El coordinador provincial de Ciudadanos en Almería explica que la Ley contra el Fraude a nivel andaluz estará en funcionamiento antes de que concluya el años
Rafael Burgos, coordinador provincial de Ciudadanos en Almería, ha señalado que este miércoles tendrá lugar en el Parlamento de Andalucía el debate final de la Ley contra el Fraude y la Corrupción. El político del partido naranja ha afirmado que «Ciudadanos pone fin a la corrupción con esta ley», añadiendo que «con Ciudadanos al frente se cierra la puerta a la corrupción». Para Burgos «la corrupción es, quizá, el problema más grave de nuestra democracia».
El coordinador provincial de Ciudadanos en Almería ha indicado que «será un antes y un después en nuestra comunidad”, mencionando que “desde que entramos en el Parlamento en el año 2015 fue un acuerdo que suscribimos con el PSOE, pero que la señora Díaz nunca estuvo dispuesta a cumplir”. Rafael Burgos ha indicado que «la corrupción no solo merma la eficiencia de las instituciones, sino que también mancha la imagen de todos los que nos dedicamos al servicio público”. El político naranja ha asegurado que “ningún otro partido tiene el listón tan alto como el nuestro», asegurando que «esa tolerancia cero nos ha llevado en todas las regiones donde gobernamos a imponer una agenda política en la que estuviera marcada la lucha contra la corrupción”.
Además, el coordinador provincial de Ciudadanos en Almería ha señalado que “todos los partidos políticos se pronuncian en contra de estos casos que pervierten la administración pública», agregando que «ahora tienen la oportunidad de demostrar que respaldan esta iniciativa”. En esta línea, Burgos ha querido mencionar algunos casos de corrupción producidos en la provincia como el caso ‘Costurero’ de Zurgena o el caso ‘Facturas’ en la Diputación Provincial de Almería, indicando que han llevado a “generar titulares muy negativos para nuestra provincia, con la incertidumbre que eso genera a las empresas que quieran invertir en Almería”.
Rafael Burgos ha asegurado que “los almerienses llevan muchos años viendo cómo sobre los políticos recaían sospechas de corrupción sin que los propios partidos hicieran nada para esclarecerlas». El coordinador del partido naranja ha indicado que «había una sensación de impunidad que hacía de la corrupción uno de las principales preocupaciones del ciudadano», afirmando que «es lo que ha ido alejando a la sociedad de una labor tan legítima como la del Parlamento y el Gobierno, generando desafección y descrédito en los poderes públicos”.
Según Burgos, “esta ley lo que hace es que, definitivamente, todos aquellos que tengan la intención de delinquir o de utilizar las Administraciones Públicas para enriquecerse definitivamente abandonen esa idea”. Asimismo, ha destacado que “es fundamental que tengamos, no sólo una ley sino también una Oficina de Protección del denunciante”, indicando que “algunos han considerado a los denunciantes de corrupción como los causantes del problema, cuando realmente han sido los que han permitido que se conozcan esas artimañas para desviar dinero público».
Por último, Burgos ha indicado que la Ley de Lucha contra el Fraude, cuyo dictamen fue aprobado sin ningún voto en contra, contempla sanciones de entre 300 y 100.000 euros en función de la gravedad de las infracciones, así como diferentes medidas de protección y defensa del denunciante.
