#LaVida: España en fase crítica, por Manoly Roldán
Esta pasada semana hemos presenciado una sucesión de acontecimientos políticos que, sumados y observados en conjunto, permiten percibir un patrón claro de fondo en el funcionamiento del poder en España.
La ruptura de la coalición de apoyo entre Carles Puigdemont (JxCat) y el Gobierno del PSOE quedó finalmente constatada. Según alegan, estaban cansados de promesas incumplidas y de la prioridad absoluta del Ejecutivo por mantenerse en el poder. La cúpula de JxCat lo decidió y sus más de 6.000 afiliados votaron digitalmente entre miércoles y jueves: 87% a favor, 10,2% en contra y 2,8% en blanco. Con ello se puso fin a las reuniones en Suiza con intermediación internacional y a los viajes de representantes del PSOE.
JxCat abandona así el apoyo al Gobierno, pero no del todo: no han presentado una “moción de censura”, ni tampoco quieren sumarse a PP y Vox para impulsarla. Pasan a la oposición y votarán según consideren en función de los intereses de Cataluña. ERC, por su parte, sí mantendrá su apoyo al Ejecutivo.
En paralelo, con vistas al posible futuro judicial que pueda enfrentar el Gobierno, el pasado martes el Consejo de ministros presentó el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tres de las cuatro asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su rechazo por las implicaciones que comporta: las causas judiciales que hoy instruyen los jueces pasarían a manos de la Fiscalía, cuyo máximo responsable está jerárquicamente vinculado al presidente del Gobierno (“¿quién manda en la Fiscalía? Pues eso…”). De aprobarse, supondría el fin de la independencia judicial, la ruptura de la separación de poderes y, en consecuencia, el fin del Estado de Derecho, con riesgo de derivar hacia una autocracia.
El cambio implicaría la desaparición de los jueces de instrucción en favor de fiscales investigadores. Es decir, el control judicial quedaría bajo la jurisdicción del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, actualmente imputado y tendrá que acudir a juicio del Tribunal Supremo el próximo 12 de noviembre, por utilizar presuntamente datos confidenciales de un particular.
Además, se limitaría la acción popular de partidos, asociaciones y sindicatos, y la UCO quedaría bajo órdenes de la Fiscalía.
El proyecto deberá ser aprobado en el Congreso. Veremos quién respalda esta medida. Entraría en vigor el 1 de enero de 2028.
Según el jurista Fernando Portillo (Foro Judicial Independiente), “todo va dirigido de forma muy clara a querer controlar el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía en los casos que afecten al Gobierno de turno, este o el que venga”.
En definitiva, el poder real quedaría en manos del Gobierno. El trasfondo es evidente: blindarse de cara a los futuros procedimientos judiciales que puedan afectar a su entorno más cercano. Por otro lado, el miércoles 29 de octubre se cumplió el primer aniversario de la riada en Valencia y otros territorios. Para la ocasión, el Gobierno organizó un funeral de Estado laico en honor a los más de 200 fallecidos. Algunos afectados denunciaron que el acto estuvo politizado y orientado a silenciar críticas al presidente del Gobierno, controlando el relato a través de medios afines y seleccionando determinados representantes de damnificados.
Se intentó trasladar toda la responsabilidad de lo ocurrido al cuestionado presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Sin embargo, no es el único presunto responsable. El acoso político contra él lleva tiempo gestándose, con el objetivo de forzar su dimisión. Es probable que pueda ser sustituido por algún otro representante del PP valenciano.
Igualmente, no han concluido las obras de reconstrucción. Si viniera otra riada, volverían a estar en peligro. Existen familias que aun requieren de ayudas. Al ser una comunidad gobernada por el PP, no está recibiendo toda la ayuda necesaria para solucionar el problema.
También se cuestionó que, en un acto de Estado, no hubiera al menos una oración o un Padre Nuestro, considerando que entre los presentes existían personas católicas y cristianas, teniendo en cuenta que, según el CIS 2023-2024, entre el 55% y el 60% de la población española se declara católica. Ya ocurrió algo similar en el acto celebrado por las víctimas del Covid en el patio del Palacio Real (Madrid,15-07-2020).
Tampoco agradó la interpretación de “El cant dels ocells” (el canto de las aves), pieza catalana de Pau Casals, cuando la tragedia afectó mayoritariamente a Valencia, con repertorio más propio disponible para esa ocasión.
Por otra parte, el jueves, el presidente del Gobierno compareció ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. No podía mentir por las consecuencias legales que implicaría. Puede que él considere que salió victorioso, pero se apreciaron varias maniobras: el uso de gafas vintage para distraer el foco, evasivas constantes (“no me consta”, “no tengo constancia”, “no lo sé”), desprecio a la comisión calificándola de “circo” y la introducción de asuntos ajenos, como el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid o ataques a periodistas y a la prensa independiente que investiga los casos de corrupción, a quienes llamó “fango”.
El viernes, el Tribunal Supremo remitió a la Audiencia Nacional los elementos que considera “ilícitos e incluso delictivos” en pagos metálicos presuntamente vinculados al PSOE, cuyo secretario general es el presidente Sánchez.
Por último, se produjo un hecho que perjudica a la imagen internacional de España: el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, en una conferencia en Madrid, reconoció que a lo largo de la historia compartida entre España y México «ha habido dolor e injusticia» hacia los pueblos originarios mexicanos y que es «justo reconocerlo y lamentarlo». Con dicha afirmación dio conformidad y afirmó su teoría indigenista, lo que no dicen es todo lo que aportó España al unirse a ellos: universidades, hospitales, lengua, cultura, religión, etc.
Pero, en último término, la última palabra la tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que se han elevado cuestiones como las sentencias de los ERE o la constitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Finalmente, el periodista Víctor Quiles, tras visitar y reunirse con jóvenes de universidades de Barcelona, Granada, Sevilla y Málaga, continuó su gira por Valencia, Alicante y Navarra. Esta última se suspendió por seguridad, pero grupos radicales abertzales acudieron igualmente de forma violenta, llegando a agredir a un periodista de El Español. Estos patrones de agresividad se observan desde hace tiempo en ciertos núcleos radicales del País Vasco.
La prensa partidista demonizó a Quiles. Sin embargo, lo cierto es que, gracias a ello, la juventud universitaria española está despertando ante la situación política que vive España.
En conclusión, todo ello refleja un gobierno que intenta sostenerse a base de control institucional, relato mediático y desgaste de sus adversarios, mientras la desconfianza social crece y aflora una reacción generacional inesperada en las universidades. España está entrando en una fase decisiva: o se recupera la separación real de poderes, el respeto institucional y la verdad política, o la erosión democrática será cada vez más profunda y visible. La ciudadanía empieza a despertar y, cuando esto sucede, el poder ya no puede sostenerse solo de artificio y propaganda.
“No hay democracia sólida sin separación de poderes; cuando se rompe ese eje, todo lo demás cae”.
