se concluye que no se cumplen los estándares democráticos establecidos, la Unión Europea podría enviar un grupo de europarlamentarios para verificar la situación sobre el terreno. De confirmarse las deficiencias, España podría enfrentarse a sanciones o a la congelación de fondos europeos, tal como ya ocurrió en el caso de Hungría (corrupción y la falta de independencia democracia). Además, la delegación evaluaría también la situación migratoria en Canarias.
Por último, los socios de gobierno catalanes y vascos siguen avanzando en sus exigencias a cambio de su apoyo para mantener al Ejecutivo en el poder. La situación se complica aún más, como afirma el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, en la presentación de su libro “A calzón quitao”. Según él, el procés catalán no ha terminado, sino que ahora se ha extendido a toda España, transformándose en el «procés español», cuyo objetivo sería desmantelar la Transición y la Constitución Española por la puerta de atrás para instaurar una «República confederal» o un Estado plurinacional, liderado por el PSOE y sus aliados.
Ante la evolución de los acontecimientos, la sociedad civil, compuesta por 129 asociaciones, ha convocado una manifestación para el próximo 10 de mayo en la Plaza Colón de Madrid. El objetivo es exigir la dimisión del presidente del Gobierno y solicitar la convocatoria inmediata de nuevas elecciones.
Una cuestión clave que surge ante este escenario es si el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), está realmente preparado para asumir el gobierno. Es fundamental que la ciudadanía conozca con claridad y anticipadamente cuál es su proyecto político y en qué consiste su plan de gobierno. La sociedad reclama propuestas concretas y efectivas que no se limiten a dar continuidad a las políticas progresistas del actual Ejecutivo.
Vivimos tiempos de cambios profundos a nivel global, y la población exige respuestas reales a sus problemas cotidianos (el empleo, la salud, la vivienda, la educación, la seguridad, etc.), lejos de intereses partidistas o beneficios particulares.
Si los partidos políticos desean evitar una alta tasa de abstención en las próximas elecciones, deben presentar programas electorales realistas y realizables, alejados de promesas vacías o estrategias publicitarias difíciles de cumplir.
“Un gobierno eficaz debe actuar con transparencia, priorizando siempre el bienestar ciudadano sobre intereses políticos o ideológicos para garantizar estabilidad y progreso social».
