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El presidente de regantes de Níjar es acusado por vender un agua que no tiene

El grupo que realiza la denuncia considera que ha vendido derechos como si dispusiera de 40 hectómetros cuando hay solo 27.

Níjar es uno de los distritos de la provincia de Almería que tiene mayor superficie de regadío por lo cual la gestión del agua es un tema importante. Por desgracia sigue habiendo conflicto dado que una veintena de regantes de la Comunidad de usuarios Comarca de Níjar (CUCN) han presentado un escrito dirigido a la Junta de Andalucía, reclamando su intervención ya que la situación se ha vuelto perjudicial para toda la comarca como consecuencia de la mala gestión del presidente de la Comunidad Antonio López Úbeda.

En la última asamblea de la CUCN celebrada el pasado 11 de junio se informó de la incorporación de 300 nuevos comuneros que representan unas 14.000 de riego, condicionada por la directiva a la disponibilidad de nuevo caudal.

Un grupo de disidentes de la gestión actual ha declarado que: «En la Asamblea no se veía representado más de un 3% de los comuneros de la CUCN», y añade que: «Todos los acuerdos se llevaron a cabo porque el presidente llevaba la representación de los votos, cuestión que habría que investigar».

Joaquín Membrives, Ana Belén Sánchez González, Aureliano Méndez Cerdán, Juan Espinosa Cerdán, Juan Manuel Morillas Travé, Francisco Sánchez García, Ángeles Sánchez González, Antonio Méndez Cerdán, son algunos de los miembros que han firmado este escrito.

Este grupo expone que desde mayo del 2018 hay un expediente de concesión de agua desalada de de alrededor de 27 hm que en la actualidad es posesión de ‘La Desaladora de Carboneras’, pendiente de requerimientos solicitados por Medio Ambiente para unas 13.420 hectáreas. Pero aseguran que hubo una modificación del proyecto por parte del presidente para que sean 11.462 hectáreas, razón por la cual se necesitarían mas de 40hm de Carboneras.

Por ultimo, finalizan exclamando que: «El hecho de incorporar nuevos comuneros y hectáreas al expediente, va a perjudicar a los comuneros de pleno derecho y a las personas y entidades que han incorporado sus fincas, que han actuado de buena fe».

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