La delegada del Gobierno de la Junta alerta de que más de 24.000 hectáreas en el Levante almeriense podrían verse gravemente afectadas y acusa al Ejecutivo central de actuar con “despotismo” y sin transparencia
La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha criticado duramente al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el último recorte aprobado en el trasvase Tajo-Segura, en una entrevista en esRadio Almería tras el acto de protesta celebrado en Murcia, convocado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). En este encuentro, junto a representantes de Murcia y la Comunidad Valenciana, Andalucía volvió a mostrar su oposición frontal a unas medidas que califican de “injustas, unilaterales e insolidarias”.
“Lo que está tratando el Gobierno es que se muera la agricultura”, afirmó Martín, quien lamentó el nuevo tijeretazo al agua trasvasada, que supondrá la pérdida de 7,5 hectómetros cúbicos solo para Almería, afectando directamente a 5.000 hectáreas de regadío y de forma indirecta a 24.000 hectáreas en el Levante almeriense. La delegada insistió en que estas decisiones se están tomando de espaldas a las comunidades autónomas afectadas y “sin consenso alguno”.
Martín describió el acto de protesta como “multitudinario” y con un ambiente cargado de indignación. “Los ánimos estaban muy calientes”, confesó, y aseguró que los regantes vislumbran un panorama negro de cara a los próximos años, especialmente a partir de 2027, si no se revierte la situación actual.
La delegada de la Junta no dudó en vincular la decisión del recorte al cumplimiento de una promesa electoral de Pedro Sánchez al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Esto obedece a un compromiso político”, dijo. “Page se ha mostrado muy contento con esta decisión, mientras nosotros nos enfrentamos a una amenaza directa contra nuestra soberanía alimentaria”.
También puso el foco en la falta de inversión en infraestructuras hídricas clave, como la desaladora de Carboneras, cuya ampliación y modernización lleva años pendiente. Según Martín, “no es un problema puntual”, sino estructural, y advirtió de que si no se soluciona la situación de esta planta, el abastecimiento en el Levante almeriense podría peligrar. “No se trata solo del apagón eléctrico reciente, venimos denunciando deficiencias desde hace mucho”, añadió.
En este sentido, criticó la inacción del Ministerio de Transición Ecológica, a quien acusó de usar la política del agua como “arma arrojadiza” para pagar favores políticos. “Han convertido un bien público en una herramienta de castigo para determinadas regiones. Y eso no lo vamos a permitir”.
Martín defendió que Andalucía, como Murcia y Valencia, no reclama “el agua de nadie”, sino recursos disponibles que pueden ser trasvasados “sin dañar el medio ambiente y con todas las garantías técnicas”. Según sus palabras, el sureste español ha demostrado ser “ejemplo de eficiencia y sostenibilidad en el uso del agua”, generando riqueza, empleo y alimentos que abastecen a toda Europa.
Por último, hizo un llamamiento a la negociación: “Nosotros no nos negamos al diálogo, al contrario, siempre hemos tendido la mano. Pero lo que no vamos a aceptar es que se sigan tomando decisiones lesivas sin transparencia y sin contar con nosotros”. Aseguró que la Junta seguirá apoyando a los regantes “en todos los frentes: político, técnico, jurídico y social”.
