Radioblog #LaVida: “La corrupción y la ley de amnistía”, por Manoly Roldán
Pasadas las elecciones gallegas con el triunfo indiscutible del PP de Galicia, el relanzamiento del partido nacionalista BNG y el castigo de las urnas a los partidos del Gobierno PSOE-Sumar, por sus pactos con los independentistas y a la negociación y previsible aprobación de la ley de amnistía para olvidar sus faltas cometidas desde el 1 de enero de 2012, hasta el 13 de noviembre de 2023.
Una vez pasadas las primeras elecciones de este año 2024, los partidos políticos llevan días calentando motores para la segunda jornada de elecciones, que se celebrará el 21 de abril en el país Vasco, así lo hizo saber el lehendakari, Iñigo Urkullu, el jueves de la semana pasada.
En esas elecciones se prevén cambios que podrían beneficiar a EH Bildu en contra del PNV. EH Bildu, está recibiendo un aumento del voto joven de izquierda que se sienten representados con ese partido y no relacionan que su actual partido tuvo vínculos con ETA. Lo mismo ocurrió en Galicia con el BNG, el voto mayoritario lo obtuvieron de los jóvenes, urbanos y de izquierda.
La preferencia por el partido nacionalista EH Bildu, podría quitar votos al PSOE vasco, Sumar y Podemos. En cambio PNV, no se ha renovado como se esperaba, incluso algunos votantes podrían favorecer con sus votos al PP vasco.
En medio de este escenario electoral, también los partidos políticos de la Europa de los 27, se van preparando para la próxima cita que tendrá lugar el 9 de junio, donde se prevé el triunfo de los partidos de derechas.
Por otro lado, cuando aún se comentaban los resultados de las elecciones gallegas, el pasado miércoles, los diferentes medios de comunicación digital y tradicional, daban la noticia de un caso más de corrupción en el PSOE, el “caso Koldo” que se refiere al cobro de comisiones por la compra de mascarillas, en el momento más trágico por el que pasó la población española y el resto del mundo.
Este es un caso más, que se suma a otros ocurridos con anterioridad desde la aprobación de la Constitución Española de 1978. En este asunto se encuentran nombres destacados del actual Gobierno (Ábalos, Cerdán, Illa, etc).
Hace poco, se hablaba del “caso Mediador”, con Tito Beni, y del que aún se oye es sobre los “ERE” de Andalucía (algunos miembros que participaron están en prisión y otros esperando un indulto del Gobierno).
Los casos de corrupción económica y política (sobornos, malversación de fondos públicos, nepotismo, tráfico de influencias) vuelven a estar encima de la mesa, pero no es exclusivo del PSOE, se dan también en otros partidos políticos, pero es más notorio en los dos partidos mayoritarios del Estado.
Los actos de corrupción cometidos por los partidos políticos del signo que sean, son actos reprochables por la sociedad, que crean una gran desconfianza en las instituciones públicas y en los líderes políticos. Los ciudadanos pueden reaccionar con protestas en la calle, voto de castigo, pérdida de confianza en el Gobierno de turno y el aumento del activismo en contra de la corrupción.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, España, a nivel internacional se encuentra en el puesto 60 de 180 países y dentro de los 27 países de la Unión Europea se encuentra en el puesto 14.
Los países con mayor percepción de corrupción en la Unión Europea son: Bulgaria, Hungría y Rumanía, y con menor percepción de la corrupción están: Dinamarca, Finlandia y Suecia.
Dinamarca, como el país donde menor corrupción se da, se debe a los siguientes factores: un marco legal sólido que tipifica los delitos de corrupción público y privado, un sistema judicial independiente que permite que los casos se investiguen hasta su fin, una cultura de transparencia tanto en el sector público y privado, una sociedad activa en contra de la corrupción, y su participación a nivel internacional en la lucha contra la corrupción en organizaciones, como: las Naciones Unidas y en el Consejo Europeo (grupo GRECO).
Entre sus medidas para luchar contra la corrupción tenemos: los ciudadanos tienen acceso a la información pública tanto del Gobierno como de la empresas privadas, protección de los ciudadanos que denuncian casos de corrupción, financiación transparente de los partidos políticos (obligados a revelar sus fuentes de financiación), sus funcionarios deben seguir unas reglas estrictas para evitar los conflictos de intereses y las empresas están sujetas a controles estrictos por parte del gobierno.
Por otra parte, se vio que en las elecciones gallegas se pasó factura al PSOE, por sus acuerdos con los partidos independentistas y la tramitación de la ley de amnistía que continúan negociando con ellos, sobre todo con JxCat, que continua presionando al Gobierno porque quieren una ley de amnistía a la medida “integral” que cubra a todos, que ninguno se quede fuera, y si se quedan fuera, que puedan ser indultados.
Es probable que se intercambie la aprobación de la ley de amnistía por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2024.
Se dice que esta ley de amnistía es para restablecer la paz social en Cataluña y el resto de España, y de rehabilitar a los políticos implicados en el procés a la vida democrática, nada más lejos de la realidad, por un lado, esa es la argumentación del Gobierno para conseguir sus objetivos (federalizar España), pero por otro lado, sobre todo a JxCat, a ellos nada les detiene, no les importa nada que tenga que ver con España, sino que a ellos lo único que les importa es la independencia de su país catalán.
Y lo demuestran en la práctica, el pasado 2 de febrero, el grupo extraparlamentario Solidaritat Catalana per la Independencia, había presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para declarar la independencia de Cataluña, y el martes pasado la Mesa del Parlamento catalán lo admitió a trámite a pesar de la negativa del letrado de la comisión de control de la ILP por considerarla inconstitucional.
Esta ILP ha sido aprobada por la CUP y JxCat, la abstención de ERC y la negativa del resto de partidos del PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. Seguirá su proceso: creación de una mesa de seguimiento de la ILP, validación del documento, recogida de 50.000 firmas y ser llevado otra vez al Parlamento para su votación final. La iniciativa será financiada por el Parlamento catalán (por cada firma conseguida se dará 0,64 céntimos de euro, hasta llegar al tope de 40.000 €).
Al parecer, pretenden que una vez conseguida su aprobación volverán a declarar la independencia de Cataluña en el mes de octubre. Y JxCat, espera que se adelanten las elecciones catalanas donde ERC perdería y ellos ganarían, luego forzarían al PSC a darles su apoyo y de esa manera restablecer a Carles Puigdemont a su cargo de presidente de la Generalitat.
El Gobierno central, no ha dicho nada respecto a la ILP, ¿les dejará hacer?
Presuntamente pedirán el apoyo internacional que para eso van abriendo más embajadas (con el apoyo del Gobierno central) y se encuentran en mejores condiciones que en octubre de 2017.
Por último, queda por saber si la aprobación de la ley de amnistía beneficiará a Carles Puigdemont, está condicionada a que se implique o no en el presunto caso de terrorismo, por su relación con el grupo independentista Tsunami Democràtic. Según los fiscales del Tribunal Supremo de lo penal, afirman que: “En la causa del Tsunami Democràtic se cometieron delitos de terrorismo y el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue precursor de esas acciones violentas al ejercer un liderazgo absoluto”.
La posición del Ministerio fiscal, en el informe elaborado por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, no aprecia indicios de terrorismo contra Puigdemont en el Tsunami Democràtic, a pesar de que el pasado 6 de febrero, la Junta de Fiscales, 12 de 15, apreciaron delitos de terrorismo.
Será el Tribunal Supremo de lo penal, quien decida en última instancia si procesa o no por terrorismo al expresidente catalán.
Además, en la ley de amnistía se hace una diferencia entre el terrorismo light (suave) que queda incluido en la amnistía, pero se excluye los actos que vayan en contra del cumplimiento de los derechos humanos (art 2.b y c). Terrorismo solo hay uno según el art. 573 del Código Penal.
También está excluido de la ley, la traición a la patria (art. 2d), en este caso se refiere al caso Voloh, relación de los independentistas catalanes con miembros del Kremlin y de una supuesta entrevista del expresidente Puigdemont con un miembro ruso, un día antes de declarar la independencia en octubre de 2017.
Y queda el presunto delito de malversación de caudales públicos en la difusión del procés, que según se menciona en el art. 3, quedaría amnistiada, como dice el texto: “La amnistía declarada en virtud de la presente ley produce la extinción de la responsabilidad penal, administrativa o contable, en los términos previstos en este Título”.
Respecto a éste tema el pasado mes de enero, la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, aprobó una enmienda que en el caso de que algún eurodiputado cometiera un delito de “corrupción y malversación”, no podrá ser indultado ni amnistiado y elevará las penas de prisión. Está pendiente su negociación con el Consejo Europeo y determinar cómo quedará la directiva anticorrupción. Se espera que se resuelva una vez pasadas las elecciones europeas de junio.
PSOE y Junts antes del 7 de marzo, deben pactar un nuevo texto en la Comisión de Justicia.
Una vez se apruebe la ley de amnistía queda aún camino por recorrer: irá al Senado, luego regresará al Congreso, publicación en el BOE, al Tribunal Supremo y en caso que encuentre indicios de inconstitucionalidad remitirá prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahí desde hace tiempo afirman que están al corriente de lo que ocurre en España, respecto a la ley de amnistía. Una vez aprobado el texto definitivo verán si cumple la normativa europea, pero que al final será el Tribunal Constitucional quien deberá decidir si es constitucional o no.
Faltan por celebrar las elecciones vascas y europeas, vamos a esperar y ver qué sucede…
En conclusión, se espera que los políticos cumplan y hagan cumplir la ley, que respeten: la Constitución Española, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la democracia y los derechos humanos.
Se supone que los que vienen a la vida política sean personas con principios y valores, que tengan de que mantenerse antes de entrar en este ámbito, que vengan a servir a sus conciudadanos y no a enriquecerse a costa de utilizar los bienes públicos para su beneficio personal.
Se olvidan de que son simples administradores de los bienes públicos por un tiempo determinado, y una vez acabado su mandato, se reincorporen a su rutina que tenían antes de acceder a la política.
Cuando la población en medio de una crisis económica y dos guerras en marcha, Ucrania-Rusia y Gaza-Israel, ve estos comportamientos corruptos en miembros del Gobierno de turno, esto crea más desafección y desconfianza en la clase política, y aumenta la abstención o el castigo a la hora de ir a votar.
Según el Informe España 2023, realizado por la Universidad de Comillas, el 80% de los jóvenes no se sienten representados porque sienten que a los políticos no les interesa sus problemas, solo les interesa el voto y no cumplen sus promesas. Quieren una democracia de calidad, donde se rindan cuentas, exista transparencia, donde se les permita participar y que sus demandas sean escuchadas.
Nuestros dirigentes políticos podrían adoptar medidas que toman los países con menor índice de corrupción, como por ejemplo: Dinamarca y otros, que entre algunas cosas se caracterizan por tener una legislación clara y estricta para evitar la corrupción del gobierno y de las empresas.
