A cinco días para que termine el año, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha puesto de manifiesto, en declaraciones a Europa Press, cómo durante este año de mandato PP-Ciudadanos, pero especialmente en los últimos cuatro meses, el Gobierno central, presidido en funciones por Pedro Sánchez, no ha dejado de poner ‘palos en las ruedas’ sobre la comunidad autónoma andaluza.
Sánchez Torregrosa ha manifestado que desde Madrid se está «penalizando el voto de una región y de una provincia» poniendo «zancadillas y obstáculos» a la acción de gobierno de la Junta, por ejemplo con la «intervención» de sus cuentas o la financiación de los menores no acompañados: y también a la comunidad en sí, con la revisión del decreto de viviendas irregulares o el «cierre» del trasvase Tajo-Segura.
En palabras de la delegada de Gobierno, «en un mes se han sacado cuatro excusas para torpedear no ya a un Gobierno, sino a los andaluces y, en este caso concreto, a los almerienses. El gobierno central se ha sacado de la chistera medidas que colocan a la provincia como una de las más perjudicadas».
Y continuando con el argumento, Sánchez Torregrosa recuerda que «Almería es la única de las ocho provincias andaluzas que participa del trasvase Tajo-Segura toda vez que es una de las que «más viviendas alegales tiene», de las que «más centros» de menores no acompañados acumula y de las más afectadas ante la «intervención indecente, inmoral e increíble» que puede afectar a sus cuentas.
La delegada habla de «sectarismo» del Ejecutivo en funciones para referirse al tema de la intervención y afirma que «están enfadados con una tierra que demuestra que se pueden hacer las cosas bien, con una tierra que está cumpliendo y que ha aprobado unos presupuestos cumpliendo la regla de gasto, el límite de endeudamiento y con el déficit».
Además, Sánchez Torregrosa constata que «el objetivo es no tocar los presupuestos de 2020″ recientemente aprobados y poder acudir a financiarse a los mercados para aprovechar la estabilidad y credibilidad» de Andalucía, lo que conllevaría un ahorro en materia de intereses que va directo a las grandes políticas que necesita nuestra tierra en sanidad, en educación y en políticas sociales. Almería necesita ese dinero sobre todo para la sanidad y nuestros profesionales».
Finalmente, califica como «injusto» que el Gobierno en funciones piense impugnar ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley andaluz de regularización de viviendas fuera de ordenación, que en la zona del Almanzora puede afectar 55.000 viviendas de las 300.000 de la comunidad y ha recordado que fue aprobado «por todas las fuerzas políticas, incluido el PSOE».
