BLOG #LaVida: «La obediencia a la ley» , por Manoly Roldán.
El pasado 31 de mayo, se cumplió el plazo para la aplicación de la sentencia del 25%, el consejero de Educación, Josep González Cambray, respondió al TSJC, que no iba a cumplir la sentencia porque ahora existe un nuevo decreto ley aprobado por ellos y en donde no se contempla ningún porcentaje y en ningún momento se menciona a la lengua española como lengua vehicular. Así mismo, envió un formulario con las instrucciones , a los centros educativos públicos y privados que se mantienen con fondos públicos, según el nuevo decreto ley aprobado por el Ejecutivo catalán, al final del documento hay siete preguntas que deberán responder los centros educativos y así saber si están cumpliendo el proyecto lingüístico del centro y tienen un plazo de 30 días para responder a la Consejería de Educación.
El día 1 de junio, entró en vigor la aplicación de la sentencia. Las asociaciones constitucionalistas y representantes políticos presentaron demandas ante el TSJC por el incumplimiento de la sentencia.
La asociación Escuela de Todos dirigida por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), solicitó al TSJC que: se cumpla la sentencia, se valore posibles vías penales contra el consejero por no cumplir la sentencia y sancionarle con una multa de 1.500€ diarios hasta que se cumpla, e inste directamente a los directores de los centros a cumplir la sentencia y analizar el decreto ley aprobado por el Ejecutivo.
Igualmente, las asociaciones de Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, presentaron denuncias por desobediencia y prevaricación.
De igual manera, el líder de Ciudadanos en Cataluña en compañía de la presidenta del partido, presentaron una denuncia ante la Fiscalía del TSJC, por prevaricación continuada y desobediencia.
Así mismo, el PP, llevará al Congreso una proposición no de ley para que se debata y obligue al Gobierno a hacer cumplir la sentencia.
Además, los partidos constitucionalistas del PP, Ciudadanos y Vox, solicitaron un informe del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) del Parlamento catalán para determinar que el decreto ley es legal y recurrir después al Tribunal Constitucional. De momento se esperan 2 informes del CGE.
Por otro lado, El consejero de Educación, amenazó con eliminar el porcentaje del 25% de los 47 centros en que se había reconocido el derecho a recibir clases en español, pero no puede hacerlo. Se da el caso que en la escuela de Canet de Mar (Barcelona), en el aula del niño de 5 años, donde se aplicó este porcentaje, los padres del resto de niños (28 familias de 30) solicitaron al TSJC que eliminará la medida cautelar de dar 25% de clases en español y que se volviera al monolingüismo, porque consideraban que perjudicaba recibir clases en dos lenguas vehiculares, a lo que el Tribunal se negó y respondió: “la jurisprudencia ha descartado que la aplicación del sistema de conjunción lingüística comporte una lesión eventualmente irreparable de un supuesto derecho de los alumnos a una enseñanza monolingüe vehicular”.Es posible que éste Tribunal eleve una consulta ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el Gobierno a través del consejero de Presidencia, Félix Bolaños, afirmó: “las leyes se tienen que cumplir”, y añadió: “las sentencias no se discuten”.
Una de las declaraciones que menos gustó a los partidos independentistas y al PSC fue cuando el líder PP, dirigiéndose al presidente del Gobierno central, declaro: “que no está frenando el aparheid lingüístico que está practicando el Gobierno catalán en las aulas catalanas con su decreto ley que rechaza explícitamente aplicar los porcentajes que determinó el TSJC”.
También, la presidenta del nuevo partido constitucionalista Valents, Eva Parera, opina que al Gobierno catalán se le debería hacer una moción de censura, pero que no se puede hacer porque el PSC participa de la nueva ley sobre el catalán. Igualmente declaró que los independentistas “nos intentan vender que se está atacando el catalán. Pues no. Aquí nadie hace eso. Son ustedes los que atacan el español. Y es una barbaridad que los propios padres tengamos que defendernos ante un gobierno, para poder garantizar una mejor educación para nuestros hijos. Y en una de las lenguas oficiales de Cataluña”.
El problema de la imposición lingüística en lengua catalana, no solo se produce en los centros escolares, sino que se extiende al ámbito universitario, tanto públicas como privadas. Así esta pasada semana en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) se han producido manifestaciones de alumnos defensores del monolingüismo y la aprobación por parte del Claustro de la Universidad en defensa de la inmersión lingüística al 100% y un rechazo al cumplimiento de la sentencia, vetando el uso de la lengua española, excepto en la clase de lengua, y adoptando el inglés como lengua académica. Será el Consejo de Dirección de la universidad, quien finalmente tomará la decisión.
Actualmente, éste centro de estudios tiene entre un 40% y 45% de clases en catalán, y la Dirección del centro pretende que se dé un 80% de clases en lengua catalana para el curso 2023-2024, para ello se tomarán medidas que deberán cumplir los profesores, como por ejemplo, que los nuevos profesores contratados tengan un nivel C-1 de catalán.
Si pensábamos que lo habíamos visto todo, hemos topado con la iglesia, porque la Fundació de Escuela Cristiana de Cataluña, vinculada a la iglesia católica, envió una circular a 395 centros asociados en el cual les indicaba: “no dar ninguna respuesta por escrito ni tampoco hacer ningún acuse de recibo de posibles peticiones escritas que puedan presentar las familias”. Añadiendo que: “si las familias insisten en que debe firmarles un acuse de recibo’, manifieste su negativa y diríjanlos, si es necesario, a la inspección educativa”. Este hecho se produjo cuando el TSJC había dictaminado la ejecución forzosa del cumplimiento de la sentencia, haciendo pensar a algunos que existe una relación de connivencia entre la iglesia y los líderes independentistas.
Por otra parte, mientras estábamos enfrascados con el incumplimiento de la sentencia del 25%, saltó a los medios la noticia de la falta de cumplimiento de las inversiones de los presupuestos del 2021, según las cuales, en Catalunya se ha ejecutado un 36% de las inversiones y en Madrid un 184%. Los partidos independentistas han repetido esta noticia hasta la saciedad como cortina de humo para tapar su desobediencia a la sentencia, incluso este fin de semana (viernes y sábado) cuando se celebró el segundo congreso de JxCat, en Argelers (Francia), en el cual se reunieron unas 900 personas, entre los propios del partido y representantes de ERC, Demòcrates, Òmnium Cultural, ANC, etc. En la asamblea, se produjo un cambio de dirección, del presidente y secretario general, Carles Puigdemont y Jordi Sánchez, dando paso al nuevo equipo, dirigidos por Laura Borràs y Jordi Turull.
Los discursos dados por cada uno de ellos siguió una tónica común y hay que tenerlos en cuenta y comprobar que no han cambiado desde septiembre y octubre de 2017, sino que la intensidad es mayor, teniendo en cuenta que el nuevo secretario general ha sido indultado y su caso como el de sus otros compañeros políticos están para ser revisados por el Tribunal Supremo, y la nueva presidenta está pendiente de juicio.
Las declaraciones de Carles Puigdemont, fue como siempre, en contra del Estado español y su Gobierno, vendiendo la idea que los catalanes son de segunda o tercera, cuando sabemos que no es así. El mensaje dejado a los asistentes independentistas fue que deben continuar el trabajo que iniciaron en 2017, hasta conseguir la independencia. Él, lideró la ofensiva para que no se cumpliera la sentencia del 25%.
Por su parte, Jordi Turull, dijo que ahora toca poner la directa, ya no referéndum o referéndum, sino independencia o independencia. Ella, declaró: «Hace un año accedimos al Govern y ahora tenemos que trabajar para que este Govern independentista haga avanzar este país hacia la independencia. Hay que gobernar con una visión independentista, porque gobernar no es la finalidad en ella misma, gobernar es un medio para llegar al objetivo de un país mejor que queremos conseguir».
En los diferentes discursos dados, dieron a entender que ERC, no está yendo por el camino trazado y que debe corregir, que no esté en mesas bilaterales o diálogo, porque no conseguirá nada, solo retrasar la independencia.
Hay que mencionar, además el envío de un informe realizado por la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa (C´), a la Comisión Europea, sobre los ataques a las libertades civiles en Cataluña y que se deben frenar. Solicita que se amoneste al Gobierno español por “no intervenir en la defensa del Estado de derecho”.
En dicho informe se mencionan varios temas entre los que se encuentran:
- El derecho a la libertad de trato y derecho a la educación: es decir, que en Cataluña no se respeta el uso de las dos lenguas oficiales, sino que durante más de 40 años se vulnera el mandato de la Constitución española, incumpliendo sentencia tras sentencia.
- La libertad de expresión, libertad ideológica y libertad de asociación: por ejemplo lo ocurrido en la UPF, en el cual se discrimina a la asociación constitucionalista S´ha acabat, por pensar diferente, llegándose incluso a sacar a sus miembros a empujones del centro hasta echarlos fuera.
- La falta de libertad de catedra en las universidades catalanas: lo hemos podido apreciar en la decisión tomada por el Claustro de profesores de la UPF, posicionándose del lado independentista y queriendo obligar a que las clases se den al 100% en catalán, sin tener en cuenta que existe otra lengua oficial y que merece igualdad de trato.
Por último, a finales del mes de mayo, el diario La Vanguardia publicó una noticia sobre como en la provincia de Quebec (Canadá) el Gobierno conservador y nacionalista, aprobó una ley que limita el bilingüismo e impone sanciones para proteger la lengua minoritaria francesa, claro está que se usa como argumento a favor del monolingüismo catalán, pero resulta que en Canadá tanto el francés como el inglés son lenguas oficiales, entonces, no se debería discriminar a la lengua inglesa. El hecho que la lengua francesa sea menos utilizada que el inglés no le da derecho a eliminar o limitar su uso. Este símil se podría aplicar a Cataluña, en el cual tanto el español como el catalán son lenguas oficiales, por tanto, ambas deben coexistir en igualdad de condiciones.
En conclusión, el hecho de que el Ejecutivo catalán, haya decidido no cumplir la sentencia del 25% de clases en español en las aulas catalanas, implica que el Gobierno catalán, la consejería de Educación y su consejero de Educación se encuentran actuando al margen de la ley, porque las sentencias se deben cumplir y no hay alternativa.
En Cataluña, está en juego la credibilidad de la justicia, de los jueces, del cumplimiento de la ley y la defensa del Estado de derecho de la nación española. Es decir, la democracia frente a quienes se niegan a cumplir de forma continuada.
Como es sabido por todos, los partidos políticos independentistas están utilizando la lengua catalana como instrumento para el proceso de construcción nacional y como seña de identidad. El objetivo es expulsar a España de las aulas catalanas.
La imposición lingüística está afectando a los centros educativos tanto escolares como universitarios, públicos y privados sustentados con dinero público. Ha llegado la hora en que se debe aplicar la separación de poderes en el Estado español y que se ponga coto a la desobediencia continua del Gobierno catalán, haciendo que se cumpla lo que se establece en los artículos 1, 9 y 118 de la Constitución Española.
Mencionar que algunos profesores, directores e inspectores de Cataluña, temen las represalias que puedan sufrir por oponerse al cumplimiento de la sentencia dictaminada por el TSJC. Ellos no saben si obedecer al Tribunal o al decreto ley aprobado por el Gobierno catalán. Hace tiempo que están siendo vigilados en qué lengua dan sus clases porque se les hace un seguimiento. Se juegan su puesto de trabajo.
Se espera que para el próximo curso escolar 2022-2023, esté solventada la aplicación de la sentencia del 25% de clases en español en las aulas catalanas como primer paso. Luego se luchará para conseguir el 50% como dice el líder del PP: “el equilibrio del bilingüismo cordial”, que es lo justo al ser lenguas vehiculares de Cataluña, donde no debe existir discriminación por razón de lengua o cultura.
Según el presidente de la asociación Impulso Ciudadano, José Domingo, en Cataluña, no sería posible aplicar el bilingüismo como en el país Vasco, sino que de acuerdo al Estatuto de Autonomía, correspondería implantar un modelo de conjunción lingüística de ambas lenguas oficiales en las aulas catalanas, 50% de cada una de las lenguas.
Finalmente, recordar que el próces sigue adelante y es responsabilidad de los que mandan en las altas instancias poner una solución antes de que sea demasiado tarde… “La calidad del Estado de Derecho no se deteriora de un día para otro, es algo casi imperceptible al principio y que se agrava si no hay una voz de alarma y una respuesta, por lo que también debe preocuparnos en Estados que pasan más desapercibidos. Es necesario mantenernos vigilantes en todos los Estados miembros”, (Maite Pegazaurtundúa, mayo 2022).
