Blog #LaVida: ‘La suspensión de la aplicación de la sentencia del 25%’, por Manoly Roldán
La Ley 8/22 que fue aprobada por el PSC, ERC, Jxcat y los Comunes, reconoce a la lengua española como lengua curricular de enseñanza y el Decreto Ley 6/22 aprobado por ERC, JxCat y los Comunes, no fija un porcentaje de enseñanza de ninguna de las dos lenguas oficiales. Ambos fueron aprobados por el Parlamento catalán, para impedir la aplicación forzosa de la sentencia del 25% de las clases de español en las aulas catalanas y quedando protegida la escuela catalana monolingüe y desechando a la lengua española como vehicular.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al ver que el Parlamento catalán ha cambiado el marco legal, ha suspendido el plazo de la ejecución forzosa de la sentencia del 25% y ha decidido no pronunciarse porque encuentra vicios de inconstitucionalidad, según los artículos: 3, 9.3, 24.1, 27, 86, 117 y 118 de la Constitución Española porque no responde al modelo de conjunción lingüística, y lo ha enviado al Tribunal Constitucional (TC) para que se encargue de examinar las normas aprobadas en la Cámara catalana. No se sabe el tiempo que tardará en resolver el caso.
Así mismo, ha pedido a la Fiscalía y a los que se personaron en la causa, que en un plazo de 10 días se posicionen sobre la inconstitucionalidad de ambas normas y presenten sus alegaciones ante el TC por el desafío del Gobierno catalán. Por su parte, el gobierno central, no ha hecho nada para impugnar ambas normas aprobadas, más bien el PSC, ha participado en su conformidad.
Para el Gobierno catalán, lo ocurrido representa una victoria, así lo afirmó el presidente catalán, Pere Aragonès: “Se han hecho prevalecer los criterios pedagógicos para defender el catalán en la escuela” y añadió: “mantendrán el mismo posicionamiento ante el TC”. Es posible que se retiren las 47 autorizaciones a los centros donde se aplicó el porcentaje de la sentencia del 25%, por lo demás todo queda como estaba, pero con mayor imposición y control dentro y fuera de las aulas.
Por su parte, el consejero de Educación, Josep González Cambray, dijo que enviará al TC, los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que dieron el visto bueno a ambas normativas y que siguen criterios pedagógicos, académicos y educativos para la defensa del catalán.
Para JxCat, significa un triunfo y celebró que el TSJC quedara “fuera de juego”.
Para el PSC, la ley 8/22 es constitucional porque garantiza el uso del español en las aulas y que cuenta con la conformidad del CGE.
De igual manera, la asociación Escuela de Todos, afirmó que tanto la Ley como el Decreto Ley presentan vicios de inconstitucionalidad y declaró: “La situación de desigualdad entre el castellano y el catalán, como lenguas en la educación, que hacen expresas estas normas no se ajusta a la exigencia constitucional de un modelo educativo de conjunción lingüística”.
Por otro lado, entre este martes y jueves, se llevará a cabo en el Congreso de los Diputados el Debate del Estado de la Nación, además se debatirán y aprobarán otros temas entre los que se encuentran:
a. La reforma del CGPJ para renovar el Tribunal Constitucional: el próximo jueves 14 de julio, el Ejecutivo central quiere realizar una reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de renovar el Tribunal Constitucional. La modificación solo permitirá al CGPJ renovar dos magistrados del TC que por turno le corresponde y el Gobierno elegirá otros dos.
Con el nombramiento de los dos magistrados el Gobierno conseguirá tener una mayoría progresista en la composición del TC, ya que el CGPJ está conformado por veinte vocales, de ellos dos ya no están, uno por jubilación y otra por fallecimiento, entonces quedan dieciocho, más el presidente. De ellos nueve son conservadores y para conseguir que el Gobierno controle el TC, se necesita una mayoría de tres quintos de votos (once vocales) del Pleno del CGPJ, por lo que no será fácil obtener esa mayoría.
De igual manera, ayer lunes, se reunieron los vocales del Pleno del CGPJ, y de las dos propuestas planteadas por los conservadores, se aprobó pedir al Congreso de Diputados que “recabe un informe del órgano de gobierno de los jueces sobre la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial que se votará este jueves a propuesta del PSOE”, pero no se admitió llevar a la Comisión Europea la reforma que quiere aplicar el Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional.
b. El decreto con las medidas anticrisis.
c. El Proyecto de Ley de Memoria Democrática (actualización de la antigua Ley de Memoria Histórica, 2007), el Gobierno (PSOE y UP) con el apoyo de EH Bildu y PNV, dieron el visto bueno en la Comisión para sacar adelante este proyecto. No cuenta con el consenso político y social. Entre los diferentes aspectos de los que trata, hay un apartado en que se considera como “víctima” a las lenguas y culturas “catalana, vasca y gallega” durante la época franquista. Así como a las instituciones de gobierno de país Vasco, Cataluña y Galicia. En las negociaciones han acordado que las víctimas tendrán derecho al reconocimiento y reparación integral por parte del Estado y se realizará una evaluación de la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo. Una vez aprobado en el Congreso luego irá al Senado para finalmente ser publicado en el BOE.
Respecto a este tema el líder de la oposición del PP dijo que si consigue gobernar derogará esta ley y la sustituirá por una “ley de concordia”
En conclusión, hemos visto como el Gobierno catalán si no le gusta una sentencia, es capaz de crear otras normas para contrarrestar lo dictaminado, provocando que el TSJC haya tenido que suspender la aplicación forzosa de la sentencia del 25% y decidió enviarla al Tribunal Constitucional porque encuentra indicios de inconstitucionalidad en las normas aprobadas.
Es tiempo que gana la consejería de Educación de Cataluña y priva a los alumnos castellanoparlantes de poder estudiar como mínimo un 25% en su lengua materna. La imposición del monolingüismo está afectando, también a las escuelas del Valle de Arán, que solicitan que su lengua sea respetada y reclaman “la recuperación de las competencias en materia lingüística”.
Así mismo, el Gobierno podría tener una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, hecho que facilitaría cuando llegue a sus manos la sentencia suspendida del 25%. Igualmente, como ocurrió en el Tribunal de Cuentas que al cambiar la composición de sus miembros permitió aceptar los avales independentistas que se pagan con recursos públicos.
Finalmente, se aprecia como a través del proyecto de Ley de Memoria Democrática, el Gobierno da su apoyo a la lengua, cultura e instituciones de las comunidades autónomas del país Vasco, Cataluña y Galicia, pero en ningún momento ha sido capaz de presentar una impugnación ante el TC por las normas aprobadas por el Gobierno catalán, en contra del derecho al uso del 25% de la lengua oficial del Estado español en Cataluña.
“Lo mínimo que se pide a un dirigente político y más si representa a todos los españoles, es que cumpla y haga cumplir la Constitución Española que todos nos hemos dado como norma de convivencia”.
