Radioblog #LaVida: La integridad política, una urgencia olvidada, por Manoly Roldán
Los valores son un concepto con varios significados, pero para el caso que nos ocupa, según la RAE, se definen como el “conjunto de principios, normas o criterios que guían la conducta humana y se consideran positivos o deseables en una sociedad”.
Los valores pueden ser de distinta índole: morales (honestidad, justicia, lealtad), espirituales (fe, humildad, amor), cívico-sociales (solidaridad, respeto, igualdad) y personales (esfuerzo, perseverancia, responsabilidad).
Nos preguntamos con razón si los valores han cambiado. Quizá no han desaparecido, pero sí se han debilitado en contextos donde el poder, el dinero o la fama pesan más que la integridad. Han perdido fuerza valores fundamentales como la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la humildad, el sacrificio, la disciplina, la fidelidad y el servicio. En contraposición, cobran fuerza valores como la autenticidad, la tolerancia, la diversidad, el éxito, la visibilidad y el empoderamiento personal.
Las pantallas han sustituido a los referentes tradicionales. Antes, la familia, la escuela, la fe o la comunidad eran guías morales. Hoy, se admira más lo viral que lo virtuoso; se mide el valor en “likes”, no en esfuerzo; se tolera la mentira si entretiene o beneficia políticamente.
Algunos líderes políticos refuerzan esta deriva. Figuras como Adolfo Suárez o Nelson Mandela actuaban por convicción. Hoy abundan los políticos profesionales sin ideales, que maquillan la corrupción con propaganda o incumplen promesas sin consecuencias. Esta falta de ejemplaridad erosiona la confianza social y cuestiona si la verdad sigue importando.
No obstante, no todos los jóvenes han perdido los valores. Muchos buscan justicia, autenticidad, sostenibilidad y transparencia. Lo que falta es ejemplo, coherencia y una formación ética firme por parte de los adultos.
Valores como la verdad, la entrega, el servicio y la fe pueden recuperarse, y con ellos, cambiar el rumbo de una nación. Pero el cambio comienza en cada hogar, en cada acto cotidiano, y en líderes valientes. Como dijo Gandhi: “Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”.
No solo se diluyen los valores democráticos como la libertad, la igualdad, la justicia, el Estado de Derecho, la participación, el pluralismo, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, la legalidad y la transparencia, sino que cuando los políticos mienten, también se pierde el respeto al ciudadano, la legitimidad de las instituciones y la honestidad. Por otro lado, mientras la ciudadanía se ve entretenida por los escándalos de Cristóbal Montoro y 28 altos cargos de Hacienda y la Agencia Tributaria, investigados desde 2021 por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y falsedad documental en una causa abierta en Tarragona.
A esto se suma la reciente dimisión de Noelia Núñez, diputada del PP, por haber mentido en su currículum: afirmó tener dos carreras universitarias que nunca concluyó. Los nuevos estatutos de su partido exigen ahora la renuncia en estos casos. Esta situación ha provocado que desde el PP se exija la dimisión de varios miembros del PSOE por motivos similares. Sin embargo, en el PSOE nadie dimite, a pesar de que estas “omisiones” se conocen desde hace tiempo. La diferencia es que ahora la tecnología permite verificar y difundir estos fraudes con mayor rapidez.
Estos casos sirven como cortinas de humo para desviar la atención de otros temas más graves, como la presunta corrupción de personas cercanas al PSOE, los pactos con partidos independentistas, o el avance del llamado “cupo catalán”, junto a la apertura de una nueva embajada catalana en Pekín (China), que eleva a 22 las delegaciones exteriores de la Generalitat.
Ante este último escándalo, y aunque la Constitución Española en su artículo 23 establece que todos los ciudadanos son elegibles en igualdad de condiciones, principio recogido también por la LOREG, muchos se preguntan si los cargos públicos (diputados, senadores, concejales, etc.) no deberían contar, al menos, con una Licenciatura o un Grado, dado que su labor implica aprobar leyes complejas y tomar decisiones que requieren una formación adecuada.
Por otra parte, se han producido otras medidas relevantes aprobadas por el Gobierno en el Congreso y son:
El Gobierno deberá publicar los informes sobre la cesión al PNV del palacete en París, revelar el coste de las campañas institucionales en medios, identificar a los pasajeros del Falcón en 122 vuelos y aclarar las denuncias sobre cuentas millonarias en el extranjero de personas próximas al PSOE.
La carta titulada “Democracia siempre”, firmada por los presidentes de Brasil, Chile, España y Uruguay, contrasta con la realidad política española, donde se aprueban medidas como la ley de amnistía, el intento de controlar el poder judicial, los pactos con partidos que cuestionan la unidad nacional, y el uso partidista de RTVE y el CIS. Estas contradicciones han sido denunciadas por Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, juristas y asociaciones judiciales. La creciente presencia china en España también genera inquietud, especialmente tras el contrato con Huawei para gestionar información sensible del CNI, Interior y la valla de Ceuta y Melilla. Bruselas y EE. UU. consideran a Huawei una empresa de alto riesgo por espionaje. Esta decisión pone en peligro la colaboración internacional en materia de seguridad, incluida la OTAN.
La Guardia Civil ha denunciado que el Gobierno obstaculiza la investigación de la UCO sobre Santos Cerdán, impidiendo conocer quiénes lo visitan. También se investiga la posible conexión del lobby Acento, de José Blanco López(“Pepiño” Blanco), con las tramas de Ábalos y Cerdán.
El edificio de Vía Layetana 43 en Barcelona ha sido declarado por el Gobierno “Lugar de Memoria Democrática”, cediendo así a la presión de ERC. Sin embargo, históricamente ha sido usado por distintas policías, incluida la republicana (1931-1939). Su cesión se percibe como una forma de expulsar simbólicamente a la Policía Nacional de un espacio que representa la soberanía del Estado.
Se ha aprobado una polémica reforma del Reglamento del Congreso (art. 98), que permite expulsar a periodistas acreditados y sancionar medios incómodos. Solo votaron en contra PP, Vox y UPN. Esta medida recorta la libertad de prensa y restringe el acceso a quienes hacen preguntas críticas.
También se ha aprobado una nueva Ley de Información Clasificada, que transfiere el control de los secretos oficiales al Ministerio de Presidencia, dirigida por Félix Bolaños, lo cual ha generado rechazo incluso dentro del Ejecutivo. Se teme la concentración de poder, la arbitrariedad legal y el uso de esta ley para restringir el trabajo periodístico y opacidad histórica en vez de verdad y reparación.
La reciente creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, aunque podría tener utilidad sanitaria, genera desconfianza por estar centralizada, depender del Ejecutivo, acceder a datos personales y sancionar sin controles externos.
Asimismo, el 23 de julio se cumplieron dos años del mandato de Pedro Sánchez. Aunque no ganó las elecciones de 2023, logró ser investido gracias al apoyo de partidos minoritarios. Desde entonces, ha realizado múltiples cesiones para mantenerse en el poder, pero carece de respaldo suficiente para aprobar los Presupuestos Generales del Estado 2026 o leyes clave, como los recientes: La Ley Bolañosy la reducción de la jornada laboral han sido pospuestas para septiembre. Su Decreto-Ley “antiapagones” fue rechazado con 183 votos en contra (PP, Vox, JxCat, Podemos, UPN, BNG y Jorge Pueyo) frente a 165 a favor.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo mantiene en prisión a Santos Cerdán, valida los audios de la UCO y ha trasladado a Fiscalía una querella por prevaricación contra seis jueces del TC por su decisión de avalar la ley de amnistía.
Por último, la UE, el Consejo de Europa y numerosas organizaciones anticorrupción proponen medidas para recuperar la integridad institucional, entre ellas:
- Fortalecer controles institucionales: autonomía del Tribunal de Cuentas, auditorías públicas y despolitización del CGPJ.
- Reformar el acceso al cargo público: declaraciones juradas verificadas, inhabilitación automática por corrupción y regulación estricta de las puertas giratorias.
- Transparencia real: contratación abierta y agendas públicas.
- Protección al denunciante: canales seguros y respaldo legal.
- Participación ciudadana: derecho de revocación del cargo y presupuestos participativos obligatorios.
Y frente a las mentiras curriculares, urge implementar sistemas de verificación pública, sanciones firmes y fomentar una cultura centrada en la integridad y el mérito real.
En conclusión, el deterioro de los valores democráticos y éticos no es inevitable, pero requiere un compromiso colectivo para revertirse. Frente al descrédito institucional, la corrupción política y la impunidad, solo una ciudadanía informada, unos líderes ejemplares y unas instituciones firmes pueden restaurar la confianza y reconstruir una democracia basada en la verdad, la transparencia y el servicio al bien común.
“Si callamos ante la corrupción, dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en cómplices. No se trata de partidos, sino de principios. No se trata de ideologías, sino de decencia”.
