Radioblog #LaVida: Regeneración democrática y ética política, por Manoly Roldán
El pasado 24 de abril, el presidente del Ejecutivo, escribió una carta a la ciudadanía haciéndonos saber que se tomaba cinco días para parar y reflexionar, si realmente valía la pena continuar gobernando porque se sentía acosado tanto él como su esposa, y principalmente porque se abrió diligencias contra su consorte por tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.
Su pareja había sido denunciada por la asociación Manos limpias, dos diarios digitales, los dirigentes del PP y Vox que supuestamente pusieron en marcha la máquina del fango, y una “galaxia digital ultraderechista”. Puntualizó que era una coalición de intereses derechistas que se extiende a lo largo y ancho de las democracias occidentales. Y defendía su Gobierno basado en: el avance económico, la justicia social y regeneración democrática.
Desde aquella fecha hasta ahora, las acusaciones se han incrementado, los implicados se han ampliado y los denunciantes han aumentado.
Para solucionar el problema de la divulgación de las noticias sobre su esposa, en los medios digitales, señaló a estos como “pseudomedios” que expanden “el fango o noticias falsas” y que el PP y Vox se encargaban de fabricarlas. Ante esta situación dijo que aplicaría un “Plan de regeneración democrática”, que dio a conocer en el Congreso de Diputados, el pasado miércoles 17.
No era un Plan por el que tanta expectación se había creado, sino un “esqueleto” en proceso de elaboración que serán desarrollados por los diferentes partidos políticos, la sociedad civil, la academia y las asociaciones profesionales de periodistas, excepto Vox, y de eso saldrá una normativa para su aplicación.
El objetivo es recabar sus opiniones, consensuar el Plan antes de poder debatirlas y votarlas en el Congreso. Se realizará durante las próximas semanas y meses. Los encargados de defender y concretar las medidas del Plan serán el ministro de la presidencia, Félix Bolaños y el ministro de cultura, Ernest Urtasun, quien canceló el Premio Nacional de la Tauromaquia y es conocido como el descolonizador del arte de los museos.
Entre las medidas preliminares mencionadas tenemos: limitar la financiación pública de los medios, actualizar la ley de publicidad institucional, transparencia sobre los accionistas, sobre su audiencia y evitar la concentración de los medios en pocas manos. Ayudas para la digitalización de los medios por valor de 100 millones, provenientes de los fondos europeos. Mejorar la calidad democrática, la transparencia y rendición de cuentas en el poder Legislativo, el Ejecutivo (Gobierno abierto y una Ley de administración pública abierta, pg.14) que ya se está aplicando en países, como: Alemania, Austria y Finlandia.
El presidente en su comparecencia mencionó que vamos bien en economía, empleo, agroalimentación, tecnología, transición ecológica, y que éramos una de las democracias plenas más consolidadas del mundo, de los logros conseguidos en la UE, de la Agenda estratégica de la UE que se desarrollará hasta 2029, en aspectos, como: seguridad (ciberataques y ciberamenazas sobre empresas y servicios públicos, campañas de desinformación para desestabilizar las democracias, fortalecer la industria de seguridad y defensa), competitividad y democracia.
En varias ocasiones nombró a la “ultraderecha”, su auge tanto en España, como en las últimas elecciones europeas que tuvieron un crecimiento del 40% (Francia, Italia, Hungría y Bélgica) y casi 200 representantes en las últimas elecciones europeas. Resalta a este colectivo porque afirma que fomentan la política del odio y la mentira y que por eso se les excluye a nivel nacional y a nivel Europeo y que la respuesta ha sido el triunfo del Frente Popular en Francia y de los Laboristas en Reino Unido.
Los considera como los enemigos de la democracia porque la quieren debilitar, socavar la convivencia y polarizar nuestras sociedades.
Defiende la libertad de los medios de comunicación, la prensa libre, independiente y plural. Defiende el periodismo como una herramienta fundamental para la construcción de la democracia, y por eso, comparte con la democracia viejos enemigos con nuevas herramientas, que falsean la realidad y los identifica como los “pseudomedios digitales” que compiten en audiencia con los “verdaderos medios de comunicación”.
Entre esos bulos que difunden los pseudomedios, tenemos: que existe una crisis económica (para él está afirmación no es cierta, sino que llevamos 15 trimestres consecutivos de crecimiento). Que existe una alta ocupación, afirma que solo afecta al 0,06% de las viviendas de nuestro país, el número de inmigrantes es la mitad de lo que se dice, son antivacunas y no reconocen que el cambio climático es provocado por la mano del hombre.
Que todas estas noticias falsas están relacionadas con la ultraderecha, que provocan la xenofobia, el antisemitismo o la homofobia. Ante estos hechos de la ultraderecha, la UE pide tomar medidas para proteger la libertad, la transparencia, el pluralismo de los medios de comunicación, mediante la lucha contra la desinformación, la injerencia extranjera y los discursos de odio.
Su Plan de regeneración estará basada en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que consiste en fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados (artículos 6, 24 y 25.2).
El Reglamento busca combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales, proteger a los periodistas y a sus fuentes para que puedan realizar su labor de “guardianes públicos”, garantizando la libertad de expresión y el pluralismo a través de la lucha contra la desinformación, la injerencia extranjera y los discursos del odio. Además, defender a los prestadores de servicios de medios de comunicación.
El jefe del Ejecutivo, propone: actualizar la Ley de Publicidad Institucional para incorporar transparencia en la financiación con recursos públicos en los medios digitales. Reforzar la ley de derecho al honor y a la rectificación de la ciudadanía. Reformar la Ley Electoral (obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicación y que las encuestas publicadas contengan microdatos y metodología utilizada para su elaboración). Reforma de la Ley Mordaza. Reconoce la defensa del art. 20 de la CE, que habla sobre la libertad de prensa y de expresión.
Concluye que las medidas planteadas son coherentes con la Constitución Española y buscan actualizar el marco regulatorio ante unas nuevas realidades tecnológicas que están socavando la convivencia, polarizando a la sociedad y expandiendo bulos y desinformación.
A simple vista se ve una ponencia buenista, pero cuando enfrenta a los medios tradicionales y a los supuestos pseudomedios, a los periodistas de ambas modalidades y de forma reiterada acusa a los partidos conservadores de España y de la UE, como “ultraderecha” y los clasifica como enemigos de la democracia, da que pensar, porque suponiendo que la ultraderecha son los enemigos de la democracia, entonces, por qué se ha aliado para gobernar con los partidos catalanes, vascos y comunistas que quieren romper España.
Así mismo, habla de regeneración democrática, cuando todo lo que estamos viviendo no parece nada de eso, parece una ironía…
Esperando que el Reglamento se desarrolle con honestidad amparada en la normativa europea y en las leyes españolas, se espera que no tenga doble lectura, que no sea para ahogar económicamente a los diarios digitales contrarios a su ideología.
Para el PP, el plan busca “acallar a los medios que le resultan incomodos porque destapan casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno, como el de su esposa”. Y su líder, declaró: “A usted le acompaña la mentira. Ustedes han elegido controlar lo que publica la prensa en nuestro país. Lo que usted propone en nuestro país es una pseudodemocracia”, y añadió: “No hay principios ni convicción, es otra milonga más. Ha venido a evitar dar explicaciones y a impedir que los medios informen de la corrupción que le salpican”.
Por su parte, Aitor Esteban, del PNV, uno de los socios de su Gobierno, afirmó: “A mí lo que me sorprende es que nadie diga que hay cosas simplemente que no se deben hacer, no porque las prohíba la ley” y añadió: “si no hay valores morales en la sociedad y en sus representantes no hay ley que lo salven. Igual el problema no son tanto las leyes, sino la cultura democrática en España”.
Así mismo, se espera que las subvenciones a los medios de comunicación por publicidad institucional sean transparentes y a ser posible no se discrimine por afinidad ideológica, como viene ocurriendo actualmente que se subvencionan a medios, como: El País, La Vanguardia, Público, El Diario.es, Infolibre, etc.
Se desea que se respete la libertad de expresión y libertad de prensa (art. 20 CE) y no se discrimine a los medios digitales no afines porque casi el 20% de la población tienen como fuente de información política los medios digitales de comunicación, detrás de la televisión con un 38,3%, la radio 14,7% y la prensa tradicional impresa un 4,5%.
Ante esta situación que estamos viviendo y en respuesta al Plan que se pretender aprobar, un grupo de más de 30 asociaciones presentaron un manifiesto con medidas urgentes para mejorar la salud democrática en España. Estos reclaman la participación de la sociedad civil y de organizaciones especializadas en la elaboración de dicho Plan. Creen que su participación es imprescindible para garantizar la transparencia y legitimidad de las reformas que se pretenden realizar.
Igualmente, lo expresó la asociación España Mejor, quien redactó un Código Ético con una serie de medidas necesarias para tener un Gobierno que aplique una política ética, como ya se viene realizando en países, como: EE.UU., Irlanda, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Bélgica, etc. Incluso la Comisión Europea desde antes del año 2000, cuenta con un Código Ético para el presidente y los comisarios.
Entre las medidas que abarca este Código, tenemos: pautas de conducta generales, conflictos de interés, decisiones y deliberaciones, asesores, administración y organismos independientes, recursos públicos, residencias, viajes, transparencia, comunicación; regalos, dádivas, hospitalidad, servicios; aplicación del Código, órganos de garantía (asesor independiente y oficina de ética); aprobación, modificación y evaluación del Código.
España, no cuenta con un Código Ético que regule unos estándares exigentes de conducta para aquellos que ostentan la máxima responsabilidad, de manera que pueda servir de referente a toda la sociedad. Este puede ser aplicado a los miembros del Gobierno y a todos los empleados de la administración pública, y así aumentar el nivel de exigencia de sus estándares de conducta. Este Código viene a ser una herramienta preventiva para regular el comportamiento de los miembros del Gobierno.
En conclusión, vivimos tiempos de cambios rápidos, donde se aprecia el crecimiento exponencial en el uso de los medios digitales de información por parte de una gran parte de la población. No se puede poner palos a las ruedas o poner puertas al campo. Hay que regularlo, sí, pero respetando a los protagonistas que son los periodistas y sus fuentes de información, a las empresas de las que forman parte. No ahogar económicamente a los medios que no son afines porque se estaría violando el art.20 de la CE.
Lo que se debería hacer es escuchar a los especialistas de ética política y aplicarlo en España que mucha falta nos hace. La población está confundida y no soporta tanta corrupción de sus dirigentes y menos que se eche la culpa a otros. Existen periodistas y medios digitales de todo tipo, así como en la prensa escrita, hagamos que estos cumplan su cometido por el cual fueron creados.
Además del código ético, se debería regular cual debería ser la relación y participación de los familiares, allegados y amigos en las cuestiones propias del manejo del Gobierno y así evitar el bochorno que estamos viviendo actualmente.
“La explicación para los recurrentes abusos de poder de la clase política española es mucho más sencilla que todo eso: los abusos se producen porque nunca hemos puesto en marcha un sistema efectivo para evitarlos. Tenemos un ordenamiento jurídico de carácter sancionador bastante desarrollado, pero disponemos de muy pocas normas de prevención”; (Miriam González D., julio 2024).
