BLOG #LaVida: “Sin comentarios”, por Manoly Roldán.
La presidenta del Parlament catalán, Laura Borràs, este pasado jueves retiró el acta al exdiputado de la CUP, Pau Juvillà, por orden de la Junta Electoral Central (JEC), por haber colocado lazos amarillos durante la campaña electoral de las elecciones generales de 2019, en el Ayuntamiento de Lérida. Para llegar a esta decisión pasó por diferentes etapas, desde negarse a retirar el escaño, afirmando que lo defendería hasta que hubiera una sentencia firme del Tribunal Supremo (TS), luego quiso cerrar el Parlament hasta el jueves, fecha en que la comisión del Estatuto del Diputado decidiría qué solución dar al caso del diputado, medida por la que fue apercibida por los letrados del Parlament de no aplicar porque iba en contra de la ley. Al no dar resultado su estrategia optó a que se suspendieran todas las comisiones que hubieran pendientes y donde participaban los partidos independentistas (martes-jueves).
En cuanto a esta suspensión, el PSC y los partidos constitucionalistas pensaron que se deben cumplir las sentencias y que les parece bochornoso que se hayan suspendido las diferentes comisiones que se deberían haber llevado a cabo. Las palabras del diputado del PSC, David Pérez, refleja el sentir de muchos diputados: “Este Parlament lo está pasando mal. Hay un punto de degradación parlamentaria inusual, y mira que llevo años en esta Cámara. Este abuso de teatralización, este modo de cambiar los procedimientos con una resolución que determina lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer”.
El jueves por la tarde, se celebró la comisión donde aprobaron: “defender la condición del diputado Juvillà”, pero no se puede garantizar dicha condición, por las “posibles consecuencias judiciales para el cuerpo funcionarial de la Cámara catalana”. En esa votación no se convocó a Pau Juvillà, ni se le avisó para delegar su voto, con lo cual quedaba claro que se había retirado el escaño. El 28 de enero la JEC despojó de su escaño al diputado. Votaron a favor: ERC, JxCat y los comunes (73 votos). Votaron en contra: PSC, PPC, Cs y VOX (53 votos). Esta decisión no gustó a los de la CUP y abandonaron la sala. Ellos esperaban que la presidenta cumpliera su palabra, pero no fue así.
La presidenta, en un principio se negaba a cumplir el requerimiento de la JEC, finalmente viendo lo sucedido al expresidente del Parlament, Roger Torrent, respecto al expresidente catalán, Joaquim Torra (muy a su pesar tuvo que retirar el escaño) optó por obedecer, gracias a su compañero Jaume Alonso Cuevillas que la asesoró, y así evitó su inhabilitación. El jueves por la mañana la secretaria del Parlament envió una carta de respuesta a la JEC, conforme obedecía el requerimiento de retirar el escaño al diputado.
La presidenta quiso mantener su discurso inicial hasta el final, pero recibió mucha presión, desde Waterloo, Carles Puigdemont, el Consell per la Republica y la Asamblea de Representantes (órganos externos a la Generalitat) la orden era: “Pedimos a los diputados y presidenta del Parlamento que defiendan con hechos, y hasta las últimas consecuencias, la soberanía del Parlament y los derechos de los diputados electos como muestra de dignidad política y de rigor en la representación parlamentaria. Si se da el caso, pedimos al pueblo que defienda a los representantes legítimos”. Finalmente se ha impuesto el sentido común. Sus compañeros de ERC, esperaban que ella se diera cuenta y sintiera por lo que pasó Roger Torrent al retirar el escaño a Joaquim Torra.
Por otro lado, el viernes pasado la Consejería de Educación de Generalitat, respondió a la notificación (diez días de plazo) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), respecto al cumplimiento del 25% de clases en español en la escuela catalana. Respondieron, pero no dieron ninguna información de quién será la persona encargada de hacer cumplir la sentencia. Tienen de plazo hasta el 21 de marzo para indicar cómo incluirán la lengua española en los programas lingüísticos y así dar cumplimiento a la sentencia.
Así mismo, la Consejería de Educación de la Generalitat, está preparando un decreto para que sean los centros educativos los encargados de organizar el aprendizaje de las lenguas, según la composición lingüística de su alumnado y la realidad sociolingüística del entorno del centro. Dicho decreto se basa en la Ley de Educación de Cataluña (LEC). El fin último, es que los alumnos al finalizar los estudios obligatorios sean competentes en el dominio de las lenguas oficiales de Cataluña: español, catalán y aranés.
También, el próximo curso 2022-2023, se empezará a aplicar el nuevo currículo de Educación (Lomloe-Ley Celáa), y en Cataluña los docentes han recibido el borrador de la enseñanza en primaria, secundaria y FP, tienen hasta el día 18 para hacer aportaciones. De este currículo llama la atención lo referente al aprendizaje de las lenguas e historia.
Respecto a la lengua, resalta la diversidad cultural y lingüística; las dos lenguas oficiales, una lengua extranjera y una cuarta lengua que se debe ofrecer en la ESO. Se deben utilizar las lenguas de forma natural, en todas las materias y con todos los recursos necesarios (material escrito o audiovisual).
En cuanto a la historia (ciencias sociales, geografía e historia), se deja libertad a los docentes para enseñar determinados aspectos de la historia, como por ejemplo: identificar los colectivos que han sido sometidos, silenciados e invisibilizados, y las luchas y movimientos sociales y de emancipación nacional en Cataluña y España.
La inmersión lingüística se intensifica, también, en las universidades catalanas. Según el Govern catalán han recibido 55 denuncias sobre profesores que dan clases en español y que deberían darlo en catalán, detrás de estas denuncias están los sindicatos afines al independentismo, como: Sindicat d`Estudiants dels Paisos Catalans (SEPC) y Plataforma per la Llengua, ambos crearon una Web para que los alumnos presentaran sus denuncias. Para corregir esto el Govern, presentará en el mes de abril un protocolo para hacer de la lengua catalana, la lengua vehicular de las universidades. En oposición, está la entidad constitucionalista: Universitaris per la Convivencia, quienes no están de acuerdo con estas medidas, creen que se debe permitir que los alumnos y profesores deben ser libres en utilizar cualquiera de las dos lenguas.
Para fortalecer el catalán en las universidades el Govern anunció un plan formado por cuatro ejes: la docencia universitaria en catalán; la investigación y la transferencia de conocimiento en catalán; el catalán en un contexto de internalización y el catalán como lengua de encuentro y convivencia.
Por último, las relaciones entre los partidos independentistas están siendo difíciles, en especial con la CUP, después de la retirada del escaño a Pau Juvillà, y los comunes que prestan su apoyo al Govern catalán. En Madrid, las relaciones entre ERC, PNV y EH Bildu, tampoco pasan por un buen momento con el Gobierno central, después de no haber apoyado para que saliera adelante la reforma laboral 2022, aunque lo ha conseguido con el respaldo de otros partidos. Es necesaria su aprobación para que luego la Comisión Europea libere 12.000 millones de euros de los fondos europeos para la recuperación y resiliencia española, que se recibirán dentro de los próximos seis meses. De igual manera, el hecho de que ERC, JxCat y la CUP no hayan apoyado la reforma laboral puede afectar para la celebración de la mesa de diálogo y la comisión bilateral.
En vista que la mesa de diálogo se dilata en el tiempo, el presidente catalán, Pere Aragonès, tiene previsto para el día 14 de este mes, celebrar una conferencia para fijar la posición del movimiento independentista y la posición de su partido en su relación con el Gobierno central. Él quiere rearmar el independentismo y liderar un consenso para avanzar hacia la independencia.
En conclusión, se puede decir que en el Parlament catalán con la decisión que tanto costó tomar a la presidenta, se ha impuesto el sentido común, que es obedecer la sentencia de la JEC.
En cuanto a la aplicación del 25% de la lengua española en las aulas catalanas, la posición del Govern catalán se acerca a la posición del PSC, ambos consideran la lengua catalana como vehicular en Cataluña y a la vez reconocen que la sociedad catalana es plurilingüe. Falta más claridad en este punto. Los constitucionalistas por su parte reclaman que los padres puedan elegir una educación bilingüe para sus hijos (español o catalán), además, de reconocer la necesidad de conocer y dominar una tercera lengua extranjera, para comunicarse en la sociedad y el mundo laboral tanto dentro como fuera de España.
Una vez más, repetir que el independentismo aparentemente está desunido, pero a la hora de la verdad permanecen unidos, eso hace la diferencia con los constitucionalistas donde cada grupo político en Cataluña quiere tener el protagonismo.
Finalmente, lo ocurrido en el Congreso de Diputados con la aprobación de la reforma laboral, deja mucho que desear el comportamiento de nuestros políticos que representan a todos los españoles.
