Radioblog #LaVida: Vivir en libertad, por Manoly Roldán
El pasado 8 de septiembre, llegó a España el candidato electo de las últimas elecciones venezolanas del 28 de julio, Edmundo González. Después de unos días de permanencia en nuestro país y de ser recibido por los expresidentes Felipe González, Mariano Rajoy y J.M. Aznar, a través de un video realizado por él mismo y unas fotografías publicadas en la prensa, nos enteramos que fue coaccionado por los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge) a firmar su renuncia en favor de Nicolás Maduro y en caso de no haberlo hecho debería haberse atenido a las consecuencias…
Lo incomprensible es que la coacción y el chantaje al que fue sometido fue realizado en la Embajada española en Venezuela, en presencia del embajador español y la colaboración del expresidente J.L. Rodríguez Zapatero, que él mismo reconoció haber participado en “la tarea de facilitación”.
En teoría la embajada es territorio español y no debería ser utilizada para este acto deleznable para favorecer a un régimen que no respeta los resultados electorales, la democracia y los derechos humanos de su pueblo sometido por más de 25 años.
Según Ryan Berg, del Financial Times: “La evidencia disponible parece sugerir que España jugó un papel a la hora de permitir el exilio forzado de Edmundo González por parte del régimen chavista, un gran golpe para los venezolanos que esperaban un cambio y votaron por él”.
Para los venezolanos representa haber quitado un inmenso problema a Maduro, pero como afirmó Julio Borges Junyent: “Lo sucedido en la Embajada española no es un acto humanitario, a mi modo de ver, constituye todo un conjunto de delitos políticos, delitos internacionales y delitos éticos, que tendrán una enorme repercusión en el desenlace democrático de mi país”.
Lo positivo dentro de lo sucedido es que al ser una persona mayor, primó su seguridad y la de su familia. Además, fue reconocido como presidente electo de Venezuela por el Congreso y el Senado de España, y el Parlamento Europeo, a iniciativa del PP y el PPE. Ha quedado claro que los socialistas españoles y de la Unión Europea no reconocen ese triunfo con el argumento de que esperan que Maduro presente las actas. Han pasado casi dos meses y no lo ha hecho.
A efectos prácticos, viene a ser un caso similar a lo sucedido con Juan Guaidó, que fue reconocido, pero no llegó a gobernar. Un duro trabajo espera a los líderes venezolanos para conseguir liberar a su pueblo y que algún día vuelvan a tener una democracia plena y no sigan los pasos de Cuba.
Por otro lado, después de tanto debate de la “financiación singular” de Cataluña, se dio un giro de tema, hacía la aprobación del “Plan de Acción por la Democracia”, en respuesta a la carta emitida por el presidente del Ejecutivo, el pasado 24 de abril, cuando se dirigió a la ciudadanía para poner en conocimiento del supuesto acoso al que estaba siendo sometido él y su esposa y responsabilizó al PP, Vox y a los medios de comunicación críticos, que según él “expandían la máquina del fango” (noticias falsas) sobre su consorte.
En respuesta a esa carta, el pasado martes, el Ejecutivo aprobó dicho Plan que el Gobierno piensa realizar en el plazo de los tres años que le restan de legislatura.
El Plan consiste en 31 medidas, de las cuales se dieron a conocer 16, en forma de titulares, falta conocer su contenido en profundidad. Su objetivo es mejorar la calidad democrática del Estado español. Estas medidas afectarán a los partidos políticos, el poder legislativo y otros.
Estas medidas responden a tres ejes de acción: medidas para mejorar la información gubernamental, medios de comunicación y poder legislativo y sistema electoral.
La medida que más ha creado polémica es el referido a los medios de comunicación, porque se entiende que podría vulnerar el derecho a la libertad de prensa y de expresión y así “amordazar a los medios de comunicación críticos e independientes con el Gobierno”, mediante la creación de un ente censor.
Estos medios están preocupados por la aplicación de las medidas porque podría suceder que varios de ellos podrían desaparecer al obtener menos ingresos económicos en concepto de publicidad institucional.
En cuanto al Plan hacia los medios de comunicación, se realizará un registro a través de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, se limitará la inversión publicitaria institucional, medición de audiencia, ley de secreto profesional de los periodistas, lucha contra la desinformación, reforma de algunos artículos del Código Penal, como los delitos contra los sentimientos religiosos (art. 525), reforma del derecho al honor y del derecho de rectificación, limitar la financiación a los medios de comunicación por parte de las administraciones públicas.
En cuanto a despenalizar la ofensa a los sentimientos religiosos, se está olvidando que la gran mayoría de la población española está formada por creyentes católicos (practicantes y no practicantes) y de otras religiones (protestantes, judíos, musulmanes, etc.) sin olvidar a los ateos. Un Gobierno que no protege la fe de su población, sea del color que sea, no está defendiendo sus derechos. España se sumaría a otros países que tampoco penalizan las ofensas religiosas, como: Croacia, Estonia, Francia, Irlanda, Suecia y República Checa. Y entre los países que si la protegen tenemos a Grecia, Alemania e Italia.
Según la presidenta de la asociación de Abogados Cristianos, Sra. Polonia Castellanos, “En España nos vamos a encontrar con un panorama muy semejante a Venezuela, Cuba o Corea del Norte en el que se puede insultar y atacar a cualquiera menos al gobierno”. Se refiere a que no se despenaliza los artículos 504 y 215, sobre injurias al gobierno, pero sí a la libertad de expresión donde se incluye a los sentimientos religiosos.
La excusa para aplicar el “Plan de Acción por la Democracia” a los medios de comunicación españoles, es que es una transposición de la normativa europea a la española. Al parecer, no se tiene que hacer ninguna modificación al Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación (RELMC) porque es una normativa que entró en vigor el 7 de mayo de 2024 y que será de plena aplicación en los 27 Estados que conforman la UE a partir del 8 de agosto de 2025.
Dicho Reglamento defiende unos medios de comunicación libres, protege la libertad, el pluralismo y la independencia.
No existe garantía que el Plan del Gobierno salga adelante porque no cuenta con el apoyo mayoritario de sus socios de investidura.
De igual manera, entre las medidas de momento no se incluye la despenalización de injurias a la corona, pero sus socios lo demandan, aunque en varias ocasiones se han visto quemar imágenes del Jefe del Estado y no les ha pasado nada.
Por otra parte, en Cataluña el Gobierno de Salvador Illa, poco a poco que se va asentando. Ya ha realizado encuentros con los expresidentes Jordi Pujol, José Montilla, y Artur Mas. Su objetivo es reconocer el trabajo realizado por sus predecesores. También, con la iglesia, los empresarios y con el Jefe del Estado.
Llama la atención su política de querer pacificar, tender puentes y querer volver a la normalidad. Sin embargo, su programa es una continuación de la ideología independentista de ERC. En general cuando habla se expresa en catalán, en alguna ocasión pone la bandera española y reivindica al expresidente catalán, Josep Tarradellas.
Sus actos le contradicen cuando se arrincona a la lengua española y no se quiere reconocer y aplicar un mínimo (25%) de clases en español en las aulas catalanas, más bien afirma que la única lengua propia de Cataluña es el catalán y se destinarán grandes cantidades de dinero para su difusión en sus embajadas catalanas por el mundo y conseguir que en la Eurocámara sea utilizado en los plenos, al igual que el gallego y el vasco. Y teniendo en cuenta que ha creado una Consejería para la lengua catalana, se impone más catalán en la sanidad, educación, empresa y comercio.
La población castellanoparlante aunque entienda y hable ambas lenguas se siente discriminada porque no se la tiene en cuenta, más bien afirma que los castellanos deben salir de su zona de confort y esforzarse en hablar en catalán.
Así mismo, sobre la mesa está en espera la aprobación de los presupuestos, pero ERC pide que el PSC cumpla sus compromisos de investidura, sobre todo en lo que respecta a la financiación singular, un mayor impulso a la lengua catalana y los incumplimientos del Estado en materia de inversiones. De no ser así no se avanzará en el Govern catalán ni en el Gobierno central donde también es socio de investidura.
En estos momentos, en ERC se van preparando para su Congreso del 30 de noviembre, está en disputa su liderazgo. Actualmente, hay cuatro grupos (Militancia Decidim, Foc Nou, Nova Esquerra Nacional y Col-lectiu del 1 de octubre) que se presentan para ser elegidos, pero el grupo mayoritario es el del expresidente Oriol Junqueras.
Por su parte, JxCat, aparentemente está cada vez más distante del Gobierno central, ellos también esperan su próximo Congreso a celebrarse los días 25-27 de octubre, para nombrar a sus cargos. Para apoyar al Gobierno central en sus diferentes medidas a aprobar en el Congreso de los Diputados, les ha recordado que deben cumplir lo pactado en la investidura, mientras tanto se niegan a ratificar nada (reforma de la Ley de Extranjería, alquileres, techo de gasto ni Presupuestos Generales 2025).
Reclaman la cesión integral de la gestión de inmigración y la financiación singular para Cataluña, pero que la cuota de solidaridad voluntaria que aportarían a las comunidades de menores ingresos por un tiempo limitado no debe ser decidida por el Gobierno central, sino por el Govern catalán.
Les queda el sabor amargo de no haber conseguido que el expresidente, Carles Puigdemont, consiguiera la presidencia de la Generalitat de Cataluña y el no haber obtenido aún la amnistía como se esperaba.
En el PPC, con el aumento del número de diputados conseguidos en las últimas elecciones autonómicas (de 3 a 15) quieren realizar una campaña local de crecimiento de cara a aumentar su base de afiliados, de convertirse en la oposición del Govern socialista y de ir preparando el camino para conseguir la presidencia del Gobierno en unas próximas elecciones generales. No tienen a la vista ningún Congreso para mostrar su apoyo al presidente catalán, Alejandro Fernández.
Por último, decir que el procés independentista catalán no ha muerto, sino que va tomando nueva forma, eso se vio en la fiesta de la Diada de Cataluña. Aunque los partidos independentistas catalanes estén enfrentados y hayan disminuido en representación parlamentaria y los grupos identitarios (ANC, Òmniun Cultural, etc.) a pesar de haber perdido fuerza, aún cuentan con un 40% de apoyo por parte de la población.
En conclusión, vemos que tanto en la situación del pueblo venezolano que está en juego poder vivir en democracia, en una sociedad justa y libre, y en la posible aplicación del Plan de Acción por la Democracia que quiere aplicar el Gobierno a los medios de comunicación españoles, está en riesgo la libertad de expresión que pide la población (ej. despenalizar las ofensas religiosas) y la libertad de prensa que requieren los medios de comunicación para escribir y contar de lo que sucede de forma independiente en una sociedad desarrollada y democrática. Y que los dirigentes de las diferentes CCAA cumplan y hagan cumplir el marco de convivencia dado en la Constitución española y la Ley.
“En una democracia, el poder reside en el pueblo. La libertad de expresión y de prensa actúan como mecanismos de control del poder político, permitiendo a la ciudadanía estar informada sobre las acciones de sus gobernantes y exigirles rendición de cuentas”; (Gemini AI, septiembre 2024).
