El magistrado del Tribunal Supremo considera que el exsecretario de Organización del PSOE desempeñó un papel clave en el cobro y distribución de comisiones ilegales, y advierte de riesgo de fuga y destrucción de pruebas
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado este lunes 30 de junio prisión provisional comunicada y sin fianza para Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en el marco de la investigación por la trama Koldo. La decisión se produce tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que ha apreciado riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva.
La resolución judicial se basa en «consistentes indicios de criminalidad», según detalla el auto de 20 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, medio de esta casa, esRadio. En él, el magistrado apunta a Cerdán como el principal intermediario entre las empresas adjudicatarias y los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Koldo García, quienes presuntamente se beneficiaron de los pagos ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Cerdán, según el juez, habría gestionado y distribuido esas comisiones, en algunos casos a través de métodos opacos como empresas pantalla o contratos simulados.
Entre las obras públicas investigadas se encuentran adjudicaciones en ciudades como Logroño, Sevilla, San Feliú de Llobregat y Murcia, donde la empresa Acciona Construcción —en unión temporal con otras firmas— resultó favorecida pese a no presentar la mejor oferta económica. El juez destaca que Cerdán tenía conocimiento del “mecanismo concreto” de los pagos y del “importe total” de las cantidades entregadas, lo que lo coloca en el centro operativo de la presunta red corrupta.
Durante su comparecencia ante el Supremo, Cerdán solo respondió a las preguntas de su abogado, Benet Salellas. Negó su participación en el cobro o reparto de comisiones ilegales y aseguró que las grabaciones interceptadas por la UCO fueron “sacadas de contexto”. También afirmó no conocer al empresario Víctor de Aldama, uno de los señalados en el caso, y explicó que su vinculación con la empresa Servinabar 2000 fue breve y no se materializó al decidir continuar en política.
Además, denunció en sede judicial ser víctima de una “conspiración política” en su contra, que atribuyó a su papel en las negociaciones para conformar gobiernos progresistas. Según fuentes jurídicas, durante su declaración mencionó al PNV, Bildu y Junts, y llegó a decir que “el siguiente será Félix Bolaños”.
Por el momento, tanto José Luis Ábalos como Koldo García se encuentran en libertad. La investigación continuará este viernes con la declaración de varios empresarios vinculados a la trama, y el próximo 7 de julio será el turno de Antxón Alonso, amigo personal de Cerdán, y Fernando Merino, exdirectivo de Acciona.
Con esta decisión, el Supremo da un paso más en el esclarecimiento de una de las tramas de corrupción más comprometedoras para el PSOE en los últimos años, y sitúa a Cerdán como figura clave en la presunta red de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.
