BLOG #LaVida: «La ejecución forzosa de la sentencia del 25% de español» , por Manoly Roldán.
El pasado 25 de marzo, venció el plazo para que se hiciera efectiva la sentencia del Tribunal Supremo (TS), sobre el 25% de las clases en español.
La Generalitat rechazó su cumplimiento y a cambio el consejero de Educación, Josep González Cambray, envió un acuerdo firmado por los partidos de ERC, JxCat, PSC y los Comunes, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), para reformar la Ley de Política Lingüística.
En este Proyecto de ley, se reconoce el catalán como lengua vehicular y la presencia del español como lengua de aprendizaje, se busca flexibilizar la inmersión y adaptar los currículos a la realidad sociolingüística de cada centro, no se tiene en cuenta el porcentaje de las lenguas de enseñanza, el objetivo final es que los alumnos al finalizar la ESO sean competentes en la forma oral y escrita de las lenguas oficiales de Cataluña (español, catalana y aranés).
En esas fechas, también, presentaron demandas de ejecución forzosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), las asociaciones Escuela de Todos (formada por 15 agrupaciones y entre ellas está AEB), la asociación de Hablamos Español, JUCIL, y representantes políticos de los partidos constitucionalistas minoritarios, para que se reconozca a los alumnos catalanes el derecho a recibir como mínimo el 25% de clases en español.
A día de hoy las circunstancias han cambiado, el TSJC solo aceptó la solicitud de ejecución forzosa de la asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), por considerar que es la única que tiene interés legítimo en esta causa.
Así mismo, de los cuatro partidos que firmaron el acuerdo, solo quedan tres (ERC, PSC y los Comunes) y JxCat se retiró del acuerdo. La reforma puede salir adelante sin los votos favorables de JxCat.
En JxCat, el expresidente catalán, Carles Puigdemont y el secretario general, Jordi Sánchez, dejarán sus cargos, en su lugar para evitar conflictos en el partido han decidido ir en una lista única, en la cual Laura Borras y Jordi Turull, optarán a los cargos de presidenta y secretario general, para ello realizarán una consulta a las bases a celebrarse el próximo 4 de junio en Argelés (Francia), donde podrán acudir los eurodiputados independentistas. La segunda cita será en el mes de julio en Barcelona.
Los dirigentes de JxCat, han decidido que no apoyarán el Proyecto de Ley de Política Lingüística porque no están conformes con lo plateado. Además, para ello deberían contar con el apoyo de las entidades de ANC, Ómnium Cultural y otros.
De igual manera, según declaraciones de la presidenta Laura Borràs, estudia someter a las bases del partido la continuidad del pacto de legislatura con ERC. No están de acuerdo que ERC, se haya aliado con el PSC y los Comunes, porque refuerza el autonomismo y se aparta de su objetivo principal que es conseguir su independencia.
Por otro lado, el pasado 9 de mayo, el TSJC dio la orden al Departamento de Educación que en un plazo de 15 días hábiles (hasta el 30 de mayo) se ejecute la sentencia del 25% de clases en español de forma inmediata. Al consejero de Educación, Josep González Cambray, se le indicó que “dicte las instrucciones y establezca las garantías de control para que todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en un caso y en el otro”. Además, se incluye que se deberá dar una asignatura o materia troncal en castellano y establecer medidas de control al Departamento de Educación, el cual deberá informar el grado de cumplimiento de las medidas y que la Alta Inspección Educativa (Delegación de Gobierno) deberá verificar el cumplimiento de la sentencia en las aulas catalanas.
Por su parte, el consejero de Educación enviará un recurso de reposición ante el Tribunal Supremo, pero no servirá de nada porque los plazos de la ejecución de la sentencia seguirán su curso.
En respuesta a lo dictaminado por el TSJC, el Gobierno catalán dio el siguiente mensaje: “se les dará a los profesores y directores de escuelas las herramientas necesarias para trabajar con la libertad que necesita el profesorado y con la tranquilidad de que es el Departamento de Educación el responsable jurídico para asumir la responsabilidad última” y añadieron “deben seguir trabajando de la misma manera sin ningún cambio”. Su plan de choque será dar más catalán no solo en las aulas, sino en los recreos, comedor, extraescolares, interacción en el aula, biblioteca, etc.
La respuesta de JxCat a la sentencia del TSJC fue: “elevar una propuesta propia al Govern” para aprobar un decreto para reformar la Ley de Educación de Catalunya.
En todo este proceso, la posición de la Abogacía del Estado (el Gobierno) fue no pedir la ejecución forzosa sino que se inhibió en favor del TSJC, esperando que éste organismo le informara si lo aportado por el consejero de Educación era suficiente.
Por otra parte, se aportan los siguientes datos que describen la población de Cataluña, el uso de la lengua en primaria, secundaria y fuera de las aulas, y el número de horas de clases de español en las aulas catalanas:
Según la encuesta realizada por el CEO (CIS catalán) marzo de 2022, se aprecia una población del 69,3% nacida en Cataluña y el 57,2% tienen como lengua materna el español. Por nivel de estudios, el 51,1% tienen estudios secundarios y el 33,4% estudios superiores.
Según el último Informe del Defensor del Pueblo de Cataluña, la lengua vehicular en la educación primaria es en catalán: impartición de materia 71,6%, la interacción en el aula entre los compañeros 50,9% y con el profesor 81,5%, interacción en el aula profesor-alumno 66,2%, la lengua vehicular en el aula 70,2%, y el comedor 57,7% y la lengua vehicular en la escuela es de 62,1%, y tan solo es lengua vehicular el español en el patio de recreo con un 56,5%.
La lengua vehicular en la ESO es en catalán: impartición de materia 67,3%, interacción en el aula con el profesor 72,8%, interacción profesor-alumno 55,8%, la lengua vehicular en el aula 64,4% y la lengua vehicular en la escuela 60,6%. En cambio en español: la interacción en el aula entre los compañeros 60,3%, la lengua vehicular en el patio 66,8% y en el comedor 53,4%.
Fuera de las aulas, los estudiantes hablan más español en el ámbito familiar 53%, con las amistades 65%, redes sociales 59%, consumo de medios audiovisuales 73%, consumo literario 55%, ocio un 52% y en deporte 55%.
Si se llega a hacer efectiva la sentencia del 25%, se deberá impartir la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, además de una asignatura troncal como: Historia, Matemáticas, Ciencias, etc.
Según un Informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en cuanto a las horas de clases en español en las aulas catalanas: los alumnos de infantil (3-6 años) de tener 0 horas pasarán a 5,63 horas por semana, los de primaria (6-12 años) de 2 horas a 5,63 y los alumnos de la ESO (12-16 años) y Bachillerato de tener 3 horas a 7,5.
En conclusión, el Gobierno catalán, durante años ha buscado la manera de esquivar el cumplimiento de la sentencia del 25%, ya sea creando organismos, realizando encuestas de parte, creando un decreto y firmando un acuerdo de Proyecto de ley para proteger la inmersión lingüística en catalán; sin tener en cuenta la realidad sociolingüística de Cataluña, donde se ve claramente que la mayoría de la población catalana es castellanoparlante y en los centros educativos, administración y empresas privadas se usa mayoritariamente la lengua catalana.
De igual manera, es un derecho constitucional conocer y utilizar las dos lenguas oficiales (sin olvidar el aranés) en igualdad de condiciones (CE, artículos 3, 14 y 139) y lo dice el Estatuto de Cataluña en sus artículos 6 y 32. Estamos en un Estado democrático de Derecho donde la sentencia firme con orden expresa de ejecución, se debe cumplir, esperando no se computen las horas fuera del aula…
Se debe dejar de lado la lucha continua y partidista de utilizar la lengua como elemento de controversia, que más ocupa a algunos partidos políticos y no así a la población común que tienen otras prioridades como: seguridad, trabajo, economía, salud, educación, vivienda, etc.
Sin olvidar que existe la posibilidad de que JxCat dé por finalizado su acuerdo de Gobierno con ERC, poniendo en peligro su continuidad, o posiblemente el PSC y los Comunes le apoyen para seguir gobernando mientras dure el Gobierno del presidente Pedro Sánchez.
En la medida que el Gobierno catalán, exige que se respete el Estado de Derecho y los Derechos Humanos (ej. Espionaje a los líderes independentistas) también debe cumplir esta sentencia firme ejecutoria del TSJC.
Lo más saludable para los alumnos, es no obligarles a que aprendan en lengua castellana o catalana, sino que sea un proceso pacífico donde los padres puedan elegir la lengua materna en que quieren que sus hijos sean educados, porque, además de estas dos lenguas oficiales deberán aprender una tercera lengua extranjera ya sea: inglés, chino mandarín, alemán, francés, etc.
“Si ya es laborioso y a veces tardío conseguir una sentencia, comprobar después que no se ejecuta, una vez que es firme, y que ni siquiera se intenta por quien tiene la obligación constitucional y los medios para hacerlo, incluida la Administración, provoca una sensación de frustración e inseguridad notable en quien la obtuvo y reclama su cumplimiento; pareja a descubrir que no vive en un Estado de derecho”, (Juan Cesáreo Ortiz-Úrculo, marzo 2022).
