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Durante la pasada semana se produjeron distintos hechos de relevancia pública, pero hay dos que merecen una reflexión pausada por lo que revelan sobre la realidad que estamos viviendo. Ambos se produjeron, además, en un contexto significativo: los últimos días de la campaña electoral en Aragón, un escenario en el que ya se habían utilizado otros asuntos sensibles, como las pensiones o la llamada inquiocupación, con una clara carga política y emocional.
El primero de estos hechos tuvo lugar el pasado 3 de febrero, cuando el jefe del Ejecutivo español participó en la conferencia World Governments Summit, celebrada en Dubái, a la que asistieron jefes de gobierno, líderes internacionales y expertos para debatir sobre políticas públicas y gobernanza global. En su intervención, el presidente anunció un paquete de propuestas centradas en lo que definió como la necesidad de recuperar el control de la “gobernanza digital” frente a los grandes grupos tecnológicos.
Entre las medidas planteadas destacó la restricción del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, junto con otras iniciativas como la responsabilidad penal de los directivos de las plataformas por la difusión de contenidos ilegales, la sanción del uso de algoritmos que amplifiquen contenidos considerados dañinos, la creación de un sistema estatal para evaluar el nivel de odio y polarización en las plataformas digitales y el impulso de una regulación digital europea más restrictiva en coordinación con otros países.
El presidente presentó esta iniciativa como una propuesta propia. Sin embargo, en el ámbito de la Unión Europea ya existe la Ley de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las plataformas a proteger a los menores, retirar contenidos ilegales y evaluar los riesgos asociados a sus algoritmos. Aunque esta normativa no fija una edad concreta para el acceso a las redes sociales, el Parlamento Europeo ha adoptado como referencia los 16 años y permite el acceso entre los 13 y los 16 únicamente con el consentimiento de los padres.
Centrando el análisis en la restricción para los menores de 16 años, el presidente presentó la medida como una protección progresista de la infancia que, legítimamente, responde a problemas reales del entorno digital. No obstante, la propuesta se formula en un contexto en el que la regulación digital ya existe en la Unión Europea, y su interpretación del concepto de “control” plantea riesgos evidentes para la libertad de expresión y de información.
A ello se suma la complejidad técnica de la verificación de edad (que no distingue de forma clara entre menores y adultos), el posible uso de datos biométricos y la penalización del funcionamiento algorítmico, factores que abren la puerta a conflictos relevantes en materia de privacidad, seguridad jurídica y reparto de competencias dentro del marco europeo.
Más allá del cruce de declaraciones entre Elon Musk, propietario de X ,que calificó al presidente español con expresiones como “Dirty Sánchez”, “Tyrant”, “Traitor to the people of Spain” o “The true fascist totalitarian” y la respuesta del propio presidente (“Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”), lo relevante no es una supuesta disputa en defensa de los menores, sino una controversia de fondo por el control del poder comunicativo global entre las grandes plataformas tecnológicas y los gobiernos.
Aunque las medidas se presentan como una protección de los menores por el riesgo que representa, su aplicación práctica exige mecanismos de identificación, supervisión algorítmica y control del contenido que afectan inevitablemente al conjunto de la ciudadanía. El menor actúa como justificación política, pero el alcance regulatorio se extiende al discurso público general, incluyendo la opinión, la crítica y la expresión política de los adultos.
Existen, además, alternativas al control obligatorio y generalizado del uso de redes sociales por parte de los menores: educación digital desde edades tempranas, controles parentales eficaces y accesibles, perfiles diferenciados para menores (Messenger Kids en Meta, Instagram en Meta Family Centre, Facebook, Tik Tok, Snapchat Family Centre, YouTube Kids, Netflix Kids, Google Family Link y Apps como: Qustodio, Norton Family, Bark, FamilyTime, etc.), persecución penal efectiva de los delitos, sistemas de verificación de edad opcionales y descentralizados, y una mayor transparencia algorítmica orientada específicamente a su protección. Las soluciones tecnológicas ya existen y varias de ellas han sido implementadas por las propias plataformas. La cuestión no es tanto prohibir el acceso como exigir y garantizar que estas herramientas funcionen de forma eficaz y generalizada, en lugar de imponer una medida genérica que termina afectando a toda la población digital.
En paralelo, resulta difícil sostener que un joven carezca de madurez para exponerse al debate público en redes sociales, pero la adquiera de forma automática el día que cumple 16 años para ejercer el derecho al voto (se plantea por algunos partidos). La madurez política no surge por decreto ni por una fecha marcada en el calendario, y menos aún cuando se restringen los canales en los que hoy se construye la opinión pública. Pretender ampliar el sufragio mediante la propuesta de voto a los 16 años mientras se limita el acceso a la información revela una concepción tutelada de la ciudadanía, no una ampliación real, coherente y sólida de la democracia.
De forma paralela, se considera a los menores insuficientemente maduros para gestionar redes sociales o participar en espacios públicos digitales, pero se les atribuye capacidad suficiente para redefinir legalmente su identidad sexual o para asumir marcos ideológicos complejos desde edades tempranas. La cuestión no es negar derechos ni invisibilizar realidades, sino preguntarse por qué la madurez se invoca o se descarta según el objetivo político que se persigue. En este contexto, se introducen contenidos sexuales e ideológicos de notable complejidad sin una clara adecuación a la edad ni un control parental suficiente, mientras se insiste en que esos mismos menores requieren una tutela estricta en otros ámbitos de su vida social.
El problema de fondo es aún más amplio. En España, la edad ha dejado de funcionar como un criterio coherente y único de madurez para convertirse en un umbral flexible en el que el político fija primero el objetivo y, a partir de ahí, el legislador construye el marco jurídico que lo justifica. No es el menor quien cambia; es el enfoque político el que se adapta a la agenda del momento.
Dicho con claridad: para el acceso a redes sociales, el menor es presentado como vulnerable, influenciable y necesitado de tutela; para el aborto sin consentimiento parental, es considerado autónomo y plenamente capaz de decidir por sí mismo; para el cambio registral de sexo, se le reconoce plena competencia en identidad personal; y para el voto, cuando se propone rebajar la edad electoral, se le atribuye madurez cívica suficiente. Esto no es una casualidad ni un error técnico, sino una elección política consciente.
En segundo lugar, en el artículo publicado el pasado 5 de febrero en The New York Times en su edición en español, el presidente del Gobierno expone, a su juicio, los beneficios de la regularización de 500.000 inmigrantes en situación irregular en España. Entre dichos beneficios sostiene que la inmigración refuerza la economía y el mercado laboral, contribuye al sostenimiento del Estado del bienestar, reduce la economía sumergida, favorece la cohesión social y responde a lo que presenta como una responsabilidad moral e histórica del país.
El presidente añade que la inmigración no debe considerarse un problema a contener, sino una necesidad estructural para el futuro de las sociedades occidentales, y presenta la regularización como una herramienta pragmática frente al declive demográfico y económico.
Sin embargo, en la práctica, esta regularización está generando efectos que no aparecen en ese relato optimista. Se observa un claro efecto llamada, con entradas masivas de inmigrantes por la frontera de Ceuta; personas que llevan más tiempo en España y han seguido los trámites legales establecidos perciben que se está premiando a quienes han permanecido en situación irregular; se registran llegadas desde otros países europeos, como Francia; y se forman largas colas en distintos consulados, especialmente de Pakistán y Marruecos. A ello se suma la dificultad de integración inicial de muchos de estos inmigrantes, que no dominan el idioma.
A esta situación se añade que numerosos solicitantes realizan gestiones para cancelar o limpiar antecedentes penales sin que existan garantías plenas de que la documentación aportada refleje con fidelidad su identidad y su historial real. Es conocido que, al llegar a España, algunos inmigrantes destruyen sus documentos de identificación, lo que dificulta cualquier verificación efectiva. Esta dinámica está provocando un colapso en las oficinas de justicia encargadas de la cancelación de antecedentes y, en los casos en que no se aportan certificados penales, se facilita la presentación de declaraciones responsables. Todo ello abre la puerta a un ámbito opaco de tráfico documental, en el que encuentran espacio de negocio las mafias dedicadas a la falsificación y gestión irregular de documentos.
Según la encuesta de Sigma Dos para el diario El Mundo (31-01-2025), la mayoría de la población española rechaza el acuerdo de regularización masiva de inmigrantes entre el PSOE y Podemos. La percepción predominante es que aumenta la inseguridad en calles y ciudades, así como los niveles de violencia y delincuencia. Al mismo tiempo, se cuestiona que la incorporación laboral de estos inmigrantes se traduzca en una mejora significativa del bienestar social o en una contribución suficiente al sostenimiento del sistema de pensiones, dado que los empleos que mayoritariamente desempeñan (agricultura, hostelería, cuidados en el hogar o construcción) suelen estar asociados a salarios bajos y a una elevada inestabilidad laboral, factores que limitan de forma objetiva sus aportaciones al sistema.
Además del fenómeno migratorio, el artículo aborda otros temas clave. Entre ellos, la crisis demográfica en Occidente, marcada por el envejecimiento y la baja natalidad; la sostenibilidad del Estado del bienestar, especialmente de las pensiones y los servicios públicos; la defensa del modelo de regularización frente a políticas de cierre; la crítica implícita a los enfoques restrictivos en materia migratoria y de fronteras; la apelación a una dimensión moral e histórica basada en el pasado emigrante de España; y la situación económica del país, que el presidente presenta como positiva, dinámica y resiliente.
Este optimismo económico proyectado hacia el exterior contrasta de forma cada vez más evidente con la experiencia cotidiana de amplias capas de la población. Hoy, con 100 euros apenas se llena la mitad del carrito de la compra que antes se cubría sin dificultad, no porque se consuma mejor, sino porque se compra menos y de peor calidad. La degradación no se limita a la alimentación: la ropa dura menos, los materiales son más pobres y hasta los objetos más simples (Ej. un jarrón, un utensilio doméstico, pesan menos, contienen menos materia y se rompen antes). No se trata de una percepción subjetiva, sino de la adaptación silenciosa de la industria a un consumidor empobrecido. Cuando se afirma que la economía “va bien”, convendría explicar por qué esa bonanza no se refleja en la mesa, el armario o el hogar de la mayoría.
De forma paralela, tanto la población como el tejido empresarial perciben un creciente afán recaudatorio, con una proliferación de impuestos que no se traduce en mejoras visibles. La insuficiente inversión en infraestructuras ha quedado en evidencia a raíz de los recientes accidentes ferroviarios, con víctimas mortales y numerosos incidentes, que han puesto de manifiesto el deficiente mantenimiento de la red ferroviaria en amplias zonas del país. La clase trabajadora se encuentra entre las principales perjudicadas, al depender de estos medios de transporte para desplazarse a sus centros de trabajo. En Cataluña, esta situación ha generado protestas ciudadanas y una huelga convocada del 9 al 11 de febrero, de la que solo se celebró la jornada del día 9, al quedar desconvocadas las restantes tras un acuerdo entre los sindicatos ferroviarios mayoritarios y el Ministerio de Transportes. El acuerdo incluye 25 medidas, entre ellas el refuerzo de la inversión en infraestructuras y seguridad, la incorporación de personal y cambios normativos esenciales.
A estas deficiencias se suma el deterioro generalizado de la red viaria y la falta de mantenimiento de infraestructuras hidráulicas. Tras semanas de lluvias intensas, se han producido inundaciones, desbordamientos de ríos y embalses y cortes de carreteras en diversas comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (la más afectada), Castilla y León, Galicia, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.
El abandono en el mantenimiento de presas, cauces y sistemas de drenaje no solo ha obligado a numerosas familias a abandonar sus hogares sin una fecha clara de retorno, sino que también ha tenido un impacto directo sobre la agricultura. En muchas zonas no se ha podido cosechar (como en el caso de la aceituna) ni sembrar, debido al estado anegado de las tierras, lo que previsiblemente repercutirá en una nueva subida de los precios de los alimentos. Mientras fuera de España se proyecta una imagen de estabilidad y prosperidad, la realidad interna muestra un escenario muy distinto.
En relación con las infraestructuras hidráulicas, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Jesús Contreras ha advertido de la necesidad de inspeccionar la mayor parte de las infraestructuras existentes, señalando que, de las aproximadamente 1.300 grandes presas del país, unas 450 tienen más de 60 años y más de un centenar superan los 100. Según datos oficiales recogidos por el propio ingeniero, un 75 % de las grandes presas de titularidad estatal requiere estudios complementarios de seguridad y un 50 % necesita obras de rehabilitación.
Todos estos problemas se suman a otros estructurales que persisten desde hace años: la falta de vivienda asequible, la ocupación e inquiocupación, empleos precarios con contratos inestables, la inseguridad ciudadana, las deficiencias del sistema sanitario, las dificultades en la red eléctrica, etc. Un conjunto de factores que desmiente, en la práctica, el relato de normalidad y fortaleza que se proyecta hacia el exterior.
En conclusión, el contraste entre el discurso oficial proyectado hacia el exterior y la realidad que perciben amplias capas de la sociedad revela una brecha cada vez más difícil de ocultar. Las políticas se presentan como necesarias, progresistas o inevitables, pero sus efectos prácticos generan desconfianza, inseguridad y un creciente desgaste social. Cuando la gestión pública prioriza el relato sobre los resultados y la regulación se aplica de forma selectiva según la conveniencia política, no solo se resiente la eficacia de las medidas, sino también la credibilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos.
“Las cifras pueden maquillar, pero la vida diaria desmiente; el país no necesita más explicaciones, sino soluciones”.
