#Radioblog #LaVida, “De vuelta a las andadas”, por Manoly Roldán.
El pasado 27 de julio, se celebró la tercera mesa de diálogo entre los representantes del PSOE, PSC y ERC. Al parecer la reunión fue cordial y todo ya estaba previamente acordado entre los equipos técnicos de ambas representaciones. En esta mesa se llegaron a dos acuerdos:
1.- La desjudicialización del conflicto político, se presentó un acuerdo, se trata de encontrar soluciones políticas al conflicto dentro del marco jurídico de la ley. En este apartado cabría la posibilidad de modificar el delito de sedición y rebelión y adaptarlo a la normativa europea, según afirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles. Quizá se habló del retorno de los fugados o la amnistía general a todos los implicados en procesos judiciales por el procés.
2.- La promoción de la lengua catalana, de forma explícita quedó patente el apoyo del Ejecutivo español a la Ley 8/22 aprobado por el PSC, ERC, Jxcat y los Comunes, y al Decreto Ley 6/22 aprobado por ERC, JxCat y los Comunes. La consejera de Presidencia del Gobierno catalán, Laura Vilagrà, llegó a afirmar: “Hemos conseguido que el Gobierno entierre el recurso constante contra las normas lingüísticas del separatismo y ha subrayado el apoyo del Ejecutivo a las reformas legales para boicotear la introducción de un 25% de español en la enseñanza obligatoria”. Con la promoción de la lengua catalana se busca expulsar la lengua española como lengua vehicular, tratándola como si fuera una lengua extranjera más.
Por otro lado, iniciado septiembre y adelantada en Cataluña en una semana el nuevo curso escolar 2022-2023, el consejero de Educación, Josep González Cambray, realizó una ofensiva contra el uso de la lengua española en las aulas catalanas, dando la orden que ninguna aula catalana aplicará el 25% de español y afirmó: “No hay ningún centro que tenga que cumplir una resolución judicial que obligue a impartir el 25% de castellano”, y agregó: “En defensa del catalán nunca tenemos suficiente. Por eso, nos ponemos a trabajar para incrementar el uso del catalán en nuestros centros educativos”. Esta prohibición incluye a los 27 centros educativos que ya tenían concedido este
porcentaje. Ante esta situación, la asociación Escuela de Todos, dirigido por Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) asesora a las familias afectadas para que puedan reclamar el derecho a poder estudiar como mínimo el 25% en español y ha organizando una manifestación para el próximo domingo día
18 de septiembre en Barcelona, para reivindicar el uso de la lengua Española como lengua vehicular. Al igual que lo hace la asociación Hablamos Español, tanto a nivel catalán como a nivel nacional.
Tal es el grado de desobediencia del Gobierno catalán (departamento de Educación) que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha visto imposibilitado de hacer cumplir la sentencia del 25%, y envió el caso al Tribunal Constitucional (TC) para que ellos decidan qué hacer ante la nueva situación.
También, los partidos políticos: PP, Ciudadanos y Vox, presentaron recursos ante el TC, contra el Decreto Ley 6/2022 y la Ley 8/2022 aprobados por el Gobierno catalán por considerar que algunos artículos son anticonstitucionales. Lo más probable es que el TC admita los recursos presentados contra la ley que veta el 25% de clases de español en las aulas catalanas.
Igualmente, el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, envió a los centros educativos un Proyecto Educativo para la gestión de los centros del curso 2022-2023, donde se incluyen ambas leyes aprobadas, y en el cual afirma que la lengua catalana y aranesa son las lenguas vehiculares y de aprendizaje del sistema educativo catalán, y se considera a la lengua oficial del Estado español como una lengua de enseñanza y uso curricular (páginas 50-55). Incluso ha creado la figura del “coordinador de lengua” para cada centro educativo, cuyas funciones serán: vigilar el uso del catalán y de las otras lenguas tanto en las aulas, patios, comedor, pasillos, etc.
Por otra parte, el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al tomar posesión de su cargo como senador, manifestó no estar de acuerdo con la proposición de ley aprobada por los cuatro partidos en el Parlamento catalán, afirmando: “El PSC es culpable de vulnerar una sentencia del TSJC para
incumplir la cooficialidad de las lenguas en Cataluña. Si no se cumplen las sentencias no estamos en un Estado de Derecho”. Y agregó: “Un 25% es lo mínimo. Yo soy mucho más partidario del equilibrio del bilingüismo cordial. Y el equilibrio es el 50%”. En el caso de que llegue a gobernar veremos qué es lo que podrá hacer para resolver el problema de las lenguas vehiculares en Cataluña y en el resto de comunidades con lengua propia.
Por último, los partidos independentistas están “aparentemente” divididos, tanto JxCat como la CUP, porque no están de acuerdo con la mesa de diálogo, así lo manifiestan sus dirigentes siempre que tienen ocasión. Esto lo hemos podido apreciar en la preparación y celebración de la Diada de Catalunya (Día de Cataluña), donde los partidos independentistas y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) han arremetido duramente contra el presidente Pere Aragonès y dirigentes de ERC, por no seguir sus puntos de vista para conseguir la independencia de Cataluña. Esta fiesta especialmente la celebra el sector independentista, y por el lado constitucionalista, PSC, PP y Ciudadanos también han participado este año, pero hay otros partidos como Valents, que consideran “que el procés está muerto”.
En conclusión, la mesa de diálogo está sirviendo como moneda de cambio a ambos gobiernos con el objetivo de mantenerse en el poder. Al parecer, no les importa la deriva a la que están llevando no solo a Cataluña, sino también al resto de España, provocando el desprestigio del país, perjudicando a la economía, etc.
Por más concesiones que se les dé supuestamente no van a cambiar los objetivos que persiguen. Cada vez exigen más y más, son insaciables e incluso han llegado a no obedecer la sentencia del 25%, porque no les gusta, la cambiaron y de momento no les pasa nada porque tienen el apoyo del Gobierno central.
Al no acatar el cumplimiento del 25% de las clases en español, lo que buscan es imponer el monolingüismo como una forma de control-dominación, y expulsar la lengua española y todo lo español de Cataluña.
El gobierno central favorece este incumplimiento, no defiende el uso de la lengua española, puesto que al parecer su objetivo es aplicar el plurilingüismo en el Senado, en la Administración periférica, e incluso a nivel europeo y en foros internacionales. De ahí su insistencia a que se realicen los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPG) y así nombrar a sus dos representantes para conseguir tener una mayoría progresista en el TC, para luego favorecer a las demandas de los partidos que le apoyan para seguir gobernando. Algo parecido está ocurriendo en el Tribunal de Cuentas.
Finalmente, recordar una vez más que los independentistas nunca se detienen, manejan las leyes a su favor y tienen el poder de su parte, por lo que está en manos de los jueces frenar esta deriva antes de que sea demasiado tarde.
“El valor Estado de Derecho en nuestra democracia no solo exige reconocer el principio de separación de poderes, la independencia de los jueces y el respeto a sus decisiones, sino que supone antes que nada el reconocimiento de la primacía del Derecho, al que deben sujetarse todos los poderes públicos y las personas privadas, ya que en las democracias se gobierna a través de las leyes”, (Carlos Lesmes, septiembre 2022).
