Radioblog #LaVida: Las próximas citas electorales en España, por Manoly Roldán
Para tapar el escándalo del “caso Koldo”, que afecta a algunos miembros destacados del Gobierno, han querido poner una cortina de humo y sustituirlo por una campaña de acoso y filtración de datos fiscales con Hacienda, del compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero no lo han conseguido como esperaban, sino que posiblemente se producirán denuncias por parte del afectado a los que hayan revelado estos datos a través de diferentes medios.
Se estaría atentando contra la revelación del derecho a la confidencialidad en la custodia de documentos y violación de secretos del abogado, y contra la protección de datos, art. 18.4 CE.
Según el artículo 199 del Código Penal, revelar información sensible es un delito penado incluso con la cárcel a quien realice esta infracción.
Así mismo, el miércoles 13, mientras los diferentes partidos políticos se encontraban en la preparación de las elecciones vascas para el 21 de abril y las europeas el 9 de junio, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, dio la sorpresa con la noticia del adelanto electoral en la comunidad catalana para el 12 de mayo.
Se esperaba que las elecciones autonómicas catalanas fueran a finales de año o a principios del 2025, pero ERC, llevaba sopesando esta convocatoria adelantada, en caso de que no recibiera el apoyo de los Comunes (Podemos) para sacar adelante los presupuestos. Solo recibió el respaldo del PSC. Al verse en minoría y sin presupuestos decidió anunciar la próxima cita electoral.
La excusa de los Comunes, era que no querían que se aprobara la construcción del Hard Rock (proyecto de ocio y turismo en Tarragona) por el tema de la falta de agua, pero en el fondo es que ellos toman sus propias decisiones y no tienen que rendir cuentas a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que antes formaban parte de su agrupación Sumar.
Además, las adelantó porque cree que podría salir vencedor, pensando que los de JxCat, tendrían dificultades para que su líder gane, ya que se encuentra limitado hasta que se apruebe de forma definitiva la ley de amnistía, que no se sabe exactamente cuándo ocurrirá.
Y, pensando que al PSC, no les salen los números, porque tiene en contra el caso de corrupción de las mascarillas y la aprobación de la ley de amnistía, que crea rechazo en la población.
Con esta noticia, el presidente del Gobierno español, tuvo que cambiar de planes y los Presupuestos Generales del Estado 2024, que los tenía listos y pensaba negociar con sus socios catalanes, los anuló, previendo que no contaría con el apoyo de ERC para que salgan adelante.
El Ejecutivo, pensó que al aprobar la ley de amnistía conseguiría la aprobación de los PGE 2024, por parte de los independentistas, pero estos le recordaron, que eso era un pago por la investidura que se realizó en el mes de noviembre pasado y para la aprobación se deberían realizar otros acuerdos.
Por otro lado, ante la realización de tres citas electorales a la vista, los partidos se encuentran en diferentes situaciones:
El PP, tiene su candidato definido para las elecciones vascas, pero para las elecciones europeas lleva un tiempo negociando con el equipo de Ciudadanos, en Madrid, para incluirlos en sus listas. En cambio en Cataluña, es más difícil porque, los pocos que quedan de Ciudadanos quieren formar una coalición PP-C´, y no ir incluidos en una lista, porque piensan que su marca se diluirá.
Estos no tienen claro quién será el candidato/a catalán. En Madrid, tienen varios nombres en su lista, alguno/a preferido/a, pero para Cataluña se necesita a alguien que conozca bien el territorio y que tenga capacidad de atraer el voto constitucionalista y los posibles votantes no se queden en casa, absteniéndose el día de las elecciones por no encontrar a quien votar porque ninguno les representa.
En Jxcat, quieren que su candidato sea Carles Puigdemont, pero hasta que no se apruebe definitivamente la ley de amnistía no podrá volver a España, porque tiene un juicio pendiente y una orden de arresto. Además, según afirma el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez: “Sí Puigdemont está censado en Cataluña, es evidente que la inscripción es fraudulenta” porque el expresidente catalán no reside en territorio español desde el 29 de octubre de 2017, por lo tanto no cumpliría lo que dice en el artículo 7 del Estatuto de Cataluña. Podría realizar campaña desde Waterloo y beneficiar mucho a su partido, aunque el próximo jueves él mismo anunciará si participará o no.
ERC, estaba gobernando con 33 escaños del total de 135, no tenían los votos suficientes para decidir por sí solo, sino que necesitaba apoyo para cada tema que quisiera sacar adelante. Ha ido perdiendo votos, como se vieron en las elecciones municipales y generales del año pasado, es previsible que pierdan muchos más debido al auge de JxCat y al mayor poder de convocatoria de su líder, Puigdemont.
PSC, tanto en las elecciones municipales y generales del 2023, muchos votos les vino de los partidos independentistas, en está ocasión tienen en contra que se han adherido a las tesis independentistas, en temas como el uso del catalán en detrimento de la lengua española. Tienen las alcaldías de Barcelona, Lérida y Tarragona. Además, están los casos de corrupción y la aprobación de la ley de amnistía.
Antes del 23-J, el candidato Salvador Illa, estaba en contra de la amnistía y ahora la defiende. Tanto el PSOE y PSC han revivido a Puigdemont, utilizando su aparato mediático. Si el partido de JxCat, consigue ganar las autonómicas, exigirá al PSC su apoyo a cambio de sostener la legislatura del Gobierno socialista en Madrid y si no lo hace dejará caer al Ejecutivo central.
La ANC, después de realizar la encuesta telemática, los resultados han sido que no se presentará en estas elecciones, queda por ver que hará la eurodiputada Clara Ponsatí y Jordi Graupera con su partido Alhora. También, está Aliança Catalana con Silvia Orriols (alcaldesa de Ripoll-Gerona).
Por otra parte, la proposición de ley de amnistía, habiendo pasado por la Comisión de Justicia y en esta ocasión por el Congreso de los Diputados, fue aprobada con 178 votos a favor (PSOE, Sumar, JxCat, ERC, EH Bildu, PNV, Unidas Podemos y Ábalos) y 172 en contra (PP, UPN, Vox y CC). En dicha ley se aprecia una ley hecha a medida del líder independentista de JxCat, contemplando las soluciones a cada problema que se pueda encontrar.
Se produjeron diferentes respuestas ante la aprobación de esta polémica ley:
. Un grupo de asociaciones, integrados por 5.500 profesionales, entre ellos jueces, fiscales, abogados e inspectores, se reunieron en Barcelona, el pasado miércoles y llevaban como lema: “En defensa del Estado de Derecho”, estos quisieron denunciar el peligro democrático en que se encuentra nuestro país y dar a conocer a nivel nacional e internacional la defensa de los valores constitucionales de: legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes.
. Dos informes elaborados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el conservador y el progresista. El primero, fue realizado por el magistrado Wenceslao Olea, quien argumenta los siguientes puntos: la Constitución Española (CE) prohíbe los indultos generales y con mayor motivo una amnistía, los que elaboraron el texto de la CE excluyeron la amnistía, la medida de gracia (amnistía) rompe la igualdad entre españoles, vulnera la separación de poderes y responde a la arbitrariedad del legislador.
El poder Legislativo no puede dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, solo puede autorizar indultos particulares acordados por el Ejecutivo, su tramitación es arbitraria y no motiva su urgencia, no delimita suficiente y exigible claridad el ámbito objetivo de la amnistía, no se menciona el delito de terrorismo del Código Penal y si la directiva europea.
La ley presenta indeterminación temporal y plantea dudas sobre el apartado de terrorismo, la ley no justifica su adecuación a los valores, principios y condiciones de la CE, ninguno de los preceptos legales (doctrina del Tribunal Constitucional, jurisprudencia del Tribunal Supremo) permiten concluir que la amnistía esté reconocida en el Derecho español, y que el texto analizado de la ley de amnistía tendrá dificultades para su aplicación.
Por el lado progresista, la vocal María del Mar Cabrejas, después de analizar el texto de la ley, concluyó que es constitucional.
. El informe de la Comisión de Venecia: este es un órgano del Consejo de Europa, su texto no es vinculante, tiene un prestigio reconocido y su opinión técnica lo que busca es influir en el desarrollo de las instituciones democráticas en Europa. No se pronuncia si la ley es conveniente o no porque entiende que eso es competencia del Gobierno y del Parlamento, su labor es ver si la ley cumple el Estado de Derecho según los estándares europeos e internacionales. No se pronuncia si la ley es constitucional, eso corresponde al Tribunal Constitucional. No hizo un análisis exhaustivo de los últimos cambios de la ley por falta de tiempo.
Sus opiniones sobre la ley de amnistía son: para su tramitación se debió elegir el Proyecto de Ley y no una Proposición de Ley, porque exige de informes preceptivos y no vinculantes, del Consejo de Estado, el CGPJ y del Consejo Fiscal; para su aprobación se debió contar con una mayoría cualificada de tres quintas partes (210 diputados) o de dos tercios (234 diputados) y no la mayoría absoluta (178 votos); acotar el tiempo de aplicación de la ley y justificar bien las fechas elegidas; explicar de forma clara el por qué se concede la amnistía, debe perseguir el interés general y deberían participar los diferentes agentes sociales y no beneficiar a individuos concretos; aclarar las consultas independentistas (14-N y 1-0) con la malversación y corrupción que serán amnistiados; los delitos graves que violan los derechos humanos deben quedar excluidos de la ley para salvaguardar la justicia, la memoria y la reparación de las víctimas; las comisiones de investigación deben servir para supervisar el trabajo del poder Ejecutivo y no para que los jueces comparezcan ante ellos, no están obligados, se debe respetar la independencia judicial, y no aprecia problemas con la separación de poderes, siempre que sea el juez quien decida sobre los beneficios basados en la ley de amnistía.
Por último, la no aprobación de los PGE 2024, provoca en los empresarios preocupación por la inestabilidad política, que perjudica a la seguridad jurídica, la certidumbre y la estabilidad regulatoria, y a su vez disminuye la inversión que afecta al país.
El anuncio de realizar otra vez una consulta para la independencia en Cataluña, hace que las empresas continúen marchando, recuerda lo vivido en octubre de 2017. Y las empresas que marcharon defenderán su permanencia en los lugares que se encuentran para que no les obliguen a volver.
Las negociaciones entre el PSOE y JxCat, no se detienen, continúan, el último fue realizado el pasado fin de semana en Suiza. Han creado cuatro mesas de negociación: referéndum de autodeterminación (según art. 92 CE), la financiación autonómica de Cataluña (cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña), la lengua catalana (presencia en el Congreso y en Europa de momento no lo han conseguido) y la delegación integral de las competencias en inmigración (se requerirá de los recursos necesarios para que se pueda desarrollar este tema).
Por su parte, el presidente catalán, Pere Aragonès, reclama al presidente del Gobierno, que cumpla los acuerdos de investidura: que el Estado asuma los 15.000 millones del FLA, el traspaso de Cercanías (cambio de titularidad de una parte de los activos de Renfe y Adif) y la ley de amnistía que se encuentra en trámite en el Senado.
En conclusión, se aprecia una situación difícil en España, debemos ser
conscientes de la realidad política, económica y social en que nos encontramos en estos momentos y velar por la democracia. Que la población lea bien los programas electorales de cada uno de los partidos políticos que se presentan antes de ir a votar para luego no lamentarse. Los dirigentes de los partidos políticos deben conocer bien el territorio y nombrar al líder adecuado que además de estar cualificado debe saber responder a las necesidades actuales.
La Constitución Española, “salió bien, porque no fue un contrato de compraventa de cosas. No fue: «Te doy para que me des». Fue un negocio de unión de voluntades, con una excepción: de que no da uno a cambio de nada, o a cambio de otras cosas, sino que todos juntos buscan una meta común. Y eso es lo que entonces se hizo. Por eso salió bien”, (Miguel Herrero de Miñón, padre de la CE, marzo 2024).
