#LaVida: Libertad y democracia: cuando la ley deja de ser igual para todos, por Manoly Roldán
La libertad puede entenderse como el derecho de toda persona a pensar, expresarse y actuar sin coacciones indebidas, dentro de un marco legal que garantice la convivencia y el respeto a los derechos de los demás. La democracia, por su parte, es el sistema político en el que el poder emana del pueblo y se ejerce mediante la participación ciudadana, el respeto al Estado de Derecho y la garantía efectiva de los derechos y libertades fundamentales.
Sin embargo, ambos conceptos resultan profundamente controvertidos, ya que su significado y aplicación varían según la sociedad en la que se desarrollan. Venezuela constituye un ejemplo evidente: ciudadanos que llevan 27 años intentando ejercer estos derechos han terminado perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos o muertos. Una realidad similar se vive en Cuba desde hace 67 años, donde reclamar libertad y participación democrática puede acarrear graves represalias y, en no pocos casos, incluso la pérdida de la vida.
Un ejemplo más reciente es Irán, que lleva 47 años sometido al régimen de los ayatolás y donde, desde el pasado 28 de diciembre, amplios sectores de la población reclaman libertad y democracia en todo el territorio persa. La respuesta del régimen ha sido una represión sistemática, con persecuciones, arrestos masivos e incluso muertes, todo ello justificado en nombre de un supuesto “orden establecido” que, en la práctica, niega frontalmente los derechos que afirma proteger.
En este contexto, la libertad y la democracia parecen estar cambiando de significado. Para algunos dirigentes, solo existen mientras no cuestionen su poder ni contradigan sus mandatos; para otros, y para millones de ciudadanos en todo el mundo, deberían ser derechos inherentes a todo ser humano. La historia demuestra que cuando la libertad se transforma en concesión y deja de ser un derecho, la democracia deja de existir, aunque conserve su nombre.
Para comprender mejor esta dinámica, resulta inevitable plantearse algunas preguntas:
¿Por qué algunos seres humanos arrebatan derechos fundamentales a otros? Esta cuestión admite diversas respuestas, pero en la mayoría de los casos su origen se encuentra en la concentración del poder y en el miedo a perderlo. Cuando una persona o un grupo se sitúa por encima de la ley, comienza a percibir la libertad ajena como una amenaza directa a su control. La represión no nace de la fortaleza, sino del temor.
¿Ha sido siempre así a lo largo de la historia? La experiencia histórica demuestra que esta dinámica se repite de forma constante. Desde los imperios antiguos hasta los regímenes modernos, la negación de la libertad y la democracia ha sido una herramienta recurrente para mantener el dominio. Cambian los discursos (religiosos, ideológicos o vinculados a la seguridad nacional), pero el mecanismo es el mismo: justificar la supresión de derechos en nombre de un supuesto bien superior.
¿Son conscientes del daño que causan quienes arrebatan estos derechos? Rara vez se perciben a sí mismos como responsables de ese daño. Muchos llegan a convencerse de que actúan correctamente, incluso de manera necesaria. El ejercicio prolongado del poder suele generar una deshumanización del otro: el disidente deja de ser un ciudadano para convertirse en enemigo, traidor o amenaza. En ese proceso, la empatía se diluye y la violencia se normaliza.
¿Cuál es su pensamiento? Suele estar marcado por una lógica binaria: orden frente a caos, lealtad frente a traición, obediencia frente a subversión. Bajo esta visión, la libertad deja de ser un derecho universal y pasa a convertirse en un privilegio concedido únicamente a quienes no cuestionan el sistema. Así, la dignidad humana queda subordinada al mantenimiento del poder.
Por otro lado, la pérdida de la libertad y la democracia no se limita a países en vías de desarrollo ni a regímenes abiertamente autoritarios. También puede manifestarse de forma gradual y menos visible en Estados desarrollados y formalmente democráticos. España ofrece un ejemplo reciente de esta tendencia, donde la libertad de expresión y de prensa comienza a verse condicionada mediante nuevas herramientas legislativas que, bajo el argumento de la regulación, introducen mecanismos de control sobre el discurso público.
En este contexto, el 13 de enero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, que permite penalizar o exigir rectificaciones a usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores cuando se considere que difunden información falsa o engañosa. Esta ampliación del derecho de rectificación equipara, en determinados aspectos, a influencers, divulgadores o analistas independientes con los medios de comunicación tradicionales, con el objetivo declarado de combatir la desinformación y los bulos, un fenómeno real y preocupante en las democracias contemporáneas.
Este tipo de control se dirigía principalmente a los medios digitales críticos con el Gobierno, a los que se exigía una exhaustiva transparencia en materia de financiación, proveedores de servicios, estructura empresarial e ingresos. Estas medidas, presentadas como instrumentos de regulación y prevención de la desinformación, ya habían generado una notable inquietud en el ámbito periodístico y se consolidaron el 25 de febrero de 2025, cuando el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó un anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, con el objetivo de adaptar el ordenamiento jurídico a la normativa europea.
El Proyecto de Ley Orgánica aprobado recientemente abre así un debate de fondo sobre el control social del discurso público. La cuestión central no reside únicamente en la lucha contra la información falsa, sino en quién decide qué es falso, con qué criterios y bajo qué garantías jurídicas. La línea que separa la corrección de una información objetivamente errónea de la censura de opiniones legítimas, críticas o incómodas se vuelve cada vez más difusa, planteando un desafío significativo para la libertad de expresión en una sociedad verdaderamente democrática.
Por otra parte, el debate sobre las cesiones políticas a Cataluña (financiación singular, beneficioso para Cataluña y perjudicial para el resto de comunidades) y al País Vasco (prestaciones por desempleo y seguro escolar, prestaciones no contributivas de la SS, salvamento marítimo y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo) no puede entenderse únicamente como una cuestión territorial o administrativa. Afecta de forma directa a los principios de libertad y democracia, en la medida en que incide sobre la igualdad ante la ley, la representación política y la cohesión institucional del Estado. Cuando determinadas decisiones se adoptan en función de equilibrios parlamentarios coyunturales, surge la duda de si responden al interés general o a necesidades políticas inmediatas.
Desde una perspectiva democrática, la libertad no se limita al ejercicio individual de derechos, sino que incluye la libertad política colectiva: la capacidad de una sociedad para establecer reglas comunes justas y compartidas. Si estas reglas se perciben como asimétricas o negociadas de forma opaca, se debilita la confianza ciudadana y se resiente la calidad democrática del sistema. La percepción de privilegios territoriales, reales o aparentes, erosiona el principio de igualdad y alimenta la desafección política.
Asimismo, la democracia se sustenta en la cohesión institucional y en la credibilidad de sus mecanismos de decisión. Cuando las cesiones se interpretan como moneda de cambio para la gobernabilidad, se corre el riesgo de vaciar de contenido el debate democrático y de trasladar a la ciudadanía la sensación de que la libertad y la igualdad dependen más de la aritmética parlamentaria que de principios sólidos. En este contexto, la cuestión no es la autonomía en sí misma, sino cómo se articula dentro de un marco democrático que garantice libertad, equidad y estabilidad para el conjunto de la sociedad.
Finalmente, cabe señalar que la pasada semana la actual fiscal general, Teresa Peramato, permitió que el exfiscal general Álvaro García Ortiz conservara su condición de fiscal de carrera y regresara a la Fiscalía como jefe de la Unidad de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. Esta decisión supone, en la práctica, no dar cumplimiento a lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo, que determinaba su inhabilitación en la carrera fiscal por vulnerar el deber reforzado de confidencialidad al filtrar datos reservados obtenidos por razón de su cargo.
Este hecho pone de manifiesto que no puede exigirse a los ciudadanos un respeto estricto a la ley cuando quienes la dirigen relativizan su aplicación para proteger a determinados responsables. Cuando el principio de legalidad se subordina a intereses corporativos o políticos, la democracia se vacía de contenido y la igualdad ante la ley deja de ser real.
En conclusión, la libertad y la democracia no son conceptos abstractos ni meras declaraciones formales, sino principios que solo existen cuando se aplican de manera coherente, igualitaria y sometida al Estado de Derecho. Allí donde el poder concentra decisiones, relativiza la ley, limita la expresión crítica o sacrifica la igualdad ante la ley por intereses políticos coyunturales, estos valores se erosionan y dejan de ser derechos para convertirse en concesiones. La defensa de una democracia real exige, por tanto, instituciones creíbles, respeto efectivo a la legalidad y una vigilancia constante por parte de la ciudadanía para evitar que la libertad se vacíe de contenido, incluso en sistemas que aún conservan su apariencia democrática.
“La libertad y la democracia solo sobreviven cuando la ley se aplica sin excepciones. Allí donde el poder se coloca por encima del Derecho, ambas se degradan y pierden su significado real”.
