#LaVida: ¿Hacia dónde va España?, por Manoly Roldán
Del malestar social a la batalla por el futuro del Estado
En España se están produciendo importantes cambios. Durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas andaluzas, el presidente del Gobierno afirmó en un mitin: “Casi 3.000 días al frente del Gobierno de España, con este gobierno de coalición progresista… y menudo cambio le hemos metido al país, para bien”. Y ciertamente han cambiado muchas cosas desde su llegada al poder, aunque para una parte importante de la población el balance resulta claramente negativo.
Según el Gobierno, la economía va como “un cohete”, aunque muchos ciudadanos perciben una realidad muy distinta. El número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital continúa aumentando y ya alcanza las 846.454 personas, de las cuales el 17,5 % corresponde a población extranjera, según datos del Ministerio de Seguridad Social.
Igualmente, según el INE, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025 se sitúa en el 25,7 % según el indicador AROPE, siendo especialmente preocupante la pobreza infantil, que alcanza el 28,4 %.
Se suma la desaparición progresiva de la clase media, el aumento del desempleo y del trabajo precario o de baja calidad, el encarecimiento constante de la cesta de la compra, el deterioro del sistema sanitario, las crecientes dificultades de acceso a la vivienda, la inseguridad ciudadana, el incremento de la violencia en calles y ciudades y el auge del narcotráfico.
Cada vez son más frecuentes las críticas sobre la presunta influencia del Gobierno en instituciones públicas y organismos estratégicos, así como las dudas sobre la separación de poderes y la independencia judicial.
A todo ello se añaden las regularizaciones de inmigrantes ilegales, sobre las cuales no existe una cifra clara. Algunos hablan de 500.000 personas; otros, de 800.000; e incluso hay quienes aseguran que podrían ser muchas más. El Gobierno no ofrece datos exactos. Lo cierto es que, entre las regularizaciones, la nacionalización derivada de la conocida Ley de Memoria Democrática (popularmente llamada “ley de nietos”) y las nuevas nacionalizaciones, el volumen total resulta considerable.
Además, en los últimos días han aparecido informaciones según las cuales el Ministerio de Justicia habría eliminado más de 1,1 millones de antecedentes penales en apenas cinco años, desde 2021, presuntamente mediante sistemas automatizados e inteligencia artificial, con el objetivo de facilitar determinados procesos administrativos relacionados con la concesión de nacionalidades a población extranjera. Ante esta situación, desde distintos ámbitos de la Unión Europea se estaría reclamando una mayor supervisión humana sobre este tipo de procedimientos, evitando que decisiones de tal relevancia dependan exclusivamente de sistemas automáticos.
Para algunos sectores, estas regularizaciones masivas y políticas migratorias ejercen una presión creciente sobre el Estado del bienestar, especialmente en ámbitos como la educación, la sanidad y las ayudas sociales.
Por otro lado, se celebraron las elecciones en la Comunidad de Andalucía, donde, según el censo electoral, estaban convocados a las urnas 6.812.861 ciudadanos. La participación alcanzó el 64,84 %, una cifra superior a la registrada en 2022, cuando se situó en el 58,36 %.
Los resultados dejaron un escenario político más ajustado de lo previsto. El Partido Popular no logró la mayoría absoluta (situada en 55 escaños) y perdió cinco diputados respecto a las elecciones de 2022, pasando de 58 a 53 escaños, por lo que necesitará el apoyo de Vox para continuar gobernando, al igual que ocurre actualmente en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León. Por su parte, Vox únicamente incrementó su representación en un escaño, pasando de 14 a 15 diputados.
En cuanto a la izquierda, muchos analistas pronosticaban unos resultados negativos para el PSOE como consecuencia de las políticas impulsadas por el Gobierno central y del desgaste acumulado durante los últimos años. La candidata María Jesús Montero se vio especialmente perjudicada por la percepción social sobre la elevada presión fiscal durante sus mandatos y por las críticas relacionadas con la gestión de la sanidad andaluza. Finalmente, el PSOE perdió dos escaños, pasando de 30 a 28. Aun así, dentro del propio Partido Socialista consideran que los resultados han sido mejores de lo esperado, especialmente teniendo en cuenta los casos de corrupción que afectan al entorno gubernamental y la campaña electoral realizada por Montero. Todo apunta a que la candidata permanecerá en Andalucía, al igual que hizo Pilar Alegría en Aragón.
La gran sorpresa de la jornada la protagonizó Adelante Andalucía, que pasó de obtener dos escaños en 2022 a conseguir ocho diputados. La formación ya plantea presentarse también a futuras elecciones generales a nivel nacional. Su crecimiento refleja el auge que están experimentando determinados partidos regionales y locales, algo que ya pudo observarse en Aragón con la Chunta Aragonesista.
Por su parte, Por Andalucía logró mantener sus cinco escaños, dejando en evidencia la profunda crisis interna que atraviesan formaciones como Podemos, Sumar e Izquierda Unida.
Uno de los principales temores expresados por determinados sectores políticos durante estas elecciones ha sido el voto por correo procedente del extranjero, debido a sospechas sobre posibles irregularidades o manipulaciones durante el proceso informático de vaciado y contabilización de votos para el recuento definitivo.
Los resultados de estas elecciones andaluzas servirán para que los partidos puedan preparar sus futuras estrategias de cara a unas próximas elecciones generales. Según el abogado Gonzalo Boye, Pedro Sánchez no convocará elecciones anticipadas y agotará la legislatura, por lo que las próximas elecciones generales podrían celebrarse entre finales de agosto y septiembre de 2027.
Mientras se desarrollaba la campaña electoral andaluza, en Cataluña las negociaciones entre ERC y el PSC quedaron temporalmente suspendidas para evitar posibles efectos negativos en los resultados electorales, aunque las conversaciones se encontraban prácticamente cerradas. Esta misma semana se han retomado las negociaciones para que el PSC pueda sacar adelante los presupuestos de Cataluña para 2026, que fueron firmados ayer por los líderes de ambos partidos, Salvador Illa y Oriol Junqueras.
El acuerdo incluye varios puntos clave. Entre ellos destacan la creación de la línea orbital ferroviaria catalana, una inversión superior a 527 millones de euros para reforzar la Agència Tributària de Catalunya, el control mayoritario de la Generalitat en el Consorci de la Zona Franca y un plan de barrios dotado con 400 millones de euros destinado a municipios pequeños.
Asimismo, se destinarán 160 millones de euros a la rehabilitación de vivienda, complementados con una línea anual de financiación de 50 millones a través del Institut Català de Finances. También se prevén 100 millones de euros para climatizar escuelas y otros 50 millones destinados a impulsar el uso del catalán en redes sociales durante los próximos tres años.
Otro de los puntos importantes del acuerdo es la creación de un órgano bilateral Estado-Generalitat para coordinar la gestión de los aeropuertos, junto con nuevas competencias relacionadas con inversiones y gestión del litoral. Todo ello deberá concretarse en una Comisión Bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat, prevista para celebrarse hoy miércoles en Madrid a las 16:30 horas.
No obstante, el pacto todavía depende del apoyo definitivo de los Comuns, que exigen más medidas en materia de vivienda, la retirada de determinados proyectos viarios y nuevos impuestos dirigidos a las grandes fortunas.
De igual manera, el Gobierno de Salvador Illa continúa sin aplicar el 25 % de clases en español dictaminado por el TSJC, mientras espera la resolución definitiva del Tribunal Constitucional y refuerza su estructura jurídica especializada en derecho lingüístico para hacer frente a la decisión que finalmente adopte el TC.
Otro hecho destacado es el auge de Aliança Catalana, que, según algunas encuestas, podría obtener importantes resultados en unas futuras elecciones autonómicas. En ese escenario, podría llegar a integrarse en un bloque independentista junto a ERC, la CUP y JxCat. Si el PSC perdiera la presidencia de la Generalitat, existiría el riesgo de una reactivación del denominado “procés”.
Por otra parte, en medio de las tensiones generadas por el caso del barco afectado por hantavirus y la polémica por las declaraciones sobre la muerte de dos guardias civiles tras el choque con una embarcación de narcotraficantes, se celebró la final del Festival de Eurovisión. España y otros países decidieron no participar después de que la organización rechazara excluir a Israel del concurso por las acusaciones relacionadas con el conflicto palestino. Finalmente, Bulgaria ganó el festival e Israel obtuvo el segundo puesto, mientras gran parte de la audiencia española siguió el evento a través de YouTube ante la ausencia de retransmisión oficial habitual en RTVE.
Para muchos críticos, este rechazo a la participación de Israel ha vuelto a evidenciar la postura política internacional del Gobierno y su cercanía hacia países como Venezuela, Cuba, Irán o Palestina, así como su distanciamiento respecto al bloque liderado por Estados Unidos e Israel. Del mismo modo, consideran cada vez más evidente el acercamiento hacia China y los países vinculados a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), especialmente tras los cuatro viajes oficiales realizados a Pekín.
Según algunas interpretaciones, esta posición podría perjudicar a España en el plano internacional y favorecer el fortalecimiento de las relaciones entre Marruecos y Estados Unidos, especialmente en cuestiones relacionadas con Ceuta, Melilla y Canarias.
También, desde la Comisión Europea se ha cuestionado el destino de parte de las ayudas concedidas a España durante la pandemia, destinadas inicialmente a innovación y resiliencia y no al pago de pensiones. Esta situación habría generado malestar tanto en las instituciones europeas como en países como Alemania, donde algunos sectores consideran que las aportaciones económicas a la Unión Europea deben destinarse exclusivamente a los fines acordados, especialmente en un contexto marcado además por presuntos casos de corrupción vinculados al entorno gubernamental español.
Por último, continuarán los juicios que afectan al entorno más cercano del presidente y a diversos dirigentes de su partido. El denominado “caso mascarillas” entra ya en su fase final y esta semana se espera la comparecencia de Víctor de Aldama, en la que podrían aparecer implicados otros miembros relevantes del Ejecutivo. A su vez, recientemente también ha sido imputado por presuntos casos de corrupción el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Ante este contexto político y social, Sociedad Civil Española, formada por más de 150 asociaciones, ha convocado una marcha multitudinaria para el próximo 23 de mayo. La manifestación partirá desde la Plaza de Colón (10:30) hasta las inmediaciones del Arco de la Moncloa (12:30), con el objetivo de reclamar un cambio político y expresar el creciente malestar de una parte de la población.
Algunos sectores consideran que, si Pedro Sánchez lograra una nueva legislatura, podría impulsar una reforma constitucional orientada a transformar la actual arquitectura territorial del Estado hacia un modelo federal y plurinacional.
