BLOG #LaVida: «La reforma de la Ley de Política Lingüística de Cataluña» , por Manoly Roldán.
El pasado 25 de marzo venció el plazo para que se hiciera efectiva la sentencia del Tribunal Supremo (TS), sobre el 25% de las clases en español. Ese mismo día el consejero de Educación envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el acuerdo suscrito entre ERC, JxCat, PSC y los Comunes, para reformar la Ley de Política Lingüística de Cataluña.
El artífice para que saliera adelante este Proyecto de ley fue el PSC, que después de dos meses de trabajo, consiguió que firmaran dicho proyecto los cuatro partidos, aunque al pasar unas horas JxCat se descolgó del pacto, debido a la presión de las redes sociales y por orden del expresidente Carles Puigdemont. Los firmantes del acuerdo esperan que JxCat sume, pero éste pone condiciones. Según Josep Rius (de JxCat), afirmó que dará su apoyo, solo si “existe el consenso político y social que requiere”, es decir, que las entidades de Òmnium Cultura, Som Escola, Plataforma per la Llengua (entidades independentistas), comunidad educativa y sindicatos afines de la enseñanza, le den su soporte.
Con este Proyecto de ley firmado, se reconoce el catalán como lengua vehicular y la presencia del español como lengua de aprendizaje, se busca flexibilizar la inmersión y adaptar los currículos a la realidad sociolingüística de cada centro, no se tiene en cuenta el porcentaje de las lenguas de enseñanza, el objetivo final es que los alumnos al acabar la ESO sean competentes en la forma oral y escrita de las lenguas catalana y española, y en el Valle de Arán, los alumnos tienen el deber de conocer de modo escrito y oral las lenguas aranesa, española y catalana.
Por su parte, la asociación Escuela de Todos (formada por 15 agrupaciones), la asociación de Hablamos Español, la asociación de la Guardia Civil, JUCIL, y los partidos constitucionalistas minoritarios, presentaron demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pidiendo la ejecución forzosa de la sentencia, para que se reconozca a los alumnos catalanes el derecho a recibir como mínimo el 25% de clases en español y reclamar responsabilidades penales contra el consejero de Educación, Josep González Cambray.
Por otro lado, entre el 26 y 28 de abril, se debatirá y votará la modificación de la Ley de Política Lingüística de Cataluña, en el Parlamento catalán. Igualmente, la ANC ha convocado dos manifestaciones, en esas mismas fechas, delante del Parlamento para manifestar su desacuerdo contra lo aprobado. El objetivo de estas manifestaciones es que JxCat no se sume al acuerdo.
Así mismo, Salvador Illa, pidió al nuevo líder del PP Alberto Núñez Feijóo, que se sume al acuerdo de la reforma de la Ley de Política Lingüística, que blinda el catalán como lengua vehicular y al español como lengua de aprendizaje. El dirigente socialista pide al líder popular: “corroborar con hechos su orientación moderada respecto a su antecesor Pablo Casado, y apela a su sensibilidad con las lenguas cooficiales”, y a continuación lo cuestiona con la siguiente declaración: “Si está de acuerdo con el planteamiento, o es que el catalán en Catalunya debe tener un tratamiento distinto al gallego en Galicia”.
De momento el PP de Cataluña no ha revelado cuál será su voto, pero su líder Alejandro Fernández, en una entrevista declaró: “no llevaría la norma a los tribunales si respeta las sentencias sobre el 25% de clases en castellano”, y está de acuerdo en que los centros educativos sean los que modulen las horas de español.
La reforma puede salir adelante sin los votos favorables de JxCat y el PP, porque los tres partidos (PSC, ERC y los Comunes) tienen mayoría suficiente para sacar adelante la reforma. La idea es cuantos más firmen el acuerdo, mayor consenso tendrá la reforma aprobada.
Por otra parte, una vez vencido el plazo dictaminado por el Tribunal Supremo (TS) para que se aplique el 25% de clases en español, la Consejería de Educación de Cataluña, respondió con un recurso, negando el derecho a un alumno de sexto de primaria a recibir el 25% de clases en español. La Generalitat, a través de su abogada indicó: “los padres del pequeño no están legitimados para realizar esta petición y que no hay ninguna norma que les obligue”, convirtiéndose así, en el primer acto de rebeldía contra lo dictaminado por el Tribunal Supremo.
Por último, hasta el momento la Abogacía del Estado (el Gobierno) no ha pedido la ejecución forzosa al TSJC, para que se cumpla el 25% de las clases en español en las aulas catalanas, esperando que este organismo le informe si lo aportado por el consejero de Educación es suficiente.
En conclusión, para aprobar el acuerdo de reforma de la Ley de Política Lingüística de Cataluña, el Gobierno catalán no cuenta con el 52% como solía decir, solo queda ERC que se alía con el PSC y los Comunes, esta unión se repite en los partidos del Gobierno central, UP y el PSOE, con el apoyo de ERC.
A través de este acuerdo se aprecia el giro de ERC, con Pere Aragonès, hacia una política más real, aunque con la aprobación de esta reforma no se cumple con el porcentaje del 25% dictaminado por el TS, y no tiene en cuenta a la lengua española como vehicular, sino que la considera una lengua de aprendizaje.
Es posible, que viendo la crisis económica y social en que nos encontramos en España, la guerra de Rusia contra Ucrania y el futuro triunfo del PP en unas próximas elecciones generales y la gobernabilidad con VOX, hace que el presidente catalán sea más realista y vea peligra su autogobierno, y es por eso que opta por aliarse con el PSC y los Comunes.
Según Antonio Robles, ojalá que un día, “se impusiera por sentido común la tolerancia lingüística y respeto entre los hablantes de las lenguas oficiales de Cataluña. Y dejará de utilizarse como ariete político para imponer una nación de 2 millones, a una Cataluña de más de 7,5 millones de habitantes”, cuando según la encuesta realizada por el CEO (CIS catalán) marzo de 2022, nos indica que 69,3% de la población catalana nacida en Cataluña, tiene como lengua mayoritaria la lengua española, con un 57,2% de hablantes.
Sería interesante saber cuál es la postura que adoptará el nuevo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respecto a la inmersión lingüística en todas las comunidades autónomas que tienen más de una lengua vehicular, siendo que él viene de una comunidad autónoma donde se aplica la imposición lingüística por parte de su Gobierno.
Además, es posible que el presidente del Gobierno español, antes del verano blinde el catalán y de esa manera tener el apoyo de ERC y asegurar su Gobierno hasta finalizar su legislatura. Quizá apruebe la utilización de las lenguas autonómicas en el Congreso y Senado.
“Lo que es insólito es que en algunas partes de España los niños no puedan estudiar en español, que suele ser su lengua habitual, la lengua que dominan y, desde luego, la lengua común del Estado y la segunda que más se habla en el mundo. Algo que la Constitución Española recoge pero que el fanatismo lingüístico lleva saltándose años, con la aquiescencia del Gobierno de España y de los principales partidos políticos” (Gorka Maneiro, abril 2022).
